Martha Hernández Montejano
Expediente 625/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 625/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martha Hernández Montejano
Actuaciones
- Principal
Juzgado acepta competencia Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional de su adscripción aceptó la competencia que fue planteada por este Juzgado de Distrito, para conocer la demanda de amparo promovida por Martha Hernández Montejano, la cual se radicó con el número 880/2019 de su estadística. Archivo En virtud de lo expuesto en el apartado precedente, se considera que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por lo que, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, ya que carece de relevancia documental e histórica el presente cuaderno, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se toma nota que es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto undécimo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo I-832/2018; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Michoacán, con residencia en Morelia, Héctor Duarte Escobar, por propio derecho, ostentándose tercero extraño a juicio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán y otras autoridades, derivados del juicio sumario civil hipotecario 384/2012, que consideró violatorios de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, conoce de la demanda este Juzgado Cuarto de Distrito en Michoacán, con residencia en Morelia; por auto de dos de octubre de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda y registró con el número de expediente 832/2018; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y reservó proveer respecto al emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta en tanto alguna de las autoridades responsables aceptara el acto reclamado y obraran las constancias de las que deriva. Por acuerdo de dieciocho de octubre del año próximo pasado, derivado de los informes justificados del juez y actuario adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán y de las constancias que remitieron para tal efecto -juicio sumario civil hipotecario 384/2012- se reconoció el carácter de terceros interesados a Caja Popular Mexicana, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de responsabilidad limitada de capital variable, Vicente y Norma Leticia Velázquez Machuca; y, virtud a que, de las constancias enviadas derivaba la participación del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, por haber confirmado la sentencia de primera instancia que resolvió el juicio sumario civil hipotecario, mediante auto de dieciocho de octubre del año pasado (fojas 21-23), en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo, se ordenó darle vista al quejoso por el término de quince días, para que, de así convenir a sus intereses ampliara su demanda contra dicha autoridad; lo que hizo por escrito presentado el veintiséis de octubre siguiente en la oficina de correspondencia común (fojas 32-41). Por último la audiencia constitucional se celebró el seis de mayo de dos mil diecinueve, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque el acto reclamado se atribuye a autoridades residentes dentro de la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados; como además lo dispone la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Y la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, de la interpretación integral de la demanda de amparo y la información obtenida de las constancias que integran el juicio sumario civil hipotecario 384/2012 y toca de apelación 208/2013, que remitieron el Juez Primero de Primera Instancia en materia Civil de Zamora, Michoacán, y Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, respectivamente, como justificación de su informe; se deduce que el quejoso promueve amparo ostentándose tercero extraño al mencionado juicio sumario civil hipotecario, por considerar afectado el derecho de propiedad que tiene sobre el bien inmueble objeto de garantía, afectación que -en su opinión- surge por la tramitación y resolución del juicio. En ese sentido, reclama: Del mencionado juez de primera instancia: todo lo actuado en el juicio sumario civil hipotecario 384/2012; Del magistrado ad quem: la sentencia que confirmó el fallo de primera instancia; dictada en el toca de apelación 208/2013: Del actuario adscrito al juzgado de origen; Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio de Morelia, Michoacán y Jefe de Departamento de Anotaciones y Trámites de la dirección de la citada institución registral, respectivamente reclama: la ejecución de la orden de embargo emitida en el juicio sumario civil hipotecario 384/2012; la inscripción y registro del bien inmueble embargado; y, las anotaciones y trámites de la inscripción del propio bien. TERCERO. Inexistencia de actos reclamado. El actuario adscrito al juzgado Primero de Primera Instancia en materia Civil de Zamora, Michoacán negó el acto reclamado consistente en la ejecución de embargo; lo mismo hicieron el Director y Jefe de departamento de anotaciones y trámites, del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio de Michoacán, respecto de la inscripción de embargo ordenado en el expediente del juicio sumario civil hipotecario 384/2012. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades, dada la falta de pruebas del quejoso que demuestren lo contrario, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se sobresee en el presente juicio de amparo, únicamente por cuanto a dichos acto reclamados se refiere. Lo anterior con apoyo en la tesis jurisprudencial número 284, consultable en la página doscientos treinta y seis (236), Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán y Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, pues lo aceptaron en sus informes justificados; el primero aceptó la existencia del juicio sumario civil hipotecario 384/2012 promovido por Caja Popular Mexicana, sociedad cooperativa de ahorro y préstamos de responsabilidad limitada de capital variable, contra Vicente y Norma Leticia Velázquez Machuca; juicio que concluyó con sentencia definitiva y actualmente se encuentra en estado de ejecución; por su parte, el magistrado responsable aceptó que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, en el sentido de confirmarlo. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Además, la certeza se corrobora con las constancias que ambas autoridades acompañaron a sus informes, valoradas conforme los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, este juzgador no advierte, de oficio, la actualización de alguna causa de improcedencia que impida el estudio del fondo de este asunto. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son tal y como constan en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este considerando, como si se insertasen a la letra, por economía procesal y porque la ley de la materia no exige su trascripción; además, el hecho que no se trascriban no la deja en estado de indefensión, pues no la priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma y, por otra parte, si no se trascriben, de ninguna forma implica que se dejen de observar los principios de congruencia y exhaustividad con que deben cumplir las sentencias de amparo. Sirve de apoyo para lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Antecedentes. Previo a analizar los conceptos de violación, se destacan los antecedentes del acto reclamado: Caja Popular Mexicana, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su apoderado legal, el dieciséis de marzo de dos mil doce, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, promovió en la vía sumaria civil y en ejercicio de la acción real hipotecaria, demanda en contra de Vicente y Norma Leticia Velázquez Machuca, como acreditado y garante hipotecaria, respectivamente; de quienes reclamó las prestaciones siguientes: ".A).- El vencimiento del Convenio Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria que consta en la escritura pública número 12,099 (.) de fecha 03 de julio de 2009 dos mil nueve celebrado entre mi mandante CAJA POPULAR MEXICANA SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y los señores C. VICENTE VELÁZQUEZ MACHUCA y NORMA LETICIA VELÁZQUEZ MACHUCA, respecto del préstamo otorgado en el CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON GARANTÍA HIPOTECARIA hasta por la cantidad de $400,000.00 (.) de conformidad con la cláusula SEGUNDA Y CUARTA del Convenio Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, donde se precisa la fecha única de pago día 03 tres de junio del año 2010 (.) B).- El pago de la cantidad de $400,000.00 CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. por concepto se suerte principal (.) C).- El pago del 1.85% uno punto ochenta y cinco por ciento mensuales por concepto de intereses ordinarios generados al 12 doce de Marzo del 2012 dos mil doce y que ascienden a la cantidad de $242,028.67 (.) más el impuesto al valor agregado de dichos intereses y que asciende a la cantidad de $30,130.17 (.) más los que se sigan generando hasta la liquidación del adeudo más el impuesto al valor agregado correspondiente (.) D).- El pago del 1.50% uno punto cincuenta por ciento mensual por concepto de intereses moratorios adicionales a la tasa de interés ordinario que se generen hasta la liquidación del adeudo más el impuesto al valor agregado correspondiente (.) y que al 12 doce de Marzo del año 2012 dos mil doce ascienden a la cantidad de $48,324.29 (.) más el impuesto al valor agregado de dichos intereses y que asciende a la cantidad de $6,015.90 (.) más los que se sigan generando hasta la liquidación del adeudo más el impuesto al valor agregado correspondiente (.) E).- Como consecuencia del vencimiento del Convenio Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria y por ende, de éste último que se reclaman de los ahora demandados (.) la ejecución de la hipoteca pactada dentro del citado acuerdo de voluntades para lo cual deberá rematarse el bien sobre el cual se constituyó la hipoteca y con el producto de su venta se cumplan las obligaciones reclamadas (.) H).