Martha Flores Ibarra

Expediente 905/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
905/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Martha Flores Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, doce de marzo de dos mil veintiuno Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Sergei

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de diciembre de dos mil veinte. 1. Recepción. Agréguense a los autos los escritos presentados por la parte quejosa, a través de los cuales remiten copia de la calificación registral negativa de ocho de octubre de dos mil veinte dictada con motivo de la solicitud de trámite 26200002418 como les fue requerido en auto de siete de diciembre pasado. 2. Desechamiento de la demanda. De la demanda de amparo promovida por Martha Flores Ibarra o Martha Flores y otros se advierte que reclaman del delegado, coordinador o representante de la Delegación en Sonora del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad y otras autoridades, lo siguiente: La calificación registral negativa de ocho de octubre de dos mil veinte dictada con motivo de la solicitud de trámite 26200002418. No se soslaya el hecho de que los promoventes hayan manifestado como acto reclamado la calificación registral positiva dictada con motivo de la solicitud de trámite 26200002418 promovida por Miguel Estrella Romero, toda vez que lo reclaman en vía de consecuencia del acto precisado. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juzgador debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, cuyo examen se hace de manera oficiosa en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Pues bien, en el caso concreto, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece, a la letra: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;. Dicha porción normativa consagra el principio de definitividad del juicio de amparo, conforme al cual ese medio extraordinario de defensa solo será procedente, cuando previamente a su promoción se hayan agotado los recursos o medios de defensa establecidos en las leyes que rigen los actos reclamados, en virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados. Conforme a ese numeral, el referido principio admite las siguientes excepciones: a) Cuando dichas leyes exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora bien, conforme al acto reclamado, precisado en párrafos precedentes este juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado en cuestión, toda vez que la parte quejosa, previo a acudir al juicio de amparo, debió agotar el juicio de nulidad agrario regulado en los artículos 163 de la Ley Agraria, en relación con el diverso 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en aras de colmar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; sin que en la especie se advierta la actualización de un supuesto de excepción para tal efecto. Se afirma lo anterior, porque la calificación registral negativa, es un acto que encuadra en los supuestos del juicio de nulidad previsto por el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Además, tal como se indicó en párrafos previos, no se actualiza algún supuesto de excepción para observar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo. En efecto, no se está en presencia del supuesto de excepción atinente a que la ley que rige el recurso o medio ordinario de defensa por el cual puede ser combatido el acto reclamado, exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; ello, a fin de considerar que en el caso particular no resultaba necesario agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario, previo a acudir al juicio de amparo. En principio, cabe destacar que este juzgador no desconoce la existencia de la tesis jurisprudencial 2a./J. 61/2001, invocada por el solicitante de amparo, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDALES O COMUNALES. NO ESTÁN OBLIGADOS A AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EN VIRTUD DE QUE LA LEY AGRARIA ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN; sin embargo, la misma dejó de tener aplicación a partir del tres de abril de dos mil trece, cuando entró en vigor la nueva Ley de Amparo. En efecto, la aludida jurisprudencia se sustenta fundamentalmente en que los núcleos de población ejidal y comunal no están obligados a agotar el juicio de nulidad ante los Tribunales Agrarios, debido a que el artículo 166 de la Ley Agraria, al remitir para efectos de la medida cautelar al libro primero, título segundo, capítulo III, de la ahora abrogada Ley de Amparo, impone mayores requisitos que los que esta última prevé para la suspensión en el juicio de garantías, debido a que a dichos núcleos les resulta aplicable el libro segundo de esa legislación, que contempla en sus numerales 233 y 234 que no se requiere garantía en ningún caso y que en otros la suspensión procede de oficio y se decreta de plano. Para mayor ilustración, se transcribe enseguida la parte conducente de la ejecutoria de la que derivó ese criterio jurisprudencial: .Lo anterior obedece a que, por una parte, la Ley Agraria en el dispositivo en análisis no distingue a los sujetos que pueden solicitar la suspensión de un acto de autoridad, pues únicamente refiere a los interesados, en los que deben entenderse comprendidos ejidatarios o comuneros en lo individual o núcleos de población; por otra parte, porque la intención del legislador al establecer que la suspensión del acto en materia agraria se regule conforme al libro primero, título segundo, capítulo III, de la Ley de Amparo, fue que se observaran en lo conducente las disposiciones aplicables previstas únicamente en esa parte de la ley, pues de lo contrario no habría distinguido el apartado conforme al cual debe proveerse sobre esa medida suspensional y solamente habría dicho que se regulara conforme a las disposiciones relativas a la Ley de Amparo y, finalmente, porque en el artículo 166 de la Ley Agraria, el legislador previó que se otorgara garantía en los supuestos anotados con independencia del sujeto o sujetos solicitantes y sólo quiso incluir específicamente una regla para proveer sobre dicha medida cautelar, consistente en que se considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados, pero de ninguna manera excluyó del otorgamiento de tal garantía los casos en que los solicitantes o los interesados, fueran núcleos de población. Además