Martha Elizabeth Ramos Dávila
Expediente 299/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Martha Elizabeth Ramos Dávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio signado por el Juez Mixto Familiar del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, por medio del cual acusa recibo del oficio 24854/2023 del índice de este juzgado, por el que se le remitieron las copias certificadas del expediente ********************(once tomos) que adjuntó sus oficios presentados ante este juzgado. De lo anterior, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede se advierte que en el presente asunto no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En su oportunidad, realícese el trámite para su conservación. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de seguimiento de Expedientes (SISE). Intégrese el cuaderno incidental respectivo. Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos originales y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por tanto, de conformidad con lo que establecen los artículos 17, fracción III, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente cuaderno es conservable. Por otra parte, devuélvase al Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, las copias certificadas del expediente ********************(once tomos) que adjuntó sus oficios presentados ante este juzgado el veinticuatro de marzo, veintisiete de abril y seis de junio de dos mil veintitrés. Se requiere a la autoridad de referencia, para que dentro del término de tres días legalmente computados, acuse el recibo respectivo; bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Lo anterior con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal. Notifíquese: por oficio ordinario a las autoridades responsables; y por lista a las demás partes.
- Principal
V i s t o s, los autos para resolver el juicio de amparo número 299/2023-III, promovido por ********************, en representación de su menor hija de identidad resguardada de iniciales ********************contra actos del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintitrés, a través del buzón judicial, turnado a su vez a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, el trece siguiente, ********************, en representación de su menor hija de identidad resguardada de iniciales ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México. Notificador adscrito al Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México. ACTOS RECLAMADOS: El acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************del índice del juez responsable, a través del cual, se decreta como medida de protección de naturaleza civil, que la entrega y recepción de la menor de iniciales ********************deberá tener verificativo en el Centro de Convivencias del Poder Judicial del Estado de México, con sede en Ecatepec de Morelos, dentro de los horarios de atención al público que presta dicho centro, ello, con el objeto de dar cumplimiento al régimen de convivencias que las partes pactaron mediante convenio aprobado y elevado a la categoría de cosa juzgada en junta de avenencia de quince de septiembre de dos mil veintiuno; y, su ejecución. Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los preceptos 1°, 4°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, el que, mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, registró la demanda con el número de expediente 299/2023-III, y previa aclaración, por acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintitrés, la admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano de control constitucional, se le dio la intervención que legalmente le compete, y se le corrió traslado con copia simple de la demanda, quien no formuló pedimento, se tuvo como tercero interesado a ******************** y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, previos diferimientos a las diez horas con quince minutos del veintisiete de junio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en los preceptos 103, fracción I, 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 fracción VI de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en virtud de que la quejosa reclama actos que tienen ejecución dentro del territorio en el cual este órgano federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como actos reclamados los siguientes: El acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************del índice del juez responsable, a través del cual, se decreta como medida de protección de naturaleza civil, que la entrega y recepción de la menor de iniciales ********************deberá tener verificativo en el Centro de Convivencias del Poder Judicial del Estado de México, con sede en Ecatepec de Morelos, dentro de los horarios de atención al público que presta dicho centro, ello, con el objeto de dar cumplimiento al régimen de convivencias que las partes pactaron mediante convenio aprobado y elevado a la categoría de cosa juzgada en junta de avenencia de quince de septiembre de dos mil veintiuno; y, su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez y Notificador, ambos adscritos al Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptaron los actos que les atribuye la parte quejosa, pues refirieron que