- El pago de los honorarios profesionales, gastos y costas.". Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil doce, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, admitió a trámite la demanda y ordenó el emplazamiento de los demandados. Por escritos de veinticinco de abril y siete de junio de dos mil doce, Vicente y Norma Leticia Velázquez Machuca, contestaron la demanda, respectivamente. Seguido el juicio por sus trámites legales, el juez del conocimiento dictó sentencia el tres de junio de dos mil trece, que declaró parcialmente procedente la acción, así como parcialmente procedentes las excepciones de los demandados; declaró el vencimiento del plazo para cumplir con las obligaciones contraídas en el convenio modificatorio al contrato de apertura de crédito base de la acción, condenando a los demandados al pago de $400,000.00 cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N. por concepto de suerte principal, el pago del uno punto ochenta y cinco por ciento mensual por concepto de interés ordinario y el impuesto al valor agregado correspondiente, conforme a lo pactado en el contrato y su convenio modificatorio; al pago de interés moratorio a razón de la tasa pactada en el contrato base de la acción y su convenio modificatorio y el impuesto al valor agregado correspondiente, y que, de no hacerse el pago dentro de los tres días siguientes al en que causara ejecutoria, se hiciere trance y remate del bien inmueble hipotecado; también, se condenó a la parte actora al pago de gastos y costas. Inconforme con esa resolución, Norma Leticia Velázquez Machuca interpuso recurso de apelación, del que conoció la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, cuyo titular, por sentencia de dieciséis de julio de dos mil trece confirmó en sus términos el fallo recurrido y no condenó al pago de costas. Virtud al incumplimiento voluntario de la sentencia, el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce la parte actora promovió incidente de liquidación; seguido por sus etapas procesales, el veintinueve de enero de dos mil quince se dictó sentencia interlocutoria que lo declaró procedente y condenó a los demandados al pago de $792,473.68 (setecientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y tres pesos 68/100 m.n.); contra esa resolución, Norma Leticia Velázquez Machuca interpuso recurso de apelación, que resolvió el magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, por sentencia de dieciocho de mayo de dos mil quince, en el sentido de confirmar la sentencia interlocutoria recurrida. Ante el incumplimiento de la parte demandada y a solicitud de la actora, por auto de catorce de octubre de dos mil quince, el juez a quo ordenó poner el asunto en estado de ejecución, para el avalúo y remate del bien inmueble hipotecado; el cinco de abril de dos mil diecisiete se celebró audiencia de remate en primera almoneda, en la que se adjudicó el bien inmueble hipotecado en favor de la actora; la audiencia se declaró firme y por auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho se otorgó el término de tres día a la parte demandada, para que otorgara a la adjudicataria la escritura correspondiente, bajo apercibimiento legal; ante la omisión de hacerlo, por diverso proveído de ocho de octubre se ordenó otorgar en rebeldía la escritura y ordenó remitir los autos originales del juicio al Notario Público 78 en Michoacán, para el otorgamiento de la escritura respectiva. Precisados los antecedentes, de inicio se aclara que si bien el quejoso reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán todo lo actuado en el juicio sumario civil hipotecario 384/2012, incluida la sentencia definitiva; ésta fue sustituida procesalmente por la de segunda instancia dictada por el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán; por lo que, es ésta la que rige la condena de la que deriva la afectación al inmueble cuya propiedad defiende el quejoso. No obstante, virtud a que el quejoso no fue parte formal en el mencionado juicio, el asunto será analizado de manera integral, para resolver si se infringió su derecho de audiencia. OCTAVO. Estudio. Como ha quedado establecido, el quejoso reclama todo lo actuado en el citado juicio sumario civil hipotecario 384/2012 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, en su calidad de tercero extraño en estricto sentido, al no ser parte en el juicio; no obstante afectarse su derecho de propiedad del bien inmueble objeto de la hipoteca constituida en el contrato base de dicha acción. En efecto, se ostenta como propietario del bien inmueble ubicado en la calle 22 de Octubre, número 570, del fraccionamiento El Duero, en Zamora, Michoacán, sobre el cual recae la garantía hipotecaria reclamada en el juicio de origen. No obsta para establecer la identidad entre