de lo expuesto, debe tomarse en consideración que conforme al artículo 233 de la Ley de Amparo procede la suspensión de oficio y se decreta de plano cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios de un núcleo de población o su sustracción del régimen jurídico ejidal, y este aspecto no es regulado en la Ley Agraria puesto que no contempla la posibilidad de que puedan suspenderse oficiosamente tales actos y, en consecuencia, tampoco se prevé que dicha medida pueda decretarse de plano, de manera que la Ley de Amparo contiene un privilegio mayor a favor de los núcleos de población que los tribunales agrarios no pueden dispensar por no estar autorizados para ello conforme al invocado código agrario. En conclusión, conforme al artículo 166 de la Ley Agraria, cuando el interesado en solicitar la suspensión de un acto de autoridad en materia agraria es un núcleo de población ejidal o comunal, debe otorgar garantía para la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con dicha medida suspensional, si la sentencia no le fuere favorable, lo cual, no obstante que el precepto legal invocado establece que para ello deben considerarse las condiciones socioeconómicas del interesado, excede los requisitos que para tal efecto establece la Ley de Amparo, en cuyos artículos 233 y 234 dispone que la suspensión concedida a los núcleos de población, procede de oficio, se decreta de plano y no requiere de garantía para que surta sus efectos y, por tanto, cuando es un núcleo de población quien acude al juicio constitucional opera la excepción al principio de definitividad a que ha hecho referencia y que se contiene en los artículos 107, fracción IV, constitucional y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, lo que le permite acudir al juicio de garantías sin necesidad de agotar previamente el juicio de nulidad del acto que le afecta." El texto acabado de citar corrobora lo ya adelantado, en cuanto a que el criterio del Alto Tribunal toma como base que el artículo 166, previo a su reforma, de la Ley Agraria remitía expresamente al libro primero, título segundo, capítulo III, de la abrogada Ley de Amparo y que si bien prevé que para la fijación de la garantía se tomaran en cuenta las condiciones socioeconómicas de los interesados, no excluyó de su otorgamiento a los núcleos de población; a diferencia de lo que sucede con los numerales 233 y 234 de la misma Ley de Amparo, que disponen que la suspensión solicitada por dichos núcleos procede sin garantía y en forma oficiosa, pero que no son aplicables al juicio agrario de nulidad, porque no están previstos dentro del referido libro, título y capítulo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el tres de abril de dos mil trece entró en vigor la nueva Ley de Amparo, misma que, a diferencia de la legislación abrogada, ya no hace esa separación, es decir, no contiene un libro o apartado específico para el amparo en materia agraria, sino que las reglas especiales para esa clase de asuntos las prevé en forma conjunta con las reglas generales, como sucede tratándose de la suspensión del acto reclamado, pues sus numerales 126 y 132 indican: Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Ahora bien, debe decirse que la ejecutoria transcrita en supra líneas, analizó el contenido anterior del artículo 166 de la Ley Agraria, previo a su reforma. De tal modo que por el hecho de haberse modificado estructuralmente la Ley de Amparo y existir una correlación entre el artículo 166 vigente, de la Ley Agraria y la Nueva Ley de Amparo, con respecto a la institución de la suspensión, se colige la exigencia de agotar previamente la instancia agraria al juicio constitucional, la que se ve respaldada por el hecho de que el artículo 166 de la Ley Agraria prevé la suspensión de los actos, al ordenar: Artículo 166. Los Tribunales Agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelva en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los Tribunales Agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso. En consecuencia, ha desaparecido la razón fundamental que sustenta la tesis jurisprudencial 2a. 61/2001, en tanto que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la legislación abrogada, ya no contempla la suspensión del acto reclamado en materia agraria en un apartado distinto al aplicable para las demás materias, sino que la regula en una misma sección, dentro de la cual prevé en forma expresa que la suspensión se otorgará de oficio y de plano, cuando se trate de actos que puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, así como que éstos no requieren otorgar garantía para que surta efectos esa suspensión. Lo que se corrobora precisamente con la reforma que sufrió el primer párrafo del artículo 166 de la Ley Agraria, en el que el legislador, a fin de armonizar su texto con la actual Ley de Amparo, decidió esclarecer que la suspensión que se decrete en los juicios agrarios se regula aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo. Esto es, al haberse unificado en un solo apartado la regulación de la suspensión, tales beneficios otorgados a los ejidos y comunidades ya no quedan excluidos de la aplicación supletoria establecida en el citado numeral 166 de la Ley Agraria, como sucedía con la anterior Ley de Amparo. En ese contexto, debe estimarse que la Ley Agraria, a partir del tres de abril de dos mil trece, ya no exige mayores requisitos para que proceda el otorgamiento de la medida cautelar, que los previstos en la Ley de Amparo tratándose de ejidos o comunidades; habida cuenta de que la remisión que en aquélla se hace a esta última, ahora comprende también las hipótesis privilegiadas establecidas a favor de tales núcleos de población. De ahí que la referida tesis 2a./J. 61/2001 no resulta aplicable a aquellos juicios que iniciaron con posterioridad al tres de abril de dos mil trece, toda vez que se opone al texto de la nueva Ley de Amparo que entró en vigor en esa fecha; conforme a lo establecido por su artículo sexto transitorio, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley. De lo que se sigue que, tal como se apuntó en párrafos que anteceden, en el caso particular no se surte el supuesto de excepción atinente a que la ley que rige el recurso o medio ordinario de defensa por el cual puede ser combatido el acto reclamado, exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, para considerar que la parte quejosa no se encontraba obligada a agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario competente, previo a acudir al juicio de amparo. De igual manera, no se actualizan los demás supuestos de excepción al principio de definitividad, pues la calificación registral negativa 26200002418, no carece de fundamentación, sino que en la misma la autoridad responsable citó una serie de fundamentos legales para su emisión. Asimismo, de la lectura de la demanda de amparo, tampoco se advierte que se hayan alegado únicamente violaciones directas a la Constitución, a fin de considerar que se está en presencia de ese supuesto de excepción al principio de definitividad. Respecto a la excepción de que se trata, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 502/2012, en sesión de diez de abril de dos mil trece, precisó que no hay razón para eximir al quejoso de agotar el medio de defensa ordinario, cuando en la demanda de amparo se aducen, además de "violaciones a garantías de legalidad", violación a la garantía de audiencia, porque mediante el recurso o juicio ordinario el afectado puede ser oído con la amplitud que esa garantía persigue; en cambio, que cuando únicamente se alega violación a la garantía de audiencia, no es obligatorio para el afectado hacer valer recurso alguno. Además, en el criterio en cuestión se precisó que la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos ordinarios, porque se permitiría a los quejosos determinar la procedencia del juicio de amparo, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna. En suma, la Segunda Sala observó que el Poder Constituyente distinguió entre violaciones directas a la Constitución, cuando se impugnan leyes o normas generales por violación a los derechos humanos o a los principios de competencia federal y locales en perjuicio del quejoso; respecto de violaciones indirectas a la Constitución, cuando se limita a verificar la correcta aplicación de la norma al caso concreto. De la aludida contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, página 988, que prescribe: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como acto reclamado la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo. En función de las anteriores premisas, se tiene que en el caso que nos ocupa no se actualiza la excepción al principio de definitividad, pues de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclamó la inconstitucionalidad de la calificación registral negativa de ocho de octubre de dos mil veinte dictada con motivo de la solicitud de trámite 26200002418. Lo que evidencia que lo reclamado implica violaciones indirectas a la Constitución, cuya decisión requiere verificar la correcta aplicación de la ley al caso concreto por parte de la autoridad responsable; de ahí que no se surte el supuesto de excepción destacado. Finalmente, también es importante destacar que la existencia del juicio agrario para demandar la nulidad del acto reclamado, se encuentra previsto tanto en la Ley Agraria, como en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, no así en un reglamento, lo que pone de manifiesto que tampoco se surte la hipótesis de excepción relativa. Consecuentemente, al advertirse la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones emitidas, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 113 del ordenamiento jurídico citado. Notifíquese electrónicamente a los promoventes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de diciembre de dos mil veinte. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado de juicios de amparo. 2. Vista la demanda. Martha Flores Ibarra o Martha Flores y otros promueven demanda de amparo indirecto contra actos del delegado, coordinador o representante de la Delegación en Sonora del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. 3. Prevención de la demanda. A efecto de analizar la procedencia del juicio de derechos humanos y acordar lo conducente, con fundamento en el artículo 114, fracciones I de la Ley de Amparo, se le previene, para que realice lo siguiente: exhiba copia de la resolución dictada el ocho de octubre pasado por la responsable en cuanto a la solicitud de trámite 26200002418; o en su defecto, transcriban dicha determinación. Asimismo, hágase del conocimiento de los promoventes de las penas en que se puede incurrir cuando se afirmen hechos falsos o se omitan aquellos que les consten en relación con los actos reclamados, conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, el cual a la letra dice: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presentan testigos o documentos falsos. De igual forma, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se les requiere para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiban ocho copias de su escrito aclaratorio. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 170, XXII, Octubre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS." Apercíbase a la parte promovente que de incumplir con lo anterior en el plazo que se le indica, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. 4. Notificaciones Electrónicas y acceso al expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el uso de medios electrónicos a la parte quejosa, con nombre de usuario Manuel.loya2, para imponerse de los autos, para ser notificado electrónicamente, y presentar promociones y recursos, por así haberlo solicitado. 5. Autorizados. En cuanto a la persona que menciona en su demanda, se autoriza en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autoriza sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. Asimismo, se autoriza a la persona señalada en último término para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado expresamente. 6. Representante común. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se señala como representante común de los quejosos a David Morales Astorga, sin perjuicio de que pueda ser sustituido por otro a petición de éstos. 7. Habilitación para notificaciones. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho del asunto, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 11. Correo electrónico y número telefónico. Con fundamento en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico loyavalverde@hotmail.com y número telefónico 6621800224, para establecer el contacto respectivo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano