Martha Francisca García Domínguez
Expediente 792/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Martha Francisca García Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos, el oficio del Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por medio del cual, informa que ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y, remite diversas documentales con las que pretende acreditar su dicho. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado legalmente, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en autos. Por tanto, se comisiona al actuario encargado del presente asunto notifique a la parte quejosa en el presente juicio, corriéndole traslado de las constancia con las cuales se ordenó dar vista en el párrafo que antecede. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y, publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas para ello hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; no obstante estar debidamente notificadas para ello. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, considerando que con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declararon inhábiles los días correspondientes del dieciséis al veintisiete de octubre del presente año; en el entendido que subsistirá la validez de aquellas actuaciones y diligencias que se hubieren celebrado los días dieciséis y diecisiete del citado mes y año; por tanto, se suspendieron términos y plazos procesales durante dicho periodo. Asimismo, fueron inhábiles los días uno, dos y tres de noviembre del presente año, de conformidad a la Circular 12/2023 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, requiérase a las autoridades responsables para que -dentro del ámbito de sus atribuciones- en el plazo de tres días, contado legalmente, justifiquen haber dado cumplimiento al fallo protector, en su defecto comuniquen las medidas que adopten con tal finalidad, o el impedimento legal que tengan para hacerlo. Reiterándoles que los efectos por los cuales se concedió a la parte quejosa el amparo, son los siguientes: "-La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa realice todas las acciones necesarias para lograr el total cumplimiento del fallo anulatorio de veintiséis de agosto de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 4396/19-15-01-5, siguiendo puntualmente el procedimiento establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que implica que requiera mediante mecanismos eficaces a la autoridad demandada, así como a su superior jerárquico y les imponga los apercibimientos y multas que correspondan, incluso dar vista al órgano de control interno y adoptar las medidas necesarias a fin de vencer la contumacia de las autoridades demandadas y lograr el cabal cumplimiento de dicha sentencia; y. -El Encargado de la Unidad Jurídica y Subdelegado de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Oaxaca, acrediten ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cumplimiento-en sus términos- de la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 4396/19-15-01-5". Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que el informe que rindan deberán acompañarlo con copias certificadas de las constancias que acrediten fehacientemente su cumplimiento; así como que las podrán enviar por correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Con el apercibimiento que de no cumplir o informar el impedimento legal o material para ello, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá -a cada una- multa de cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto en el cual se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al siguiente de su publicación, equivalente a diez mil trecientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00) moneda nacional, atendiendo al valor de ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos ($103.74) moneda nacional. Asimismo, se continuará con el trámite previsto en el numeral 192, párrafo segundo, de la ley de la materia, esto es, la apertura del incidente de inejecución de sentencia y remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, quien de estimarlo necesario, provea sobre la separación inmediata de su respectivo cargo y su consignación al Juez de Distrito que corresponda, por desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad, en términos del normativo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, sirve de apoyo la Jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a la Secretaria y/o Actuario de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés estando en audiencia pública Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca; quien actúa ante Kithzaim José Ruíz Santiago, Secretario Proyectista de Juzgado, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia de ley en el presente juicio de amparo, sin asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia con fundamento en el artículo 124 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan la demanda de amparo, y auto admisorio. Por otra parte, se certifica: las autoridades responsables Encargado de la Unidad Jurídica y del Subdelegado de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Oaxaca, fueron omisas en rendir sus informes justificados, a pesar de encontrarse notificadas para ello, desde el dieciséis de agosto del año en curso, respectivamente (fojas 34 y 35). Asimismo, el secretario da cuenta con el estado procesal de los autos. La Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación que antecede, la que deberá tomarse en cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente. Enseguida, se abre el periodo probatorio, en el que el secretario da cuenta con la documental que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo; por otra parte, se hace relación de las diversa documental que la Sala responsable remitió como apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada de diversas actuaciones del expediente 4396/19-15-01-5, de su índice. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las referidas probanzas, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales que se tomarán en cuenta en su oportunidad. Cerrado el período probatorio y abierto el de alegatos. El secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. La Jueza acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para tal efecto; por lo que se ordena cerrar este periodo. Cerrado el período de alegatos, y al no haber diligencia pendiente de desahogo, la Jueza da por concluida la audiencia constitucional, de la cual se levanta el acta correspondiente, y se dicta la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 792/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintitrés (fojas 2 a 17), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad; turnada a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, al día hábil siguiente Martha Francisca García Domínguez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades que se precisaran más adelante. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1, 14, 16 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo con el número 792/2023; y se previno a la quejosa en los términos ahí precisados. Luego, por acuerdo de diez de agosto siguiente, se tuvo por cumplida la prevención, se admitió la demanda de amparo, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; se pidió el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y finalmente se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. CITA PARA AUDIENCIA. Seguida la secuela procesal, previo diferimiento, el día de hoy, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. QUINTO. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En certificación previa, el Secretario Judicial encargado del trámite de este expediente hizo constar que verificó que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado y que coincide con el expediente impreso, en términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo, así como 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración u trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por tratarse actos atribuidos a autoridades cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y derivado del análisis de la demanda de amparo se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: De la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 1. La omisión vigilar el cumplimiento de la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 4396/19-15-01-5, de su índice. Del Encargado de la Unidad Jurídica y del Subdelegado de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Oaxaca. 2. La omisión de cumplir con la sentencia la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 4396/19-15-01-5, del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado (foja 37). Sin embargo, hace manifestaciones que evidencian su existencia. Aunado, lo que se corrobora con las documentales que anexa a su informe justificado relativas a diversas actuaciones dentro del juicio de nulidad 4396/19-15-01-5, de su índice, a las que se les otorga el valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, debe tenerse por cierto el acto que se le reclama a la parte quejosa. Ahora, por lo que hace a las diversas autoridades responsables Encargado de la Unidad Jurídica y Subdelegado de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Oaxaca, fueron omisas en rendir sus informes justificados, a pesar de encontrarse notificadas para ello (fojas 34 y 35). Por tanto, con fundamento en el artículo 117, última parte del cuarto párrafo, de la Ley de Amparo1 , se les presume cierto los actos atribuidos a las citadas responsables. Presunción que se encuentra corroborada con el contenido de las constancias que obran en autos, de las que se desprende que en el multicitado juicio de nulidad, no han dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, ni informado las gestiones realizadas para tal fin. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de alguna; por lo que, resulta procedente pronunciarse sobre el tema de fondo. QUINTO. TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA. La parte quejosa expresó en su escrito de demanda los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales deben tenerse por reproducidos sin que sea necesaria su trascripción, dado que tal circunstancia no deja en estado de indefensión a la parte peticionaria, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 1 "Articulo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. En el sistema procesal penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional acompañará un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley [.]". LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. ANÁLISIS SOBRE LA OMISIÓN DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE NULIDAD, ATRIBUIDA A SALA REGIONAL DEL SURESTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. La parte quejosa sostiene que, la Sala responsable no ha emitido las acciones legales inmediatas y seguidas con la finalidad de que la autoridad demandada cumpla con la sentencia dictada en el juicio de nulidad; lo anterior, en su concepto, transgrede el artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior, es fundado. Al respecto, el artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. [.].". Del artículo transcrito se advierte la obligación de toda autoridad encargada de administrar justicia de cumplir con los tres objetivos esenciales que debe reunir dicha impartición, a saber: pronta, completa e imparcial. En ese orden, el legislador debe garantizar en las leyes, los medios necesarios para que se garantice, entre otros, la plena ejecución de las sentencias de los tribunales, a través plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales. Los plazos aludidos, como se dijo, deben ser generales, esto es, comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; razonables, es