Martha Elisa Espinoza Jimenez

Expediente 98/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
98/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
20/05/2016

Partes del expediente

  • Martha Elisa Espinoza Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, a veinte de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal para que la parte quejosa recurriera la sentencia que sobreseyó en este juicio, sin que lo hubiera hecho, con fundamento en el artículo 86, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, hágase la anotación de estilo en el libro de gobierno, y glósese el cuaderno original del incidente de suspensión. En consecuencia, archívese el asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, dado que en la sentencia dictada en autos se sobreseyó, y que se observa de la certificación que antecede que no existen documentos originales, y se abrió el incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión provisional y la definitiva por lo que hace a todos los actos señalados, además de que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera inciso II y III, del Acuerdo General conjunto en cita, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiendo conservarse únicamente las resoluciones en la que se haya otorgado la medida suspensional solicitada. Según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá de ser destruido, en el plazo de seis meses a que se refiere el acuerdo aludido, manténgase por separado el cuaderno en mención. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    Sentencia que emite el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California para resolver el juicio de amparo indirecto 98/2016, promovido por Martha Elisa Espinoza Jiménez -por derecho propio- contra actos del Director del Centro de Reinserción Social, en calidad de Presidente de la Comisión Disciplinaria y del Consejo Técnico, de dicho centro carcelario, con residencia en esta localidad. ANTECEDENTES I. Presentación de demanda Por escrito presentado el tres de marzo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, residente en esta ciudad -que por razón de turno fue remitido a este órgano judicial-, Martha Elisa Espinoza Jiménez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia del Supremo Poder de la Federación, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social, en calidad de Presidente de la Comisión Disciplinaria y del Consejo Técnico, de dicho centro carcelario, con sede en esta localidad. Dichos actos los hizo consistir en la emisión del acuerdo de las actas de once de febrero de dos mil dieciséis. II. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó violados La impetrante narró los antecedentes del acto reclamado, sostuvo que en su perjuicio se vulneraron los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes a fin de evidenciar la inconstitucionalidad de la actuación reprochada. III. Admisión, integración y trámite Por auto de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se admitió la demanda a trámite, se formó y registró el expediente con número 98/2016, se solicitó a la autoridad responsable su informe de ley, se dio al agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que le compete; por último se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES I. Competencia Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales; en virtud de que este órgano de control constitucional es un Juzgado de Distrito en materia mixta, y como tal, es competente para conocer del juicio de amparo indirecto en la administrativa (grado y materia), así como por tratarse de un acto cuya emisión y ejecución está a cargo de autoridad residente en esta municipalidad, en la cual ejerce su jurisdicción este tribunal de amparo (territorio). Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. II. Precisión del acto reclamado Conforme al artículo 74, fracción I de la ley de la materia, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se interpreta la demanda de amparo en su totalidad. Lo anterior encuentra sustento, por similitud jurídica, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, expuesta por el Pleno del Alto Tribunal Constitucional, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página treinta y dos, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así del análisis armónico de los señalamientos y manifestaciones transcritas, privilegiando lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que dijo en apariencia, a la luz de las constancias que integran el presente juicio nos lleva a tener que en el presente asunto los actos reclamados que el quejoso atribuyó es el siguiente: a) La emisión y ejecución de las actas de la Comisión Disciplinaria del Centro de Reinserción Social, con números de folio 32 y 34, de fecha once de febrero de dos mil dieciséis, en las que le impuso diversas sanciones. III. Certeza de los actos reclamados Son ciertos los actos que se le reclaman al Director del Centro de Reinserción Social, en calidad de Presidente de la Comisión Disciplinaria y del Consejo Técnico, por así manifestarlo en su informe con justificación. Lo que se corrobora con las constancias relativas a las actas con números de folio 32 y 34, emitidas por Comisión Disciplinaria del Centro de Reinserción Social; que en copias certificadas remitió anexas a su informe, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, por tratarse de documentos certificados por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 236, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Quinta Época, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página ciento cincuenta y tres, de consulta rápida en el ius o registro electrónico 394182, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". IV. Causal de improcedencia y sobreseimiento El estudio de las causas de inejercitabilidad de la acción de amparo, es una cuestión de orden público y de estudio preferente, por así disponerlo el numeral 62 de la Ley de Amparo; pues de actualizarse alguna de ellas hace imposible el estudio de la litis planteada, acorde a lo que dispone el artículo 65 del citado cuerpo legal. De ahí que, este Juzgado de oficio advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Del numeral recién transcrito se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando los mismos estén previstos en una ley -ordenamiento general y abstracto expedido por el órgano legislativo- cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo; de ser así, en atención al principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales, la parte quejosa, previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos. Esto es, la regla de la definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el actuar de la autoridad. Lo anterior, pues es claro que con la interposición del recurso o medio de defensa legal pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y lograr que desaparecieren de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. De modo tal que el juicio de amparo es improcedente, cuando previo a instar la acción constitucional no se agotó en contra del acto reclamado, el recurso o medio de defensa previsto en la ley común, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. En ese sentido, debe decirse que el principio de definitividad del juicio de amparo encuentra justificación en que el mismo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, a la presente sede constitucional la amparista compareció a reclamar -como violatoria de sus derechos fundamentales- la emisión y ejecución de las actas de la Comisión Disciplinaria del Centro de Reinserción Social, con números de folio 32 y 34, de fecha once de febrero de dos mil dieciséis, en las que le impuso diversas sanciones; no obstante ello, este juzgador considera que la parte quejosa no observó el principio de definitividad necesario para la procedencia del juicio constitucional, circunstancia anterior, que da vida al motivo de improcedencia que refiere el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo cuyo texto se transcribió en párrafos anteriores. En efecto, los actos que la peticionaria reclama en esta instancia deben ser combatidos a través del recurso de inconformidad instaurado por el artículo 43 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California, y desarrollado por los preceptos 125 y 126 del Reglamento de los Centros de Readaptación Social del Estado de Baja California; medio de impugnación idóneo y eficaz para controvertir las actuaciones de autoridad que por esta vía se combaten, que permite su suspensión sin mayores requisitos que la Ley de Amparo. A continuación se reproducen los contenidos de los numerales en cita que son del tenor literal siguiente: "Artículo 43.- Los acuerdos, disposiciones y medidas tomadas por el Director del Centro, en relación a las atribuciones señaladas en el artículo que antecede, podrán ser impugnados por la parte afectada ante la Subsecretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Centros correspondiente". "Artículo 125.- En caso de inconformidad con la resolución administrativa, podrá el interno recurrirla por medio de un escrito simple que presente ante la Comisión Disciplinaria o ante la Subsecretaría por conducto de su defensor, en un término de 24 horas contadas a partir de su notificación". "Artículo 126.- La interposición del recurso previsto en el artículo que antecede, suspenderá la aplicación de la sanción o sanciones impuestas, en tanto se resuelve el mismo por el Subsecretario, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación del mismo". Luego entonces, -con la interposición del citado medio de impugnación- la quejosa está en facultad de hacer valer los conceptos de agravio que en esta vía constitucional se esgrimen, a efecto de que los actos reclamados puedan ser revocados o modificados; máxime que, es parte afectada por las actuaciones reclamada a las autoridades. En razón de lo anterior, se insiste en la convicción de que el presente juicio de amparo, planteado por Martha Elisa Espinoza Jiménez, es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por no haberse agotado el recurso legal mediante el cual pudieron ser modificados, revocados o nulificados los acto de autoridad que se reclaman. Además que no se surten las hipótesis de excepción a dicha regla, pues no se advierte que: a) exista una violación directa a la Constitución; b) los actos carezcan de fundamentación y motivación; y, c) El medio de defensa -recurso de inconformidad- se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En las condiciones apuntadas, al actualizarse la causal de improcedencia ya anotada, se sobresee en el presente juicio promovido por Martha Elisa Espinoza Jiménez. RESOLUTIVO Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73, 74, y demás relativos de la Ley de Amparo, este juzgador de distrito resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 98/2016, promovido por Martha Elisa Espinoza Jiménez, contra la autoridad y actos, por las razones expuestas en la consideración IV de la presente sentencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, a once de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos; se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a las partes por auto de veintinueve de marzo del año en curso, para que manifiesten lo que a su interés convenga en relación al informe justificado rendido por diversa responsables; proveído que se notificó por lista publicada el treinta del mismo mes y año. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del dos de mayo de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, derivada de la contradicción de tesis 29/98-PL., entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XI, abril de 2000, materia común, página 5, que es del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." NOTIFÍQUESE

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, a treinta de marzo de dos mil dieciséis. Visto el informe justificado de cuenta que remite el Director del Centro de Reinserción Social, en calidad de Presidente de la Comisión Disciplinaria y del Consejo Técnico de dicho centro carcelario, con sede en esta localidad; ahora bien, toda vez que anexa constancias para su apoyo, agréguese a los autos con vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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