en ese órgano jurisdiccional se encuentra radicado el expediente número ********************relativo al procedimiento especial de divorcio por mutuo consentimiento, promovido por ******************** y ********************, en el que las partes celebraron un convenio, que fue aprobado y elevado a la categoría de cosa juzgada en junta de avenencia de quince de septiembre de dos mil veintiuno, convenio en el que los divorciantes pactaran, entre otras cosas, que la custodia de la menor de iniciales ********************quedaría a favor de su progenitora (quejosa), estableciendo un régimen de convivencias entre la referida infante y el progenitor no custodio, es decir, ******************** el cual no ha podido verificarse en los términos pactados por los divorciantes. Por lo que, ese Juzgado Familiar, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, determino decretar una medida de protección a favor de la menor de iniciales ********************a efecto de salvaguardar sus derechos y procurando que exista una convivencia con su progenitor, con la finalidad de que se restauren las relaciones paterno filiales. En consecuencia, deben tenerse por ciertos los actos reclamados, pues sus manifestaciones constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, párrafo segundo, de este último ordenamiento. La certeza de los actos reclamados se robustecen con las constancias que acompañaron a su informe justificado las autoridades responsables, consistente en copias certificadas del expediente ********************del que se desprende la existencia de los actos reclamados. Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2 de este último ordenamiento. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a las cuestiones de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Atento a dicho principio y analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe con justificación, no se advierte que las partes hayan invocado causal de improcedencia alguna, ni este juzgador advierte de oficio su actualización. En consecuencia, procede el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto conviene reseñar los antecedentes más relevantes de la litis de origen, en el sentido siguiente: Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de Zumpango, del Poder Judicial del Estado de México, el día veintiuno de junio de dos mil veintiuno, ******************** y ********************, promovieron por propio derecho la disolución del vínculo matrimonial que los unía, mediante procedimiento especial de divorcio por mutuo consentimiento. Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, a quien por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda, la registró con el número ********************y admitió la solicitud en la vía de procedimiento especial de divorcio por mutuo consentimiento, en la que se ordenó girar oficio de descuento de pensión alimenticia, previa a fijar día y hora para la celebración de la junta de avenencia, ello, hasta en tanto se tuviera la certeza de dicho descuento; y, por auto de quince de julio de dos mil veintiuno, se señaló día y hora a efecto de llevar a cabo la audiencia de avenencia. El quince de septiembre de dos mil veintiuno, tuvo lugar la junta de avenencia, en la que los divorciantes celebraron un convenio, pactando entre otras cosas, que la custodia de la menor de identidad resguardada de iniciales ********************quedaría a cargo de su progenitora ********************, estableciendo un régimen de convivencias entre la referida niña y el progenitor no custodio, es decir, el señor ******************** en los siguientes términos: "e) SOBRE EL RÉGIMEN DE CONVIVENCIAS Y VISITAS, tomando en cuenta la edad y el interés superior de la menor, se propone que el C. ********************, conviva con ella dos fines de semana completos de cada mes, siendo un fin de semana de cada quince días, en un horario de nueve de la mañana del día sábado a las ocho de la noche de día domingo, y podrá sustraer del domicilio ubicado en (sic) comprometiéndose a regresarla su domicilio a las ocho de la noche, en ********************, si algún día el C. ********************, por cuestión de trabajo no puede pasar por ella, podrán ir por la menor . la C.********************, o el C. ********************, en relación a los periodos vacacionales, se dividirán en partes iguales para cada uno de los cónyuges divorciantes, la primera semana con la C. ********************y la segunda semana con el C. ********************, por lo que hace a la época decembrina será alternado cada año, la próxima navidad estará con la C. ********************, y en año nuevo estará con el C. ********************, cambiando al siguiente año en su onomástico así como el día de la madre estará con la C. ********************, en su onomástico y el día del padre estará con el C. ********************." Dicho convenio el Juez Familiar responsable lo aprobó y elevó a la categoría de cosa juzgada, quedando las partes obligadas a pasar por éste como si de sentencia se tratara. De igual manera, en esa fecha se dictó sentencia, en la que se declaró procedente la vía especial de divorcio por mutuo consentimiento, decretándose la disolución del vínculo matrimonial, dándose por terminada y