Martha Eréndira Gómez Nava
Expediente 1042/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1042/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martha Eréndira Gómez Nava
- Secretario de Finanzas y Administración en el Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de enero de dos mil veintitrés. SOLICITA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Visto el escrito de cuenta, signado por la apoderada de la parte quejosa; atento a su contenido y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2°; devuélvansele los documentos que precisa, previa acta de entrega y copia que de los mismos se recabe para que obren como constancia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de enero de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra de la sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por ********************sin que lo hayan hecho. DECLARACIÓN DE CAUSAR EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA ARCHIVO. Finalmente, como del estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VI-1042/2022-VI promovido por Martha Eréndira Gómez Nava contra actos del Secretario de Finanzas y Administración en Michoacán, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad responsable Secretario de Finanzas y Administración en Michoacán, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de haber sido notificado con la debida oportunidad, según constancia que obra a foja 29. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran glosadas las documentales que la parte quejosa allegó con su demanda, pruebas que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que los formuló el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, a través del pedimento 516/2022. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución.V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 1042/2022-VI, promovido por Martha Eréndira Gómez Nava, por su propio derecho contra actos del: Secretario de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial remitido en la misma fecha a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Martha Eréndira Gómez Nava, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y la autoridad responsable que precisó en los siguientes términos: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: L.A.E. LUIS NAVARRO GARCÍA, en cuanto Secretario de Finanzas y administración en Michoacán . IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: La omisión de la autoridad responsable de dar contestación por escrito a mi Petición sobre el pago de marcha convenido por la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán y la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, documento de solicitud y fundamento en el derecho de petición (artículo 8° Constitucional), que presenté el día 25 veinticinco de Marzo de 2022 dos mil veintidós en la oficina de la ahora autoridad responsable, y que hasta la fecha de la presente no he recibido ninguna respuesta por escrito bajo protesta de decir verdad, porque con ello se viola mi Derecho de Petición que consagra el artículo 8° constitucional, y como consecuencia de ello no se me paga la cantidad de $107,453.60 (ciento siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.) a la cual tengo derecho por el fallecimiento de mi extinto esposo JESÚS SERGIO ESTRADA MAGAÑA, violando así también mis derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales, ya que no se ha seguido un juicio o procedimiento judicial para que se me prive del derecho a dicho pago mencionado. De la autoridad señalada como responsable en el presente escrito de demanda; además del acto señalado anteriormente, también se reclama la orden administrativa interna girada en la Dirección de Recursos Financieros, de bloquear la percepción de pago de marcha con comprobante número 03258-0, por la cantidad de $107,453.60 (ciento siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.), a la cual la suscrita MARTHA ERÉNDIRA GÓMEZ NAVA, tengo derecho por haber sido esposa del extinto trabajador de la Secretaría de Educación en el Estado JESÚS SERGIO ESTRADA MAGAÑA. Se le atribuye tal calidad. (.)." SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno aleatorio, el señalado escrito de solicitud de amparo y protección de la Justicia Federal, correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el que en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, previno a la promovente previo a la admisión de la demanda de garantías planteada y en cumplimiento a ella, la quejosa manifestó: "(.) PRIMERO.- Insisto en reclamar la orden administrativa de no pago, toda vez que el día 08 ocho de septiembre de 2022 dos mil veintidós tuve conocimiento de dicha orden administrativa, ya que POR MEDIO DE MI ABOGADA poderdante DANIRA ALCÁNTAR MACIEL, se llamó por teléfono al número 4433229933 teléfono de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, solicitando comunicaran al Departamento de Operación de Fondos y Valores, en ese departamento nos contestó una señorita la cual no quiso dar su nombre, le preguntó mi poderdante sobre la respuesta a mi solicitud por escrito de pago de marcha al que tengo derecho, y por el pago de la cantidad de $107,453.60 (ciento siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.), por haber sido esposa del extinto JESÚS SERGIO ESTRADA MAGAÑA, Maestro de la Secretaría de Educación en el Estado, y mi abogada también preguntó en esta ocasión por otro asunto que tiene con las mismas características de otra Maestra, contestando verbalmente dicha señorita ´que no se iban ni se estaban haciendo pagos de adeudos de otras administraciones pasadas´, sin dar mayor explicación, por lo que se prevé ante dicha respuesta que existe una orden administrativa de no pago. SEGUNDO.