Martha Dolores Morales Alcantar

Expediente 279/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
279/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
01/08/2022

Partes del expediente

  • Martha Dolores Morales Alcantar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de agosto de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo III-279/2022, promovido por Mariano Barojas Rodríguez, en cuanto apoderado de Martha Dolores Morales Alcántar, contra actos del Presidente y Auxiliar de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. En escrito presentado el once de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, el mismo día, Mariano Barojas Rodríguez, en cuanto apoderado de Martha Dolores Morales Alcántar, promovió demanda de amparo indirecto contra el Presidente y Auxiliar de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio lo reconocidos en los artículos 1°, 8, 14, 16, 17 y 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo respecto de los actos reclamados y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose con el número de expediente III-279/2022; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por razón de materia, territorio y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello porque la parte quejosa reclama un acto de omisión a una autoridad con ejecución en el lugar en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción mixta. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial en el juicio laboral 2C-2203/2021 desde el once de octubre de dos mil veintiuno, y la consecuente omisión de turnarlo al actuario para el emplazamiento respectivo. Lo que constituye dilación procesal en que ha incurrido la Junta responsable. Precisión que se realiza en atención a que si bien la parte quejosa señaló que tal omisión derivaba del expediente ordinario número 2C-2391/2021, lo cierto es que, de las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado se advierte que el número correcto de expediente es el 2C-2203/2021. Ello porque del último citado se observa que las partes son las mismas que las señaladas por la propia quejosa en su escrito de demanda de amparo; además, la responsable nada dijo respecto a que se tratara de un diverso juicio laboral, por el contrario, rindió su informe justificado en el que precisó que ese era el número de expediente. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado el Presidente y Auxiliar adscritos a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, señalaron que eran parcialmente ciertos los actos, en el sentido de que a la presentación de la demanda de amparo no se había emitido radicación dentro del juicio laboral de origen, pero a la fecha el veintidós de marzo del año en curso, se señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Lo cual se corrobora con las constancias que la responsable adjuntó a su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles por tratarse, en la especie, de constancias originales que contiene sello y firmas, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Por lo anterior, se corrobora la existencia del acto reclamado, en virtud que al momento de la presentación de la demanda de amparo, aún se encontraba existente la omisión por parte de la responsable. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Atento a lo anterior, se descarta el análisis de la constitucionalidad de la omisión reclamada por la parte quejosa; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del asunto, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no solo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ante las precisiones anotadas, cabe señalar que en el caso concreto, respecto del acto reclamado que se hace consistir, en la omisión para señalar fecha y desahogar la audiencia inicial dentro del juicio ordinario laboral 2C-2203/2021, así como turnar los autos de la controversia laboral a la actuaría de la adscripción para el efecto de emplazar a los demandados, han cesado sus efectos atendiendo a las siguientes consideraciones. De la constancia que la responsable acompañó a su informe justificado, se advierte que en auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dicha junta radicó la demanda laboral, registrada con el número 2C-2203/2021, promovida por los apoderados jurídicos de Martha Dolores Morales Alcántar. Consiguientemente, se señaló las nueve horas con quince minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Finalmente, se ordenó pasar los autos a la actuaría de la adscripción para el emplazamiento de los demandados en los domicilios mencionados en el acuerdo en cita, materia del acto que se reclama ante esta instancia constitucional. De ahí que se corrobora que los efectos de la omisión reclamada, han desaparecido totalmente, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso, se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó a la quejosa en el goce del derecho fundamental que estimó menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal..". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en turnar los autos a la actuaría de la adscripción para realizar el emplazamiento a las partes, se observa que en acuerdo de veintidós de marzo de este año, se comisionó a los actuarios para llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada, por lo que si al momento de la presentación de la demanda no se había logrado el mismo, lo cierto es que entre la orden y la presentación de la demanda no existe un plazo que se considere excesivo para estar en el supuesto de una abierta dilación procesal. Se cita como apoyo la jurisprudencia siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2019400 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643 Tipo: Jurisprudencia "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En tal virtud, es inconcuso que respecto a la omisión reclamada se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal, por lo que corresponde a dicha omisión. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, este Juzgado Federal se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Martha Dolores Morales Alcántar, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de abril de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guarda el presente sumario, se observa que mediante proveído de siete de abril de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables; lo anterior en términos del artículo 117, párrafo primero y segundo de la Ley de Amparo. Sin embargo, al día de hoy no obra en autos la notificación personal ordenada en tal proveído a la parte quejosa. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe.Jegp

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de abril de dos mil veintidós. REMITE INFORME JUSTIFICADO Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que las autoridades Presidente y Auxiliar de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, rinden informe justificado como les fue solicitado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; las documentales que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Ahora, de las constancias que integran los presentes autos, en específico de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: ".a) La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial y en forma inminente el señalamiento de una fecha remota; y b) La omisión de turnar el expediente al actuario para que realice el emplazamiento de las partes, actos derivados del expediente ordinario número 2C-2391/2021; fecha de notificación de los actos reclamados: 8 de marzo del año 2022; tercero interesado: GUSTAVO MONTAÑO RUIZ FARÍAS Y QUIEN RESULTE PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA BODEGA ubicada en la carretera Pátzcuaro - Morelia, km 2, Tzurumútaro, Pátzcuaro, Michoacán." (subrayado añadido). Como se advierte, la omisión que reclamó de las autoridades responsable afirmó derivan del expediente 2C-2391/2021 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Por su parte, las autoridades responsables al rendir su informe justificado indican que son parcialmente ciertos los hechos y señalaron lo siguiente: ".toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda de garantías no se había emitido radicación dentro del juicio ordinario laboral 2C-2203/2021, misma que fue dictada el 22 de marzo del año en curso, señalando las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, comisionando en la misma al actuario adscrito a esta junta para que notifique y emplace a las partes. (.). (subrayado añadido)." Esto es, se advierte que la autoridad responsable acepta como ciertos los actos derivado de un juicio ordinario laboral diverso al indicado por la parte quejosa, sin embargo, de las constancias anexas se advierte son coincidentes los datos respecto de la fecha de presentación -once de octubre de dos mil veintiuno-, y los terceros interesados Gustavo Montaño Ruiz Farías y quien resulte propietario o responsable de la bodega, ubicada en la carretera Pátzcuaro - Morelia, km 2, Tzurumútaro, Pátzcuaro, Michoacán. Por tal motivo, se ordena notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa para que, en caso de considerarlo así, manifieste lo que a su derecho convenga en términos de lo establecido en el artículo 117, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.Jegp

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