Martha González Pérez

Expediente 1144/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1144/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Martha González Pérez
  • Martha González Pérez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos); mediante el cual, el Secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, remite copia autorizada de la ejecutoria dictada en sesión extraordinaria de doce de septiembre del año en curso, por ese Tribunal Colegiado, en los autos del recurso de queja 245/2022, interpuesto por Martha González Pérez e Hilarión Donato Martínez Alcántara, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por Martha González Pérez e Hilarión Donato Martínez Alcántara, contra el auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, dictado por el Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo indirecto 144/2022-III." En consecuencia, acúsese recibo de estilo a la superioridad y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, once de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, acusa recibo del diverso 26450/2022 del propio registro; asimismo, se advierte que registró y tramitó el recurso de queja hecho valer por los quejosos ********************e ********************, en contra del acuerdo de dieciocho de julio del año en curso, como recurso de queja ********************; circunstancia de la que se toma nota.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; mediante el cual, los quejosos ********, interponen recurso de queja en contra del acuerdo de dieciocho de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en lo previsto en los artículos 97 fracción I inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación referido y de conformidad con el numeral 101 de la legislación invocada ríndase el informe respectivo. En ese sentido, con el fin de resolver dicho medio de defensa legal interpuesto, remítase copias certificadas del expediente en que se actúa, el original de escrito de expresión de agravios y copia del mismo, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. No obstante lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" de la adscripción, a efecto de que vincule el presente expediente en su versión electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que el Tribunal Colegiado correspondiente, esté en aptitud de consultar las constancias respectivas en dicho sistema. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Víctor Eduardo Hernández Pérez, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el diverso 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2647/2022, de veinte de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial, asistido de Xavier Esteban Reyes Iniesta, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Martha González Pérez e Hilarión Donato Martínez Alcántara por propio derecho, contra actos del Titular del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de el Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México; fórmese expediente físico, electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1144/2022-III. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de tal manera, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la sentencia interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictada por la autoridad responsable en el expediente 468/2022, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación que hizo valer contra el auto de dos de junio de dos mil veintidós, en el que no se tuvo por acordada la regularización del procedimiento. De lo anterior, se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que dicha determinación no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, porque constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que respecto al citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" A su vez, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la sentencia interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictada por la autoridad responsable en el expediente 468/2022, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación que hizo valer contra el auto de dos de junio de dos mil veintidós, en el que no se tuvo por acordada la regularización del procedimiento, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que la quejosa obtenga una sentencia favorable, en el expediente 468/2022 del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de el Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la sentencia; ello conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que los ahora quejosos no obtengan una sentencia acorde a sus pretensiones, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia, en la sentencia interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictada por la autoridad responsable en el expediente 468/2022, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación que hizo valer contra el auto de dos de junio de dos mil veintidós, en el que no se tuvo por acordada la regularización del procedimiento. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente de la sentencia interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictada por la autoridad responsable en el expediente 468/2022, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación que hizo valer contra el auto de dos de junio de dos mil veintidós, en el que no se tuvo por acordada la regularización del procedimiento, y como consecuencia de ello, una posible violación a las leyes del procedimiento, la cual puede reclamarse como ya se dijo, a través del juicio de amparo directo, en caso de que le sea desfavorable la sentencia definitiva que recaiga al juicio natural; ello conforme a lo dispuesto en la fracción XII, del artículo 172 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, dado que en el caso, se actualizan la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la propia ley, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Martha González Pérez e Hilarión Donato Martínez Alcántara por propio derecho, contra actos del Titular del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de el Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, por notoriamente improcedente. En otro orden de ideas, dado que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro del usuario "SosaMari", con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva de este asunto y se tiene por señalado éste como domicilio para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; asimismo únicamente se toma conocimiento del domicilio físico que mencionan. Asimismo, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ernesto Becerril Real, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente, y por autorizados en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo a las demás personas que cita en su escrito; limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, en la tesis cuyo rubro precisa: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Además, se toma conocimiento del correo electrónico que refiere; precisando que éste se tiene únicamente como contacto de los promoventes, esto para acordar previamente la realización de la notificación, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma, en términos del artículo 23, fracción I, párrafo segundo, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.

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