liquidada la sociedad conyugal. Por escrito presentado el uno de julio de dos mil veintidós, ******************** hizo del conocimiento al Juez Familiar que la señora ********************, no había permitido la convivencia con su menor hija el pasado veinticinco y veintiséis de junio de dos mil veintidós, por lo que solicitó en ejecución de convenio se decretaran las medida de apremio, a efecto de que permitiera las convivencias en la forma convenida. El cuatro de julio de dos mil veintidós, el Juez del proceso acordó el escrito antes mencionado, en el sentido de dar vista a la parte contraria en el domicilio procesal que tenía señalado en autos, para que hiciera valer lo que en derecho le correspondía; el cual se le notificó por lista y Boletín Judicial. ******************** el veinte de febrero de dos mil veintitrés, presentó escrito en el que informó que la señora ********************, no permitió la convivencia con su menor hija el pasado dieciocho de febrero de dos mil veintitrés, por lo que solicitó se le impusiera una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización. El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se acordó dicho escrito, ordenando el Juez Familiar, dar vista a ********************, en el domicilio procesal que tenía señalado en autos, para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera; el cual se le notificó por lista y Boletín Judicial. El veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, el divorciante ******************** presentó escrito, en el que, entre otras cosas, señaló que la señora ********************, no había permitido la convivencia con su menor hija desde el ocho de enero al veinticinco de febrero de dos mil veintitrés, por ende, solicitó se le impusiera una medida de apremio, consistente en un arresto de veinticuatro horas. El veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, el Juez responsable acordó el escrito que antecede, en la parte que interesa en los siguientes términos: ". Atento a lo anterior, procede acordar lo solicitado por ********************, en las promociones 1816/2023 y 1640/2023, sí como lo solicitado por el ocursante en el escrito de cuenta y mediante promoción 1606/2023, lo que se realiza de forma conjunta en virtud que sus peticiones atañen al régimen de convivencia entre el señor ********************y su menor hija, lo que se realiza en los siguientes términos: En primer lugar, se precisa a las partes, que la principal obligación de este Tribunal es que se asegure el desarrollo normal de la menor hija de las partes, procurando que se lleve a cabo en un ambiente de comprensión, amor y máximo respeto, de modo tal que la convivencia de la menor hija con su padre, no debe generar ningún desequilibrio emocional, sino, por el contrario, que al convivir con ésta se sienta querida, respetada y protegida, fortaleciéndose con ello los lazos de amor y respeto, por tanto, la menor ., no debe ser inmiscuida en los conflictos de sus padres, quienes deben de asumir responsablemente su misión con la mejor disposición, para seguir conviviendo con su menor hija, educándola consciente e integralmente, inculcándole valores y principios, pues la paternidad nunca termina con una separación; por lo que ********************, debe permitir que se lleve a cabo una convivencia en beneficio evidente de su hija, libre de resentimientos, fungiendo como un padre pleno e íntegro, generando sentimientos de amor, inspiración, superación, esperanza, y sobre todo, de responsabilidad, evitándose así, en la medida de lo posible, cualquier conflicto emocional, personal o judicial que involucre (sic). Lo antes argumentado, encuentra sustento en la siguiente jurisprudencia: DERECHO DE VISITA Y CONVIVENCIAS. SU PROTECCIÓN ALCANZA EL RANGO DE ORDEN PÚBLICO E INTERES SOCIAL. (la transcribe). Bajo esa perspectiva, se debe partir de convenio aprobado y elevado a categoría de cosa juzgada en junta de avenencia de fecha quince de septiembre de dos mil veintiuno (foja 50), en la que los divorciantes pactaron lo siguiente: "e) SOBRE EL RÉGIMEN DE CONVIVENCIAS Y VISITAS, tomando en cuenta la edad y el interés superior de la menor, se propone que el C. ********************, conviva con ella dos fines de semana completos de cada mes, siendo un fin de semana de cada quince días, en un horario de nueve de la mañana del día sábado a las ocho de la noche de día domingo, y podrá sustraer del domicilio ubicado en (sic) comprometiéndose a regresarla su domicilio a las ocho de la noche, en ********************, si algún día el C. ********************, por cuestión de trabajo no puede pasar por ella, podrán ir por la menor . la C.