Martha Guadalupe Medrano Mayo
Expediente 1239/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1239/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Martha Guadalupe Medrano Mayo
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. I. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Martha Guadalupe Medrano Mayo, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; regístrese en libro de gobierno de este Órgano Jurisdiccional bajo el número 1239/2022, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. II. Análisis integral de la demanda de amparo. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa reclama de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Toluca, lo siguiente: El acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, que desechó por improcedente el recurso de queja interpuesto por omisión en el cumplimiento de sentencia definitiva dictada en el juicio administrativo 2726/19-PC3-2. Asimismo, en el escrito de demanda la parte quejosa señaló bajo protesta de decir verdad que dicho acuerdo le fue "notificado" mediante "aviso electrónico", el cual llegó a su correo el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós; el cual anexó en forma completa a la presente demanda de amparo. Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que se atiende. Dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinaria en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de legalidad." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con el numeral 61, fracción XIV de la ley en consulta, el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, se logra apreciar que contempla tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Lo anterior, encuentra apoyo en la Jurisprudencia P./J.115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cinco, Tomo XXXIII, correspondiente al mes de enero de dos mil once, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En el caso, del contexto integral del escrito de demanda, se advierte que la quejosa en esencia reclama, el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, emitido por la autoridad responsable; de igual forma, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dicho acuerdo le fue "notificado mediante aviso electrónico", el cual llegó a su correo "el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós". Sirve de apoyo la tesis XXVI/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 439, Libro 40, marzo de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "CONFESIÓN HECHA EN LA DEMANDA, EN LA CONTESTACIÓN O EN CUALQUIER OTRO ACTO DEL JUICIO. EL ARTÍCULO 400 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL PREVER QUE HARÁ PRUEBA PLENA SIN NECESIDAD DE RATIFICACIÓN NI SER OFRECIDA COMO PRUEBA, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." Por lo cual, si la quejosa tuvo pleno conocimiento del acto reclamado desde el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de amparo, transcurrió en exceso, esto es, del veintisiete de septiembre al dieciocho de octubre de dos mil veintidós, descontándose los días uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de octubre, así como doce de octubre de dos mil veintidós, por corresponder a sábados y domingos y día inhábil de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. No se soslaya que el "aviso electrónico" al que alude la peticionaria del amparo, acorde con lo previsto en el artículo 1-A, fracción III Bis, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es el mensaje privado enviado a la dirección de correo electrónico de las partes en juicio, en el que se les informa que se les realizará una notificación por "boletín jurisdiccional", que es medio por el cual formalmente se realizan aquéllas acorde con el numeral 65 del mismo cuerpo normativo; sin embargo, dicho artículo en su último párrafo permite corroborar lo informado por aquélla, en el sentido que le "llegó a su correo" una "notificación" del acto reclamado. Lo anterior, si se toma en cuenta que tal disposición normativa establece que en el aviso se "deberá incluir el archivo electrónico que contenga el acuerdo"; lo que permite sostener, en el caso particular, el patente conocimiento del acto reclamado desde esa data; el cual, además, se estima fue en forma completa, pues la promovente adjuntó a su escrito de demanda, el contenido íntegro del acto reclamado, emitido el trece de septiembre de dos mil veintidós. Por tanto, el plazo para la presentación de la demanda de amparo, acorde con sus manifestaciones, se ubica en la segunda hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que debe computarse al día siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado a través del aviso que se le remitió a su correo electrónico en el que se adjuntó el contenido del acto reclamado, sin que deba esperarse a que surta efectos ese momento, al no tratarse de una notificación. De ahí que, si la parte quejosa presentó el escrito de demanda de amparo hasta el veinticuatro de octubre del año en curso, acorde con la papeleta de turno generada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad; el juicio de amparo fue promovido extemporáneamente, atendiendo a lo manifestado por la propia parte quejosa en su escrito constitucional. Por tanto, es evidente que transcurrió el plazo señalado por el numeral 17 de la ley de la materia y, por ende, se estima que el puntualizado acto fue tácitamente consentido, actualizándose el supuesto de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; en tales condiciones, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. III. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que la Actuaria Judicial adscrita, logre llevarlas a cabo. IV. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Tomando en consideración el presente juicio fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio e línea, de conformidad con el artículo 1, fracción I, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19". V. autorizados y notificación electrónica. Se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones a José Alfredo Benítez Toledo, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que como se hizo constar en la certificación de cuenta, en la base de datos del sistema computarizado, para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada la cédula profesional a su nombre, y únicamente para imponerse de los autos a las demás personas que menciona, al no contar con dicho registro. Por otra parte, toda vez que de la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE) http://10.100.125.33/sise/Expediente/AutorizadosExpediente.aspx, se advierte que el usuario "jatoledo", se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que como lo solicita, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a la actuaria para que realice las notificaciones que deriven de este asunto de forma electrónica, con independencia de que, en su caso, puedan realizarse en el recinto que ocupa el órgano jurisdiccional, ante cualquier eventualidad. VI. CORREO ELECTRÓNICO. Respecto del correo electrónico que pone a disposición, de conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota del mismo, para entablar únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. VII. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. VIII. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios y se conceden a la Actuaria Judicial de la adscripción, facultades de investigación de resultar necesarias para lograrlas. IX. Ley federal de transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. X. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese como corresponda.
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