el bien que se defiende, con aquél que es motivo del juicio de origen, la inconsistencia que destaca el quejoso relativa a que su inmueble es distinto al que se adjudicó a la parte actora en la audiencia de remate. Efectivamente, es cierto que el quejoso defiende la propiedad del inmueble ubicado en calle 22 de Octubre número 570, fraccionamiento el Duero, de Zamora, Michoacán; mismo inmueble sobre el cual se constituyó la garantía hipotecaria, como consta en el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria y su convenio modificatorio, bases de la acción y en el respectivo registro de propiedad; no obstante, celebrada la audiencia de remate en su primera almoneda, en efecto se precisó que el bien inmueble dado en garantía y que se adjudica a la parte actora, es el ubicado en el domicilio calle 22 de Octubre Sur número 570, fraccionamiento Jardines de Catedral. La diferencia destacada en el nombre del fraccionamiento de ubicación del inmueble, no es motivo para considerar que se trata de bienes distintos; pues en el auto que convocó a la audiencia de remate en su primera almoneda, se precisó que sería respecto del bien inmueble objeto del juicio; esto es, aquel sobre el que se constituyó la garantía hipotecaria; asimismo, en la propia audiencia de remate, se precisaron las medidas y colindancias del inmueble, que coinciden con las descritas en el contrato accionario y su convenio modificatorio. Ahora, para acreditar el quejoso su derecho de propiedad exhibe contrato privado de compraventa que celebró como comprador con la tercera interesada Leticia Velázquez Machuca, el trece de enero de dos mil once, certificado el mismo día por el Notario Público número 115, en Michoacán, con residencia en Zamora. Documental con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. De dicho documento, se deduce la efectiva existencia del contrato de compraventa celebrado entre el quejoso Héctor Duarte Escobar, como comprador, y Leticia Velázquez Machuca, vendedora, del inmueble que en esta vía se defiende, ubicado en la calle 22 de Octubre, número 570, del fraccionamiento El Duero, en Zamora, Michoacán; mismo sobre el que se constituyó la garantía hipotecaria del contrato base de la acción del juicio de origen. Lo anterior acredita el interés jurídico del quejoso para promover el juicio de amparo, esto es, la existencia de un derecho legítimamente tutelado a su favor, así como una afectación a ese derecho con motivo del acto reclamado, ya que el contrato de compra venta es de fecha cierta, a partir del trece de enero de dos mil once, en que fue presentado ante el Notario Público para su ratificación. Sirve de sustento a lo que antecede las jurisprudencias 1a./J. 46/99, aplica en sentido contrario, y 1a./J. 21/2010, ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenidos siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." Con lo que se concluye que, el promovente de este medio de control constitucional tiene un derecho real sobre el inmueble materia de la garantía hipotecaria del contrato base de la acción del juicio sumario civil de origen. Sin embargo, no se actualiza alguna violación a sus derechos fundamentales por la omisión de integrarlo a aquella relación procesal, pues le asiste el carácter de causahabiente en grado sustantivo, ya que el contrato de compraventa del bien inmueble que defiende fue celebrado con posterioridad al contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria motivo del juicio sumario hipotecario de origen; y dicho contrato traslativo de dominio no fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad, por lo que la parte actora -acreedora hipotecaria-, no conocía de dicha transmisión y, por tanto, no tenía la carga de ejercer la acción en su contra. No se soslaya que el quejoso argumenta que se inactualiza la causahabiencia procesal, virtud a que adquirió la propiedad del bien inmueble objeto de la acción hipotecaria, con anterioridad al inicio del juicio de origen; por lo que, en su concepto, debe reponerse el procedimiento para integrársele en esa relación procesal y respetar su derecho de audiencia; sin embargo, el argumento carece de eficacia. En efecto, la causahabiencia procesal consiste en que quien adquiere un bien o derecho que se discute en el juicio, debe estarse a lo que se decida en ese juicio sin que se le dé audiencia al adquirente del bien, pues se considera oído y vencido en el juicio a través de su causante y, en consecuencia, no puede ostentarse tercero extraño a dicho procedimiento; así, para que se pueda reputar causahabiente procesal a una persona respecto de otra, es indispensable que, mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o pruebas fehacientes, se acredite que el comprador tenía conocimiento del litigio que pesa sobre el bien al momento de adquirirlo y que, por ende, contrajo un derecho sujeto a un procedimiento jurisdiccional. En ese sentido, al quejoso, en estricto sentido le inasiste el carácter de