********************, o el C. ********************, en relación a los periodos vacacionales, se dividirán en partes iguales para cada uno de los cónyuges divorciantes, la primera semana con la C. ********************y la segunda semana con el C. ********************, por lo que hace a la época decembrina será alternado cada año, la próxima navidad estará con la C. ********************, y en año nuevo estará con el C. ********************, cambiando al siguiente año en su onomástico así como el día de la madre estará con la C. ********************, en su onomástico y el día del padre estará con el C. ********************." Acuerdo de voluntades en el expresamente las partes pactaron que para que tuviera verificativo el régimen de convivencia decretado, se estableció que el señor ******************** debería pasar por su menor hija al domicilio en donde se ejerce la Guarda y Custodia, sin que hayan pactado que se tuviera que verificar previamente cuál es el domicilio en que actualmente vive el señor ********************, por ello, al estar frente a un convenio que se encuentra investido de la categoría de cosa juzgada, al haber sido aprobado judicialmente, las partes deben pasar por éste en todo tiempo y lugar, porque la rigidez e inmutabilidad de la sentencia descansa en los principios de seguridad y certeza jurídica, consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal. Ahora bien, considerando que el sistema jurídico de nuestro país establece diversas prerrogativas de orden personal y social en favor de los niños, niñas y adolescentes. Así, el texto actual de los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevé, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 1°. . Artículo 4°. . Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que todas las personas son titulares de los derechos humanos previstos en ella y en los Tratados Internacionales, para favorecer el principio pro persona, lo cual significa que en las decisiones que se tomen se deberá de garantizar la protección más amplia a la persona con la obligación de promoverlos, respetarlos y garantizarlos. El artículo 4° Constitucional, en los párrafos nueve al once, dispone que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y sano esparcimiento para su desarrollo integral e impone a los ascendientes, tutores y custodios la obligación de velar por la preservación de esos derechos, incluso, se fija al Estado, como mandato de optimización, tomas las acciones conducentes para propiciar el respeto a la dignidad infantil y el pleno desarrollo de sus derechos. En ese orden de ideas, por interés superior del menor puede entenderse el catálogo de valores, principios interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar las condiciones materiales que permitan a las niñas, niños y adolescentes vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social. Es así, que el principio de interés superior de la niñez implica que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado que tengan que ver con menores, se realicen de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo de la niña, niño o adolescente, protegiendo en forma extensiva y con mayor intensidad sus derechos. Como puede advertirse, en el mencionado precepto Constitucional, se encuentra reconocido el interés superior del niño, como un derecho humano, el derecho a la salud (tanto física como mental) de los menores, prerrogativa que es oponible al Estado en cuanto que éste tiene la obligación de propiciarla, no sólo en sus leyes, sino en todos los actos que realice. En este orden de ideas, debe concluirse que toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a las niñas, niños y adolescentes, se resolverá sin desatender un principio básico: el interés superior del niño, conforme lo dispone la Convención sobre los Derechos del Niño; en esto radica la importancia de la delimitación interpretativa que han de realizar los Órganos jurisdiccionales para establecer, en cada caso, la forma de cumplir con el principio de interés superior de la niñez. En todas las medidas que dicten las instituciones públicas o privadas de bienestar social, así como los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se debe considerar de manera primordial el interés superior de los menores, además de tomar en cuenta los derechos y deberes de sus padres y tutores. Debe destacarse que la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada, abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, por ser un instrumento internacional en materia de menores de edad, aprobado por el Senado de la República y ratificado por el Estado Mexicano, y sus disposiciones se consideran parte integrante de la Ley Suprema de la Unión, conforme a lo establecido por el artículo 133 de la Constitución Federal. Asimismo, resulta importante, hacer referencia a los artículos 1, 2, 13, fracciones I, IV, VIII, IX, XI, 18, 22, 23, 43, 44, 82 y 83 fracción I de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de diciembre del año dos mil catorce, en los que se establece que las cuestiones relacionadas con las niñas, niños y adolescentes, son de orden público, interés social y observancia general, asimismo, imponen la obligación de garantiza la protección de los derechos de los niños, su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior, la necesidad prioritaria de asegurar su permanencia dentro del seno familiar y los principios básicos que deben atenderse cuando ello no se posible, salvaguardar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a vivir en familia, en condiciones de bienestar y tener un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia, derecho a la proyección de la salud, así como a la educación; además, todas las autoridades que substancien procedimientos de carácter jurisdiccional, en los que se encuentren