Martha Eugenia Figueroa Herzberg

Expediente 1048/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1048/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
08/02/2019

Partes del expediente

  • Martha Eugenia Figueroa Herzberg

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, por el cual devuelve los autos originales del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1048/2018-I, y testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de veintiuno de enero del año en curso en el incidente en revisión 340/2018, concluyendo en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "ÚNICO. Ha quedado sin materia el presente incidente en revisión." En mérito de lo anterior, acúsese de recibo correspondiente; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, así como el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido, como se encuentra ordenado desde el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1048/2018-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el doce de noviembre de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. La anterior determinación se hace del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, quien conoce del recurso de revisión registrado con el número 340/2018, interpuesto en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, toda vez que la responsable remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que las autoridades a la que se libre oficio en vía de notificación se encuentren gozando de su periodo vacacional, una vez que éstas reanude labores, proceda a notificar el oficio correspondiente, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que da fe.

  3. Principal

    AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del doce de noviembre del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1048/2018-I, promovido por y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno se remitió ese mismo día a este juzgado de distrito, ********************promovió juicio de amparo contra las autoridades responsables Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y los actuarios de la primera, segunda y tercera secretarías de ese Juzgado. SEGUNDO. Por auto de dos de julio siguiente, este juzgado ordenó se registrara la demanda con el expediente 1048/2018-I, y previno a la quejosa para que la subsanara; razón por la cual, una vez que dio cumplimiento al auto de prevención, mediante proveído de ocho de agosto de este año, se admitió a trámite, por lo que se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Adrián Guerra Yañez y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA: Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerán jurisdicción en el territorio que comprende esta entidad federativa donde radica la autoridad responsable que emitió el acto reclamado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuál es el acto que se reclama. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo y de su aclaración, se desprende que la impetrante reclama el auto de seis de junio de dos mil dieciocho dictado en el juicio especial de desahucio ********************, por la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y su cumplimiento. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en el auto de seis de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio especial de desahucio ******************** y su ejecución; tal como lo aceptaron las autoridades responsables Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y los actuarios de la primera, segunda y tercera secretarías de ese Juzgado, en sus informes justificados, además, se acredita su existencia con las copias certificadas que remitió la propia autoridad responsable del citado juicio civil, las cuales, por ser documentos públicos se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las consideraciones que se vierten a continuación, la cual se estudia al resultar del análisis oficioso en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En principio, conviene citar el contenido de los preceptos en que se funda la causal de improcedencia: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De la lectura del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril, en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, de la Décima Época, página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, cuyo rubro es "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.". Luego, en el caso concreto la quejosa reclama el auto de seis de junio de dos mil dieciocho emitido en el juicio especial de desahucio ********************, del índice del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, advirtiéndose de las constancias remitidas como complemento al informe justificado, lo siguiente: a)********************promovió demanda de juicio especial de desahucio, en contra de ********************como arrendataria y ********************en su carácter de fiadora, para la desocupación y entrega del inmueble ubicado en Calle Hule Número 26, Jardines de Delicias, en Cuernavaca, Morelos y de los bienes muebles inventariados en el contrato de arrendamiento, así como el pago de la cantidad de ******************** por concepto de trece meses de rentas vencidas a esa fecha y, el pago de gastos y costas. b) En proveído de seis de junio de este año, la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, admitió a trámite la demanda en la vía especial de desahucio, a la que correspondió el expediente ********************, en dicho auto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 