Martha Elisa Martínez González
Expediente 814/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Martha Elisa Martínez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de seis de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3 fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Cumple prevención. Visto el escrito de cuenta, signado por el ...por medio del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso. 2. Desechamiento. Al efecto, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal contra el Juez de Primera Instancia en Materia Familiar Oral del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila, con sede en dicha ciudad, por el acto consistente en el auto de trece de agosto del año en curso, dictado dentro del expediente 345/2021 del índice de la autoridad responsable. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que interpretado a contrario sensu, importa que si el acto reclamado no es de aquéllos cuyos efectos sean de ejecución irreparable, el juicio de amparo biinstancial es improcedente. Es importante establecer que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutelan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. En consecuencia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Precisado lo anterior, se reitera que la parte quejosa reclama el auto de trece de agosto del presente año, dictado dentro del expediente 345/2021, del índice de la autoridad responsable, mediante el cual tuvo por no interpuesto el recurso de apelación contra la determinación de catorce de julio de la presente anualidad, además de calificarlo como frívolo e improcedente, acto que no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, según el concepto definido por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en caso de ser desfavorable la decisión que recaiga al juicio de origen, es susceptible de reclamarse en amparo directo y no como amparo biinstancial, ya que con su pronunciamiento no se afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito o la propiedad, sino que se trata de un acto meramente adjetivo o intraprocesal que no afecta derechos fundamentales, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra. Bajo ese contexto, se advierte que el acto que se pretende reclamar, no constituye un acto de imposible reparación pues no afecta de manera material el derecho fundamental de defensa previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino al contrario, se prevén diversas posibilidades para agotar las expectativas de defensa de la justiciable, por lo que únicamente producen efectos intraprocesales susceptibles de desaparecer, lo que toma improcedente el juicio de amparo indirecto y, por ende, la gobernada deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo donde tiene expedito su derecho a recurrirla; y, de continuar siéndole desfavorable, controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal mencionada, por su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo que es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la citada ley de la materia. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada.
- Principal
1. Promoción. Téngase por recibido el escrito signado por la promovente ***, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención contenida en el acuerdo de treinta de agosto del presente año. 1.1 Acuerdo. Lo anterior, toda vez que se advierte que la parte quejosa desahogó de manera parcial la prevención decretada en dicho auto, debido a que no manifestó bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Sin que pase desapercibido que al final del escrito de cuenta, la promovente plasmó la expresión "protesto lo necesario", pues tal expresión tiene una connotación de cortesía y respeto a la autoridad y no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad. 1.2 Subsiste prevención. En consecuencia, no se tiene por desahogado el requerimiento contenido en el proveído de treinta de agosto del año en curso; por ende, subsiste la prevención y el apercibimiento decretado en dicho acuerdo. 1.3 Plazo restante para cumplimiento. En el entendido que el plazo para desahogar la prevención se interrumpió el día veintiocho de los actuales, cuando la promovente pretendió desahogarla; en consecuencia, contará con dos días hábiles para cumplir en sus términos dicha prevención, que comenzará a computarse una vez que surta efectos la notificación del presente proveído. 1.3 Criterio aplicable. Sobre el tema es aplicable por analogía la jurisprudencia número P./J. 127/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
1. Estado procesal. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. 1.1 Notificación por lista. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintiuno, y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa por medio de lista que se fije en los estrados de este tribunal el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones en el presente juicio, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.
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