Martha Angulo Vazquez
Expediente 716/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 716/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Martha Angulo Vazquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de tres de agosto de dos mil dieciocho (fojas 7 a 11), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Fausto Maurilio, Sara Cristina, Petra, Martha, José Alonso y Gabriela, todos de apellido Angulo Vázquez; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena realizar la anotación de que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. De igual manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días para recoger el documento que exhibió en el presente juicio, consistente en el acuse de recibo del escrito de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho (foja 06); apercibida que de no hacerlo así, dicho documento será destruido junto con el expediente. Finalmente, a pesar de que la parte promovente nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto que desechó la demanda, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicho auto y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Fausto Maurilio Angulo Vázquez, Sara Cristina Angulo Vázquez, Petra Angulo Vázquez, Martha Angulo Vázquez, José Alonso Angulo Vázquez y Gabriela Angulo Vázquez, el contenido del proveído de tres de agosto de dos mil dieciocho...Vista la demanda de amparo que promueve Fausto Maurilio Angulo Vázquez, Sara Cristina Angulo Vázquez, Petra Angulo Vázquez, Martha Angulo Vázquez, José Alonso Angulo Vázquez y Gabriela Angulo Vázquez, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; con fundamento en artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos a Sara Cristina Angulo Vázquez. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 716/2018-VII. Se desecha demanda de amparo Ahora bien, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales establecen:...De los numerales transcritos se desprende que el amparo biinstancial procede contra actos dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional sólo cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación y explica que por éstos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Los actos en juicio de imposible reparación son aquellos que lesionan derechos fundamentales consagrados en la Ley Fundamental o los tratados internacional mencionados, ya sean personales, reales o del estado civil, porque sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Así para que dichos actos puedan ser calificados como irreparables, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. ... Del criterio expuesto se obtiene que se estableció un sistema particular para determinar la procedencia del juicio de amparo en contra de actos en los que un gobernado se queja de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional alegando violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho sistema está formado por una regla general consistente en que el juicio de amparo promovido en la vía indirecta, en el que se alega la transgresión al artículo citado es improcedente, precisamente, por tratarse de violaciones intraprocesales que no afectan materialmente derechos sustantivos; la cual está complementada por un supuesto de excepción, atinente a que el juicio promovido en contra de actos con tales características será procedente siempre y cuando se advierta que generan una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Así, para determinar si se está en el caso de excepción, el juez de Distrito no sólo debe llevar a cabo un análisis en cuanto a si los actos reclamados constituyen violaciones intraprocesales respecto de las que se alegue transgresión al artículo 17 constitucional -como la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio- para considerar que el juicio es improcedente, sino que para ello es indispensable, además, que verifique si tales actos configuran una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En otras palabras, el motivo de improcedencia del juicio a que hace referencia el criterio jurisprudencial antes trascrito no obedece únicamente a la naturaleza intrínseca del acto reclamado, es decir, que al no ser una conducta omisiva autónoma al procedimiento, no genera afectación a derechos sustantivos, pues para determinar si la misma es de ejecución irreparable, es indispensable corroborar también que con ella no se produzca una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En el caso concreto, para determinar si la omisión de acordar la promoción que fue presentada el treinta y uno de julio del año en curso en el expediente 325/2009, constituye o no una abierta dilación del procedimiento natural, deben tomarse en cuenta las particularidades que se desprendan del escrito inicial de demanda. De lo narrado por la parte quejosa en su demanda y el escrito que anexa a ésta, se obtiene que el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho presentó ante el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, un escrito mediante el cual solicitaron se señale día y hora para la celebración de la segunda junta de herederos y designación de albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de los señores Daniel Angulo Hernández y/o Daniel Angulo H. y/o Daniel Angulo y Petra Rodríguez Hernández y/o Petra Rodríguez de Angulo y/o Petra Rodriguez H. y a la fecha en que se presentó la demanda de amparo (dos de agosto de dos mil dieciocho), no se había emitido el acuerdo respectivo. Ahora, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, los autos deben dictarse dentro de tres días contados desde que la secretaria de cuenta con la promoción, tal como se advierte en la siguiente transcripción: "Artículo 90.- Los autos deben dictarse dentro de tres días contados desde que la Secretaría dé cuenta con la promoción; las sentencias interlocutorias dentro de ocho días y las definitivas dentro de quince, salvo en los casos en los que la ley fije otros términos." De acuerdo con lo anterior, para establecer si la omisión en el dictado del acuerdo del escrito de los quejosos en el que solicitó la apertura puede considerarse como una abierta dilación o paralización a que se refiere la jurisprudencia en análisis, debe atenderse al plazo establecido en la ley respectiva para la emisión de la acuerdo correspondiente; la naturaleza de la propia resolución; la simpleza o complejidad del asunto; los antecedentes del caso; la carga de trabajo. En el caso concreto, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dos de agosto de dos mil dieciocho) había pasado tan solo dos días hábiles, desde que se elevó la petición para la celebración de la segunda junta de herederos y designación de albacea definitivo, es decir, ni siquiera habían transcurrido los tres días que señala el artículo 90 transcrito para que se considerara una abierta dilación en el procedimiento natural, pues no evidencia un claro u ostensible retraso en el procedimiento. Lo anterior es así, pues para considerar si se está ante el caso de excepción, para la procedencia del juicio de amparo, esto es, si existe o no una abierta dilación en el dictado del multicitado acuerdo de designación de albacea, como antes se precisó, deben tomarse en cuenta circunstancias que eventualmente enfrenta una autoridad jurisdiccional al momento de emitir una resolución, e incluso puede retrasarse debido a la carga de trabajo en el órgano jurisdiccional. Y, en el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, no se desprende circunstancia alguna que evidencie la simpleza o complejidad del asunto, los antecedentes del caso y la carga de trabajo en el órgano jurisdiccional, para poder establecer si se está o no ante una abierta dilación, ya que para determinar el grado de retardo en el dictado de una resolución debe atenderse a ese tipo de circunstancias, al margen de los términos que se señalen para su resolución. Por tanto, en el caso se está ante la referida regla general expuesta, pues aun cuando se alegue violación al artículo 17 de la Constitución, la omisión de emitir el acuerdo correspondiente a la solicitud formulada el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho en el expediente 325/2009 no puede considerarse como de ejecución irreparable sino como una de carácter adjetivo, por no tratarse de una "omisión autónoma del procedimiento", sino que se presenta justamente en éste, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa; ni se actualizan los supuestos de excepción a que se hizo referencia, pues no constituye la paralización total del procedimiento, ni se trata de una abierta dilación; por lo que en este caso el amparo indirecto es notoriamente improcedente. Por todo lo anterior, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo; ya que en la especie no se actualiza la abierta dilación que refiere el quejoso que actualice el supuesto contenido en la jurisprudencia antes citada, y sin que se actualice algún caso de excepción que permitan la procedencia del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Fausto Maurilio Angulo Vázquez, Sara Cristina Angulo Vázquez, Petra Angulo Vázquez, Martha Angulo Vázquez, José Alonso Angulo Vázquez y Gabriela Angulo Vázquez.
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