- Bajo protesta de decir verdad nunca se me ha emplazado a Juicio relativo al no pago de dicha prestación que reclamo, ni se me ha notificado algún procedimiento administrativo o judicial respecto a la orden administrativa combatida, por lo que se violenta mis derechos consagrados en el artículo 14 Constitucional, ya que nadie puede ser privado de sus derechos o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)." Actos que la promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8° 14, 16 primer párrafo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En proveído pronunciado por este juzgado el cinco de octubre de dos mil veintidós, admitió a trámite la demanda de garantías que se atiende, registrándola con el número de juicio de amparo VI-1042/2022; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, que formuló pedimento; se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, fue celebrada el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, grado y materia para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 9/2022 del propio Pleno. Ello porque se trata de una demanda de amparo promovida contra actos omisivos de una autoridad que tiene su residencia dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: La omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, a través de la cual, solicitó que se le expidiera el cheque valioso por $107,453.60 (ciento siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos con sesenta centavos, moneda nacional) por concepto de marcha, autorizado a su favor por la muerte de su cónyuge Jesús Sergio Estrada Magaña; o bien, se le informaran las razones para negárselo. No pasa inadvertido, que la quejosa también reclamó la negativa de autorizar la entrega de dicha cantidad a su favor. Sin embargo, acorde a la fecha en que se presentó el escrito de solicitud de pago (veinticinco de marzo de dos mil veintidós) y la demanda de amparo (veintidós de septiembre de dos mil veintidós) en contraste con la data en que se dio respuesta a lo anterior (veintiocho de noviembre de dos mil veintidós) se colige que lo reclamado fue en concreto, la omisión de dar respuesta a tal solicitud, porque ni siquiera había pronunciamiento de la responsable al efecto. De ahí que sólo se tiene como reclamado el acto inicialmente indicado. TERCERO. Existencia del acto. La Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por conducto del Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica, encargado de la defensa jurídica de esa responsable al rendir su informe justificado, implícitamente aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Es así, pues manifestó que durante la secuela procesal del juicio de amparo se dio respuesta petición formulada por la quejosa y, que el correspondiente cheque fue liberado y se dejó a su disposición de la quejosa en el área de Caja de esa Dirección de Operación de Fondos y Valores, para que ésta acudiera a recogerlo portando el original de su contra-recibo e identificación oficial, en un horario de atención de 09:00 a 14:00 horas en días hábiles, al domicilio de la responsable ubicado en Avenida Ventura Puente número 112, Colonia Chapultepec Norte, de esta ciudad capital. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Por lo tanto, se tiene probada la existencia del acto que en esta vía constitucional es reclamado a la autoridad señalada. CUARTO. Existencia de causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese orden de ideas, tal y como aduce la autoridad responsable, en el particular se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. Del artículo citado se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, de manera que se destruyan todas sus consecuencias en forma total e incondicional de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Improcedencia que se justifica debido a que el examen constitucional se volvería ocioso frente a la paralización o destrucción del acto de autoridad, por lo que en tal aspecto la justicia federal se torna innecesaria. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal..". (Lo subrayado es propio). Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa Jurisprudencia 9/98 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En el caso concreto, se recuerda que el acto reclamado a la autoridad citada se hace consistir, en la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, a través de la cual, solicitó que se le expidiera el cheque valioso por $107,453.60 (ciento siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos con sesenta centavos, moneda nacional) por concepto de marcha, autorizado a su favor por la muerte de su cónyuge Jesús Sergio Estrada Magaña; o bien, se le informaran las razones para negárselo. Ahora, debe destacarse que posterior a la presentación de la demanda, la responsable allegó el oficio número SFA/SE/DOFV/0599/2022, de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, suscrito por la Dirección de Operación de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, a través del cual, emitió respuesta a la petición realizada por la quejosa el veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Mediante tal misiva, la autoridad sostuvo que autorizó la emisión del cheque solicitado, el cual se dejaba a su disposición en el área de Caja de esa Dirección de Operación de Fondos y Valores, para su entrega. Tal afirmación se corrobora con el oficio SFA/SE/DOFV/0600/2022, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós signado por el Director