Martha Irene Arévalo Monzón

Expediente 961/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
961/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Martha Irene Arévalo Monzón

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales correspondientes del caso. Cabe señalar que toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental, atendiendo a que carece de valor jurídico e histórico, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Ahora, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese; por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 289/2023 (orden 268/2023), del índice de este juzgado, girado a efecto de notificar a la parte quejosa el proveído de ocho de agosto del presente año, en el cual se desechó la demanda. Se tiene por hecha tal comunicación para los efectos legales a los que haya lugar. Sin que sea necesario acusar de recibo, toda vez que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) lo genera automáticamente. Notifíquese: por lista a las partes.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la papeleta de turno de cuenta, remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a la cual adjunta el oficio 17406/2023 del índice de este juzgado, así como la ampliación de demanda, promovido por *****, como una nueva demanda, en la que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y el acto que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Apoderado del banco Scotianbank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. ACTO RECLAMADO La inmovilización de cuentas bancarias, con motivo del acuerdo 74/2020, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera. RADICACIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese expediente impreso y electrónico. Regístrese bajo el número de expediente 961/2023-I. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.). El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". En el caso concreto, el quejoso reclama el siguiente acto: La inmovilización de cuentas bancarias, con motivo del acuerdo 74/2020, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, en contra del acto que reclama la parte quejosa procede el juicio contencioso administrativo, en términos de lo dispuesto por el artículo 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece: "ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." Del contenido de dicho artículo, se advierte que el juicio contencioso administrativo procede en contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que afecten los derechos de los particulares. Lo que acontece en la especie, toda vez que el acto que reclama el quejoso es de naturaleza administrativa y los atribuye a una autoridad federal de la propia naturaleza, la cual es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin que en la especie se actualice alguna de las excepciones que establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para que el juicio de amparo sea procedente, antes de agotar el medio ordinario de defensa que contempla la legislación antes citada. Ello es así, puesto que la procedencia del juicio contencioso administrativo se encuentra prevista en una ley, en sentido formal y material, y no en un reglamento. Por otra parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no exige mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados que los previstos en la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 3/2022 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) EN EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, ADICIONADAS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE ABRIL DE 2014, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: En un juicio de amparo directo se reclamó una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual confirmó el auto de desechamiento de una demanda en un juicio administrativo en el que se impugnó una resolución de la Unidad de Inteligencia Financiera que declaró improcedente eliminar a la quejosa de la "Lista de Personas Bloqueadas". Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que contra la resolución dictada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el procedimiento previsto en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, adicionadas mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2014, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 3, fracción XII, de su Ley Orgánica. Justificación: Conforme al artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional autónomo que tiene a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, desde luego, en los supuestos previstos por la legislación secundaria respectiva. Así, contra la resolución dictada en el procedimiento en comento que decide si procede o no excluir a una persona del "Listado de Personas Bloqueadas", procede el juicio contencioso administrativo ante el indicado tribunal ordinario conforme al artículo 3, fracción XII, de su Ley Orgánica, toda vez que, por una parte, se trata de una decisión definitiva emitida por una autoridad perteneciente a la administración pública federal -específicamente a una unidad administrativa central de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del artículo 2o., apartado B, fracción II, de su Reglamento Interior- y, por otra, es emitida en un procedimiento en el que es aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en lo no previsto por las normas generales especiales -conforme al artículo 6o., fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito-." De igual forma, la jurisprudencia PC.XIX. J/4 A (11a.) de los Plenos de Circuito, de rubro y texto: "LA COMUNICACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR MEDIO DE LA CUAL SOLICITA