Martha Isabel Hernandez Hernandez

Expediente 320/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
320/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Martha Isabel Hernandez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En el caso, por sentencia de quince de junio de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ********************, para el siguiente efecto: "[.] de inmediato dicte el acuerdo correspondiente al escrito presentado ante la autoridad responsable y lo notifique personalmente a la quejosa en el mismo término [.]" En ese contexto, del examen de las constancias acompañadas por la autoridad responsable (R.E. 8014 y 8376), las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte el acatamiento del fallo protector, por las siguientes consideraciones: 1. A través de la petición de veinte de febrero de dos mil veintitrés, la promovente solicitó información sobre su participación en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y la correspondiente obtención del reconocimiento de TCPI titular "B"; 2. El Delegado de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, comunicó que por medios electrónicos se informó a la parte quejosa que lo solicitado no es competencia de las autoridades señaladas como responsables, por lo que el aludido ocurso fue remitido a las oficinas de la Comisión Evaluadora de la mencionada institución educativa; 3. Mediante oficio UABJO/CE/07/23-23, el Presidente de la Comisión Evaluadora, dio contestación a lo peticionado en el sentido de que, previa revisión y evaluación al expediente de la quejosa ********************, la interesada no cubre con el requisito de "evidencia de producción académica de los últimos tres años (publicaciones)" que solicita el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 4. Contestación que se aprecia que notificada vía correo electrónico a la impetrante del amparo con fecha cinco de julio de dos mil veintitrés. Por tanto, con apoyo en los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, al atenderse sus efectos, sin excesos ni defectos. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es conservable, porque se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 17, fracción III, inciso a), el expediente deberá ser transferido al archivo de concentración después de tres años. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula y en los libros de control. NOTIFÍQUESE; POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, mediante el cual el Delegado del Rector de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, se pronuncia respecto a los efectos de la resolución dictada en este asunto. Al respecto, vista la certificación secretarial y tomando en cuenta que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. En vista de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y su anexo, así como con el diverso con registro 8014, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de este acuerdo, exprese lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada sentencia. Se ordena al Actuario al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada de la resolución que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, las cuales deberá entregar a las partes, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos; todo lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. NOTIFÍQUESE; POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    MESA I "... En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las NUEVE HORAS CON UN MINUTO DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************; por tal motivo en audiencia pública RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa asistido de Virginia Francisca Maldonado Peralta, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. ... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013, y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra autoridades administrativas ubicadas en el ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia expresó. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a continuación se transcribe. "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: -La negativa de dar respuesta a su petición de veinte de febrero del año en curso y que fue recibida en las oficinas de la Rectoría de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Abogado General por si, y como apoderado del Rector de la Universidad "Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo hace manifestaciones que evidencian su certeza, pues refirió: "NO ES CIERTO ACTO RECLAMADO, toda vez, que no es como lo plantea el Quejoso, siendo que la verdad de los hechos es que el escrito presentado por la promovente a las oficinas de Rectoría fue remitido a la Comisión Evaluadora de la UABJO para su atención, ya que lo solicitado por el quejoso no entra en funciones de la rectoría.". Luego, se presume cierto el acto que se le atribuye. CUARTO- Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". No obstante, es menester señalar que no existen causas de improcedencia propuestas por las partes o que este órgano jurisdiccional advierta de oficio; motivo por el cual, procede el análisis de la regularidad constitucional de los actos reclamados, al tenor de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. QUINTO.- LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. No se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la ley de amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la peticionaria de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, Mayo 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Con independencia de lo anterior, la quejosa sostiene, esencialmente, que la omisión de respuesta a su escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, le causa agravio personal y directo en virtud de que cumplió con todos los requisitos y la dejan en completo estado de indefensión, al no permitirle participar en las convocatorias del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). SEXTO.- Estudio del fondo del asunto. Dicho concepto de violación, ES FUNDADO, puesto que, como lo aduce la quejosa, la autoridad responsable, transgrede el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° Constitucional, que a la letra dice: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del artículo antes transcrito, derivan ciertos elementos del derecho de petición, siendo los siguientes: 1. Debe formularse por escrito de manera pacífica y respetuosa. 2. Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada. 3. Proporcionar el domicilio para recibir la respuesta de la autoridad. 