Martha Irma Ávila Zabalza

Expediente 1392/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1392/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Martha Irma Ávila Zabalza

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFGÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARTHA ÁVILA ZABALZA. Cumplimiento de prevención Agréguese a los autos el escrito signado por la promovente de amparo, mediante el cual cumple con las prevenciones que le fueron impuestas en el proveído de trece de diciembre de dos mil diecinueve . Asimismo, aclara la fecha en que tuvo conocimiento de la infracción número 0740, suscrita el veinte de noviembre del año en curso. Por tanto, este órgano jurisdiccional provee: Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil , ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO"DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. y DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio de cuenta, los cuales se tratan como un todo, reveló que los actos reclamados en el presente asunto son los siguientes: a) La inconstitucionalidad de los artículos 58 y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Estado el seis de julio de dos mil siete . b) Como primer acto de aplicación de dichos numerales, la boleta de infracción de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, con número de folio 0740, suscrita por Jesús Valencia Flores, Inspector adscrito a la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán y, como consecuencia, el cobro de la multa impuesta con motivo de la boleta de infracción antes aludida. Una vez precisados los actos reclamados, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 17, 18 y 19 del mismo ordenamiento legal. Demanda extemporánea El numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo dispone que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento. Cabe aclarar que, en el presente asunto, se impugna una norma general con motivo del primer acto de aplicación, por lo que debe tomarse en consideración que el numeral 61, fracción XIV, de la ley en la materia establece que sólo podrá entenderse como consentida una norma general en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso dentro del plazo legal. Además, el numeral en comento dispone que cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. Ahora, los plazos para promover el juicio constitucional se encuentran establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo , cuyo contenido revela que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: ? Primer párrafo: Quince días, regla general. ? Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición. ? Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. ? Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. ? Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Plazo que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley materia del acto, la notificación a los quejosos del acto o resolución que reclamen, o a aquél en que hayan tenido conocimiento o se ostenten sabedores del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Determinado lo anterior, se establece que, conforme a los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, una ley puede ser combatida en dos diferentes momentos: a) dentro de los treinta días a partir de su entrada en vigor (autoaplicativa), y b) dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos (autoaplicativa y heteroaplicativa). Ahora, si el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor (ley autoaplicativa), el plazo será el de treinta días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación (ley autoaplicativa o heteroaplicativa), el plazo será de quince días, en los términos destacados. En ese tenor, si el quejoso combate la ley con motivo de su primer acto de aplicación, pero la demanda la presenta fuera del plazo de quince días aludido, el juicio de amparo resulta improcedente por lo que hace al acto de aplicación y, consecuentemente, también lo será por lo que respecta a la ley. De esa manera, la impugnación realizada en el presente asunto encuadra en la hipótesis de la regla general, contenida en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual prevé que la demanda debe promoverse dentro del plazo de quince días, toda vez que no encuadran en ninguna de las hipótesis precisadas en las fracciones I a IV de dicho numeral y en virtud de que la norma general se reclama a partir de su primer acto de aplicación. Acto respecto del cual la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, tuvo conocimiento del mismo el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, pues indicó: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el señor Antonio López Ávila me informo y me entrego la infracción 0740 el día 20 veinte de noviembre aproximadamente a las 9:00 nueve de la noche en mi domicilio particular, puesto que como lo manifesté en el hecho cuarto de mi demanda de garantías el día 21 veintiuno de noviembre pasado fue que me presente a las oficinas de la Comisión Coordinador d Transporte para verificar la razón de la detención de mi vehículo. Lo anterior permite evidenciar que la parte quejosa se impuso del conocimiento del acto reclamado desde el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, fecha en la que se le entregó la infracción con folio 0740, suscrita por el Inspector adscrito a la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán. Por ende, resulta indudable que la demanda de amparo que nos ocupa, por lo que hace a dicho acto, se encuentra presentada fuera del término legal de quince días hábiles posteriores a que tuvo conocimiento la quejosa de la existencia de éste. Es así, pues se estima que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo en contra de la infracción combatida ha fenecido, toda vez que éste comenzó a contar a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, el aludido plazo empezó a trascurrir el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve y concluyó el once de diciembre del mismo año. Por tanto, debió promoverse en los plazos fijados por la ley en la materia, y la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el doce de diciembre de dos mil diecinueve, tal como se corrobora de la papeleta de turno correspondientes; lo que sucedió de manera extemporánea conforme al calendario siguiente: NOVIEMBRE 2019 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 17 18 19 20 21 Inicio del plazo 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DICIEMBRE 2019 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fin de plazo para promover la demanda de amparo 12 13 14 15 Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis del Pleno de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, del volumen 193-198, primera parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiesta que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, se realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado". Ahora, como se dijo, si el juicio de amparo resulta improcedente por lo que hace al acto de aplicación, consecuentemente, también lo será por lo que respecta a la ley, por lo que, en el caso concreto, la inejercitabilidad de la acción constitucional se extiende a la norma general impugnada, esto es, a los artículos 58 y 61, del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán. Al respecto, en lo conducente, es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, intitulada: "LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN." ; y, también en lo conducente, la diversa: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." . Por consiguiente, como se indicó, se actualiza la causa de improcedencia analizada respecto a la inconstitucionalidad de los artículos 58 y 61, del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, que trajo como consecuencia, la boleta de infracción de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, con número de folio 0740, suscrita por Jesús Valencia Flores, Inspector adscrito a la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán y el cobro de la multa impuesta con motivo de la boleta de infracción antes aludida. Entonces, si la demanda de amparo fue presentada el doce de diciembre de dos mil diecinueve, es evidente que ello ocurrió fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito del acto reclamado, que actualiza la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, por lo que ve a la determinación de mérito, la cual al haber sido consentida por la quejosa hace que el juicio de amparo contra el referido acto resulte improcedente. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis del Cuarto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito , que señala: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. Desechamiento En esas condiciones, se acredita de manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente ES DESECHAR de plano la demanda de amparo. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la siguiente jurisprudencia que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA ". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA ". Así como la tesis que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA ". Protesta de ley Por otra parte, conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que todo lo anterior parte de la premisa de que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la demanda por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Anotaciones Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la promovente.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARTHA IRMA ÁVILA ZABALZA. Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, promovida por Martha Irma Ávila Zabalza solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número III-1392/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). ? Trámite. Conviene destacarse que el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir a los promoventes para que llenen los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. ? Consideraciones previas. Inicialmente, debe decirse que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a las siguientes: "a) GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOAN DE OCAMPO, con domicilio conocido en esta ciudad capital. b) COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MICHOACÁN, con domicilio ubicado en la calle 18 de marzo, colonia Nueva Valladolid, de esta ciudad. c) Ciudadano JESÚS VALENCIA FLORES, supuesto inspector adscrito a la COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MICHOACÁN, con el mismo domicilio que la autoridad anterior. d) ADMINISTRADOR DE RENTAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO MICHOACAN, con domicilio bien conocido en esta ciudad". De igual forma, la parte quejosa señaló como actos reclamados lo siguiente: "IV. NORMA GENERAL, ACTO Y OMISIÓN QUE SE RECLAMA. 1.- Del Gobernador del Estado se reclama LA INCOSTITUCIONALIDAD de los artículo 58 y 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 6 de julio de 2007. 2.- Del COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MICHOACÁN y supuesto inspector adscrito a la COMISION COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MICHOACÁN, se reclama EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN de los numerales impugnados, al levantarse la boleta de infracción con número de folio 0740, suscrita por el Inspector C. Jesús Valencia Flores, supuesto inspector adscrito a la COMISION COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MICHOACÁN, con fecha 20 veinte de noviembre de 2019 dos mil diecinueve. 3.- Del ADMINISTRADOR DE RENTAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN, se reclama EL COBRO DE LA MULTA IMPUESTA por motivo de la boleta de infracción antes señalada, por la cantidad de $15,873.00 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), expidiendo para tal efecto el FORMATO MULTIPLE DE PAGO CONTRIBUYENTE ESTATALES Y/O FEDERALES, con número de folio40100916410, de fecha 25 veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve". Ahora, la narración de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, realizada bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, así como de la copia cotejada de la infracción con folio 0740, se advierte la posible participación de un particular que pudiera resultar con calidad de autoridad responsable, a saber, "Grúas Zacapu". Lo anterior se estima de esa manera, en virtud de que según la boleta de infracción reclamada, el vehículo de la parte quejosa fue remitido al corralón Grúas Zacapu para su resguardo; lo cual implicó el cobro por servicio de arrastre y estancia de vehículo en el depósito, cuyo cargo pagó la parte quejosa, tal como se desprende de la nota de remisión folio 4410001666. No obstante, aun cuando este órgano jurisdiccional pudiera advertir e interpretar que existe un acto reclamado y la posible participación de una autoridad -o particular con carácter de autoridad- que pudiera revestir el carácter de responsable; la realidad es que corresponde a la parte quejosa realizar los señalamientos respectivos, al tratarse de un requisito que le impone el artículo 108, fracción III y IV, de la Ley de Amparo. Además, de dicha infracción y de la narración de hechos bajo protesta de decir verdad se aprecia que ésta se expidió el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, que quien conducía el vehículo era Antonio López Ávila y que la quejosa acudió el veintiuno siguiente ante la Comisión Coordinadora del Transporte, a informarse de los trámites para la recuperación del vehículo retenido en garantía, sin embargo, es omisa en indicar la fecha en qué el citado López Ávila le informó y le entregó a la quejosa de la infracción mencionada. Por tal motivo, al apreciarse que posiblemente pudiera existir un acto y la participación de un particular con carácter de autoridad que pudieran ser señalados como acto reclamado y autoridad responsable y que se omitieron datos relativos a la autoridad, corresponde realizar la siguiente: ? Prevenciones. Con fundamento en los artículos 108, fracciones III y IV, así como 114, fracciones I, II y IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, subsane su demanda de amparo en los términos siguientes: PRIMERA. Precise si es su deseo señalar al particular "Grúas Zacapu" como autoridad responsable. En caso afirmativo, deberá precisar el acto reclamado que le atribuye. SEGUNDA. Manifieste bajo protesta de decir verdad, la fecha en qué el conductor Antonio López Ávila, le informó y le entregó la infracción 0740 de data veinte de noviembre de dos mil diecinueve, con la que acudió ante la Comisión Coordinadora del Transporte el veintiuno siguiente a realizar los trámites para la devolución del vehículo retenido en garantía. ? Apercibimientos. Se apercibe a la parte quejosa que, de no dar cumplimiento en el plazo y condiciones indicadas en los puntos preventivos, únicamente se tendrán como autoridades responsables y actos reclamados los inicialmente señalados en el escrito de demanda. Asimismo, en el supuesto de que la parte quejosa presente su escrito aclaratorio de forma física, al igual que la demanda de amparo, el escrito aclaratorio deberá presentarse con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , bajo el rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.". Igualmente, deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por conducto de su representante legal y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral confiere a este último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , bajo el rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.". ? Señalamiento de domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, autorizando para tal efecto a las personas que indica, por así expresarlo la promovente. ? Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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