Martha Beatriz May Escamilla
Expediente 25/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Martha Beatriz May Escamilla
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; tres de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Agréguese el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, que contiene inserto el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós emitido en el expediente 1922/2022-I de su índice, al que anexó dos copias de traslado y el expediente principal del citado juicio de amparo de su estadística, en razón que se declaró legalmente incompetente para conocer de la acción constitucional ejercida por...por derecho propio; en ese sentido, este órgano federal acepta la competencia declinada, por lo que se convalidan las actuaciones practicadas en el expediente remitido; acúsese recibo. Sin que resulte necesario realizar mayor pronunciamiento respecto de la suspensión de plano que solicitó la parte quejosa, toda vez que el homologo federal ya se pronunció al respecto. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese la demanda de amparo promovida por...por propio derecho; fórmese el expediente relativo con el número 25/2023-III que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias que anexó a la misma, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado y autoridad responsable, los siguientes: 1.- De la Jefa de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios del Estado de México. - La omisión de realizar el pago de su pensión jubilatoria en cumplimiento al dictamen de pensión CP/80964/22, emitido el doce de agosto de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En el presente asunto se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Tales preceptos establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en el que el Estado Mexicano es parte; asimismo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, se considera autoridad a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de otras personas, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Ahora, en el caso que nos ocupa, la quejosa combate la omisión por parte de la autoridad responsable Jefa de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios del Estado de México (como se advierte de las constancias que adjunta a su escrito de demanda) de acatar lo establecido en la resolución CP/80964/22, dictada el doce de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual se le otorgó una pensión por jubilación. Conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios que cumple con la función de prestar el servicio público de seguridad social a través del otorgamiento de servicios de salud, pensiones y créditos. Además, tiene reconocido un doble carácter: como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero-patronales otorgadas por los poderes públicos del estado y sus servidores públicos, caso en el que actúa como autoridad en una relación de supra a subordinación; y como ente asegurador, en sustitución del patrón, caso en el cual, actúa en un plano de igualdad. Es este último supuesto es el que interesa al caso concreto, pues el acto reclamado, consistente en la omisión de realizar el pago de su pensión jubilatoria en cumplimiento al dictamen de pensión CP/80964/22, emitido el doce de agosto de dos mil veintidós, está relacionado íntimamente con la actuación de la autoridad responsable en su carácter de ente asegurador, en sustitución de las obligaciones del patrón (poderes públicos del estado); esto es, en un plano de coordinación en relación con el beneficiario. Ahora, en relación con el tema de que se trata, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 341/2015, estableció que existen dos supuestos excepcionales de procedencia del juicio de amparo tratándose de actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de ente asegurador, los cuales son: 1. Cuando se busque obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados, aduciendo la inconstitucionalidad de la norma aplicada; como sucede, por ejemplo, en tratándose de la negativa de una pensión con base en un artículo de la Ley del Seguro Social cuya constitucionalidad se cuestiona. 2. Cuando se reclame al Instituto Mexicano del Seguro Social la violación al derecho de petición tutelado en el artículo 8° constitucional, para el único efecto de que de que el funcionario o empleado público emita una respuesta; en la inteligencia de que ésta no podrá ser materia de ampliación de la demanda de amparo, sino que, en el evento de controvertirse, debe hacerse en la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, ninguno de los dos supuestos de excepción se colma en este asunto, toda vez que la quejosa no se duele de la inconstitucionalidad de alguna norma general en la que se haya sustentado una negativa de otorgarle alguna pensión. Tampoco se alegó una violación al derecho de petición, pues lo que se pretende impugnar por esta vía constitucional es que la autoridad responsable haga efectiva la resolución por la que se le otorgó una pensión, no así que dé respuesta a determinada solicitud. En ese contexto, no se está en ninguno de los supuestos excepcionales de procedencia del juicio de amparo señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en la finalidad de obtener la protección efectiva del derecho humano a la seguridad social, mediante la impugnación de la constitucionalidad de la norma legal aplicada por la responsable, ni se planteó la falta de contestación a su petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. El criterio a que se ha hecho referencia está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), que señala: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." No pasa desapercibido que la tesis transcrita se refiera al Instituto Mexicano del Seguro Social y no a la autoridad designada como responsable Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con motivo del otorgamiento del Comité de Pensiones de dicho Instituto; pues en el caso concreto ambas instituciones comparten las mismas características y funciones de ente asegurador, precisamente porque a través de ellos se otorgan a los particulares diversas prestaciones de seguridad social, como son las pensiones. Por ello, se insiste, la relación jurídica que une al Comité de Pensiones del instituto citado con sus asegurados y sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad, pues actúa en sustitución del patrón (poderes públicos) porque no está investido de imperio; esto es, en una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad. Al respecto, se invoca, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 134/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, de contenido: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." No se inadvierte que la procedencia de su demandada de amparo la sustente en base a la tesis aislada XV.3o.8 A (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE PAGO OPORTUNO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA. PROCEDE, AUN CUANDO EL ADEUDO SE HUBIESE CUBIERTO, PARA ANALIZAR LA AFECTACIÓN A DERECHOS HUMANOS DEL QUEJOSO Y DECRETAR LAS MEDIDAS QUE LOS TUTELEN, CUANDO SE ADVIERTA QUE EL RETARDO EN EL PAGO PERSISTE Y ES RECURRENTE"; sin embargo, dígase que este órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a realizar lo que pretende, dado que el criterio aislado que cita no es vinculante para este órgano jurisdiccional, pues las tesis aisladas únicamente constituyen criterios orientadores que se generan en los fallos emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación, más no son obligatorios. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 195/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 38, enero de 2017, tomo I, página 778, décima época, registro digital: 2013380, bajo el rubro y texto: "TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR, NO GENERAN DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE IRRETROACTIVIDAD. Del análisis integral y sistemático de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215, 217, 218, primer párrafo, 222 al 226 y 228 de la Ley de Amparo, se desprende que de manera expresa se concede carácter obligatorio a la jurisprudencia, particularidad que no comparte con las tesis aisladas que se generan en los fallos de los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación. Atento a lo anterior, los criterios que aún no integran jurisprudencia no pueden invocarse como un derecho adquirido por las partes y, por tanto, sujeto al principio de no aplicación retroactiva en su perjuicio. Congruente con ello, a falta de jurisprudencia definida sobre un tema determinado y cuando exista un criterio aislado o precedente aplicable para la solución de un caso concreto, debido al carácter orientador que esta Superioridad les ha conferido y el principio de seguridad jurídica, es dable mas no obligatorio que los órganos jerárquicamente inferiores lo atiendan en sus resoluciones, mediante la cita de las consideraciones que las soportan y, en su caso, de la tesis correspondiente y de existir más de uno, puede el juzgador utilizar el que según su albedrío resulte correcto como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional." En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por...por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario "..."; en el entendido que la promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, se autoriza a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad invocada, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA VÍA INTERNET Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario "..."; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintidós de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. HORARIO DE ATENCIÓN Se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; y, IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa..."
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