Martha Elena Salazar Viloria

Expediente 213/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
213/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Martha Elena Salazar Viloria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés.********************Glósese a los autos los oficios de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por los cuales, informa que ya concluyó el procedimiento señalada en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; no obstante y atención a que la responsable sigue siendo omisa con el cumplimiento de la sentencia definitiva de catorce de agosto de dos mil veinte y la interlocutoria de dos de febrero de dos mil veintitrés, le concedió tres días hábiles para que exhiba las documentales con las acredite el cumplimiento.****************************************Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que una vez que fenezca el plazo concedido al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, informe si dio cumplimiento a la sentencia definitiva, o en su caso las medidas adoptadas para ello, debiendo remitir copia certificada de las constancias con las que acredite su dicho.****************************************Apercibida que de no cumplir en términos del artículo 237 fracción I, y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cien Unidades de Medida y Actualización Vigente, equivalente a ....), que resulta de multiplicar los días multa en cita por $..., que constituye la Unidad de medida referida; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación.****************************************Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el cual, toma conocimiento de la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, y al efecto solicita que una vez que cause ejecutoria se le informe a efecto de que proceda a obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva. Al respecto, dígase a la sala responsable que en proveído de diecisiete del presente mes y año, causó ejecutoria dicha resolución, por lo que se le requirió obtener el cumplimiento de la misma; asimismo, que el oficio en el que se le hace de su conocimiento tal circunstancia se encuentra en proceso de notificación. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    MESA "..San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; diecisiete de octubre de dos mil veintitrés.********************Atento a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia que por una parte sobreseyó en el juicio y por otra concedió a ******************** el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes.****************************************Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Magistrados que integran la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar, con sede en la Ciudad de México, para que procedan a obtener el cumplimiento de la sentencia y remitan copia certificada de las determinaciones que dicten al efecto, o en su caso, informen el trámite que realizan, para lo cual deberán utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento.****************************************Con relación a lo anterior, se precisa, que la concesión del amparo es para los siguientes efectos:****************************************"a) La Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el término de tres días siguientes al en que cause ejecutoria esta resolución, proceda a obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva del juicio de nulidad 3681/19-PC4-3 (antes 3681/19-15-01-8), acorde con los mecanismos legales con los que está facultado y atendiendo a los puntos destacados en esta determinación,****************************************Además, que deberá notificar a la parte quejosa, dentro del término de tres días siguientes, las medidas que tome para el eficaz cumplimiento de la sentencia."****************************************Apercibidos que de no cumplir, en términos del artículo 237 fracción I, y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá, multa de cien Unidades de Medida y Actualización Vigente, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), que resulta de multiplicar los días multa en cita por $ 103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), que constituye la Unidad de medida referida; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación.****************************************Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    MESA "... S.... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza administrativa, seguido ante una autoridad de esa índole, con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia expresó. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a continuación se transcribe. "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De un estudio integral de la demanda de amparo, se observa que el acto reclamado consiste en la falta de cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de nulidad ..., así como a la resolución emitida en el recurso de queja de dos de febrero de dos mil veintitrés. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe, el Presidente de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, negó la existencia del acto reclamado; no obstante, de las constancias remitidas por la autoridad se advierte que a la fecha, la sentencia emitida en su juicio de nulidad ... Por tanto, se desvirtúa la negativa de la sala responsable y se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias que obran en autos, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, así como de los antecedentes narrados por la quejosa bajo protesta de decir verdad, de donde se observa: A partir del uno de septiembre de dos mil seis el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le otorgó pensión por jubilación, y el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve solicitó al citado instituto el incremento de su pensión, considerando la evolución salarial. El diecisiete de noviembre de dos mil diecinueve demandó la negativa ficta, la que se radicó en la Sala Regional del Sureste con el registro **********, que posteriormente fue turnada a la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa bajo el número expediente ... El catorce de agosto de dos mil veinte la Sala Especializada emitió sentencia definitiva, mediante la cual se declaró la nulidad de la resolución impugnada. Contra dicha determinación, el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, la Jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, interpuso recurso de revisión fiscal, de la cual conoció el Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, quien en sesión de nueve de septiembre de dos mi veintiuno, resolvió procedente pero infundado el recurso de revisión fiscal, por lo que confirmó la sentencia recurrida. Mediante escrito de doce de agosto de dos mil veintidós, la actora solicitó se requiriera el cumplimiento de la sentencia en el expediente natural. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, la actora en el juicio natural interpuso recurso de queja por omisión de cumplimiento de sentencia, el cual se resolvió el dos de febrero de dos mil veintitrés, en el sentido de declararse procedente y fundado el recurso. Mediante escrito de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, la actora solicitó a la sala responsable requiriera a la perdidosa dado que no había cumplido la sentencia; a esa petición, por acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés la sala responsable requirió a la demandada para que en el término de diez días hábiles cumpliera con la sentencia definitiva y le apercibió que de no hacerlo le impondría multa. Por escrito de dos de mayo de dos mil veintitrés, la actora solicitó a la sala responsable impusiera multa a la perdidosa dado que no había cumplido la sentencia, y solicitó se requiriera nuevamente el cumplimiento, a lo que la sala responsable, en proveído de diecisiete de mayo de este año impuso a la demandada multa y le requirió nuevamente para que diera cumplimiento a la sentencia, esta vez dentro del término de tres días y apercibiéndole nuevamente con multa en caso de acatar el requerimiento. Ante el incumplimiento de la demandada, mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintitrés, nuevamente la actora solicitó a la sala responsable que requiriera el cumplimiento de la sentencia e hiciera efectiva la multa con que apercibió a la perdidosa en acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, por lo que en auto de doce de junio siguiente la sala responsable impuso nueva multa y requirió el cumplimiento a la demandada así como a la Directora de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, en su carácter de superior jerárquico. El uno de agosto de dos mi veintitrés, la sala responsable, atendiendo al escrito de la actora presentado el cinco de julio de este año, impuso la multa con que conminó a la demandada en acuerdo de doce de junio del año que transcurre; requirió nuevamente el cumplimiento tanto a la demanda como a su superior jerárquico, y ordenó dar vista a la Contraloría interna del instituto para que determinara la responsabilidad del servidor que le correspondía cumplir con la sentencia. Finalmente, por acuerdo de catorce de agosto de dos mi veintitrés, la sala responsable determinó que las multas impuestas por autos de diecisiete de mayo y doce de junio de dos mil veintitrés habían quedado firmes, por lo que ordenó fueran ejecutadas. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que expresa: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Con motivo del oficio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, recibido en este Juzgado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, por auto de veintidós de septiembre de dos mi veintitrés se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si señalaba como autoridad responsable a la Titular de la Unidad Jurídica y Representante Legal del referido Instituto, sin que la quejosa realizara manifestación alguna; por tanto, en auto de veintidós de septiembre actual, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se tuvo a dicha autoridad como no designada. Ante ello, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, pues al no señalar como responsable a la autoridad que debe pronunciarse sobre lo solicitado, no obstante el requerimiento formulado a la quejosa, resulta improcedente el juicio de amparo en esta parte. Es ilustrativa la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento trece, tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común del rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". De esta manera, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en las fracciones XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la última fracción en relación con el 108, fracción III de dicha legislación procede SOBRESEER en el juicio respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la propia ley de la materia. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Son FUNDADOS los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, pues se advierte una violación al derecho humano contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el citado precepto Constitucional establece el derecho humano relativo a la impartición de justicia, entre cuyos atributos, está el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de resolver las controversias ante ellas planteadas, lo realicen dentro de los términos y plazos que para tal fin establezcan las leyes; de acuerdo con el citado artículo constitucional, la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. El objetivo del derecho a la tutela jurisdiccional es asegurar la impartición de una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial y, cualquier órgano -no solo los tribunales como literalmente expresa el artículo 17 constitucional, sino también aquellos que no pertenecen al poder judicial federal y local-, encargado de impartirla están constreñidos a observar este derecho fundamental. El derecho a la tutela jurisdiccional se desenvuelve en varios sectores, que constituyen sus principios, entre ellos, el derecho a la plena ejecución de las resoluciones que dicten los órganos que impartan justicia, que consiste en que la persona a quien se obligue cumplir una sentencia no puede eximirse de tal situación. Este principio consagra la efectividad externa de la tutela jurisdiccional y que es de gran trascendencia para la impartición de justicia, porque no sería eficaz si la sentencia no se cumple; de ahí que, por un lado, el órgano que resuelva ordene a las partes que la acaten y de ser necesario, las obligue en ese sentido y, por otro, aquellas personas que se vinculen a su cumplimiento no puedan evadirlo, para lo que la ley debe prever los mecanismos que permitan ejecutar lo resuelto por el juzgador. Con relación al cumplimiento de las sentencias emitidas en juicios contenciosos administrativos, es oportuno precisar que el artículo 58, fracciones I y II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señala: "Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia." De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, existen dos procedimientos para lograr el cumplimiento de la resolución firme; esto es, el que se sigue de oficio por parte del tribunal, y el que se inicia a petición de parte mediante la interposición del recurso de queja. En el primer supuesto, el tribunal requiere a las autoridades demandadas y a su superior jerárquico, les concede los plazos previstos para tal efecto, y en caso de incumplimiento injustificado, podrá imponer multas y dar vista al contralor para la investigación de los hechos. En el segundo caso, se requiere que el actor interponga el recurso de queja por escrito y el tribunal pedirá a la autoridad a quien se atribuya el incumplimiento un informe, para resolver lo conducente. La jurisdicción contenciosa administrativa se refiere al control de la legalidad de los actos de autoridad, a través del cual los tribunales administrativos revisan que los actos de la administración pública observen lo dispuesto en las leyes, reglamentos circulares, decretos y demás normas de carácter general aplicables, y la ejecución de las resoluciones firmes que se dicten en los juicios de nulidad, al constituir cosa juzgada, es de orden público e interés social. El legislador estableció un medio o procedimiento de ejecución para el cumplimiento de las sentencias emitidas en el juicio contencioso, que debe seguirse de manera oficiosa, toda vez que la Sala Administrativa tiene intervención en el cumplimiento de la sentencia, al estar obligada a realizar, dentro del ámbito de su competencia, todos aquellos actos necesarios para el eficaz cumplimiento de sus resoluciones. Así, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé un procedimiento de ejecución para hacer cumplir las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A través de dichos instrumentos se dota a la autoridad de las facultades correspondientes para lograr la ejecución de las resoluciones que dicte y dichos fallos no se tornen ilusorios al solo quedar plasmados en documentos, así como el derecho generado en favor del gobernado; sino que éste se vea reflejado sustancialmente en su esfera jurídica, pues solo así logrará cumplirse con el fin pretendido que es el de obtener una justicia verdadera. Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CCXXXIX/2018 (10a.), de rubro "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA." definió al derecho de ejecución plena de las sentencias como parte de la última etapa de la tutela jurisdiccional efectiva, aquella identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél; señalando a éste como relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior requiere que el Estado disponga normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice su efectividad, ya que de otra manera no podría entenderse la completitud en el fallo pronunciado, si no se hace realidad en los hechos. Ahora, de las constancias remitidas por la Sala responsable, se aprecia: 1. En el juicio de nulidad... la aquí quejosa obtuvo sentencia favorable el catorce de agosto de dos mil veinte, contra la negativa ficta a la petición formulada el diecisiete de noviembre de dos mil diecinueve, para los efectos siguientes: ". la autoridad determine pormenorizadamente la forma y términos en que otorga los incrementos a la pensión al demandante, los cuales de conformidad con los razonamientos antes vertidos, deberán ser en los términos y condiciones previstos en al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente del 1°de enero de 2002 al 31 de marzo de 2007, acreditando y aplicando los incrementos más benéficos para el actor, esto es, los señalados en la Constancia de Evolución Salarial que obra en autos para los años 2007, 2011, 2013 y 2017, y actualice los montos de la pensión de la hoya demandante a que tenga derecho conforme a los lineamientos del presente fallo, así como el pago de diferencias generadas con motivo de dichos incrementos, mismas que deberán estar debidamente actualizadas, conforme al procedimiento que establece el artículo 3, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta". 2. Dicha resolución fue recurrida por la demandada el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, y el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la sala responsable tuvo por recibida la copia certificada de la resolución emitida por el Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, en la revisión fiscal **********, donde se resolvió procedente pero infundado el medio de impugnación. 3. En ese mismo proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la responsable requirió a la demandada, para que a partir del día siguiente de aquel en que se le notificara dicho proveído, conforme al artículo 52, párrafos primero y segundo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dieran cumplimiento a la sentencia definitiva, dentro del plazo de cuatro meses. 4. El cuatro de noviembre de dos mil veintidós, la actora interpuso recurso de queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia, el cual fue declarado fundado por la sala responsable el dos de febrero de dos mil veintitrés. 5. Mediante acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, atendiendo al escrito de la actora presentado en esa fecha, la sala responsable requirió a la demandada para que en el término de diez días hábiles cumplieran con la sentencia definitiva, y le apercibió que de no hacerlo le impondría multa. 6. Después, por acuerdo de diecisiete de mayo de este año, con motivo del ocurso de la actora presentado el dos de ese mes y año, la sala responsable impuso multa a la perdidosa y le requirió diera cumplimiento con la sentencia en el término de tres días, apercibiéndole nuevamente con multa en caso de no acatar el requerimiento. 7. Después, el doce de junio de dos mil veintitrés, la sala responsable, atendiendo la promoción de la demandada de ocho de junio del año en curso, impuso nueva multa a la perdidosa y requirió el cumplimiento de la sentencia tanto a la demandada como a su superior jerárquico. 8. Posteriormente, el uno de agosto de dos mil veintitrés, la sala responsable impuso nuevamente multa a la demandada; asimismo, requirió el cumplimiento de sentencia tanto a la condenada como a su superior jerárquico y ordenó dar vista a la contraloría interna del instituto para que determinara la responsabilidad que corresponde por incumplimiento de la sentencia. El catorce de agosto de dos mil veintitrés, la sala responsable acordó que las multas impuestas por autos de diecisiete de mayo y doce de junio de dos mil veintitrés había quedado firmes por lo que ordenó fueran ejecutadas. De esta forma, debe concluirse la transgresión al derecho a la plena ejecución de la sentencia obtenida a favor de la quejosa, dado que desde el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, fecha en que la sala responsable tuvo por recibida la resolución emitida por el Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, en la revisión fiscal ..., donde se confirmó la sentencia emitida en el juicio natural, ésta no ha sido cumplida en los plazos previstos en el término de cuatro meses previsto en el artículo 57, fracción I, inciso b), segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Además, no existe actuación de la sala responsable de esa fecha (veintisiete de septiembre de dos mi veintiuno), tendiente a lograr el eficaz cumplimiento de su fallo, sino hasta el dos de febrero de dos mil veintitrés, fecha en que resolvió el recurso de queja por omisión en el cumplimiento de sentencia; esto es, a un año y cuatro meses de que la sentencia quedara ejecutoriada. Y si bien emitió los acuerdos de veintiuno de marzo, diecisiete de mayo, doce de junio, uno de agosto y catorce de agosto de dos mil veintitrés, donde ha impuesto multas a la perdidosa