causahabiente procesal, pues adquirió la propiedad del bien inmueble afecto al juicio sumario hipotecario de origen el trece de enero de dos mil once; esto es, previo a la instauración del juicio, que inició el dieciséis de marzo de dos mil doce -fecha de presentación de la demanda de origen-. Sin embargo, como se dijo, se actualiza la causahabiencia sustantiva; virtud a la cual, quien adquiere un bien o derecho se subroga en los derechos de su causante, pero además soporta las cargas inherentes al bien o al derecho que adquiere, de manera que, si el bien tiene algún gravamen o carga y se transmite a otra persona, ésta será causahabiente de aquél y soportará esas cargas. Lo anterior, en razón de que las obligaciones reales siguen o acompañan al propietario o poseedor de la cosa, pues guardan una dependencia absoluta con ésta, por tanto, si se transmiten a un tercero, éste deberá asumirlas. En consecuencia, cuando una persona compra un bien inmueble que soporta un gravamen, como lo es, una garantía hipotecaria, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, implica que el comprador conoce de esa situación, caso en el cual asume como propia dicha obligación, pues se trata de una garantía real que persigue al bien y no a la persona que la constituyó. Luego, si el acreedor hipotecario pretende hacer efectiva la hipoteca, el nuevo adquirente será causahabiente de quien le transmitió la propiedad y constituyó el gravamen, siempre y cuando el acreedor no tuviere conocimiento de dicha transmisión; lo que ocurre cuando no se inscribe en el Registro Público de la Propiedad dicho acto traslativo de dominio. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 63/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son: "TERCERO EXTRAÑO. EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL SEGUIDO EN CONTRA DEL DEUDOR QUE GARANTIZÓ EL ADEUDO CON UNA HIPOTECA. TIENE ESE CARÁCTER EL ADQUIRENTE DEL BIEN HIPOTECADO QUE SE LE TRANSMITIÓ CON ANTERIORIDAD AL INICIO DEL MISMO. Si se inicia un juicio ordinario mercantil en contra de quien transmitió la propiedad hipotecada y en ese procedimiento se embarga el bien transmitido con anterioridad al inicio de tal litigio, el adquirente no tiene el carácter de causahabiente del demandado sino de tercero extraño a tal juicio, aun a pesar de la hipoteca y de que hubiere tenido conocimiento de la misma, pues debe destacarse que en esta clase de juicios lo que se persigue es una acción personal en contra del demandado en la que nada tiene que ver la hipoteca ni mucho menos el adquirente del bien. Para que el adquirente pudiera considerarse causahabiente del demandado en estos supuestos, tendría que habérsele transmitido la propiedad después de iniciado el juicio o trabado el embargo, pues la sola circunstancia de que el bien embargado también se encuentre hipotecado, no justifica que en un procedimiento iniciado por una acción personal en la que el objeto del embargo sean bienes propiedad del deudor, se pretenda hacer efectiva la garantía hipotecaria, la cual es de carácter real, por lo que sólo persigue al bien, con independencia de quién sea el deudor. De esta manera, si lo que se pretende es hacer efectiva la garantía hipotecaria, se tendrá que recurrir necesariamente a la vía establecida por la ley para ello, es decir, a la acción hipotecaria y, en estos casos, el nuevo adquirente podrá ser causahabiente de quien le transmitió la propiedad con anterioridad a ese procedimiento, si es que el acreedor no tuviera conocimiento de tal transmisión; pero en caso de que el actor sí tenga conocimiento de la misma, el nuevo adquirente no tendrá el carácter de causahabiente sino de demandado o codemandado ya que la ley establece que cuando se intenta esta clase de juicio se debe demandar a quien aparece como propietario en el Registro Público de la Propiedad. En conclusión, no es jurídicamente factible que se pretenda hacer efectiva una garantía hipotecaria a través de un juicio distinto del hipotecario, por lo cual, en ese caso, el nuevo adquirente del bien hipotecado tendrá el carácter de tercero extraño en los juicios distintos del hipotecario. Con esa base, si de los antecedentes destacados queda evidenciado que, el quejoso adquirió el bien inmueble objeto de la controversia cuando el gravamen ya estaba constituido e inscrito en el Registro Público de la Propiedad (que acreditan que el gravamen de la hipoteca estaba registrado en data anterior a la compra del quejoso); y omitió hacer la inscripción correspondiente a dicha transmisión; entonces, no pueden considerarse afectado su derecho de audiencia, pues precisamente virtud a la falta de inscripción de la venta a su favor, no podría exigirse al acreedor hipotecario demandar a una persona de quien desconoce es el nuevo adquirente del bien; de ahí que, correctamente ejerció la acción contra la persona con quien celebró el contrato base de la acción y aparecía como titular del inmueble gravado a su favor. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 69/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Página: 287, del siguiente rubro y contenido: "EFICACIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE FECHA CIERTA POSTERIOR AL REGISTRO HIPOTECARIO PARA LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El contrato de compraventa de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y que carezca de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no resulta apto para conceder la protección federal al quejoso que pretende ser llamado al juicio hipotecario. Pues al ser de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y ante la falta de inscripción de la traslación de dominio, ocasiona que el derecho subjetivo que ostenta el quejoso no pueda ser oponible al actor hipotecario, y en consecuencia lo procedente es la negativa del amparo. Lo anterior, de ningún modo implica limitar el derecho de tutela judicial conforme está reconocido en el artículo 17 constitucional a favor del quejoso, en virtud de que éste ostenta un derecho subjetivo de propiedad con el contrato de compraventa de fecha cierta, en el sentido de que la tutela judicial no se limita, en estos casos, al llamamiento al juicio hipotecario en cuestión, pues invariablemente quedan a salvo los derechos del quejoso de accionar en la vía jurisdiccional adecuada en contra de quien considere pertinente a fin de realizar la defensa a su derecho de propiedad." En consecuencia, si bien el quejoso exhibe un contrato de fecha cierto que contiene un derecho subjetivo de propiedad, ese título no es suficiente para otorgar la protección federal por violación al derecho de audiencia, virtud a que, por haber adquirido la titularidad del inmueble con posterioridad a la inscripción del derecho real de hipoteca sobre el mismo inmueble, su derecho de propiedad no le puede ser oponible al acreedor hipotecario; además de que no puede considerarse existió una obligación de llamarlo a juicio, pues el actor hipotecario desconocía de la existencia del derecho real del quejoso, al no estar debidamente registrado. Bajo esas condiciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación, lo que procede es NEGAR el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Héctor Duarte Escobar. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 107, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el Juicio de Amparo promovido por Héctor Duarte Escobar, respecto de los actos reclamados a las autoridades, que precisados quedaron en el considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Héctor Duarte Escobar, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que precisados quedaron en el considerando cuarto y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando ultimo de este fallo.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARTHA HERNÁNDEZ MONTEJANO. Demanda y radicación Con la demanda de amparo de cuenta, Martha Hernández Montejano solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a la autoridad siguiente: Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Fórmese expediente y regístrese con el número III-625/2019, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo a fin de determinar si, en el caso, resulta procedente desecharla, prevenirla o admitirla. De ahí que conviene destacar lo siguiente. Antecedentes del acto reclamado Ahora, para mejor comprensión de lo que se combate en esta instancia constitucional, conviene hacer una relación de antecedentes, misma que se aprecia de la demanda de amparo. En atención a esto, se puede resumir de la manera siguiente: 1. Martha Hernández Montejano fue trabajadora al servicio del Estado por el tiempo que marca la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (en adelante ISSSTE); 2. Una vez que cumplió el tiempo y requisitos legales correspondientes, el uno de septiembre de dos mil siete, el ISSSTE concedió la pensión 851817 a la parte quejosa, por la cantidad a la que tuvo derecho con base en los salarios cotizados. 3. Dicha concesión se hizo con fundamento en el artículo 150, fracción II, de la Ley del ISSSTE y se asentó que la pensión concedida no superaría la suma de diez veces el salario mínimo y que el pago de dicha pensión sería en una sucursal bancaria BANORTE en Villasunción, Estado de Aguascalientes. 