A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS DE PERSONAS PRESUNTAMENTE INVOLUCRADAS EN LA REALIZACIÓN DE CONDUCTAS CRIMINALES RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS, CONSTITUYE UNA SOLICITUD EXPRESA SUFICIENTE PARA REALIZAR EL BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE LAS MISMAS EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Hechos: La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un Acuerdo por medio del cual da a conocer la "Lista de Personas Bloqueadas", conforme a la aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo que justificó atento al oficio de cuatro de mayo de dos mil veintiuno signado por el agregado jurídico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. En contra de dicho Acuerdo, dos quejosos ubicados en la citada lista promovieron juicio de amparo, a quienes los Jueces de Distrito respectivos, les negaron la suspensión definitiva en contra de dicho acuerdo por considerar que la autoridad fiscal actuó en cumplimiento de una obligación de carácter bilateral asumida por el Estado Mexicano. En revisión, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en Reynosa, Tamaulipas, reiteró la negativa de la suspensión por considerar que con el documento suscrito por el agregado jurídico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, se colma el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.), al tratarse de un acto emitido en cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México. En contraposición a ello, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Reynosa, Tamaulipas, revocó la negativa de la suspensión y concedió la medida cautelar solicitada para efecto de que el quejoso pudiera disponer de los recursos de las cuentas bloqueadas, dado que, a su consideración, el documento suscrito por el agregado jurídico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no contiene una solicitud expresa de bloqueo o inmovilización bancaria, aunado a que no alude a un tratado u obligación internacional o multilateral que deba cumplimentarse, razón por la cual estimó que no se encuentra en los supuestos de excepción a que se refiere la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.), por lo que concluyó que el acuerdo reclamado se emitió única y exclusivamente en el derecho interno. Criterio jurídico: El Pleno del Décimo Noveno Circuito determina que la comunicación oficial realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, por medio de la cual solicita asistencia jurídica a la Unidad de Inteligencia Financiera con el objeto de que la autoridad nacional valore la posibilidad de bloquear determinadas cuentas bancarias de sujetos investigados por estar presumiblemente vinculados con el lavado de activos, constituye una solicitud expresa, en términos de lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.) a efecto de que la Unidad en mención, en cumplimiento a los compromisos bilaterales y multilaterales que guarda con el Estado requirente para el combate y prevención del delito de lavado de activos, pueda realizar el bloqueo de cuentas bancarias en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en correlación con las Disposiciones de Carácter General 70, 71, 72 y 73 a que se refiere dicho artículo. Justificación: Conforme a lo resuelto por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, se tiene que la cooperación internacional a que se refiere la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.), la constituye la comunicación oficial que realiza la autoridad requirente a efecto de que preste la asistencia solicitada al Estado Mexicano que tenga por objeto cumplimentar obligaciones internacionales tendentes al combate del delito de lavado de activos, al margen de que se hubiere dejado a la autoridad nacional la posibilidad de valorar la inmovilización, puesto que la cooperación internacional no se rige por el cumplimiento de solicitudes impositivas, sino de ayuda mutua y respeto soberano. Lo anterior es así, dado que la cooperación internacional que estudió la Sala, es aquella que asume el Estado Mexicano conforme a los tratados internacionales de los que forme parte y, por tanto, está obligado a conducirse conforme al objetivo de los instrumentos internacionales. Ello, dado que la Segunda Sala fue enfática en determinar que México debe cumplir con la implementación de los estándares internacionales en materia de prevención y combate a los delitos de: (i) lavado de dinero; (ii) financiamiento al terrorismo; y, (iii) proliferación de armas de destrucción masiva; para lo cual, deberá prever acciones tales como la identificación, detección y aseguramiento de los fondos utilizados o asignados para la comisión de tales conductas. Y para ello citó como ejemplo los grupos internacionales de que forma parte, caso concreto el Grupo de Acción Financiera Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, en términos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Ese hecho conlleva la obligación internacional de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, dado que, por una parte, el Estado Mexicano debe coadyuvar en la implementación de un régimen efectivo para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de actos realizados dentro del sistema financiero mexicano y, por otra, debe cumplir con los compromisos internacionales que ha adquirido. Luego, si el agregado jurídico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América es una dependencia de los Estados Unidos de América, Estado que de igual forma es integrante del "Grupo de Acción Financiera Internacional" y de la Organización de las Naciones Unidas, claro está que la solicitud de asistencia jurídica mutua por medio de