Martha Gabriela Aranda Uriostegi

Expediente 396/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
396/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Martha Gabriela Aranda Uriostegi
  • Tribunal Estatal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 290/2020-I-B, promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el veintiséis de abril siguiente en este órgano jurisdiccional, ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y se ordenó emplazar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, atento a los conceptos de violación formulados, así como a las constancias que integran este asunto, privilegiando la tutela de derechos humanos formulados por la parte impetrante, accediendo al acto de autoridad que efectivamente le agravia y no a lo que aparentemente le duele, se concluye que el acto reclamado consiste en: La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en tramitar la demanda laboral presentada por la parte quejosa el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, registrada con el número ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al momento de rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las copias certificadas exhibidas por la autoridad responsable, entre otras, el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Lo anterior es así, toda vez que la existencia del acto impugnado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso el veintitrés de abril de dos mil veintiuno; por ello, no obstante de que a esa fecha ya se había pronunciado respecto de la demanda presentada por la parte aquí quejosa el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio laboral ********************, la conducta omisiva deriva de que no había sido enterada de dicha determinación; por lo tanto, el acto reclamado es existente. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo se procede a estudiar de oficio. Ahora, la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a quien reclamó la omisión de tramitar la demanda laboral presentada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, registrada con el número ********************. En ese contexto, del informe rendido por la responsable, así como de las constancias a él anexas, se aprecia el acuerdo dictado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, por el cual, en atención al escrito de demanda presentado por la parte actora -aquí quejosa- en esa misma data, se declaró incompetente para conocer de la controversia, por lo que ordenó remitir el expediente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; por lo que se considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXI, en comento es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ..." Efectivamente, se actualiza dicha causal porque la omisión combatida por la parte quejosa ha cesado, toda vez que así se advierte de las documentales aportadas por el Tribunal responsable. Bajo ese tenor, del escrito de demanda se advierte que la amparista impugnó la omisión de la autoridad responsable al no haber tramitado la demanda laboral presentada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, registrada con el número ********************; empero, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos remitió copia certificada del acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, por el cual, en atención al escrito referido, se declaró incompetente para conocer de la controversia, y ordenó remitir el expediente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En consecuencia, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, si bien se había emitido el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, por el que la responsable se pronunció respecto de la demanda laboral presentada por la parte quejosa, esta última no había sido enterada de su emisión pues esto aconteció hasta el veinticinco de mayo del año en curso, data en que le fue notificado por medio de lista el auto por el que se ordenó darle vista con el informe justificado rendido por la responsable, así como de sus anexos; por lo que debe considerarse que a la fecha de la presentación de este juicio de amparo la omisión atribuida al Tribunal responsable, sí existía. En lo conducente se invoca como apoyo a lo anterior y por analogía, la jurisprudencia 2a./J.36/99 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 469 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro se transcribe a continuación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA". En tales condiciones, se puede concluir que con posterioridad al veintitrés de abril de dos mil veintiuno, fecha de presentación de la demanda, y al verificarse que la parte aquí quejosa tomó conocimiento del mencionado auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno emitido en el juicio de origen, hasta el momento en que le fue notificado el acuerdo a través del cual se le dio vista con el informe justificado, la autoridad responsable hizo que cesaran los efectos de la omisión reclamada; con lo que se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, en la medida que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación combatida. Lo anterior es así, ya que al reclamar un acto omisivo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera y por consecuencia, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados a la peticionaria y para ello impondrá a la responsable la obligación de pronunciarse sobre lo aquí reclamado y hacer del conocimiento dicha determinación a la aquí quejosa; lo que en el particular aconteció, al haberse emitido el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno en el juicio laboral ********************, por el cual se declaró incompetente para conocer de la controversia, y ordenó remitir el expediente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y hacerlos del conocimiento a través de la vista otorgada con el informe de justificado rendido en autos. Por lo que puede estimarse como resarcida la transgresión a la garantía de acceso a la justicia alegada, al haberse satisfecho en todos sus extremos la omisión combatida; puesto que la parte quejosa quedó enterada del referido auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, por el que la responsable se pronunció respecto al escrito de demanda laboral antes precisado, como se desprende de la notificación por lista practicada por el Actuario adscrito a este Juzgado Federal el veinticinco de mayo del año en curso, y por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de la responsable de acordar el escrito de demanda presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio laboral ********************, y al habérsele hecho del conocimiento el auto que recayó al mismo, a través de la notificación del acuerdo por el que se ordenó darle vista con el informe justificado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, y se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 210, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Igualmente, la jurisprudencia 2a./J.205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 605 de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto precisado y por los motivos señalados en el considerando cuarto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias anexas, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Fernando Cobos González, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad responsable da cumplimiento al requerimiento de veintisiete de abril del año en curso y remite la constancia de la que se advierte la personalidad de Isaías Ricardo Navarrete Barrientos, como apoderado legal de la parte quejosa MARTHA GABRIELA ARANDA URIOSTEGUI; en consecuencia, se tiene por reconocido con tal carácter. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. *Nmtg.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Isais Ricardo Navarrete Barrientos, quien se ostenta como apoderado legal de MARTHA GABRIELA ARANDA URIOSTEGI, contra actos de la Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde 396/2021-II-B; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, en relación con el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA PROMOVENTE DE AMPARO. Tomando en consideración que la promovente acredita su personalidad de manera indiciaria, en consecuencia, con apoyo en el artículo 11 de la Ley de Amparo; se requiere a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada del acuerdo mediante el cual reconoce la personalidad a Isais Ricardo Navarrete Barrientos, quien se ostenta como apoderado legal de MARTHA GABRIELA ARANDA URIOSTEGI, así como del documento con el que lo acreditó dentro del juicio laboral 29/13/2021; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así dentro del término concedido o de no informar la imposibilidad que tuviera para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 259 en relación al 236 de la Ley de amparo. Al respecto resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2ª./J. 79/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Junio de 2009, página 297, de rubro "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Sin perjuicio de acordar lo conducente respecto a la personería de la promovente de amparo, hasta en tanto la responsable remita las constancias solicitadas o informe sobre el tratamiento dado a la solicitud efectuada por la parte quejosa. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, no se ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes. Data que se señala, en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales a virtud del fenómeno de salud pública originado por el COVID-19, así como su reanudación en los términos apuntados. Ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional y la reanudación del juicio; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el mencionado Acuerdo General 12/2020, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. PRUEBAS. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciadas las documentales que anexa; sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional de conformidad en el artículo 124 de la citada ley. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridad responsable, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Asimismo, se les hace saber que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir los pasos que ahí se precisan. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. CAPTURA COMPLETA DEL EXPEDIENTE EN LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DEL CONSEJO. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y Oficial Administrativo a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al contenido del referido Acuerdo General, en cuanto a la captura completa y oportuna información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, así como al plazo con que se cuenta para la integración del expediente impreso a fin de que coincida con el electrónico. NOTIFICACIONES. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". DOMICILIO Y PERSONAS AUTORIZADAS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizados en los términos precisados en el escrito que se provee, a las personas propuestas. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, de rubro "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.", localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. Finalmente, se hace de su conocimiento que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

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