4. El catorce de mayo de dos mil diecinueve, la parte peticionaria del amparo tuvo conocimiento que la Delegación Estatal en Zacatecas del ISSSTE realizó una modificación a la pensión que le fue concedida. Dicha modificación radicó, esencialmente, en que la misma tendría como base de cálculo la Unidad de Medida y Actualización (en adelante UMA), y ya no el salario mínimo, tal como se había asentado en la concesión de la pensión. Fijación del acto reclamado Con esta narración de antecedentes, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta oportuno fijar el acto reclamado en esta instancia constitucional, el cual es el siguiente: La aplicación de la Unidad y Medida de Actualización (UMA) a la pensión 851817 otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que trajo como consecuencia la disminución de las cantidades percibidas. Incompetencia En principio, es necesario establecer que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción que, por su trascendencia, implica una cuestión de orden público. Por tanto, es de estudio previo el pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. En el caso, este juzgador estima carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, atento a los siguientes razonamientos: El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior trascripción, se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: 1. Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dadas las características y naturaleza de los actos reclamados en este sumario constitucional, se actualiza la hipótesis prevista en el número uno, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la aplicación de la Unidad y Medida de Actualización (UMA) a la pensión 851817 otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que trajo como consecuencia la disminución de las cantidades percibidas. Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y sus anexos, se aprecia que dicha aplicación sucedió en el lugar que se señaló para el pago de la pensión, esto es, la aplicación sucedió en el Estado de Aguascalientes, pues esa fue la entidad federativa en la que habría de pagarse la pensión en la sucursal bancaria "BANORTE" en Villasunción, Estado de Aguascalientes. Circunstancia que se robustece, pues de los recibos de pago que se anexan a la demanda, en la parte superior derecha los datos de la persona pensionada -como es la parte promovente del amparo-, se aprecia el código postal del lugar del pago, el cual es 20924; el cual, al realizar una búsqueda del mismo , se aprecia que comprende la demarcación correspondiente al Estado de Aguascalientes. Por lo que los actos combatidos tuvieron ejecución en el Estado de Aguascalientes; de ahí que el juez competente es aquél que tiene jurisdicción en donde se realizó el pago de la pensión. Ahora, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República, aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, establece la competencia de los Juzgados de Distrito del Trigésimo Circuito, correspondiente al Estado de Aguascalientes, quien tiene jurisdicción en el territorio que conforma dicha entidad federativa, lugar en el que se ejecuta el acto reclamado, ello atendiendo a que la parte quejosa ahí recibe el pago de su pensión. Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues conforme a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en esa virtud, atendiendo a que el acto impugnado se ejecuta en el Estado de Aguascalientes, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 152/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Al igual que la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "uando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Además de la tesis visible en la página 12, también de la citada Tercera Sala, que indica: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Y, finalmente, la tesis aislada número I.1, A. 44 A , emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, , del tenor siguiente: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. En las relatadas condiciones, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, considera carecer de competencia para conocer de la demanda en cuestión. Protesta de ley. Conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de carecer de competencia para conocer de la demanda de cuenta. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) , que dice lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda y que forman parte de ésta como las narraciones vertidas en la demanda por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para sostener la carencia de competencia respecto de la demanda. Remisión del expediente Previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 48, primer párrafo, de la ley de la materia, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juez de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno; por tanto, remítasele la referida demanda con sus anexos, para los efectos legales correspondientes, solicitándose el acuse de recibo respectivo, toda vez que a consideración de este juzgador, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados y a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes con copia de la demanda para los efectos legales procedentes. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizada para tal efecto a las personas que indica, mientras que José Alfredo Estrada González gozará de todas las facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se obtiene de la certificación secretarial que antecede. Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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