Martha Elva Hernández Rodríguez
Expediente 256/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/04/2017
Partes del expediente
- Martha Elva Hernández Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el comunicado suscrito por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, mediante el cual comunica que acepta la competencia planteada por este órgano de control constitucional y se avoca al conocimiento del asunto. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por ********* parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento a la prevención de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. INCOMPETENCIA Ahora bien, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , este juzgador considera que es legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: i) Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. ii) Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. iii) Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. Luego, precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer que conforme a las características y naturaleza de lo aquí reclamado, la hipótesis de competencia es aplicable a la señalada en el inciso a), específicamente en lo relativo a que será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute el acto impugnado. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2001, Tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Lo anterior se considera así, porque en la especie, los actos reclamados se hacen consistir en: 1. La resolución de ********** dictada en el procedimiento administrativo ****** 2. El oficio ********** de ********* Asimismo, de lo manifestado por la quejosa en su demanda y en su escrito aclaratorio, deriva que la promovente se encuentra adscrita como Subdirectora Administrativa de la Escuela Secundaria General *********** ubicada en Acoyagua, Chiapas, pero que en virtud de los acontecimientos que narra en la demanda, fue comisionada a la ********** Así también, en su escrito aclaratorio, la quejosa manifiesta que el ********* le fue enviado en cumplimiento a la determinación reclamada. De lo anterior se colige que la aquí quejosa se encuentra temporalmente adscrita en la *********** y, en ese sentido, aunque las responsables que participaron en la emisión de la resolución reclamada y del oficio mediante el cual se comunicó a la quejosa una nota de extrañamiento, radican en esta ciudad, lo cierto es que la consecuencia de la resolución de *********** dictada en el procedimiento administrativo ********* tuvo ejecución en el municipio de Huixtla, Chiapas. De ahí que se estime que la competencia para conocer del presente asunto se surte en favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, ya que es dentro del territorio en el que ejercen jurisdicción tales órganos de control constitucional donde tuvo ejecución el acto reclamado. Pues, si en el caso la promovente se encuentra adscrita a una institución educativa en el municipio de Acacoyagua, Chiapas y fue comisionada a una diversa institución en Huixtla, Chiapas, deviene incontrovertible que los actos combatidos en cita, tendrán lugar en el sitio aludido en último término y, por tanto, se considera que en aquellos juzgados federales radica la competencia por razón de territorio. Por consiguiente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para resolver del presente asunto, se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, habida cuenta que es dentro del territorio en el que ejercen competencia dichos órganos de control constitucional en donde el acto reclamado se ejecutará. En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Juez Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno; a quien se considera competente para conocer del asunto. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ******** así como su escrito aclaratorio, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Director de Asuntos Federalizados de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Laborales, de la Secretaría de Educación. 2. Jefa del Departamento Contencioso Administrativo, de la Dirección de Asuntos Federalizados de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación. 3. Director de Educación Secundaria y Superior de la Subsecretaría de Educación Federalizada, de la Secretaría de Educación. Ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 256/2017-VI. PREVENCIÓN El artículo 74 de la Ley de Amparo establece que al resolver mediante sentencia, el Juez de Distrito debe hacer una fijación clara y precisa de los actos reclamados, en congruencia con lo cual, el numeral 114 de la legislación en cita, estatuye como causa para aclarar la demanda, la circunstancia de que el acto reclamado no esté precisado con claridad, ya que ello será indispensable para fijar la litis, pues no es posible que en la sentencia final que se dicte pueda hacerse una fijación clara y precisa de los actos reclamados, si la parte de mérito no hace una exposición obvia y concreta de lo que verdaderamente está reclamando, ya que es sabido que la litis se forma con el escrito inicial de demanda y el acto