Martha Elisa Espinoza Jimenez

Expediente 254/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
254/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
02/05/2017

Partes del expediente

  • Martha Elisa Espinoza Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, dos de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera mediante recurso de revisión la resolución constitucional que sobreseyó en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora bien, tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo se sobreseyó; que no obran documentos originales; que no se aperturó incidente de suspensión, y se concedió la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa, al tratarse de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; así también, que se estima que este expediente carece de relevancia documental; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima primera, fracción II del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto, debiéndose únicamente conservar el proveído por el cual se concedió la suspensión de plano de que se trata. Notifíquese.

  2. Principal

    con fundamento en los artículos 27 fracción I inciso b) y 29 de la ley de amparo notifico a la parte quejosa la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete que en lo conducente dice: "... Vistos para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 254/2016; y, Resultando: Primero. Presentación de la demanda, autoridades responsables y actos reclamados. Mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Ensenada, Baja California, turnado en esa fecha a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, Carlos Enrique Campos Aguilar, en nombre de Martha Elisa Espinoza Jiménez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades señaladas en el párrafo que antecede, los que hizo consistir en la tortura física y mental, incomunicación, confinamiento, malos tratos, restricción de su libertad personal, suspensión de visita familiar, conyugal, de actividades deportivas y culturales, prohibición de salida al patio, así como hacer llamadas a familiares y abogados; actos que estimó violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda y sustanciación del juicio de amparo. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda en cuestión, las autoridades responsables rindieron su -informe justificado, y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo la intervención que le compete, quien se abstuvo de formular alegatos. En virtud de que se ratificó la demanda de amparo, por auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis, se ordenó continuar con el trámite, finalmente la audiencia constitucional se inició en términos del acta que antecede. Posteriormente, la quejosa en dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, por escrito presentado ante la oficialía de partes de este juzgado desistió de la demanda de amparo, lo cual ratificó el diecisiete del mismo mes y año, respecto de ello se proveyó lo conducente en el cuaderno provisional que se aperturó, el que se ordena agregar al sumario constitucional para que obre como corresponde, y así sean tomadas en consideración las actuaciones que lo conforman; y, Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de protección de derechos humanos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como 48, 52, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en los que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de reclamarse entre otros, actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que pudieran estarse ejecutando dentro de la circunscripción territorial de este órgano federal. Segundo. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se interpreta la demanda de garantías en su totalidad. Lo anterior de conformidad con el criterio emitido en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el presente asunto los actos reclamados que la quejosa atribuye a las autoridades son los siguientes: Del Director del Centro de Reinserción Social y Comandante Encargada de la Sección Femenil del Centro de Reinserción Social, en esta ciudad: La tortura física y mental, incomunicación, confinamiento, malos tratos, restricción de la libertad personal, suspensión de visita familiar, conyugal, de actividades deportivas y culturales, prohibición de salida al patio, así como la de realizar llamadas a familiares y abogados. Tercero. Inexistencia o certeza de los actos reclamados. Por una parte, el Director del Centro de Reinserción Social y la Comandante Encargada de la Sección Femenil del Centro de Reinserción Social, ambos en esta ciudad, negaron los actos reclamados como tortura física y mental, incomunicación, confinamiento, restricción a su libertad personal y malos tratos, asimismo, fueron categóricos en negar el que hubieren efectuado en contra de la quejosa, algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Por otra, aceptaron los actos reclamados como suspensión de visita familiar, íntima y actividades de esparcimiento (yarda). Inexistencia o certeza que no será motivo de análisis por los razonamientos que se expondrán con posterioridad. Cuarto. Causas de sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen el sobreseimiento del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en los artículos 62 y 63 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio se advierta impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. En el caso se actualiza el motivo de sobreseimiento que dispone el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, mediante escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, la quejosa Martha Elisa Espinoza Jiménez, desistió clara y expresamente del juicio de amparo en que se actúa, lo que se acordó en el cuadernillo provisional respectivo mediante auto de diecisiete del propio mes y año, ocurso que en el acto de la diligencia que desarrolló la actuaria judicial de este juzgado al interior del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, a las dieciocho con treinta minutos del diecisiete de marzo del presente año, la quejosa ratificó y manifestó reiterar su deseo de abdicar del presente juicio de amparo, actuación que firma para debida constancia. Ahora, el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." De lo anterior se desprende que la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que la parte quejosa pueda válidamente desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad debidamente ratificada ante la presencia judicial; por consiguiente, con el desistimiento manifestado por la quejosa Martha Elisa Espinoza Jiménez, mediante escrito de dieciséis de marzo del presente año, mismo que ratificó ante la presencia judicial al interior del centro preventivo donde guarda prisión la quejosa en diecisiete de marzo del año que transcurre, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, y por ende, se sobresee en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción I, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martha Elisa Espinoza Jiménez, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social y Comandante Encargada de la Sección Femenil del Centro de Reinserción Social, ambos en esta ciudad, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de esta sentencia, ello por los motivos que se expresaron en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente..."

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta, formulado por la parte quejosa Martha Elisa Espinoza Jiménez; atento a su contenido, se le tiene manifestando que desiste en su perjuicio de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. A fin de acordar lo procedente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la promovente, quien se encuentra interna en el Centro de Reinserción Social, de esta ciudad, para que en el acto de la notificación ratifique el escrito de mérito en donde externa su desistimiento, apercibida que de no hacerlo así, se tendrán por no hechas sus manifestaciones y se dictará la sentencia que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Vista la inspección judicial desahogada el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado por auto de trece del mes y año que transcurre, ello derivado de la determinación en la que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, en revisión 292/2016 penal, resolvió revocar la sentencia y reponer el procedimiento para efectos de que se comisionara al actuario judicial de la adscripción y se realizarán los fines peticionados en la demanda de amparo, de la que se desprende que la fedataria pública se constituyó en las instalaciones del Centro de Reinserción Social, en esta ciudad, en las cuales la asesora jurídica de dicho centro carcelario, atendió inicialmente la diligencia, quien la condujo a la celda señalada con el número 104, en la que encontró a la comandante y custodias encargadas de esa sección femenil, ello por ser esa la celda que corresponde a la quejosa, la que en esos instantes se encontraba fuera, al estar en actividades recreativas, de quien fue solicitada su presencia. Posteriormente, la actuaría fue informada por personal del citado centro que Martha Elisa Espinoza Jiménez, es la única persona que ocupa esa celda, al tratarse de una persona problemática y difícil de relacionarse con el resto de las internas; la quejosa fue acercada a la diligencia, y se hizo constar que en el lugar existe colchón, cinco cobijas, y una pequeña repisa en la que se observaron cosas personales de la interna; al encontrase a solas, ella expresó que no ha sido maltratada, ni torturada por ninguna de las personas, agregando que le prestan atención médica cuando lo necesita, y que son las personas de nombre Edith e Isela quienes la maltratan sicológicamente pues son muy estrictas con ella, al llamarle la atención por cualquier cosa, todo lo cual será motivo de análisis al momento de resolver la sentencia de fondo. Ahora bien, no obstante que en acuerdo de trece de febrero del presente año, se precisó que una vez desahogada la inspección ordenada, se proveería lo conducente respecto del escrito presentado por el licenciado Carlos Enrique Campos Aguilar, quien se ostentó como autorizado de la parte quejosa, y realizó diversas manifestaciones en relación a la suspensión de plano, así, al advertirse de autos que el mencionado profesionista únicamente presentó demanda por actos, entre otros de incomunicación y tortura, en nombre de Martha Elisa Espinoza Jiménez, demanda en la que la parte quejosa autorizó solo a Edgar Muñoz González para que la representará, lo que se proveyó de conformidad el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, es que resulta improcedente realizar acuerdo alguno al respecto, se insiste, al carecer el promovente de autorización por parte de la quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por último, comuníquese a las partes que por sesión ordinaria celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó que el nuevo titular de este Juzgado a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, es quien firma la presente determinación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, con número de registro 164217, derivada de la contradicción de tesis 119/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, notable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de dos mil diez, página trescientos doce, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE.

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