inmersos derechos de niñas, niños y adolescentes están obligados a garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez, así como el ejercicio de sus derechos establecidos en la Constitución Federal, los Tratados Internacionales, la última ley en cita, así como las demás disposiciones aplicables. Bajo ese contexto normativo, atento a las condiciones actuales que imperan en el procedimiento que nos ocupa, para el efecto de garantizar que el régimen de convivencia pactado por las partes se cumpla en los términos pactados, conforme a una interpretación sistemática de lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 6, 9 y 12 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, así como en lo establecido en la fracción VIII del artículo 2.355 Quinquies del Código de Procedimientos Civiles, el suscrito Juzgador considera necesario decretar como medida de protección de naturaleza civil, que la entrega de y recepción de la menor ., deberá de tener verificativo ante el Centro de Convivencias del Poder Judicial del Estado de México, con sede en Ecatepec, Estado de México, y en virtud de los horarios de atención al público que presta dicho centro, la entrega a su padre de la menor ., será a las nueve horas con cero minutos 9:00 del día sábado y la restitución a su progenitora se verificara a las diecisiete horas con treinta minutos 17:30 del día domingo en dicho centro, lo que podrán hacer por medio de las personas que para tal efecto pactaron las partes en el convenio antes aludido; medida de protección que tendrá una vigencia de cuatro meses, sin que tal medida vulnere de forma alguna la institución de cosa juzgada, ya que al estar implicados derechos de menores, se debe privilegiar su derecho superior, aún sobre dicha institución, máxime que tiene carácter de temporal y porque no atender el caso concreto en la forma en como se está decretando implicaría pasar por alto la obligación que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al suscrito juzgador de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el pleno ejercicio de sus derechos. En ese sentido, comuníquese mediante oficio la anterior determinación al referido centro, para su conocimiento y aplicación. Se requiere a ambas parte para que den todas las facilidades necesarias a su contrario, para que puedan llevar a cabo el régimen de convivencia provisional antes decretado, es decir, para que colaboren en la reestructuración filial que los une con su menor hija; es decir, se abstengan de influir negativamente con la menor, puesto que siempre debe haber una influencia positiva que permita su sano desarrollo, que le haga entender a la menor lo necesario y el beneficio que resulta la convivencia con ambos; e incluso deberán de comunicar a los familiares de las partes, la no intromisión negativa de palabra u obra, en la realización de esas convivencia, para que ésta sea cordial, todo en beneficio de su menor hija ., puesto que ambas partes, tienen el deber de brindarle a su hija, un ambiente propicio para su buen desarrollo, para ello se le apercibe, que de no cumplir con lo aquí ordenado se les impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 1.124 del Código de Procedimientos para el Estado de México, por desacato aun mandato judicial y se dará vista al Agente del Ministerio Público para que proceda conforme a las facultades que tiene atribuidas por la Ley. Acuerdo que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. SEXTO. Análisis de legalidad y constitucionalidad de los actos reclamados. La quejosa plantea como conceptos de violación los siguientes: Que en el acuerdo combatido de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, se transgredieron los derechos fundamentales de su menor hija de identidad resguardada de iniciales ********************consagrados en los artículos 4° y 16 de la Carta Magna, ya que sin mediar juicio previo correspondiente, se modifica la entrega y recepción de dicha menor, pese a que las partes celebraron un convenio, respecto al régimen de visitas y convivencias con la niña, que fue aprobado y elevado a la categoría de cosa juzgada en junta de avenencia de quince de septiembre de dos mil veintiuno. Agrega, que la determinación reclamada no se encuentra fundada ni motivada, razón por la cual es violatorio de los derechos fundamentales previstos por el artículo 16 Constitucional. Para dar contestación a los conceptos de violación antes reseñados conviene hacer las siguientes precisiones: A. Interés superior del menor. Sobre el tópico relativo al interés superior del menor, es preciso mencionar que es doctrina consolidada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el interés superior del menor debe prevalecer en cualquier contienda judicial donde se vean involucrados los derechos de los infantes. En este sentido, cabe recordar que el interés superior del niño y de la niña encuentra su fundamento en la Constitución Federal, así como en diversos instrumentos internacionales. En efecto, en la reforma constitucional del doce de octubre del dos mil once, se incorporó expresamente el interés superior de la niñez en el artículo 4° de la Constitución Federal, para quedar como sigue: "Artículo 4. [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. [.]" Asimismo, el interés superior es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos de la infancia, pues no solo es mencionado expresamente en varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas. En este sentido, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en todas las medidas concernientes a la infancia que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que el principio del interés superior de los infantes se aplica a todas las medidas que afecten a éstos y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos de los menores de edad. Por otro lado, de acuerdo con lo establecido por la Primera Sala del Alto Tribunal del País en la tesis 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.), con número de registro digital 2010602, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO", se ha señalado que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) Como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) Como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que, si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades a la luz del interés superior del menor; y, c) Como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. En consecuencia, en los juicios en los que directa o indirectamente se ven involucrados los derechos de los menores, el interés superior de la niñez impone a los juzgadores la obligación de resolver la controversia atendiendo a lo que es mejor para el infante. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO". Por tanto, si el acto reclamado se encuentra estrechamente vinculado a la determinación por la que se decreta un régimen de convivencia del menor con su progenitor -como en el caso- resulta evidente que se tiene que atender al interés superior de aquél, pese a que tal circunstancia pudiere o no resultar contraria a los intereses del propio promovente del amparo. Ello es así, pues el artículo 107, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reproducido a su vez, en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo ha sido interpretado en el sentido que es deber a cargo de los Tribunales Federales quienes conocen del juicio constitucional, de suplir la deficiencia de los conceptos de violación en las materias y respecto de las categorías de personas que ahí se especifican, como a favor de los menores o incapaces, sin que para determinar lo contrario sea relevante el carácter de quienes promuevan la demanda de amparo, ni la naturaleza de los derechos ahí cuestionados, pues la institución de que se trata fue estructurada por el legislador no sólo para proteger los derechos familiares, sino también el bienestar de los menores de edad y de los incapaces. Se reitera, cuando se traten de actos donde se involucren a menores, debe atemperarse bajo la excepción de que el estudio se exprese en lo más benéfico para los niños, aunque perjudique a la parte promovente, bajo la óptica del interés superior de los menores. Luego, los juzgadores de amparo se encuentran en la aptitud legal de analizar en toda su amplitud la litis sometida a su consideración con independencia de que de ese estudio cause un perjuicio a los padres recurrentes en lo individual, pues los derechos fundamentales de los niños guardan independencia con los derechos que les pudieran asistirles a los padres; en otras palabras, los primeros no pueden entenderse subordinados a los segundos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.846 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "MENORES DE EDAD. LA TUTELA DE SU INTERÉS SUPERIOR NO PUEDE ESTAR SUBORDINADA A LOS INTERESES DE SUS PROGENITORES O TUTORES." B. Derecho fundamental de los menores de edad, a la convivencia con el progenitor que no ejerce la guarda y custodia. La institución del régimen de visitas y convivencias se concibe no solo como un derecho humano sino también como un deber; es decir, contempla el derecho tanto del menor como del padre que no tiene la custodia, a fin de estrechar lazos filiales entre ellos, así como regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar. Las visitas y convivencias, visto desde la óptica de un deber, representa la obligación del progenitor de asistir y convivir con su descendiente en aras de proporcionarle los elementos indispensables para su sano desarrollo psico-emocional. Es aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CCCLXIX/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CARACTERIZACIÓN COMO UN DERECHO-DEBER.". En concordancia con lo anterior, el Máximo Tribunal del País ha establecido los diversos elementos que el Juez Familiar debe atender al momento de fijar un régimen de visitas y convivencias, entre otros, la edad, necesidades, costumbres del menor de edad involucrado; el tipo de relación que mantiene con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual del menor de edad y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para el niño. Apoya dicho criterio, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN.". Por su parte, los artículos 9, numeral 3, y 10, numeral 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, prevén que ante la separación de los progenitores es necesario propiciar la convivencia del menor con ambos padres a fin de que tengan un buen desarrollo emocional y psicológico. Además, de la interpretación armónica del pacto internacional y la Carta Magna, se concluye que en caso de la separación del menor con alguno de sus padres, ante todo debe prevalecer el interés superior del infante y observarse las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo psicológico y emocional, para cuyo efecto, por lo general, resulta necesaria la convivencia con ambos padres. Así, a partir de estas premisas, las autoridades deben privilegiar el derecho de los menores a convivir con ambos progenitores, pues de acuerdo con el pacto internacional aludido, los Estados Partes deberán respetar el derecho del niño o de la niña que esté separado de uno o de ambos padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del infante. C. Decisión. Establecido lo anterior, resulta infundado lo aseverado por la impetrante en el sentido de que el acuerdo reclamado transgrede los derechos fundamentales de su menor hija de identidad resguardada de iniciales ********************consagrados en los artículos 4° y 16 Constitucionales, ya que sin mediar juicio previo correspondiente, se modifica la entrega y recepción de dicha menor, no obstante que las partes celebraron un convenio, respecto al régimen de visitas y convivencias con la niña, que fue aprobado y elevado a la categoría de cosa juzgada en junta de avenencia de quince de septiembre de dos mil veintiuno. Se explica. En el acuerdo reclamado, el Juez Familiar responsable, al tener presente que su principal obligación es asegurar el desarrollo normal de la menor hija de las partes, procurando que el régimen de convivencias que las partes pactaron mediante convenio aprobado y elevado a la categoría de cosa juzgada en junta de avenencia de quince de septiembre de dos mil veintiuno, se cumpla en sus términos, en un ambiente de comprensión, amor y máximo respeto, de tal manera que la convivencia de la menor hija con su padre, no debe generar ningún desequilibrio emocional, sino, por el contrario, que al convivir con ésta, se sienta querida, respetada y protegida, fortaleciendo con ello los lazos de amor y respecto, consideró necesario decreta como medida de protección de naturaleza civil, que la entrega y recepción de la menor de iniciales ********************tenga verificativo en el Centro de Convivencias del Poder Judicial del Estado de México, con sede en Ecatepec de Morelos, dentro de los horarios de atención al público que presta dicho centro, para el efecto de propiciar dicho régimen de convivencias. Sobre el tópico, el artículo 2.355 Quinquies, en su fracción VIII, del Código Adjetivo de la materia, dispone: "Artículo 2.355 Quinquies. Son medidas de protección de naturaleza civil, las siguientes: I. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes, resolviendo inmediatamente lo relativo a la custodia provisional tratándose de niñas, niños y adolescentes. II. Prohibición al agresor de enajenar, dar en prenda o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal y, en cualquier caso, cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal, ordenando la inscripción de esta medida en el Instituto de la Función Registral del Estado de México en cada caso. III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio, por el tiempo que dure el procedimiento. IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Instituto de la Función Registral del Estado de México y en los lugares en los que se conozca que tienen bienes, a efecto de garantizar las obligaciones alimenticias. V. Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado. VI. Orden de pago de la obligación alimenticia, en forma provisional e inmediata, a cargo del agresor a favor de la víctima y las y los hijos, en caso de existir. VII. Emitir una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de seguridad pública de la que se expedirá copia a la víctima para que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión fuera de su domicilio. VIII. Las demás que considere necesarias." Del dispositivo jurídico que antecede, se advierte que el órgano jurisdiccional tiene la facultad de emitir este tipo de medidas, como en la especie acontece, para llevar a cabo el régimen de convivencias que las partes pactaron mediante convenio aprobado y elevado a la categoría de cosa juzgada en junta de avenencia de quince de septiembre de dos mil veintiuno, destacándose que tales medidas son de urgente aplicación. Bajo esa línea de pensamiento, es inexacto que el Juez Familiar responsable con la emisión del acuerdo reclamado esté modificando el referido convenio, respecto del régimen de convivencias que pactaron las partes con su menor hija, antes bien, con ello, se está privilegiando el derecho superior de la niña, a fin de que se lleve a cabo la convivencia con su progenitor ********************. Máxime, que tal medida de protección no vulnera los derechos al debido proceso, audiencia o propiedad de las partes, toda vez que no tiene por objeto la disminución, el menoscabo o la supresión definitiva de un bien material o inmaterial o de un derecho de éstos, sino únicamente un propósito de interés general, consistente en garantizar que el régimen de convivencias pactado por ellos, se cumpla en sus términos, por