la cual se solicita la posibilidad de bloquear cuentas bancarias de personas que presumiblemente están relacionadas con el delito de lavado de activos, constituye la solicitud expresa a que se refiere la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.), a bien de que la autoridad nacional pueda aplicar el supuesto de excepción a que se refiere dicho criterio en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en correlación con las Disposiciones de Carácter General 70, 71, 72 y 73 a que se refiere dicho artículo, dado que se materializa el compromiso que tiene nuestro país para el combate y prevención del delito de lavado de activos, en términos de los compromisos internacionales que México ha asumido." Sin que pase inadvertido para este juzgado que la quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio, sin embargo, de las constancias que obran en el juicio de amparo 896/2023-VIII, el cual se encuentra intrínsecamente vinculado al presente juicio de amparo, se desprende que no le reviste tal carácter. Lo anterior es así, porque la persona extraña es aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de su tramitación o en la ejecución de las resoluciones correspondientes, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas; o bien, aquella persona que teniendo el carácter de parte formal en la controversia de origen, aduce no haber sido citada al procedimiento natural, porque no fue llamada conforme a las formalidades legales correspondientes Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Por consiguiente, para que una persona pueda ser considerada tercera extraña a juicio, además de ostentarse con ese carácter al promover la acción constitucional, es indispensable que concurra cualquiera de las siguientes hipótesis normativas: a) Que no sea parte formal en el juicio natural; y no obstante ello, sufra un perjuicio dentro de aquél o en su etapa de ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas: y, b) Que aun siendo parte dentro del juicio, no haya sido emplazado o que el emplazamiento realizado resulte incorrecto. Luego, conviene dilucidar en qué momento y en qué términos puede intentar el amparo quien es parte en el juicio y comparece a él, no obstante no haber sido emplazado o habiendo sido llamado en forma irregular, se hace sabedor del proceso antes de dictarse sentencia. Para ello, se parte de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]." Como se advierte, dicha norma fundamental no impone la carga previa a la promoción del juicio de amparo, tratándose de personas extrañas al juicio, de agotar recursos ordinarios; como sí lo hace con las partes que intervienen en el juicio en el que se produzcan los actos reclamados, en el numeral y fracción mencionados, incisos a) y b), que respectivamente disponen: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." La excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, tratándose de personas extrañas, tiene por objeto no dejarlas en estado de indefensión. La persona extraña a juicio tiene la opción de comparecer antes que se dicte resolución definitiva e interponer los recursos o medios ordinarios de defensa pertinentes, si ello conviniere a sus intereses y resulta, a su parecer, mejor medio para obtener lo que a su derecho convenga; o bien, hacer valer de inmediato el juicio de amparo biinstancial; sin embargo, quien se ostenta como tercero extraño por equiparación, sólo tiene esa prerrogativa, cuando se encuentra plenamente acreditado dicho carácter, esto es, que no se ligó de manera alguna a la controversia de origen o que no se hizo sabedor de la existencia del juicio, antes que se dicte sentencia definitiva en aquél; de lo contrario por ese sólo hecho pierde el carácter de tercero extraño y por ende se encuentra obligado a observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Respecto, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, que así lo establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". De la jurisprudencia anterior, se desprende que el carácter de tercero extraño por equiparación, se pierde: Antes de que se dicte sentencia, el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra; o bien, Cuando durante el juicio se hubiere practicado directamente con el quejoso una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo. Lo anterior, sin que sea necesario que comparezca (se apersone) a dicho procedimiento. Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que carece del carácter de tercero extraño equiparado la persona extraña para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento al mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal responsable, o bien mediante un diverso juicio de amparo. Lo anterior, ya que con dicha impugnación demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, o vigilar la caducidad procesal de la instancia, máxime que por efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra. Además, el Pleno del Máximo Tribunal determinó que lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido. Hechas las precisiones anteriores, a fin de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia invocada, tal y como se advierte de los antecedentes del acto reclamado, que la aquí quejosa Martha Irene Arevalo Monzón es representante legal de la diversa investigada en el juicio natural que lo es Terramar Corporation, Sociedad Anónima de Capital Variable y esta representó en los juicios de amparo 422/2020-II y 896/2023-VIII del índice de este juzgado en contra de los actos que por esta vía reclama en su calidad de persona física tal y como se evidencia a continuación: DATOS JUICIO DE AMPARO 422/2020-II JUICIO DE AMPARO 896/2023-VIII JUICIO DE AMPARO 