de Operación de Fondos y Valores, al que acompañó la copia fotostática certificada del cheque folio número 0005127, expedido el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en favor de MARTHA ERÉNDIRA GÓMEZ NAVA, por la suma de $107,453.60 (ciento siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos con sesenta centavos, moneda nacional). Medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Máxime, que respecto a la notificación de tal respuesta, la autoridad informó que el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós (según se observa del oficio SFA/SE/DOFV/0600/2022), acudió al domicilio señalado por la quejosa para oír y recibir notificaciones sin que nadie acudiera a su llamado; por ello, solicitó a este Juzgado de Distrito que notificara a la quejosa su respuesta para que ésta acudiera a recoger el documento de valor de que se trata. Lo que patentiza que posterior a la presentación de la demanda, se dio respuesta a la petición de la promovente de amparo y producto de ello, se emitió en su favor el cheque por la cantidad solicitada; asimismo, que lo anterior se intentó notificar sin que fuera posible lo anterior; de ahí que se estime que en este aspecto cesaron los efectos de la omisión reclamada. Es así porque a juicio de este órgano, la autoridad demostró haber intentado notificar la respuesta a la quejosa en el domicilio que ésta señaló para ese efecto, sin que fuera posible hacerlo al no localizar a persona alguna; por lo cual, no es factible imponer a la autoridad la obligación de investigar si existe un diverso domicilio para notificarle su determinación, o bien, constituirse en reiteradas ocasiones intentando notificar a la peticionaria. Más aún que tal comunicación queda subsanada con la vista que se dio a la quejosa con el informe justificado, el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós. Orienta lo anterior, por el criterio que contiene, la jurisprudencia 98/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y textos que enseguida se insertan: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse." (El énfasis es añadido). Bajo este contexto, la omisión reclamada en la vía constitucional ha cesado sus efectos, de manera que la violación alegada no ha dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular, como si se hubiera concedido el amparo; actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; consecuentemente, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo promovido por Martha Eréndira Gómez Nava, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables, las cuales quedaron precisadas con antelación. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Martha Eréndira Gómez Nava, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. Mrc* Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso constante de nueve fojas útiles, coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo al juicio de amparo número VI-1042/2022, promovido por Martha Eréndira Gómez Nava. Asimismo, la suscrita Secretaria hace constar que con motivo de la resolución que antecede se generó el oficio número 24793. Lo que asiento en vía de certificación para los efectos legales a que haya lugar en Morelia, Michoacán, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil veintidós. Conste.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VI-1042/2022-VI promovido por Martha Eréndira Gómez Nava contra actos del Secretario de Finanzas y Administración en Michoacán, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad responsable Secretario de Finanzas y Administración en Michoacán, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de haber sido notificado con la debida oportunidad, según constancia que obra a foja 29. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran glosadas las documentales que la parte quejosa allegó con su demanda, pruebas que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que los formuló el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, a través del pedimento 516/2022. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución.V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 1042/2022-VI, promovido por Martha Eréndira Gómez Nava, por su propio derecho contra actos del: Secretario de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial remitido en la misma fecha a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Martha Eréndira Gómez Nava, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y la autoridad responsable que precisó en los siguientes términos: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: L.A.E. LUIS NAVARRO GARCÍA, en cuanto Secretario de Finanzas y administración en Michoacán . IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: La omisión de la autoridad responsable de dar contestación por escrito a mi Petición sobre el pago de marcha convenido por la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán y la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, documento de solicitud y fundamento en el derecho de petición (artículo 8° Constitucional), que presenté el día 25 veinticinco de Marzo de 2022 dos mil veintidós en la oficina de la ahora autoridad responsable, y que hasta la fecha de la presente no he recibido ninguna respuesta por escrito bajo protesta de decir verdad, porque con ello se viola mi Derecho de Petición que consagra el artículo 8° constitucional, y como consecuencia de ello no se me paga la cantidad de $107,453.60 (ciento siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.) a la cual tengo derecho por el fallecimiento de mi extinto esposo JESÚS SERGIO ESTRADA MAGAÑA, violando así también mis derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales, ya que no se ha seguido un juicio o procedimiento judicial para que se me prive del derecho a dicho pago mencionado. De la autoridad señalada como responsable en el presente escrito de demanda; además del acto señalado anteriormente, también se reclama la orden administrativa interna girada en la Dirección de Recursos Financieros, de bloquear la percepción de pago de marcha con comprobante número 03258-0, por la cantidad de $107,453.60 (ciento siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.), a la cual la suscrita MARTHA ERÉNDIRA GÓMEZ NAVA, tengo derecho por haber sido esposa del extinto trabajador de la Secretaría de Educación en el Estado JESÚS SERGIO ESTRADA MAGAÑA. Se le atribuye tal calidad. (.)." SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno aleatorio, el señalado escrito de solicitud de amparo y protección de la Justicia Federal, correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el que en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, previno a la promovente previo a la admisión de la demanda de garantías planteada y en cumplimiento a ella, la quejosa manifestó: "(.) PRIMERO.- Insisto en reclamar la orden administrativa de no pago, toda vez que el día 08 ocho de septiembre de 2022 dos mil veintidós tuve conocimiento de dicha orden administrativa, ya que POR MEDIO DE MI ABOGADA poderdante DANIRA ALCÁNTAR MACIEL, se llamó por teléfono al número 4433229933 teléfono de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, solicitando comunicaran al Departamento de Operación de Fondos y Valores, en ese departamento nos contestó una señorita la cual no quiso dar su nombre, le preguntó mi poderdante sobre la respuesta a mi solicitud por escrito de pago de marcha al que tengo derecho, y por el pago de la cantidad de $107,453.60 (ciento siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.), por haber sido esposa del extinto JESÚS SERGIO ESTRADA MAGAÑA, Maestro de la Secretaría de Educación en el Estado, y mi abogada también preguntó en esta ocasión por otro asunto que tiene con las mismas características de otra Maestra, contestando verbalmente dicha señorita ´que no se iban ni se estaban haciendo pagos de adeudos de otras administraciones pasadas´, sin dar mayor explicación, por lo que se prevé ante dicha respuesta que existe una orden administrativa de no pago. SEGUNDO.- Bajo protesta de decir verdad nunca se me ha emplazado a Juicio relativo al no pago de dicha prestación que reclamo, ni se me ha notificado algún procedimiento administrativo o judicial respecto a la orden administrativa combatida, por lo que se violenta mis derechos consagrados en el artículo 14 Constitucional, ya que nadie puede ser privado de sus derechos o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)." Actos que la promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8° 14, 16 primer párrafo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En proveído pronunciado por este juzgado el cinco de octubre de dos mil veintidós, admitió a trámite la demanda de garantías que se atiende, registrándola con el número de juicio de amparo VI-1042/2022; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, que formuló pedimento; se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, fue celebrada el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, grado y materia para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 9/2022 del propio Pleno. Ello porque se trata de una demanda de amparo promovida contra actos omisivos de una autoridad que tiene su residencia dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: La omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, a través de la cual, solicitó que se le expidiera el cheque valioso por $107,453.60 (ciento siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos con sesenta centavos, moneda nacional) por concepto de marcha, autorizado a su favor por la muerte de su cónyuge Jesús Sergio Estrada Magaña; o bien, se le informaran las razones para negárselo. No pasa inadvertido, que la quejosa también reclamó la negativa de autorizar la entrega de dicha cantidad a su favor. Sin embargo, acorde a la fecha en que se presentó el escrito de solicitud de pago (veinticinco de marzo de dos mil veintidós) y la demanda de amparo (veintidós de septiembre de dos mil veintidós) en contraste con la data en que se dio respuesta a lo anterior (veintiocho de noviembre de dos mil veintidós) se colige que lo reclamado fue en concreto, la omisión de dar respuesta a tal solicitud, porque ni siquiera había pronunciamiento de la responsable al efecto. De ahí que sólo se tiene como reclamado el acto inicialmente indicado. TERCERO. Existencia del acto. La Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por conducto del Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica, encargado de la defensa jurídica de esa responsable al rendir su informe justificado, implícitamente aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Es así, pues manifestó que durante la secuela procesal del juicio de amparo se dio respuesta petición formulada por la quejosa y, que el correspondiente cheque fue liberado y se dejó a su disposición de la quejosa en el área de Caja de esa Dirección de Operación de Fondos y Valores, para que ésta acudiera a recogerlo portando el original de su contra-recibo e identificación oficial, en un horario de atención de 09:00 a 14:00 horas en días hábiles, al domicilio de la responsable ubicado en Avenida Ventura Puente número 112, Colonia Chapultepec Norte, de esta ciudad capital. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Por lo tanto, se tiene probada la existencia del acto que en esta vía constitucional es reclamado a la autoridad señalada. CUARTO. Existencia de causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese orden de ideas, tal y como aduce la autoridad responsable, en el particular se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. Del artículo citado se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, de manera que se destruyan todas sus consecuencias en forma total e incondicional de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Improcedencia que se justifica debido a que el examen constitucional se volvería ocioso frente a la paralización o destrucción del acto de autoridad, por lo que en tal aspecto la justicia federal se torna innecesaria. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal..". (Lo subrayado es propio). Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa Jurisprudencia 9/98 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En el caso concreto, se recuerda que el acto reclamado a la autoridad citada se hace consistir, en la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, a través de la cual, solicitó que se le expidiera el cheque valioso por $107,453.60 (ciento siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos con sesenta centavos, moneda nacional) por concepto de marcha, autorizado a su favor por la muerte de su cónyuge Jesús Sergio Estrada Magaña; o bien, se le informaran las razones para negárselo. Ahora, debe destacarse que posterior a la presentación de la demanda, la responsable allegó el oficio número SFA/SE/DOFV/0599/2022, de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, suscrito por la Dirección de Operación de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, a través del cual, emitió respuesta a la petición realizada por la quejosa el veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Mediante tal misiva, la autoridad sostuvo que autorizó la emisión del cheque solicitado, el cual se dejaba a su disposición en el área de Caja de esa Dirección de Operación de Fondos y Valores, para su entrega. Tal afirmación se corrobora con el oficio SFA/SE/DOFV/0600/2022, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós signado por el Director de Operación de Fondos y Valores, al que acompañó la copia fotostática certificada del cheque folio número 0005127, expedido el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en favor de MARTHA ERÉNDIRA GÓMEZ NAVA, por la suma de $107,453.60 (ciento siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos con sesenta centavos, moneda nacional). Medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Máxime, que respecto a la notificación de tal respuesta, la autoridad informó que el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós (según se observa del oficio SFA/SE/DOFV/0600/2022), acudió al domicilio señalado por la quejosa para oír y recibir notificaciones sin que nadie acudiera a su llamado; por ello, solicitó a este Juzgado de Distrito que notificara a la quejosa su respuesta para que ésta acudiera a recoger el documento de valor de que se trata. Lo que patentiza que posterior a la presentación de la demanda, se dio respuesta a la petición de la promovente de amparo y producto de ello, se emitió en su favor el cheque por la cantidad solicitada; asimismo, que lo anterior se intentó notificar sin que fuera posible lo anterior; de ahí que se estime que en este aspecto cesaron los efectos de la omisión reclamada. Es así porque a juicio de este órgano, la autoridad demostró haber intentado notificar la respuesta a la quejosa en el domicilio que ésta señaló para ese efecto, sin que fuera posible hacerlo al no localizar a persona alguna; por lo cual, no es factible imponer a la autoridad la obligación de investigar si existe un diverso domicilio para notificarle su determinación, o bien, constituirse en reiteradas ocasiones intentando notificar a la peticionaria. Más aún que tal comunicación queda subsanada con la vista que se dio a la quejosa con el informe justificado, el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós. Orienta lo anterior, por el criterio que contiene, la jurisprudencia 98/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y textos que enseguida se insertan: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse." (El énfasis es añadido). Bajo este contexto, la omisión reclamada en la vía constitucional ha cesado sus efectos, de manera que la violación alegada no ha dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular, como si se hubiera concedido el amparo; actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; consecuentemente, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo promovido por Martha Eréndira Gómez Nava, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables, las cuales quedaron precisadas con antelación. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Martha Eréndira Gómez Nava, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. Mrc* Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso constante de nueve fojas útiles, coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo al juicio de amparo número VI-1042/2022, promovido por Martha Eréndira Gómez Nava. Asimismo, la suscrita Secretaria hace constar que con motivo de la resolución que antecede se generó el oficio número 24793. Lo que asiento en vía de certificación para los efectos legales a que haya lugar en Morelia, Michoacán, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil veintidós. Conste.
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