Martha Antonieta Hernández Flores

Expediente 662/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
662/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
13/09/2019

Partes del expediente

  • Martha Antonieta Hernández Flores

Actuaciones

  1. Principal

    1. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se desprende que no obra la tarjeta postal acuse de recibo relativa al oficio 14959/2019, de siete de agosto de este año (foja 369), dirigido a la autoridad responsable Director General del Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través del cual se le remitió el diverso 12897/2019, por el que se le notifica la sentencia constitucional dictada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve. 2. Requerimiento. Ahora bien, para cumplir a cabalidad el principio de expedites en la administración de justicia, consagrado en el artículo 17 constitucional, requiérase a la citada autoridad vía telegráfica, para que en el plazo de tres días, contado a partir del momento al en que quede debidamente notificada de este acuerdo informe a través del mismo medio, si ya recibió dicho oficio y de ser así, comunique la fecha en que le fue notificado. 3. Apercibimiento. Se le apercibe que de no cumplir con lo anterior o no informar la causa legal o material que se lo impida, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a cuatro mil doscientos veinticuatro pesos, con cincuenta centavos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 4. Se requiere a Correos. A su vez, se requiere nuevamente al Administrador de Correos de México de esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita a este Juzgado de Distrito la pieza postal acuse de recibo referente al comunicado de que se trata; o en su defecto, un duplicado de la misma, o bien informe si tiene algún impedimento para su remisión, en la inteligencia de que dicho oficio fue depositado en la oficina a su cargo, en factura de nueve de agosto de este año, recibida en la misma fecha. Lo anterior, toda vez que en proveído de cuatro de los actuales (foja 379), se le tuvo informando las gestiones que se encuentra realizando para recabar dicha pieza postal. 5. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o no informar la causa legal o material que se lo impida, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a cuatro mil doscientos veinticuatro pesos, con cincuenta centavos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    I. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad responsable denominada Juez de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y otras autoridades. II. Formación de expediente. Fórmese expediente y regístrese con el número progresivo de juicio de amparo indirecto 662/2019, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Precisión del acto reclamado. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: "1. A) La ilegal orden de DESALOJO DE MI ESPOSO GILBERTO AGUILAR DUQUE DEL INMUEBLE DEL CUAL SOY TAMBIEN LEGITIMA PROPIETARIA AL ESTAR CASADOS POR SOCIEDAD CONYUGAL Y BIENES MANCOMUNADOS Y QUE FUE dictada POR EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SABINAS, COAHUILA, EMITIDA DENTRO DE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE DE JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO NÚMERO 514/2010 SITUACIÓN QUE ME AFECTA YA QUE LA SUSCRITA NO HA SIDO OIDA NI VENCIDA EN JUICIO, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas, DICTADA SIN FUNDAMENTO LEGAL ALGUNO PARA AFECTAR A LA SUSCRITA EN MI CARÁCTER DE TAMBIEN LEGÍTIMA PROPIETARIA Y POSDESIONARIA DE DICHO BIEN INMUEBLE." A su vez, es conveniente destacar de los antecedentes que relató bajo protesta de decir verdad, que manifestó que al acudir al Juzgado Civil de la ciudad de Sabinas, Coahuila, y revisar el expediente 514/2010, se dio cuenta que existía una orden de desalojo del predio ubicado en la calle Simón Bolívar, número 770, poniente, Colonia Profesor Federico Berrueto Ramón, en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para darle la posesión del inmueble a una señora de la cual no recuerda su nombre. IV. Se desecha demanda de amparo indirecto. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo anterior, tiene sustento en el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello, con la intención de evitar, crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto invocado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. En el entendido de que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por lo que informa, la Jurisprudencia P./J. 128/2001, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, con registro electrónico 188643, de rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Establecido lo anterior, se advierte que en el caso opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. En efecto, la improcedencia de mérito se actualiza cuando se combaten resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, y se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables. Para corroborar que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia en alusión, es preciso tener en cuenta los antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten de las constancias que obran en el diverso juicio de garantías 26/2018, que se invoca en este asunto como hecho notorio, ya que se trata de un expediente del índice de este órgano jurisdiccional; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el arábigo 2º de esta última legislación. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 74/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página novecientos sesenta y tres, del tomo XXIII, junio de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 174899, que dice: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Así como la tesis de jurisprudencia número VI.1o.P. J/25, que sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página mil ciento noventa y nueve, del tomo XV, marzo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 187526, cuyo rubro dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Sobre el tema se emitió la tesis de jurisprudencia número XXII. J/12, que sustenta el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página doscientos noventa y cinco, del tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 199531, que es de la literalidad siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En tales circunstancias, se precisa que la ahora quejosa Martha Antonieta Hernández Flores, es esposa de Gilberto Aguilar Duque, lo cual se corrobora con la copia certificada que exhibe del acta de matrimonio número cuarenta y seis de fecha uno de julio de mil novecientos noventa y uno, levantada por el oficial dos del registro civil con residencia en Agujita, Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; Asimismo, al tener a la vista el expediente 26/2018, se aprecia que al citado Aguilar Duque, se le tuvo con el carácter de tercero interesado, además que mediante sentencia de cuatro de julio de dos mil dieciocho (fojas 98 a 116), se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Alejandra Yazmín Reyna Ponce, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, realice lo siguiente: ".a) Deje insubsistente la orden de desalojo y lanzamiento dictada en el juicio sucesorio intestamentario 367/2012, sobre el bien inmueble que poseía la aquí quejosa Alejandra Yazmín Reyna Ponce, específicamente de fecha quince y diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. b) Dicte un acuerdo en el que ordene la restitución de la posesión del predio ubicado en calle Simón Bolívar 770, poniente, entre Juan Aldama y Miguel Hidalgo, colonia Berrueto Ramón, en Sabinas, Coahuila, a favor de la aquí quejosa Alejandra Yazmín Reyna Ponce. c) En lo sucesivo respete la posesión del inmueble en ese expediente. Sin que ello implique que se llame a la quejosa al juicio de origen, pues como se dijo no es parte, tampoco conlleva a declarar la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural, sino únicamente la determinación que ordenó el desalojo y lanzamiento del inmueble de referencia.". Inconforme con ese fallo, el esposo de la hoy quejosa, es decir, Gilberto Aguilar Duque, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y el cuatro de julio del presente año, dentro del amparo en revisión civil 702/2018, resolvió lo que a continuación se transcribe: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandra Yazmín Reyna Ponce, contra el acto reclamado al Juez de Primera Instancia en Materia Civil residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza consistente en la orden de lanzamiento y desalojo contenido en la acuerdo de quince de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 514/2010". En ese sentido, en auto de doce de agosto de dos mil diecinueve, éste Juzgado recibió la ejecutoria de que se trata y requirió su cumplimiento. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que la orden de desalojo respecto del inmueble ubicado en la calle Simón Bolívar, número 770, poniente, Colonia Profesor Federico Berrueto Ramón, en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, emitida en el juicio sucesorio intestamentario número 514/2010, la cual reclama en este juicio de amparo, fue dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 26/2018, del índice de este órgano de control constitucional. Por ello, contra el acto antes precisado, no es procedente promover un diverso juicio de amparo, pues el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, prohíbe esa situación, debido a que no sería jurídico que contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, procediera otro, porque de ser así, se originaría una cadena interminable de juicios de esa naturaleza. Sobre el tema, tiene aplicación la jurisprudencia 1ª./. 57/2018 (10ª), de la Primera Sala, consultable en el libro 60, Noviembre de dos mil dieciocho, Tomo I, página ochocientos veintinueve, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2018315, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración". Asimismo, en apoyo a lo considerado se emitió la jurisprudencia XX.J72, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página doscientos cincuenta y nueve, tomo I, mayo de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 205151, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PREVISTA POR LA FRACCION II DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. SI SE IMPUGNAN EN UN JUICIO DE AMPARO ACTOS DE AUTORIDAD SURGIDOS EN CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCION DICTADA EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS. SURGE LA. Si se impugnan a través del juicio de amparo, actos de autoridad que surgieron en cumplimiento de una resolución dictada dentro de diverso juicio constitucional surge la causal de improcedencia prevista por la fracción II, del artículo 73, de la Ley de Amparo". En tales condiciones, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. V. Autorizado y Domicilio. Se tiene como autorizado en amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la citada ley. VII. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. VIII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. IX. Depuración. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. X. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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