Martha González Pérez y Otros.
Expediente 1175/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1175/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/08/2022
Partes del expediente
- Martha González Pérez y Otros.
- Martha González Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de diez de agosto de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso d), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se proceda a su destrucción. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de agosto de dos mil veintidós. Vista la comparecencia de nueve de agosto del año en curso, se advierte que los quejosos ********, en cumplimiento al proveído de dos de agosto pasado, ratificaron el contenido y firma del escrito recibido el uno del mes y año en curso, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrado por este órgano jurisdiccional bajo el folio 14134, correspondiente a su escrito de desahogo de prevención. En consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento realizado en determinación veintidós de julio de dos mil veintidós. En consecuencia, previo a admitir la demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de tal manera, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa establece como acto reclamado la resolución interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veintidós, emitida por el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, en el expediente ***/2022, de su índice, la cual recayó en el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de uno de abril del año en curso. Lo anterior es así, dado que del análisis integral del escrito de demanda, en relación con lo narrado bajo protesta de decir verdad por el propio impetrante, se adolece de la resolución interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veintidós, emitida por el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, en el expediente 468/2022, de su índice, la cual recayó el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de uno de abril del año en curso, en el que declaró que éste es inoperante e infundado, y la responsable ordenó girar oficio al Director de Servicios Periciales del Poder Judicial del Estado de México, para que el perito tercero en discordia, emitiera su dictamen dentro del plazo de ocho días; por lo que se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que respecto al citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario establecer que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" A su vez, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carta Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por esos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, pues, la sentencia interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veintidós, emitida por el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, en el expediente 468/2022, de su índice, la cual recayó en el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de uno de abril del año en curso, en el que declaró que éste es inoperante e infundado, no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que las posibles consecuencias del acto reclamado, en su caso, ocasionaran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá el resultado del procedimiento que se tramita ante el citado juzgado. Además, tal acto no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que éste únicamente produce efectos intraprocesales y puede ser reparado si el impetrante obtiene sentencia favorable; de tal manera, la sentencia impugnada constituye una violación procesal reclamable hasta que se dicte la sentencia de fondo si fuere desfavorable para el quejoso, a través del juicio de amparo directo, por ello, se afirma que no lesiona sus derechos sustantivos y menos aún en forma irreparable. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Martha González Pérez e Hilarión Donato Martínez Alcántara, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Víctor Eduardo Hernández Pérez, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el diverso 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2647/2022, de veinte de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial, asistido de Xavier Esteban Reyes Iniesta, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; aparentemente firmado por los quejos ******* mediante el cual, pretenden dar cumplimiento a la prevención realizada en proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós; sin embargo, dado que las firmas que calzan el ocurso que se atiende, difieren notablemente de las que obran en autos; se requiere a los quejosos, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este proveído, comparezcan a las instalaciones de este Juzgado de Distrito a ratificar el contenido y firma del escrito de cuenta; apercibidos que de ser omisos al respecto, se tendrá por no presentado. Para lo cual, deberán realizar el trámite respectivo previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar las citas correspondientes. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 202, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 165 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBE MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiéndose al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Víctor Eduardo Hernández Pérez, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el diverso 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2647/2022, de veinte de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial, asistido deXavier Esteban Reyes Iniesta, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE LISTA LA DETERMINACION DE DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 1175/2022-II, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, LA CUAL ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, dos de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; aparentemente firmado por los quejos ******* mediante el cual, pretenden dar cumplimiento a la prevención realizada en proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós; sin embargo, dado que las firmas que calzan el ocurso que se atiende, difieren notablemente de las que obran en autos; se requiere a los quejosos, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este proveído, comparezcan a las instalaciones de este Juzgado de Distrito a ratificar el contenido y firma del escrito de cuenta; apercibidos que de ser omisos al respecto, se tendrá por no presentado. Para lo cual, deberán realizar el trámite respectivo previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar las citas correspondientes. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 202, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 165 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBE MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiéndose al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Víctor Eduardo Hernández Pérez, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el diverso 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2647/2022, de veinte de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial, asistido deXavier Esteban Reyes Iniesta, Secretario con quien actúa. Doy fe
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