Martha Elena Rios Roman

Expediente 1133/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1133/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/09/2019

Partes del expediente

  • Martha Elena Rios Roman

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio recibido vía electrónica signado por el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 736/2019, derivado del juicio de amparo 1133/2019-II, por el cual se le solicitó notificar a la quejosa Martha Elena Ríos Román y/o a quien se ostenta como su apoderado, el contenido del proveído de nueve de septiembre de la presente anualidad. Hágase las anotaciones en el libro de comunicaciones oficiales respectivo, sin que sea necesario remitir el acuse de recibo en la vía tradicional dado que la constancia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE) al devolver la comunicación oficial, hace las veces del acuse respectivo; aunado a que no lo solicita el homólogo remitente. Ahora, vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Realícense las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria en funciones de Juez del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, al que adjunta el juicio de amparo 1949/2019, de su índice, así como tres copias de la demanda de amparo promovida por...; ello en razón que mediante proveído de cuatro de septiembre en curso, declaró no tener competencia por cuestión de territorio para conocer de la demanda, al estimar que es en Tlalnepantla, Estado de México en donde debe tener lugar la ejecución del acto reclamado y en dicho lugar la autoridad señalada como responsable deberá llevar a cabo la audiencia señalada para el veinticinco de noviembre del año en curso, respecto al desahogo de las pruebas testimoniales ofrecidas por la parte demandada en el juicio laboral de origen. Así, una vez analizadas las constancias recibidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, comuníquese al homologo Federal que este Órgano de Control Constitucional acepta la competencia declinada. Acúsese recibo. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por..., regístrese bajo el número 1133/2019-II. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala esencialmente como acto reclamado: 1. Lo proveído en audiencia de doce de agosto del presente año, en el expediente J.3/452/2016, en la cual la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, del Valle Cuautitlán-Texcoco, con residencia en Tlalnepantla, Estado de México, previno a la parte demandada en el juicio de origen, para que presente a los testig... al desahogo de la prueba testimonial, lo anterior, no obstante que la parte demandada no contestó la demanda y como consecuencia se le tuvo por confesa. DESECHAMIENTO. Ahora, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En el supuesto de los actos reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En efecto, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. En el anterior contexto, se evidencia que el acto reclamado no quebranta en perjuicio del impetrante de amparo, de manera cierta e inmediata, alguno de sus derechos sustantivos protegidos por los derechos humanos, ya que lo acordado en audiencia de doce de agosto del presente año, por la responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, del Valle Cuautitlán-Texcoco, con residencia en Tlalnepantla, Estado de México, en donde previno a la parte demandada en el juicio de origen, para que presente a los testigos... al desahogo de la prueba testimonial, lo anterior, no obstante que la parte demandada no contestó la demanda y como consecuencia se le tuvo por confesa; únicamente implicaría, en su caso, violaciones a derechos adjetivos, los cuales no tienen una consecuencia de imposible reparación, en tanto que sus pretensiones pueden quedar satisfechas, pues aún existe la posibilidad de que obtenga una sentencia favorable, evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. En caso de que no suceda así, lo podrá hacer valer como violación procesal en los agravios en el recurso correspondiente, toda vez que se advierte que en el juicio natural, del cual deriva el acto reclamado, aún no se dicta sentencia, o en última instancia, puede ser combatida mediante el amparo directo que en su caso y oportunidad promueva contra la sentencia definitiva que se emita, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b) y V, inciso d), de la Constitución Federal, 170, 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, pues en esa hipótesis se patentizaría la trascendencia de la consabida violación procesal. Además, no se le está privando a la parte quejosa, del derecho de defensa que en cada uno de estos procedimientos tienen consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en ellos, porque en todo caso podrá constituir una infracción al procedimiento reclamable en amparo directo, en el que será factible impugnar la mencionada violación por haber trascendido al resultado del fallo. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, éste último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que promueve..., quien se ostenta como apoderado legal de... DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), esto es fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. En consecuencia, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese comunicación oficial vía electrónica al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio a las labores de este Juzgado comisione a cualquiera de los Actuarios de su adscripción a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en Dr. Lucio, número ciento tres, edificio Géminis, interior 603, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, código postal 06720, a efecto de notificar el presente proveído y previo cercioramiento de que se trata de la persona buscada y/o a quien se ostenta como su apoderado legal. Además, la requiera con fundamento en el artículo 27 fracción I, primer párrafo, y fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que dentro del términos de tres días al que sea notificado del presente acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, dentro de la jurisdicción de este Órgano de control constitucional (Naucalpan de Juárez), o en su defecto dentro de la zona conurbada de este juzgado (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan); con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones personales las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado de Distrito. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, enviada vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la devolución de las constancias respectivas, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se tienen como autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las demás partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.

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