Martha de Jesús Domínguez León
Expediente 53/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/04/2019
Partes del expediente
- Martha de Jesús Domínguez León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la resolución en la cual se sobreseyó en este juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Visto, para resolver, el juicio de amparo 53/2019-I, promovido por *************** y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, turnado en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, **************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Delegado Estatal de la Delegación Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Subdelegado de Administración de la Delegación Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Jefe de Departamento de Recursos Humanos de la Delegación Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residentes en esta ciudad, que hizo consistir en: IV. ACTO RECLAMADO. 1. La omisión de dichas autoridades responsables de dar respuesta a la petición que se les formuló, por escrito, mismo que fue recibido con fecha 13 de diciembre de 2017 en la Delegación Estatal del ISSSTE en Chiapas y dirigido al Delegado Estatal del ISSSTE que en otrora era LIC. ************; no omito manifestar que dicha solicitud fue realizada de manera pacífica y respetuosa de acuerdo con lo estipulado en el artículo 8º constitucional. Del escrito se desprende que se solicita lo siguiente, transcribo literalmente las peticiones: 1. Que con fundamento en el ARTÍCULO OCTAVO CONSTITUCIONAL, vengo a DEMANDAR el pago por descuentos indebidos que esa delegación estatal del ISSSTE, hiciera en mis salarios a partir de la segunda quincena de noviembre del presente año. 2. Que a la brevedad posible me sea reintegrado dicho descuento, toda vez, que tengo el derecho de que a pesar de tener autorizado permiso prejubilatorio, con goce de sueldo, mi salario debe pagarse completo en tiempo y forma. Es importante manifestar que dentro del escrito que ya se ha mencionado, en el capítulo de HECHOS se narra lo siguiente en el punto dos: Que todo el mes de octubre y la primera quincena de noviembre, mis salarios fueron pagados completos en tiempo y forma, pero es el caso que en la segunda quincena del mes de noviembre me fueron descontados los conceptos correspondientes a puntualidad, asistencia y desempeño profesional. No obstante lo anterior, hasta la fecha es inexistente respuesta alguna a dichas peticiones de manera favorable o desfavorable. 2. La omisión de dichas autoridades responsables de dar respuesta a la petición que se les formuló por escrito, mismo que fue recibido con fecha 10 de enero de 2018 en la Delegación Estatal del ISSSTE en Chiapas y dirigido al Delegado Estatal del ISSSTE que otrora era el LIC. **************; no omito manifestar que dicha solicitud fue realizada de manera pacífica y respetuosa de acuerdo con lo estipulado en el artículo 8º constitucional. Del escrito se desprende que se solicita lo siguiente, transcribo literalmente las peticiones: 1. Que por medio del presente ocurso y con fundamento en el ARTÍCULO OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL VENGO A DEMANDAR DE USTED, LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R) que me fue descontado indebidamente, toda vez que no corresponde al monto de mi salario que percibo. 2. Que a la brevedad posible, me sea devuelto ese descuento indebido mencionado con antelación, mismo que corresponde a la segunda quincena del mes de diciembre del año próximo pasado 2017, toda vez, que con ello, afecta a mi salario y por ende a mi economía. No obstante lo anterior, hasta la fecha es inexistente respuesta alguna a dichas peticiones ya sea de manera favorable o desfavorable. 3. La omisión de dichas autoridades responsables de dar respuesta a la petición que se les formuló por escrito, mismo que fue recibido con fecha 18 de enero de 2018 en la Sub-Delegación de Administración del ISSSTE en Chiapas y dirigido a la C. JEFA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DEL ISSSTE; no omito manifestar que dicha solicitud fue realizada de manera pacífica y respetuosa de acuerdo con lo estipulado en el artículo 8º constitucional. Del escrito se desprende que se solicita lo siguiente, transcribo lo que se menciona en el escrito narrado en el párrafo anterior: DRA. ***********, por mi propio derecho y en alcance de la demanda presentada al C. DELEGADO ESTATAL DEL ISSSTE, de fecha 13 de diciembre del 2017 y de fecha 10 de enero del presente, por este medio, me permito presentar a usted DOS ORIGINALES DEL FORMATO RH-14 con firma Autógrafa de la suscrita del reclamo que he solicitado tanto de la FALTA DE PAGO DE MIS ESTIMULOS COMO DEL DESCUENTO INDEBIDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) No obstante lo anterior, hasta la fecha es inexistente respuesta alguna a dichas peticiones ya sea de manera favorable o desfavorable. 4. También se reclama las consecuencias de hecho y derecho que se desprendan del acto que se les demanda. Cabe hacer mención que los escritos que se anexan a la presente demanda, de estos son visibles los sellos de acuse de recibido y hasta la fecha las autoridades responsables no se han pronunciado. Es imperioso mencionar que, desde la fecha de presentación de los escritos ha transcurrido un lapso de más de un año entre la presentación de los ídem y la presente demanda de amparo indirecto, sin que haya de promedio notificación alguna de una respuesta de cualquier tipo". Actos que estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las garantías para su protección, contenidas en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 133 de la citada legislación. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil diecinueve (fojas 25-27), se admitió la demanda de que se trata y se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 74 y 75), se dio vista a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, para que dentro del término improrrogable de quince días contados contado a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento de la contestación del oficio ************ de veinticuatro de enero del año en curso, esto es, el veintinueve de enero del año en curso (foja 70), y, cumpliendo con los requisitos del numeral 108 de la ley de la materia, manifestara si ampliaba su demanda en relación al referido oficio. Mediante auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve (foja 91), se hizo efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que se ordenó continuar con el procedimiento en este juicio de amparo únicamente contra los actos reclamados en el escrito inicial de demanda. CUARTO. En proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 101 y 102), se dio vista a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, para que dentro del término improrrogable de quince días contados contado a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento de la contestación del oficio ************* de veintiséis de febrero del año en curso, esto es, el veintisiete del mismo mes (foja 100), y, cumpliendo con los requisitos del numeral 108 de la ley de la materia, manifestara si ampliaba su demanda en relación al referido oficio. Lo anterior, sin que hubiere hecho manifestación alguna, por lo que el diecinueve de marzo del año en curso (foja 118), se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, y se ordenó continuar con el procedimiento en este juicio de amparo únicamente contra los actos reclamados en el escrito inicial de demanda. Finalmente, la audiencia constitucional señalada en autos se llevó a cabo en los términos que constan en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 , del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo en materia administrativa promovida contra actos de autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo a la integridad de la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese orden, de una interpretación de la demanda, se colige que la quejosa ***********, reclama por esta vía constitucional, las omisiones por parte de las autoridades responsables de dar contestación a sus escritos presentados el trece de diciembre de dos mil diecisiete y diez de enero de dos mil dieciocho, ante la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Delegado Estatal, Subdelegado de Administración de la Delegación Estatal en Chiapas y Jefe del Departamento de Recursos Humanos, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residentes en esta ciudad, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, de las diversas manifestaciones que realizaron se advierte que son ciertos los actos que se les reclaman; por lo que en ese sentido, los actos reclamados a tales autoridades son ciertos. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la contienen, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo XIV, julio de 1994, visible en la página trescientos noventa y uno, registro electrónico 211004, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que se corrobora con las documentales públicas que acompañó la autoridad responsable Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a Ley en la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Por ende, se tiene plenamente probada la existencia de los actos atribuidos a las referidas responsables. CUARTO. PROCEDENCIA. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Lo anterior con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIII, enero de 2006, página 319, registro electrónico 176291, que expresa lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". En el caso es innecesario transcribir y analizar los motivos de inconformidad que hace valer la parte quejosa, en razón que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:. II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de las omisiones por parte de las autoridades responsables de dar contestación a sus escritos presentados el trece de diciembre de dos mil diecisiete y diez de enero de dos mil dieciocho, ante la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, de las documentales remitidas por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, se advierte que mediante oficio ********** de veinticuatro de enero del año en curso, proveyó lo relativo respecto al escrito de petición presentado el trece de diciembre de dos mil diecisiete y con el diverso **************** de veintiséis de febrero del año en curso, dio contestación al diverso escrito de petición del quejoso de dieciocho de enero de dos mil dieciocho; es decir, en fechas posteriores a la presentación de la demanda, se subsanaron las dilaciones que se reclamaban. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos de los actos reclamados consistentes en las omisiones por parte de las autoridades responsables de dar contestación a sus escritos presentados el trece de diciembre de dos mil diecisiete y diez de enero de dos mil dieciocho, ante la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, han cesado en sus efectos, quedando insubsistentes en forma total e incondicional los citados actos tildados de inconstitucionales, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejara ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos de los actos que por esta vía se reclamaron, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, SE SOBRESEE EN ESTE JUICIO. QUINTO. PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SEXTO. CAPTURA DE SENTENCIA. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007 , del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 79, 124, y demás aplicables de la Ley de Amparo, se, PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, PROMOVIDO POR *************, contra los actos reclamados del Delegado Estatal, Subdelegado de Administración de la Delegación Estatal en Chiapas y Jefe del Departamento de Recursos Humanos, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residentes en esta ciudad, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos quinto y sexto de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa, en proveído veintiocho de febrero de esta anualidad (foja 102), dictado en este juicio, para que manifestara si ampliaba la demanda respecto del oficio *********** de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. ****
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de veintiocho de febrero del año en curso (fojas 101 y 102), para que manifieste si amplía su demanda respecto del oficio *********, de veintiséis de febrero del año que transcurre. En consecuencia; se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
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