961/2023-I QUEJOSO Terramar Corporation, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal Martha Irene Arévalo Monzón. Terramar Corporation, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal Martha Irene Arévalo Monzón. Martha Irene Arévalo Monzón, por propio derecho, ostentándose como tercera extraña a juicio. ACTO RECLAMADO A través de su actuación que se hacen efectivo el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, la orden de inmovilización y/o bloqueo de cuenta bancaria aperturada en la Institución Bancaria Scotianbank Inverlat, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotianbank Inverlat, a nombre de la moral quejosa. La orden verbal o escrita de bloquear, cancelar suspender o revocar la totalidad de la cuenta bancaria a nombre de la moral quejosa aperturada en el Banco Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero scotiabank Inverlat, con motivo del acuerdo 74/2020 dictado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La inmovilización de cuentas bancarias, con motivo del acuerdo 74/2020, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera. Aunado a que del comparativo anterior, se advierte que contrariamente a lo señalado por la peticionaria de amparo, no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación, en virtud de que tuvo conocimiento del contenido del acuerdo 74/2020 signado por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la cual se publicó una lista de personas (físicas y morales) que se encontraban siendo investigadas en el extranjero (DEA). Lo anterior se concluye así, porque la moral quejosa Terramar Corporation, Sociedad Anónima de Capital Variable, al presentar los amparos 422/2020-II y 896/2023-VIII, del índice de este juzgado, anexa a sus demandas instrumento notarial en el cual otorga facultades para diversos actos de representación a la aquí quejosa Martha Irene Arevalo Monzón, situación que evidencia que tuvo conocimiento como representante legal, y si la empresa que administra tuvo oportunidad de apersonarse en el proceso de investigación, ella como representante, estuvo en igualdad de circunstancias, ya que conocía de la existencia de dicho acuerdo 74/2020, y se hizo sabedora del acto generador de molestia, al presentar un diverso amparo en contra de la misma lista de personas contenidas en el referido acuerdo. Por lo tanto, resulta incuestionable que, al menos, a partir de la fecha en que presentó el primer juicio de amparo 422/2020-II, conoció fehacientemente de la existencia del contenido del acuerdo 74/2020, es decir, la lista contenida en el mismo, de las personas tanto físicas como morales que se encuentran siendo investigadas en el extranjero, por tanto, es representante legal de la persona moral, lo ignore como una persona física, porque no se puede aislar el conocimiento de una persona en dos partes, es decir, el conocimiento que obtiene es uno solo, por lo que es materialmente imposible que lo que se sabe cómo representante legal se ignore como persona física. Sustenta lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número 2a. XX/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, localizable en la Página 230, de rubro y texto siguientes: "REPRESENTANTE LEGAL. LO QUE SABE COMO PERSONA FÍSICA TAMBIÉN LO CONOCE CON AQUEL CARÁCTER. De conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término de quince días para promover el juicio constitucional se inicia, entre otros casos, desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento el quejoso del acto reclamado. De tal suerte que si en autos se constata que el promovente del juicio de garantías tiene el doble carácter de demandado en lo personal y de representante legal de la empresa quejosa, y que como codemandado compareció al juicio generador del acto reclamado, resulta incuestionable que a partir de esta fecha conoció de la existencia del acto reclamado en su doble carácter, ya que es materialmente imposible que lo conocido por una persona física lo ignore en su calidad de representante de un ente diverso, porque no se puede aislar el conocimiento de una persona en dos partes, es decir, el conocimiento que obtiene es uno solo, por lo que es materialmente imposible que lo que se sabe como persona física se ignore como representante legal, aunque los intereses jurídicos pudieran ser distintos. De ahí que el plazo legal para promover la acción constitucional debe computarse desde el día siguiente al en que conoció el acto reclamado, en cualquiera de sus dos calidades." Así como la jurisprudencia IV.3o. J/30, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Octubre de 1997, página 682, novena época, materia común, que indica: "REPRESENTANTE LEGAL. NO PUEDE IGNORAR HECHOS QUE CONOCIÓ EN LO PERSONAL. Si el quejoso, quien es representante legal de la empresa codemandada, tuvo conocimiento de los actos impugnados, es evidente que también lo tuvo como representante de dicha empresa, pues es materialmente imposible que lo que sabe cómo persona física lo ignore como representante legal de la empresa, por lo cual, si un emplazamiento a una negociación mercantil debe realizarse por conducto de una persona física que al mismo tiempo, por la ficción legal del desdoblamiento de su personalidad, es apoderado o representante de esa persona moral, no es legalmente posible que el referido representante desconozca la existencia del juicio origen del emplazamiento, si este último como codemandado fue emplazado al mismo juicio como persona física". Por lo tanto, resulta jurídicamente cierto que para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra de los justiciables, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, y en el caso, eso no aconteció, pues