reclamado. Del análisis de la demanda se advierte que la promovente no cumple con lo ordenado en los dispositivos legales 108, fracciones III, IV, V, 110, primer párrafo y 114, fracciones I, II, IV y V, de la Ley de la materia, que establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En su caso que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su aplicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda." Ello es así, pues la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado el siguiente: "ACTO RECLAMADO:= El acto reclamado lo hago consistir en que la autoridad que señalo como responsable ordenadora con fecha 19 diecinueve del mes en enero del año en curso (2017), dictó sentencia definitiva en el Procedimiento Administrativo con número de expediente ********* con motivo al ACTA DE HECHOS suscrita por una minoría del personal docente, administrativo y de intendencia de la Escuela Secundaria ********* ADHERIDOS A LA Delegación Sindical ******* de la Sección ********* del ********* que se ubica en la Cabecera Municipal de Acacoyagua, Chiapas, en mi contra, en mi carácter de SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA de la referida ESCUELA, DONDE EN EL RESOLUTIVO CUARTO DE DICHA RESOLUCIÓN DICTA Y ME IMPONE UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA LABORAL CONSISTENTE EN NOTA DE EXTRAÑAMIENTO POR ESCRITO.". Asimismo, en el capítulo de antecedentes, la quejosa manifiesta: ". de ahí que solicito el amparo y protección de la JUSTICIA FEDERAL para que estudie a fondo el presente caso que nos ocupa y revoque la resolución que hoy combate por esta vía ordenando que se deje insubsistente el oficio No. ****** de fecha 20 de Enero de 2017 firmado por el DR. ************* donde me comisiona de manera provisional a la Inspección Escolar 07 ubicada en Huixtla, Chiapas.". Así también, la promovente anexa a su escrito de demanda copia del oficio ****** de veintidós de febrero del año en curso, signado por el Director de Educación Secundaria y Superior de la Subsecretaría de Educación Federalizada de la Secretaría de Educación, en el cual hacen del conocimiento de la quejosa que en cumplimiento a la resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se determinó imponerle sanción laboral disciplinaria consistente en una nota de extrañamiento por escrito. Además, solo anexó cuatro copias de su demanda de amparo y del escrito aclaratorio. Por tanto, con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en los arábigos 108, fracciones III y IV, 110, primer párrafo y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: 1. Manifieste si es su deseo señalar como actos reclamados los oficios **** de veinte de enero de dos mil diecisiete y ******* de veintidós de febrero del año en curso; 2. De ser el caso, señale la fecha en que fue notificada de los referidos oficios; y, 3. Exhiba dos juegos de copias de su escrito inicial de demanda y anexos y el diverso de cuenta, así como seis copias del ocurso con el que dé cumplimiento a esta prevención, que servirán: tres para las autoridades responsables, una para el traslado de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y dos para la tramitación del incidente de suspensión. Cobra aplicación al caso por su contenido, la Tesis Aislada número XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, con el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Así como la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Tesis: 2a./J. 161/2013, de la Décima Época, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado". Asimismo, tiene apoyo el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Tesis VI.1o.C.18 K Novena Época, Página: 1716, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Si la resolución dictada por un Juez Federal previene al quejoso para que ajuste su demanda a los términos del artículo 116 de la Ley de Amparo, y lo requiere para que exhiba las copias necesarias para emplazar a las partes conforme al artículo 120 de la ley de la materia, es claro que contiene una prevención oscura e imprecisa, porque el artículo 146 del citado cuerpo de leyes, le obliga tácitamente a precisar con claridad cuáles son las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el quejoso esté en aptitud de subsanarlas en tiempo pues, de no hacerlo así, dicha autoridad federal viola en perjuicio del quejoso las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, lo que motiva ordenar su reposición." APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido con antelación, en el plazo concedido, se seguirá el trámite correspondiente en el presente asunto teniéndose como actos reclamados únicamente los indicados en el escrito inicial de demanda atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además, de no exhibir las copias señaladas, podrá dar lugar a postergar la apertura del incidente de suspensión. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad y como autorizados para tales efectos, a las personas que señala, en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la promovente.
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