ende, el otorgamiento de audiencia previa no tenga que ser agotado. Por otra parte, como bien lo señaló el Juez responsable, la medida de protección de naturaleza civil decretada en el auto reclamado, no vulnera de forma alguna la institución de cosa juzgada, ya que al estar inmiscuidos los derechos de la menor hija de las partes, se debe privilegiar su derecho superior, aún sobre dicha institución, máxime que tiene el carácter de temporal, y porque no atender el caso concreto en la forma en como lo hizo, implicaría pasar por alto la obligación que el artículo 4° Constitucional impone al Juez responsable de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el pleno ejercicio de sus derechos. Por tanto, se estima acertada la determinación del Juez de origen, con la finalidad de no afectar el sano desarrollo de la menor, así como su entorno social, personal y psicológico, pues precisamente, en aras de proteger y salvaguardar los intereses de la menor fue necesario que decretara como medida de protección de naturaleza civil, que la entrega y recepción de la citada menor de iniciales ********************tenga verificativo en el Centro de Convivencias del Poder Judicial del Estado de México, con sede en Ecatepec de Morelos, dentro de los horarios de atención al público que presta dicho centro. Lo anterior, porque se considera un medio apto y efectivo para evitar y prevenir cualquier daño en la salud emocional y psicológica de la menor, aunado a ello, hasta este estadio procesal, puede sustentarse que esa medida de protección únicamente afecta a los progenitores de la menor, en cuanto al interés que cada uno de ellos tiene para ejercerlo; empero, permite que sea la menor quien tenga una efectiva convivencia con su padre, pues con ello se procura evitar resistencias de cualquiera de los contendientes al momento de ejercer el derecho a gozar de la convivencia familiar, que privilegia el interés superior de la referida infante, en aras de que le sean proporcionados la protección y el cuidado necesarios para su bienestar. Robustece lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 53/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO]". En lo tocante a la indebida fundamentación y motivación del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, cabe destacar que el Juez Familiar responsable citó los artículos aplicables al caso, pues invocó los numerales 1, 2, 3, 6, 9 y 12 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, y 2.355 Quinquies, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles en la entidad, y estableció las razones consideradas para su dictado, como fue el hecho del interés superior de la menor hija de las partes a convivir con su progenitor, el cual no ha podido verificarse en los términos pactados por ellos, por lo que ese órgano jurisdiccional determinó decretar una medida de protección a favor de dicha menor, a efecto de salvaguardar sus derechos y procurando que exista una convivencia con su progenitor, con la finalidad de que se restauren las relaciones paterno filiales, cumpliéndose con ello el derecho constitucional consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí, lo infundado de dicho concepto de violación. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación analizados, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. SÉPTIMO. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. OCTAVO. Supresión de datos personales. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de Unión no ampara ni protege a ********************, en representación de su menor hija de identidad resguardada de iniciales ********************contra los actos reclamado al Juez y Notificador, ambos adscritos al Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, precisados en el considerando segundo, por lo expuesto y fundado en el considerando sexto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta sentencia. Notifíquese; por lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal a la parte quejosa, tercero interesado y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario Adscrito al Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, por medio del cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de treinta de mayo del año en curso, remite copia certificada de las constancias que integran el expediente 503/2021 de su índice, relacionada con el acto reclamado por la quejosa ****, en representación de su menor hija de iniciales ****. En su atención, se tiene a la autoridad oficiante desahogando el requerimiento realizado en autos, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento formulado en su contra. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la indicada ley conforme a su artículo 2º, se da vista a las partes con las referidas constancias por el término continuo y genérico de ocho días. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que remite la autoridad mencionada, las que se desahogan dada su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Ahora bien y dada la voluminosidad de las constancias que adjunta la autoridad responsable en cita, fórmense cuatro legajos de pruebas por separado. Notifíquese: por lista a las partes.
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