decir, plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes; y objetivos, delimitándose en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. Así lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 438, del Tomo XXII, julio de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro: "JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA". En suma, el ejercicio de la función jurisdiccional comprende las potestades esenciales siguientes: el conocimiento de la controversia planteada; su dilucidación a través de una sentencia firme; y la obtención plena del cumplimiento de lo decidido; de modo que constituyen ejes inseparables del ejercicio de esa potestad la determinación adoptada en el caso concreto y la facultad para hacer cumplir lo resuelto, mediante el empleo de los mecanismos razonables y necesarios que estime pertinentes el juzgador. De esa forma, la sentencia que resuelva que alguna autoridad se apartó del orden legal se entenderá cumplida hasta en tanto se repare ese quebrantamiento, a fin de tener por plenamente salvaguardado el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva. En consonancia con lo anterior, los artículos 52 y 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, señalan, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "ARTÍCULO 52. [.] Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose del Juicio Ordinario o un mes tratándose del Juicio Sumario de conformidad con lo previsto en el artículo 58-14 de la presente Ley, contados a partir de que la sentencia quede firme." "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento". De los referidos artículos se advierte que, la autoridad demandada deberá cumplir con la sentencia en un plazo de cuatro meses tratándose del juicio ordinario y en un mes cuando se trate del juicio sumario; una vez vencidos dichos plazos el Tribunal podrá actuar de oficio o a petición de parte de la manera siguiente: - La Sala requerirá a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días sobre el cumplimiento de la sentencia; concluido dicho término determinará si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia. - Para el caso, que la Sala determine que hubo incumplimiento injustificado impondrá a la autoridad demandada una multa, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado; asimismo, la requerirá para que en el término de tres días cumpla con la sentencia, con el apercibimiento de nuevas multas, lo que también se le hará del conocimiento al superior jerárquico, para que esta última autoridad dentro del plazo de tres días obligue a la demandada a cumplir la sentencia. En este punto es importante señalar que la intervención del superior jerárquico no se limita a comunicar a la autoridad demandada que está obligada a cumplir con la sentencia, sino que dicho superior jerárquico debe hacer uso de todas sus facultades legales y reglamentarias a fin de lograr su cumplimiento. - Concluido dicho plazo (tres días), si aún persiste el incumplimiento por parte de la autoridad demandada, la Sala podrá requerir al superior jerárquico de ésta para que, en el plazo de tres días la obligue a cumplir con la sentencia. - Hecho lo anterior, la Sala pondrá en conocimiento a la Contraloría interna correspondiente, los hechos, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Ahora, en el caso, de las constancias remitidas por la Sala responsable (fojas 39 a 87), se aprecia lo siguiente: 1. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva en el juicio de nulidad 4396/19-15-01-5, promovido por la quejosa en la que se declaró la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada y condenó a la autoridad demandada al incremento y pago de diferencias pensionarias. 2. Mediante acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós, toda vez que ya había transcurrido el plazo de cuatro meses previsto en el artículo 52, párrafo segundo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para que la autoridad demandada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado diera cumplimiento a la sentencia de nulidad, sin que lo hubiese hecho, de oficio, con fundamento en el artículo 58 de la referida Ley, inició el procedimiento previsto en dicho numeral y se le requirió para que en término de tres días informara y demostrara el cumplimiento a dicho fallo, apercibiéndola con la imposición de multa. 3. Mediante acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós, la Sala responsable desechó, por notoriamente improcedente, el recurso de queja por incumplimiento de la sentencia de nulidad interpuesto por el aquí quejosa, debido a que en acuerdo de tres de octubre anterior había iniciado de oficio el procedimiento de cumplimiento previsto en el artículo 58, primer párrafo, fracción I, inciso a), de la multicitada Ley. 4. En proveído de catorce de agosto de dos mil veintitrés, la sala responsable impuso multa de apremio de trecientas veces la unidad de medida y actualización al encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que no había dado cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen, dentro del término de tres días concedido en auto de tres de octubre de dos mil veintidós y la requirió nuevamente para que en un plazo de tres días diera cumplimiento íntegro a la sentencia de nulidad, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría otra multa equivalente a seiscientas unidades de medida y actualización y se haría del conocimiento de su superior jerárquico su desacato. De lo narrado, por un lado, se aprecia que la sentencia dictada en el juicio de nulidad de mérito, emana de un procedimiento de naturaleza ordinaria, por lo que el plazo para cumplirla es de cuatro meses. Y por otro, se evidencia que el actuar de la Sala responsable en el procedimiento de ejecución de la sentencia, ha vulnerado el contenido del artículo 17 Constitucional. Esto es así, pues no ha realizado requerimientos constantes, a efecto de lograr el exacto cumplimiento de sus determinaciones. En particular, se observa que la Sala responsable no ha cumplido con el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en el artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, pues como se evidenció a partir de que inició de oficio dicho procedimiento únicamente ha impuesto a la autoridad demandada una multa, lo cual realizó el catorce de agosto de dos mil veintitrés, diez meses después de haber emitido el acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós en el que efectuó el requerimiento para el cumplimiento de la sentencia, cuando el plazo que otorgó para ello en fue de tres días. Así, lo actuado por la Sala responsable se estima ha sido insuficiente y no se aprecia que las medidas tomadas sean eficaces para hacer cumplir la sentencia de nulidad. De igual forma, la autoridad demandada, no ha cumplido en su totalidad la sentencia emitida en el juicio de nulidad. Lo anterior, a pesar de que la Sala responsable, nuevamente la requirió en proveído catorce de agosto de dos mil veintitrés. Bajo ese contexto, se puede afirmar que la Sala responsable no han cumplido cabalmente con el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que, a juicio de este órgano jurisdiccional, su actuar transgrede el artículo 17 de la Constitución Federal, pues no ha recurrido a los medios legales que tiene a su alcance para hacer cumplir la sentencia dictada en el juicio de nulidad, por tanto, se advierte existe omisión de su parte. Pues se evidencia que las determinaciones que ha emitido la Sala responsable han resultado insuficientes, dado que resultaron ineficaces para hacer cumplir la sentencia de nulidad; además, que su conducta pasiva ha contribuido a que la demandada no haya dado cumplimiento a la sentencia que dictó en el aludido controvertido administrativo. En consecuencia, reitérese, se acredita que la Sala responsable no ha realizado las gestiones necesarias para obtener la plena ejecución de la sentencia que dictó en el juicio de nulidad juicio de nulidad 4396/19-15-01-5, soslayando que la garantía contenida en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional, lo que se traduce en que todas aquellas autoridades y órganos que formal y materialmente ejercen jurisdicción obtengan plena ejecución de sus resoluciones, garantizando al gobernado, que los sujetos vinculados a su acatamiento y las autoridades que lo emiten deben cumplir forzosamente con dicha obligación. SÉPTIMO. ANÁLISIS SOBRE LA OMISIÓN DE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD ATRIBUIDA AL ENCARGADO DE LA UNIDAD JURÍDICA Y AL SUBDELEGADO DE PRESTACIONES, AMBOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN OAXACA. Sobre este aspecto, la quejosa sostiene que las autoridades demandadas no han cumplido con prontitud y cabalidad la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 4396/19-15-01-5, del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que impide que tenga acceso a una justicia pronta y expedita, tal como lo señala el artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior, es fundado. En efecto, como lo sostiene la quejosa, las autoridades responsables Encargado de la Unidad Jurídica y Subdelegado de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Oaxaca, no han cumplido, sin motivo justificado, con la referida sentencia de nulidad del índice de la Sala responsable, lo que transgrede el artículo 17 de la Constitución Federal. En esa línea, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL la quejosa, para el efecto de que a partir del día siguiente de la notificación del auto en que cause ejecutoria esta sentencia: - La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa realice todas las acciones necesarias para lograr el total cumplimiento del fallo anulatorio de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 4396/19-15-01-5, siguiendo puntualmente el procedimiento establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que implica que requiera mediante mecanismos eficaces a la autoridad demandada, así como a su superior jerárquico y les imponga los apercibimientos y multas que correspondan, incluso dar vista al órgano de control interno y adoptar las medidas necesarias a fin de vencer la contumacia de las autoridades demandadas y lograr el cabal cumplimiento de dicha sentencia; y, - El Encargado de la Unidad Jurídica y Subdelegado de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Oaxaca, acrediten ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cumplimiento -en sus términos- de la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 4396/19-15-01-5. Lo anterior, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos indebidamente afectados, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debiendo exhibir las constancias con las que acrediten tal circunstancia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis cuyo rubro es: "SENTENCIAS. SU CUMPLIMIENTO ES INELUDIBLE" Finalmente, se habilita al Secretario para firmar los oficios que deriven de la presente sentencia. Por lo antes expuesto y fundado se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Martha Francisca García Domínguez, contra los actos y autoridades precisados en el considerando SEGUNDO, por los motivos precisados en los considerandos SEXTO y ÚLTIMO de este fallo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los presentes autos, el oficio de la Magistrada Titular de la Primera Ponencia de la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en suplencia por Ausencia del Magistrado Presidente de la Propia Sala, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con él al momento de celebrar la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta y cuatro minutos el ocho del mes actual y se fijan las TRECE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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