644-J del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, requirió a las demandadas para que en el momento de la diligencia justificaran con los recibos de renta correspondientes o con los escritos de consignación debidamente sellados que se encontraban al corriente en el pago de las rentas pactadas, y de no hacerlo se les previniera para que dentro del término de treinta días naturales -por tratarse de casa-habitación- procedieran a desocupar el inmueble motivo del arrendamiento, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se procedería a su lanzamiento a su costa, hecho lo anterior, se corriera traslado y emplazara a las demandadas para que dentro del plazo de cinco días contestaran la demanda entablada en su contra, opusieran las excepciones que tuviere y ofrecieran las pruebas para acreditar dichas excepciones. En cuanto al embargo solicitado, acordó que una vez que señalara de manera clara y precisa el monto de lo adeudado como rentas, se acordaría lo que a derecho correspondiera. El referido acuerdo constituye el acto reclamado por la quejosa ya que arguye, que el juez responsable pretende privarla de sus bienes y ordenar que desocupe el bien inmueble que habita, y que aclaró, se encuentra en calle Hule número 26, colonia Jardines de Delicias de esta ciudad, -que es el mismo que es materia del juicio especial de desahucio ********************, del índice de la autoridad responsable- sin que se haya seguido un juicio en su contra y sin que el auto se encuentre debidamente fundado y motivado. En ese orden de ideas, tenemos que el acto reclamado, no produce una afectación material a derechos sustantivos de la quejosa, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho como al respecto lo exige el artículo 107, fracciób V, de la Ley de Amparo, para poder ser reclamado en esta instancia constitucional, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, aunado a ello, únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas; además, de que en el presente asunto, no se está ante un acto en los que se deje sin defensa a la quejosa, ni de los que le causen un perjuicio irreparable, en virtud de que el auto reclamado emana de un procedimiento seguido en forma de juicio y, se desarrolla ante una autoridad jurisdiccional en materia civil. Por tanto, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado en cuanto a sus derechos sustantivos como podrían ser: El embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera; de manera que resulta improcedente el que se promueva en contra de los actos que únicamente producen una afectación de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllos sin vulnerar los derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la sentencia, sino en que, con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. Luego, conforme a la naturaleza del juicio especial de desahucio, sí es factible que desde su admisión se ordenen actos de imposible reparación como puede ser el lanzamiento del inmueble arrendado y el embargo de bienes, empero, de las constancias del juicio natural que remitió el juez responsable, no se observa que el acto aquí reclamado vulnere derechos sustantivos de la quejosa, pues no se ordenó ni el lanzamiento ni el embargo, como lo afirmó en la demanda de amparo y su escrito de aclaración. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2o.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Mayo de dos mil catorce, con número de registro, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Visto lo anterior, es indudable que el acto reclamado no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, pues el hecho de que la autoridad responsable le haya requerido para que en el momento de la diligencia justificara con los recibos de renta correspondientes o con los escritos de consignación debidamente sellados que se encuentra al corriente en el pago de las rentas pactadas, y de no hacerlo la haya prevenido para que dentro del término de treinta días naturales, procediera a desocupar el inmueble motivo del arrendamiento; no le causa un daño de imposible reparación, pues si bien la consecuencia en caso de no cumplir con lo requerido (justificar los pagos) y de desocupar el bien raíz dentro de treinta días siguiente (en caso de no acreditar los pagos), conllevaría al lanzamiento del inmueble motivo del arrendamiento; sin embargo, en el momento procesal en que se emitió el acto y atento a su propia configuración jurídica, no se afectan derechos sustantivos de la quejosa, pues la afectación en la posesión derivada del inmueble por el arrendamiento se ejecutaría en la persona de la arrendataria y no en la quejosa, a más que la ejecución de lo ahí previsto, en su caso, se encuentra condicionado a la voluntad de las partes requeridas, por lo que en ese sentido, no existiría plena certeza de que la responsable actuara en la forma indicada, generando que dichos efectos resulten futuros, no reales ni actuales; lo que se apoya con la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), Plenos de Circuito, de la Décima Época con registro 2010813, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, materia común, página 2321, del rubro: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En efecto, el acuerdo reclamado es susceptible de causar consecuencias legales a la quejosa, pero de índole estrictamente procesal sin afectación directa, inmediata ni material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, habida cuenta que la determinación adoptada por la responsable no coarta derecho alguno de la impetrante que se catalogue de imposible reparación, pues del contrato de arrendamiento motivo del juicio que obra en autos, se aprecia que ********************es fiadora de la arrendataria ********************esto es, la quejosa es deudora solidaria para el cumplimiento de las obligaciones con motivo del contrato de arrendamiento, pero no es quien tiene el derecho personal sobre el uso y goce del inmueble, mientras que en el acto reclamado no se ordenó embargo alguno sobre bienes de las demandadas. Por ello, la orden de lanzamiento, en todo caso, a quien deberá ejecutarse, será en contra la arrendataria y no contra la fiadora y, en la hipótesis de que la quejosa también habite el inmueble, -lo que no quedó demostrado en autos con medio de prueba alguna-, de cualquier modo, está supeditado a que las partes requeridas cumplan con lo requerido, por lo que ese acto resultaría ser futuro, no real y de realización incierta. Por tanto, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia advertida, en razón de que el acto que por esta vía se reclama no es considerado como de imposible reparación, sino en su caso como violación intraprocesal, puesto que el requerimiento que se le hizo como codemandada en términos del artículo 644-J del Código Procesal Civil del Estado, para que en el momento de la diligencia de notificación justificara con los recibos de renta correspondientes o con los escritos de consignación debidamente sellados que se encuentra al corriente en el pago de las rentas pactadas, y la prevención que de no hacerlo, dentro del término de treinta días naturales procediera a desocupar el inmueble motivo del arrendamiento, no transgreden derecho sustantivo alguno. Sino solamente en caso de no cumplir con ello, entonces se encuentra el apercibimiento del lanzamiento del inmueble arrendado, pero en todo caso, como ya se dijo, ese lanzamiento tendría una afectación al derecho sustantivo de la posesión del inmueble de la arrendataria, y no de su fiadora, al ser el contrato de arrendamiento un derecho personal que recae en la persona que arrienda y, por ende, quien tiene la posesión derivada del bien raíz, que en este caso es ********************pero no sobre la fiadora, que es la quejosa puesto que ella solamente es obligada solidaria, por lo anterior, es que se considera que a pesar de que es codemandada en el juicio natural, el acto reclamado no es de imposible reparación para la parte quejosa. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente que se sobresea en el juicio en que se actúa de conformidad con la fracción V del artículo 61, del citado ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a los actuarios de la primera, segunda y tercera secretarías adscritos al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en virtud de que el impetrante lo hizo derivar de la inconstitucionalidad del acto reclamado a la autoridad ordenadora, y no reclamó por vicios propios su ejecución. Tiene aplicación la jurisprudencia 516, registro 394472, Séptima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 339 materia común, del rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO 1048/2018-I, promovido por ********************contra el acto reclamado que se precisó en el considerando segundo y contra las autoridades Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y . NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy doce de noviembre de dos mil dieciocho, en que las labores de este Juzgado Federal lo permitieron, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1048/2018-I, promovido por y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno se remitió ese mismo día a este juzgado de distrito, ********************promovió juicio de amparo contra las autoridades responsables Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y los actuarios de la primera, segunda y tercera secretarías de ese Juzgado. SEGUNDO. Por auto de dos de julio siguiente, este juzgado ordenó se registrara la demanda con el expediente 1048/2018-I, y previno a la quejosa para que la subsanara; razón por la cual, una vez que dio cumplimiento al auto de prevención, mediante proveído de ocho de agosto de este año, se admitió a trámite, por lo que se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Adrián Guerra Yañez y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA: Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerán jurisdicción en el territorio que comprende esta entidad federativa donde radica la autoridad responsable que emitió el acto reclamado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuál es el acto que se reclama. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo y de su aclaración, se desprende que la impetrante reclama el auto de seis de junio de dos mil dieciocho dictado en el juicio especial de desahucio ********************, por la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y su cumplimiento. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en el auto de seis de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio especial de desahucio ******************** y su ejecución; tal como lo aceptaron las autoridades responsables Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y los actuarios de la primera, segunda y tercera secretarías de ese Juzgado, en sus informes justificados, además, se acredita su existencia con las copias certificadas que remitió la propia autoridad responsable del citado juicio civil, las cuales, por ser documentos públicos se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las consideraciones que se vierten a continuación, la cual se estudia al resultar del análisis oficioso en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En principio, conviene citar el contenido de los preceptos en que se funda la causal de improcedencia: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De la lectura del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril, en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, de la Décima Época, página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, cuyo rubro es "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.". Luego, en el caso concreto la quejosa reclama el auto de seis de junio de dos mil dieciocho emitido en el juicio especial de desahucio ********************, del índice del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, advirtiéndose de las constancias remitidas como complemento al informe justificado, lo siguiente: a)********************promovió demanda de juicio especial de desahucio, en contra de ********************como arrendataria y ********************en su carácter de fiadora, para la desocupación y entrega del inmueble ubicado en Calle Hule Número 26, Jardines de Delicias, en Cuernavaca, Morelos y de los bienes muebles inventariados en el contrato de arrendamiento, así como el pago de la cantidad de ******************** por concepto de trece meses de rentas vencidas a esa fecha y, el pago de gastos y costas. b) En proveído de seis de junio de este año, la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, admitió a trámite la demanda en la vía especial de desahucio, a la que correspondió el expediente ********************, en dicho auto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 644-J del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, requirió a las demandadas para que en el momento de la diligencia justificaran con los recibos de renta correspondientes o con los escritos de consignación debidamente sellados que se encontraban al corriente en el pago de las rentas pactadas, y de no hacerlo se les previniera para que dentro del término de treinta días naturales -por tratarse de casa-habitación- procedieran a desocupar el inmueble motivo del arrendamiento, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se procedería a su lanzamiento a su costa, hecho lo anterior, se corriera traslado y emplazara a las demandadas para que dentro del plazo de cinco días contestaran la demanda entablada en su contra, opusieran las excepciones que tuviere y ofrecieran las pruebas para acreditar dichas excepciones. En cuanto al embargo solicitado, acordó que una vez que señalara de manera clara y precisa el monto de lo adeudado como rentas, se acordaría lo que a derecho correspondiera. El referido acuerdo constituye el acto reclamado por la quejosa ya que arguye, que el juez responsable pretende privarla de sus bienes y ordenar que desocupe el bien inmueble que habita, y que aclaró, se encuentra en calle Hule número 26, colonia Jardines de Delicias de esta ciudad, -que es el mismo que es materia del juicio especial de desahucio ********************, del índice de la autoridad responsable- sin que se haya seguido un juicio en su contra y sin que el auto se encuentre debidamente fundado y motivado. En ese orden de ideas, tenemos que el acto reclamado, no produce una afectación material a derechos sustantivos de la quejosa, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho como al respecto lo exige el artículo 107, fracciób V, de la Ley de Amparo, para poder ser reclamado en esta instancia constitucional, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, aunado a ello, únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas; además, de que en el presente asunto, no se está ante un acto en los que se deje sin defensa a la quejosa, ni de los que le causen un perjuicio irreparable, en virtud de que el auto reclamado emana de un procedimiento seguido en forma de juicio y, se desarrolla ante una autoridad jurisdiccional en materia civil. Por tanto, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado en cuanto a sus derechos sustantivos como podrían ser: El embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera; de manera que resulta improcedente el que se promueva en contra de los actos que únicamente producen una afectación de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllos sin vulnerar los derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la sentencia, sino en que, con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. Luego, conforme a la naturaleza del juicio especial de desahucio, sí es factible que desde su admisión se ordenen actos de imposible reparación como puede ser el lanzamiento del inmueble arrendado y el embargo de bienes, empero, de las constancias del juicio natural que remitió el juez responsable, no se observa que el acto aquí reclamado vulnere derechos sustantivos de la quejosa, pues no se ordenó ni el lanzamiento ni el embargo, como lo afirmó en la demanda de amparo y su escrito de aclaración. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2o.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Mayo de dos mil catorce, con número de registro, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Visto lo anterior, es indudable que el acto reclamado no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, pues el hecho de que la autoridad responsable le haya requerido para que en el momento de la diligencia justificara con los recibos de renta correspondientes o con los escritos de consignación debidamente sellados que se encuentra al corriente en el pago de las rentas pactadas, y de no hacerlo la haya prevenido para que dentro del término de treinta días naturales, procediera a desocupar el inmueble motivo del arrendamiento; no le causa un daño de imposible reparación, pues si bien la consecuencia en caso de no cumplir con lo requerido (justificar los pagos) y de desocupar el bien raíz dentro de treinta días siguiente (en caso de no acreditar los pagos), conllevaría al lanzamiento del inmueble motivo del arrendamiento; sin embargo, en el momento procesal en que se emitió el acto y atento a su propia configuración jurídica, no se afectan derechos sustantivos de la quejosa, pues la afectación en la posesión derivada del inmueble por el arrendamiento se ejecutaría en la persona de la arrendataria y no en la quejosa, a más que la ejecución de lo ahí previsto, en su caso, se encuentra condicionado a la voluntad de las partes requeridas, por lo que en ese sentido, no existiría plena certeza de que la responsable actuara en la forma indicada, generando que dichos efectos resulten futuros, no reales ni actuales; lo que se apoya con la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), Plenos de Circuito, de la Décima Época con registro 2010813, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, materia común, página 2321, del rubro: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En efecto, el acuerdo reclamado es susceptible de causar consecuencias legales a la quejosa, pero de índole estrictamente procesal sin afectación directa, inmediata ni material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, habida cuenta que la determinación adoptada por la responsable no coarta derecho alguno de la impetrante que se catalogue de imposible reparación, pues del contrato de arrendamiento motivo del juicio que obra en autos, se aprecia que ********************es fiadora de la arrendataria ********************esto es, la quejosa es deudora solidaria para el cumplimiento de las obligaciones con motivo del contrato de arrendamiento, pero no es quien tiene el derecho personal sobre el uso y goce del inmueble, mientras que en el acto reclamado no se ordenó embargo alguno sobre bienes de las demandadas. Por ello, la orden de lanzamiento, en todo caso, a quien deberá ejecutarse, será en contra la arrendataria y no contra la fiadora y, en la hipótesis de que la quejosa también habite el inmueble, -lo que no quedó demostrado en autos con medio de prueba alguna-, de cualquier modo, está supeditado a que las partes requeridas cumplan con lo requerido, por lo que ese acto resultaría ser futuro, no real y de realización incierta. Por tanto, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia advertida, en razón de que el acto que por esta vía se reclama no es considerado como de imposible reparación, sino en su caso como violación intraprocesal, puesto que el requerimiento que se le hizo como codemandada en términos del artículo 644-J del Código Procesal Civil del Estado, para que en el momento de la diligencia de notificación justificara con los recibos de renta correspondientes o con los escritos de consignación debidamente sellados que se encuentra al corriente en el pago de las rentas pactadas, y la prevención que de no hacerlo, dentro del término de treinta días naturales procediera a desocupar el inmueble motivo del arrendamiento, no transgreden derecho sustantivo alguno. Sino solamente en caso de no cumplir con ello, entonces se encuentra el apercibimiento del lanzamiento del inmueble arrendado, pero en todo caso, como ya se dijo, ese lanzamiento tendría una afectación al derecho sustantivo de la posesión del inmueble de la arrendataria, y no de su fiadora, al ser el contrato de arrendamiento un derecho personal que recae en la persona que arrienda y, por ende, quien tiene la posesión derivada del bien raíz, que en este caso es ********************pero no sobre la fiadora, que es la quejosa puesto que ella solamente es obligada solidaria, por lo anterior, es que se considera que a pesar de que es codemandada en el juicio natural, el acto reclamado no es de imposible reparación para la parte quejosa. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente que se sobresea en el juicio en que se actúa de conformidad con la fracción V del artículo 61, del citado ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a los actuarios de la primera, segunda y tercera secretarías adscritos al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en virtud de que el impetrante lo hizo derivar de la inconstitucionalidad del acto reclamado a la autoridad ordenadora, y no reclamó por vicios propios su ejecución. Tiene aplicación la jurisprudencia 516, registro 394472, Séptima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 339 materia común, del rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO 1048/2018-I, promovido por ********************contra el acto reclamado que se precisó en el considerando segundo y contra las autoridades Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y . NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy doce de noviembre de dos mil dieciocho, en que las labores de este Juzgado Federal lo permitieron, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.

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