y ha requerido el cumplimiento de la sentencia no solo a la demandada sino también a su superior jerárquico e incluso dio vista a la contraloría interna del instituto para determinar la responsabilidad del servidor a quien le corresponde cumplir con la sentencia, de autos no se advierte el seguimiento dado a tales determinaciones, ya que no se advierte el trámite dado por la autoridad exactora a las multa impuestas, no se tiene dato de respuesta alguna por parte del superior jerárquico de la demandada, ni el procedimiento que en su caso hubiere efectuado la contraloría ante la vista dada. Por lo que resulta incuestionable la violación de derechos fundamentales cometida en perjuicio de la parte quejosa, pues no obstante que obtuvo una resolución favorable a sus intereses, la autoridad obligada ha sido omisa en acatarla debidamente, aun cuando posee la fuerza de cosa juzgada y, por tanto, crea una obligación constitucional a su cargo, correlativa al derecho del particular a que se cumpla el fallo respectivo. Tiene aplicación al caso, por el criterio que sustenta, la jurisprudencia P./J. 85/2008 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página quinientos ochenta y nueve del tomo XXVIII, Novena Época, septiembre de dos mil ocho, registro 168959, que enseguida se transcribe. "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales.". Así como, la jurisprudencia P./J. 113/2001 del más Alto Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página cinco del tomo XIV, Novena Época, septiembre de dos mil uno, registro 188804, que expresa. "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". De lo anterior, se considera que se vulnera el principio de pronta administración de justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, puesto que, han transcurrido en exceso los plazos otorgados a la autoridad demandada para cumplir con la sentencia definitiva de catorce de agosto de dos mil veinte, en el juicio de nulidad .... En las relatadas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación examinado, lo procedente es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En ese orden, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo y con objeto de restituir a la quejosa en el pleno goce de su derecho humano violentado, los efectos de la concesión son los siguientes: a) La Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el término de tres días siguientes al en que cause ejecutoria esta resolución, proceda a obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva del juicio de nulidad ...., acorde con los mecanismos legales con los que está facultado y atendiendo a los puntos destacados en esta determinación, Además, que deberá notificar a la parte quejosa, dentro del término de tres días siguientes, las medidas que tome para el eficaz cumplimiento de la sentencia. Tiene aplicación la tesis I.3º.T.18 L, consultable en la página tres mil doscientos veintiuno, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro dos, enero de dos mil catorce, tomo IV, registro 2005301, de rubro y texto: "SENTENCIA DE AMPARO. SI LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SE CONCEDE POR DILACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE CONSIDERAR LA NATURALEZA DE ÉSTAS PARA ESTABLECER UN TÉRMINO PRUDENTE PARA SU CUMPLIMIENTO. Cuando en un juicio de amparo indirecto se concede la protección de la Justicia Federal por dilaciones procesales hasta lograr la emisión del laudo, los efectos de dicha concesión deben atender a la naturaleza de las violaciones reclamadas, para poder establecer un término prudente para el cumplimiento de la ejecutoria. En ese sentido, si el Juez Federal requirió a las autoridades responsables para que en el término de tres días contados a partir de la notificación de dicho proveído cumplieran con la sentencia de amparo, ello torna jurídica y materialmente imposible el cumplimiento de la sentencia protectora dentro del plazo exigido. Esto es así, porque los términos consignados en cada etapa del procedimiento laboral son incompatibles con los tres días otorgados para acatar el fallo protector; en consecuencia, cuando la concesión del amparo abarca una serie de actos procesales que deben ser agotados consecutivamente, de manera que no puede iniciarse el siguiente sino hasta que se culmine con el anterior, hasta lograr la emisión del laudo, debe considerarse esa circunstancia, para que el Juez de amparo precise el término prudente que debe otorgar en el requerimiento que se formule a la autoridad para cumplimentar la ejecutoria, atendiendo a los efectos para los que se concedió el amparo y a la complejidad de su acatamiento, pudiendo servir de parámetro para delimitarlo, el estado procesal del juicio de origen y los términos procesales que la legislación laboral impone para el desarrollo del procedimiento, ello conforme al artículo 77, fracción II, en relación con los diversos 192, último párrafo y 211, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. OCTAVO. Publicación de datos personales. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, en términos del considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese y regístrese.

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