Martha Edith Flores Ossio
Expediente 200/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Martha Edith Flores Ossio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este juicio el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a la autoridad responsable esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Tomos de pruebas. Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes. Archivo. Ahora, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional, determinación que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el presente asunto obren documentos que por sus características deban ser devueltos. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Se agrega promoción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signados por la apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento de catorce de febrero del año en curso. Vista. Con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Pruebas. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable, las documentales que ofreció, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Requerimiento. Atendiendo a que de las constancias que acompaña la apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se desprende que la quejosa acudió a la consulta programada para el trece de marzo de dos mil veintitrés, y se solicitó interconsulta a psicología. Asimismo, se programó nueva cita para el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, a las diecisiete horas con veinte minutos a la consulta de psiquiatría. En tal virtud, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, requiérase a la apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el término de tres días, contado a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, informe a este Juzgado si la aquí quejosa ******************** se presentó a la consulta de psiquiatría, así como si se señaló nueva fecha para que le fueran practicados los estudios requeridos, y remita copia certificada que acredite su dicho. Apercibimiento. Apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena en el término concedido, se le impondrá una multa por el equivalente cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 259, del ordenamiento legal en cita. Notifíquese por medio de lista a las demás partes; y por oficio a la apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.Lo proveyó y firma Aracely del Rocío Hernández Castillo, Jueza Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con Yoloxóchitl Martínez Martínez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el oficio de cuenta a través del cual el Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado, desahoga el requerimiento realizado en auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, y remite copias certificada de las constancias que integran el juicio laboral 195/2022. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que remitió, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, y actuario adscrito a dicho Tribunal, la parálisis procesal en el juicio laboral de origen y como consecuencia de ello, la falta de emplazamiento a los demandados (i) Representaciones y Servicios de Soporte, Sociedad Anónima de Capital Variable y (ii) quien resulte responsable y/o propietario de la fuente de trabajo ubicada en Camino Real a Guanajuato, número 113, colonia Progreso, en esta ciudad, dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 195/2022. Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, del oficio de cuenta y su anexo, se advierte que con relación a dicha omisión se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, del oficio de cuenta y su anexo se colige que la parálisis procesal reclamada y como consecuencia de ello la falta de emplazamiento de los demandados (i) Representaciones y Servicios de Soporte, Sociedad Anónima de Capital Variable y (ii) quien resulte responsable y/o propietario de la fuente de trabajo ubicada en Camino Real a Guanajuato, número 113, colonia Progreso, en esta ciudad, en los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, ha cesado en sus efectos, ello, toda vez que el Juez perteneciente al Tribunal responsable remitió la razón actuarial de uno de marzo de dos mil veintitres, dentro de los autos del expediente 195/2022, de su estadística, de la que se desprende que la diligenciaría adscrita a dicho órgano jurisdiccional, se constituyó en el domicilio señalado a fin de emplazar a juicio a los demandados referidos, y en virtud de no haber logrado el emplazamiento respectivo, mediante proveído de trece de marzo del mismo año, requirió a la parte aquí quejosa para que dentro del término de tres días, proporcionara datos o elementos en los cuales señale la ubicación exacta del domicilio de la demandada, o bien, para que proporcionara diverso domicilio en donde pudiera ser emplazada; lo que evidencia que ya no existe la dilación procesal de ejecutar el emplazamiento ordenado en el auto inicial de origen. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se advierte que la paralización procesal de la que se duele la parte quejosa, ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró que la diligenciaría se constituyó en el domicilio señalado para tal efecto, y ante la imposibilidad de llevar los emplazamientos respectivos, requirió a la parte aquí quejosa para que aportara mayores elementos o proporcionara diverso domicilio para el mismo fin (emplazar a la parte demandada); por tanto, es inconcuso que tal circunstancia constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, es decir, el expediente 195/2022, del índice de la autoridad responsable, ya no está paralizado puesto que ahora el impulso procesal recae en la parte quejosa, al estar en ella la facultad y obligación de proporcionar lo que la autoridad responsable solicita para que se efectúen los emplazamientos respectivos. Por lo que se concluye que la paralización del procedimiento reclamada ya fue subsanada por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el veintiocho de marzo del año en curso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta a través del cual el Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado, pretende desahogar el requerimiento realizado en auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés. Requerimiento. De la consulta de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, no se advierte que la responsable haya remitido copia certificada del acuerdo con el que dio vista a la actora en el expediente laboral ********************, con la razón actuarial de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, así como la notificación respetiva a dicha parte procesal. En tal virtud, devuélvase el tomo de constancias, y con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez del Tribunal Laboral del Poder Juridicial del Estado, para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, contado a partir del día siguiente en que se le notifique este proveído, remita copia certificada del acuerdo con el que le dio vista a la actora en el expediente laboral ********************, con la razón actuarial de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, y la notificación respectiva a dicha parte procesal, referidos por éste en su informe de ley. Apercibimiento. En caso que de no hacerlo, se hará acreedora a una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese por medio de lista; y por oficio al Juez del Tribunal Laboral del Poder Juridicial del Estado.
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