Martha Erika Hernández Vázquez

Expediente 589/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 31 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
589/2022
Año
2022
Actuaciones
31
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Martha Erika Hernández Vázquez
  • Alfredo Castillo Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Se autoriza devolución de documentos. Agréguese el escrito signado por el quejoso Alfredo Castillo Hernández, mediante el cual solicita la devolución de diversos documentos que obran en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y en razón de que el mismo ya se encuentra concluido, se dejan a disposición del promovente los documentos que refiere en su escrito de cuenta, tal como se ordenó el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, previa copia copia certificada que se deje en autos. Se autorizan copias certificadas. Por otra parte, en atención a su contenido, como lo solicita el quejoso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídase, a su costa copia certificada de las constancias que solicita, previa razón que de su recibo se otorgue en autos, teniendo como autorizados para tal efecto a las persona que refiere. Finalmente, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de las copias certificadas, así como de los documentos de mérito, el solicitante, o sus autorizados deberán comunicarse al teléfono 241 418 8190, extensión 1308 (dentro de un horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes) con la licenciada Sonia López Márquez, Secretaria del Juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del veintitrés de enero de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese el cuaderno principal dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, toda vez que en el incidente de suspensión por una parte fue negada y por otra se concedió la medida definitiva, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono********************(dentro de un horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del veintitrés de enero de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese el cuaderno principal dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, toda vez que en el incidente de suspensión por una parte fue negada y por otra se concedió la medida definitiva, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono********************(dentro de un horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el veinticinco de julio de dos mil veintidós (fojas 107 a 136), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Alfredo Castillo Hernández y Martha Erika Hernández Vázquez, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales F.O.C.J., C.S.C.J y una recién nacida, para efecto de que la responsable realizara lo siguiente: "a) La Juez Familiar del Distrito Judicial de Juárez, deje sin efectos la orden de entrega de los menores, así como el apercibimiento consistente en la imposición de la medida de apremio, señaladas en la determinación veintiséis de abril de dos mil veintidós, incluidas las actuaciones posteriores emitidas en el expediente 261/2022 de su índice; En relación con Martha Erika Hernández Vázquez, deberá emitir pronunciamiento en relación con su intervención en el proceso, toda vez que en la determinación reclamada se ordenó requerirle también la entrega de los menores F.O.C.J., C.S.C.J y una recién nacida, sin que se desprenda el origen de dicho requerimiento. Asimismo, señale fecha y hora para llevar a lleve a cabo una junta familiar, en la que deberá escuchar a los padres y al Ministerio Público, con base en lo acontecido en dicha diligencia, así como en las constancias de autos, deberá determinar de manera clara y precisa lo relativo a la custodia de los menores; asimismo, fundada y motivada el régimen de convivencias entre los menores y el padre no custodio, así como la determinación y cumplimiento de las obligaciones alimentarias de los citados menores, con el deber de vigilar el debido cumplimiento de su determinación. Emita una nueva determinación en la que dé por concluido el procedimiento de jurisdicción voluntaria - dada la oposición de las partes- y ordene su continuación en ese mismo procedimiento, pero bajo las reglas de los procedimientos contenciosos. Asimismo, en el nuevo pronunciamiento que emita, deberá ordenar recabar de manera oficiosa las pruebas que considere pertinentes -y en su caso, valorar las que ya obran en el sumario-, realizar las gestiones necesarias para su pronto y correcto desahogo, a fin de contar con los medios suficientes para estar en aptitud de pronunciarse de manera fundada y motivada en relación a la guarda y custodia provisional de los menores involucrados. Para lo cual, deberá tener como dispositivo orientador el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las razones expuestas en esta ejecutoria y en los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo en todo momento al interés superior de las menores". Así en proveído de uno de septiembre dos mil veintidós (fojas 161 a 163), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. Posteriormente, se tuvo por recibido el oficio 1972 y el JF/2344 suscrito por el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez, mediante el cual remitió las constancias con las que manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo y con el cual se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera. Ahora, a las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Del análisis de las constancias remitidas, se advierte que la Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez, dentro del expediente 261/2022, realizó lo siguiente: A) Por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós: 1) Dejó sin efectos lo ordenado en el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintidós, respecto a la imposición de la medida de apremio decretada el veintiséis de abril de dos mil veintidós, incluidas las actuaciones posteriores. 2) Emitió pronunciamiento respecto a Martha Erika Hernández Vázquez -aquí quejosa-, en relación con su intervención en el proceso, y sobre el particular estimó que ya no era necesario formularle requerimiento alguno en virtud que se dejó sin efectos la orden de entrega de los menores. 3) Fijó fecha y hora para la celebración de una junta familiar para resolver las cuestiones de custodia, convivencias y alimentos provisionales. 4) Declaró contencioso el procedimiento, por lo cual ordenó que su tramitación se continuara bajo esas reglas. 5) Reservó proveer sobre recabar pruebas de oficio para resolver sobre la custodia, convivencias y alimentos provisionales de los menores. B) El nueve de noviembre de dos mil veintidós, se efectuó la junta familiar, en la cual los padres de los menores manifestaron haber llegado a diversos acuerdos, y atendiendo a ellos, decretó: 1) La custodia provisional a favor del progenitor Alfredo Castillo Hernández 2) las convivencias con la madre serán los jueves, sábado y domingos, en un horario de las catorce a las dieciséis horas. 3) Respecto a la pensión alimenticia, la madre pagará $700.00 (setecientos pesos cero centavos moneda nacional), semanalmente; asimismo, otorgará una despensa en especie de acuerdo a sus posibilidades. De lo anterior, se advierte que la responsable dio cumplimiento al fallo protector, sin que pase inadvertido para quien esto determina, que no se haya ordenado recabar pruebas de oficio a fin de contar con los medios suficientes para estar en aptitud de pronunciarse en relación a la guarda y custodia provisional de los menores involucrado, pues como se indicó los padres convinieron los términos de éstas. En consecuencia, no hubo necesidad de que el Juzgador se allegara de pruebas para resolver las cuestiones de custodia, convivencias y alimentos provisionales, al no existir debate al respecto. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.

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