bastó que tuviera conocimiento del contenido del acuerdo 74/2020, es decir, quienes eran parte de la investigación en el extranjero, para que estuviera en aptitud de hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios que la ley prevé. En esa tesitura, es incuestionable que la aquí quejosa no puede equipararse a una persona extraña a la controversia de origen, para efectos de la hipótesis de procedencia del amparo indirecto, prevista en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de la Materia, al haber tenido conocimiento del contenido del acuerdo 74/2020. Además, a mayor abundamiento como ya se dijo, la quejosa tuvo conocimiento del acto reclama, es decir, del acuerdo 74/2020, desde la presentación del primer juicio de amparo que promovió como representante legal de la entonces quejosa Terramar Corporation, Sociedad Anónima de Capital Variable, radicada bajo el numero 422/2020-II, del índice de este Juzgado, la cual se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, el dieciséis de julio del dos mil veinte. Entonces, bajo esa tesitura, se estima que en el presente asunto se debe analizar el plazo para la interposición del mismo, tal y como lo establece la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En esas condiciones, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo por regla general es de quince días; salvo los casos de excepción que el propio precepto prevé. También, el artículo 18 de la ley de la materia dispone que los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, como ya se dijo, si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado antes precisado, desde el dieciséis de julio del dos mil veinte, toda vez que, en representación de la moral Terramar Corporation, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió un diverso juicio de amparo en contra del mismo acto de autoridad, entonces, si la quejosa Martha Irene Arévalo Monzón, actuó en representación de la moral quejosa por el mismo acuerdo que en este amparo reclama, se entiende que desde entonces tenía conocimiento pleno del contenido del acuerdo 74/2020, por tanto el tiempo para interponer el presente juicio de amparo feneció en exceso. Las anteriores manifestaciones hacen prueba plena en contra de la solicitante de amparo, en términos de los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2 de la ley de la materia. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, el término de quince días hábiles que la ley concede a la parte quejosa para promover juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados antes descrito, comenzó del veinte de julio al diez de agosto del dos mil veinte, descontando de dicho computo los días veinticinco y veintiséis de julio, uno, dos, ocho y nueve de agosto, todos del año dos mil veinte, por ser días inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En tanto que la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, el siete de julio del dos mil veintitrés. De lo que resulta evidente que la demanda de amparo se presentó en exceso extemporánea. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. DOMICILIO Ahora, toda vez que la parte quejosa señala un domicilio para oír y recibir citas y notificaciones ubicado fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se ordena que las notificaciones personales, se hagan por lista que se fijan en los estrados de este juzgado en términos de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. No obstante, dada la naturaleza del presente proveído, por única ocasión, notifíquese personalmente. Ahora toda vez que la parte quejosa proporcionó el domicilio ubicado en: calle Gabriel Mancera, número cuarenta y seis (46), colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, con fundamento en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además, de conformidad con el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, líbrese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que, se sirva ordenar al fedatario de su adscripción se constituya en el domicilio proporcionado, y notifique a la quejosa el presente proveído Asimismo, le requiera en el momento de la diligencia para que dentro del plazo de tres días, legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio en donde este órgano se encuentra, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados del Juzgado, con fundamento en el artículo con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) y fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta al juez exhortado para que ordene se realicen todas aquellas diligencias que sean necesarias para dar cumplimiento a lo solicitado en este proveído; y en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos al juez exhortado realicen todas las actuaciones respectivas a fin de dar cumplimiento al comunicado oficial solicitado. EXHORTO PARA SEGUIR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea". MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO Con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y/o cuenta de correo electrónico), para entablar comunicaciones no procesales, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES Por otro lado, se tiene por tiene por formulada la oposición de la quejosa a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por medio de exhorto.Así lo proveyó y firma Juan Carlos Velázquez Morales, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, encargado del despacho, de conformidad con el oficio CCJ/ST/4015/2023 de tres de julio de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de José Roberto Rodríguez Martínez, secretario que firma y da fe. Giovanna Itzel Campos Miranda

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