Martha Elva González Pérez
Expediente 673/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Martha Elva González Pérez
Actuaciones
- Principal
Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de octubre de dos mil veinte. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de demanda y anexo presentados por Martha Elva González Pérez. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. 2. Desechamiento de la demanda. Del análisis de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad que señala como responsable directora de la Escuela Secundaria General número 2 "Cajeme", con sede en esta ciudad de dar respuesta al escrito que presentó ante ella mediante correo electrónico oficial el veinticuatro de agosto de dos mil veinte. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De dichos preceptos se advierte que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada, es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendidos como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En el caso, la quejosa aduce que el acto reclamado viola la garantía de petición prevista en el artículo 8o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el veinticuatro de agosto del año en curso, presentó su solicitud bajo las formalidades establecidas -por escrito y pacíficamente-, sin que a la fecha de la presentación de la demanda la autoridad haya emitido respuesta. En efecto, el artículo 8º constitucional establece: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El numeral transcrito consagra el derecho de petición, cuyo titular es el gobernado en general, y significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud por escrito, ya sea de carácter administrativo, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación emitir una respuesta de forma escrita, la cual debe ser dada a conocer en breve término. Así, el derecho de pedir se constituye como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que el gobernado les presente. Asimismo, el derecho establecido en el precepto constitucional tiende a asegurar un proveído sobre lo que se pide; es decir, impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Resulta aplicable la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." En el criterio transcrito se observa, en lo que interesa, que el "breve término" para emitir respuesta, deberá calcularse teniendo en cuenta el estudio y la complejidad de la petición formulada, así como el lapso empleado para acordarla. Por su parte, en los artículos 17 y 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, se establece lo siguiente: "Artículo 17. Las autoridades administrativas implementarán medidas para facilitar a los particulares el cumplimiento de los trámites que se ventilen ante las mismas. Para ello procurarán incorporar los adelantos computacionales, de comunicación e informática para el eficaz desahogo de las gestiones que efectúen los interesados. Lo anterior, sin menoscabo del debido cumplimiento de los requisitos que contemplen los ordenamientos administrativos aplicables. Artículo 18. Salvo que las leyes específicas establezcan otro plazo, no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva, según corresponda, lo solicitado por el interesado. En el caso de procedimientos que se substancien por nulidad o anulabilidad, la autoridad competente deberá resolver en un término de 15 días hábiles, contado a partir de la interposición del escrito respectivo." En los preceptos transcritos se regula la actuación de las autoridades administrativas respecto de los trámites que estén a su cargo y, para lograr su efectivo desarrollo se les faculta para implementar los mecanismos necesarios. Asimismo, en el segundo de los artículos referidos se establece que cuando el trámite no se encuentre regulado en otro ordenamiento, la autoridad deberá contestar las peticiones de los gobernados en un lapso que no sobrepase los cuarenta y cinco días hábiles. En ese sentido, si la petición reclamada se realizó el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, y la demanda de amparo el siete de octubre siguiente, tal como se advierte del sello validez de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, es notorio que no se supera el plazo que la ley administrativa referida le otorga como máximo para dar contestación a la petición formulada. Es decir, la responsable se encuentra dentro del lapso que la ley correspondiente le confiere para contestar lo peticionado. Es aplicable al caso por su contenido la P./J. 6/2019 (10a.), que dice: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación. Bajo las condiciones precisadas, es evidente la actualización de la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procede desechar la demanda de amparo, en términos del artículo 113 del ordenamiento en cita. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de la justiciable para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional 6621082100, extensión 1018. 4. Información de contacto. En este apartado, es preciso señalar que la parte quejosa proporciona como medio de comunicación para cuestiones no procesales el correo electrónico marelv_tita32@yahoo.com.mx, en apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. 5. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su demanda. 6. Autorizados. La parte quejosa no señaló autorizados legales. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agréguese la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 11. Exhortación a las partes. Se exhorta a la parte promovente para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del referido esquema de reactivación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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