4. La contestación de la autoridad deberá hacerlo en breve término a quien lo solicitó. Entonces, el precepto legal invocado, establece uno de los derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, que es el "derecho de petición", en virtud de que todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando por escrito una solicitud, y ante dicho escrito, las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo por escrito que sea congruente con lo que se le solicitó, dentro de un breve término. Sirve de apoyo lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia, siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular" (Época: Novena Época; Registro: 189914; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de 2001; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 42/2001; Página: 126). De lo anterior, se deduce que el artículo 8° Constitucional, contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: Dar contestación por escrito; y b) Que se realice en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. En la especie, la promovente del amparo, con el escrito de demanda de amparo, exhibió el acuse de recibido de la promoción presentada ante la responsable el veintitrés de febrero dos mil veintitrés, la cual contiene el sello de la citada autoridad. Documental que se le otorga valor probatorio, en razón de que no fue objetada por la autoridad responsable, aunado a que al rendir su informe justificado, no negó haber recibido el escrito de referencia, ni que el sello que aparece en el mismo no fuese de esa dependencia, cuando al ser parte en el juicio tuvo oportunidad de hacerlo; por lo que, si nada dijo al respecto, se concluye que aceptó tácitamente haber recibido el referido escrito. Luego, si a la fecha, la autoridad responsable no ha dado respuesta al escrito de la parte quejosa, ni lo ha hecho de su conocimiento, es inconcuso que no cumplió con lo exigido por el artículo 8 constitucional. No pasa inadvertida la manifestación de la responsable al rendir informe, en el sentido de que no es la facultada para atender el planteamiento, pues lo cierto es que debe emitir por escrito la respuesta y darla a conocer al quejoso, pues solo de esa forma se cumple con su obligación Constitucional. Sirve de apoyo al efecto, la tesis I.4º.A.709 A, visible en la página 556, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Junio de 1994, Materia Administrativa, Octava Época, T.C.C. registro digital 212216, cuyos rubro y texto son los siguientes: "DERECHO DE PETICION, VIOLACION DEL. CUANDO SE ESTIME INCOMPETENTE LA AUTORIDAD ANTE LA CUAL SE PRESENTO.No obsta que la autoridad ante la cual el particular presentó una promoción se considere incompetente para que deje de cumplir con lo mandado por el artículo octavo constitucional, sin que ello se satisfaga remitiendo el escrito presentado ante ella a la autoridad que consideró competente, ya que esto importa violación al derecho de petición tutelado por el citado numeral, pues en dado caso, lo procedente sería resolver declarándose incompetente, y darle a conocer dicha resolución al promovente. Lo resaltado no es de origen. En consecuencia, SE CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que de inmediato dicte el acuerdo correspondiente al escrito presentado ante la autoridad responsable y lo notifique personalmente a la quejosa en el mismo término. SÉPTIMO. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E UNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el acto reclamado y autoridades señaladas en el considerando primero de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Rodolfo Sánchez Zepeda, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Virginia Francisca Maldonado Peralta, Secretaria de Juzgado, con quien actúa en forma legal; dándose por concluida la audiencia a las once horas con veinticinco minutos y levantándose para constancia esta acta que se firma y autoriza, haciéndose constar que la hora de cierre de la audiencia y la que se observará en las evidencias criptográficas correspondientes a las firmas electrónicas, no coinciden debido al tiempo empleado para su almacenamiento en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y el proceso empleado para preautorizar y autorizar todos los archivos generados en esta fecha en este juzgado, en términos del artículo 26 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación. Doy fe. Esta foja corresponde a la parte final de la sentencia de quince de junio de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo ********************. Conste.- Enseguida se giraron los oficios 10072 y 10073. Conste.- La licenciada Virginia Francisca Maldonado Peralta, Secretaria adscrita al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, hacer constar que la promoción con que se dio cuenta, así como el auto que antecede se incorporan al expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3°, párrafo octavo, de la Ley de Amparo en vigor. Doy fe. VFMP/dgeaVistos para resolver los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra actos de la Universidad Autónoma "Benito Juárez", de Oaxaca y otra autoridad. R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés y en este juzgado el mismo día, la quejosa promovió juicio de amparo contra el acto y autoridad siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE. - Rector de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca. - Abogado General de la Universidad Autónoma "Benito Juárez", de Oaxaca. ACTO RECLAMADO -La negativa a dar respuesta a su petición de fecha 20 de febrero de 2023 y que fue recibida en las oficinas de la Rectoría de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca. SEGUNDO. Mediante acuerdo de doce de abril de dos mil veintitrés, previo requerimiento, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se ordenó dar a la fiscal federal adscrita la intervención que legalmente le compete, sin que se ordenara emplazar a tercero interesado porque no existe; se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que se verificó en términos del acta que antecede, el quince de junio del año en curso, y; C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013, y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra autoridades administrativas ubicadas en el ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia expresó. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a continuación se transcribe. "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: -La negativa de dar respuesta a su petición de veinte de febrero del año en curso y que fue recibida en las oficinas de la Rectoría de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Abogado General por si, y como apoderado del Rector de la Universidad "Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo hace manifestaciones que evidencian su certeza, pues refirió: "NO ES CIERTO ACTO RECLAMADO, toda vez, que no es como lo plantea el Quejoso, siendo que la verdad de los hechos es que el escrito presentado por la promovente a las oficinas de Rectoría fue remitido a la Comisión Evaluadora de la UABJO para su atención, ya que lo solicitado por el quejoso no entra en funciones de la rectoría.". Luego, se presume cierto el acto que se le atribuye. CUARTO- Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". No obstante, es menester señalar que no existen causas de improcedencia propuestas por las partes o que este órgano jurisdiccional advierta de oficio; motivo por el cual, procede el análisis de la regularidad constitucional de los actos reclamados, al tenor de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. QUINTO.- LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. No se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la ley de amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la peticionaria de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, Mayo 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Con independencia de lo anterior, la quejosa sostiene, esencialmente, que la omisión de respuesta a su escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, le causa agravio personal y directo en virtud de que cumplió con todos los requisitos y la dejan en completo estado de indefensión, al no permitirle participar en las convocatorias del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). SEXTO.- Estudio del fondo del asunto. Dicho concepto de violación, ES FUNDADO, puesto que, como lo aduce la quejosa, la autoridad responsable, transgrede el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° Constitucional, que a la letra dice: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del artículo antes transcrito, derivan ciertos elementos del derecho de petición, siendo los siguientes: 1. Debe formularse por escrito de manera pacífica y respetuosa. 2. Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada. 3. Proporcionar el domicilio para recibir la respuesta de la autoridad. 4. La contestación de la autoridad deberá hacerlo en breve término a quien lo solicitó. Entonces, el precepto legal invocado, establece uno de los derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, que es el "derecho de petición", en virtud de que todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando por escrito una solicitud, y ante dicho escrito, las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo por escrito que sea congruente con lo que se le solicitó, dentro de un breve término. Sirve de apoyo lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia, siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular" (Época: Novena Época; Registro: 189914; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de 2001; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 42/2001; Página: 126). De lo anterior, se deduce que el artículo 8° Constitucional, contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: Dar contestación por escrito; y b) Que se realice en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. En la especie, la promovente del amparo, con el escrito de demanda de amparo, exhibió el acuse de recibido de la promoción presentada ante la responsable el veintitrés de febrero dos mil veintitrés, la cual contiene el sello de la citada autoridad. Documental que se le otorga valor probatorio, en razón de que no fue objetada por la autoridad responsable, aunado a que al rendir su informe justificado, no negó haber recibido el escrito de referencia, ni que el sello que aparece en el mismo no fuese de esa dependencia, cuando al ser parte en el juicio tuvo oportunidad de hacerlo; por lo que, si nada dijo al respecto, se concluye que aceptó tácitamente haber recibido el referido escrito. Luego, si a la fecha, la autoridad responsable no ha dado respuesta al escrito de la parte quejosa, ni lo ha hecho de su conocimiento, es inconcuso que no cumplió con lo exigido por el artículo 8 constitucional. No pasa inadvertida la manifestación de la responsable al rendir informe, en el sentido de que no es la facultada para atender el planteamiento, pues lo cierto es que debe emitir por escrito la respuesta y darla a conocer al quejoso, pues solo de esa forma se cumple con su obligación Constitucional. Sirve de apoyo al efecto, la tesis I.4º.A.709 A, visible en la página 556, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Junio de 1994, Materia Administrativa, Octava Época, T.C.C. registro digital 212216, cuyos rubro y texto son los siguientes: "DERECHO DE PETICION, VIOLACION DEL. CUANDO SE ESTIME INCOMPETENTE LA AUTORIDAD ANTE LA CUAL SE PRESENTO.No obsta que la autoridad ante la cual el particular presentó una promoción se considere incompetente para que deje de cumplir con lo mandado por el artículo octavo constitucional, sin que ello se satisfaga remitiendo el escrito presentado ante ella a la autoridad que consideró competente, ya que esto importa violación al derecho de petición tutelado por el citado numeral, pues en dado caso, lo procedente sería resolver declarándose incompetente, y darle a conocer dicha resolución al promovente. Lo resaltado no es de origen. En consecuencia, SE CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que de inmediato dicte el acuerdo correspondiente al escrito presentado ante la autoridad responsable y lo notifique personalmente a la quejosa en el mismo término. SÉPTIMO. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E UNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el acto reclamado y autoridades señaladas en el considerando primero de esta resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.****************************************Visto el escrito de la quejosa ********************y en atención a su contenido, téngasele realizando las manifestaciones respecto a la vista otorgada en auto de diez del mes actual, sin que haya lugar a tenerle por exhibidas las documentales que señala en su ocurso de cuenta, toda vez que no las anexa.****************************************NOTIFÍQUESE.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano