Martha Edith Flores Ossio

Expediente 915/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
915/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
15/08/2022

Partes del expediente

  • Martha Edith Flores Ossio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE AUTO QUE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA CAUSÓ ESTADO. SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN TRES AÑOS SIN QUE SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de julio de dos mil veintidós. Acuerda informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados de cuenta rendidos por las autoridades responsables (i) Actuaria del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, y (ii) Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, y anexo que acompaña ésta última. Pruebas. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que anexó a su informe de cuenta. Estado de autos. Ahora bien, en principio, debe decirse que se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, en el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, pone de manifiesto que la quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar de las autoridades responsables la parálisis procesal en el juicio laboral de origen y como consecuencia de ello, la falta de emplazamiento a la parte demandada dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Actualiza causal de improcedencia. Precisado lo anterior, cabe destacar que del informe justificado rendido por la responsable Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, y su anexo, se advierte que con relación a dicho acto reclamado (parálisis procesal), se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." En ese tenor, conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión , lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y su anexo, se colige que la parálisis procesal reclamada y como consecuencia de ello la falta de emplazamiento a la parte demandada en los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, ha cesado en sus efectos, ello, toda vez que dicha responsable remitió las razones actuariales de seis de julio de dos mil veintidós, dentro de los autos del expediente 195/2022, de su estadística, de las que se desprende que la diligenciaría adscrita a dicho órgano jurisdiccional, se constituyó en los domicilios señalados a fin de emplazar a juicio a la parte demandada, y en virtud de no haber logrado el emplazamiento respectivo, mediante proveído de once de julio de dos mil veintidós, requirió a la parte aquí quejosa para que dentro del término de tres días, proporcionara datos o elementos en los cuales señale la ubicación exacta del domicilio de la demandada, o bien, para que proporcionara diverso domicilio en donde pudiera ser emplazada; lo que evidencia que ya no existe la dilación procesal de ejecutar el emplazamiento ordenado en el auto inicial de origen. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se advierte que la paralización procesal de la que se duele la parte quejosa, ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró que la diligenciaría se constituyó en los domicilios señalados para tal efecto, y ante la imposibilidad de llevar los emplazamientos respectivos, requirió a la parte aquí quejosa para que aportara mayores elementos o proporcionara diverso domicilio para el mismo fin (emplazar a la parte demandada); por tanto, es inconcuso que tal circunstancia constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, es decir, el expediente 195/2022, del índice de la autoridad responsable, ya no está paralizado puesto que ahora el impulso procesal recae en la parte quejosa, al estar en ella la facultad y obligación de proporcionar lo que la autoridad responsable solicita para que se efectúen los emplazamientos respectivos. Por lo que se concluye que la paralización del procedimiento reclamada ya fue subsanada por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficios a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de julio de dos mil veintidós. Acuerda informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados de cuenta rendidos por las autoridades responsables (i) Actuaria del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, y (ii) Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, y anexo que acompaña ésta última. Pruebas. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que anexó a su informe de cuenta. Estado de autos. Ahora bien, en principio, debe decirse que se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, en el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, pone de manifiesto que la quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar de las autoridades responsables la parálisis procesal en el juicio laboral de origen y como consecuencia de ello, la falta de emplazamiento a la parte demandada dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Actualiza causal de improcedencia. Precisado lo anterior, cabe destacar que del informe justificado rendido por la responsable Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, y su anexo, se advierte que con relación a dicho acto reclamado (parálisis procesal), se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." En ese tenor, conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión , lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y su anexo, se colige que la parálisis procesal reclamada y como consecuencia de ello la falta de emplazamiento a la parte demandada en los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, ha cesado en sus efectos, ello, toda vez que dicha responsable remitió las razones actuariales de seis de julio de dos mil veintidós, dentro de los autos del expediente 195/2022, de su estadística, de las que se desprende que la diligenciaría adscrita a dicho órgano jurisdiccional, se constituyó en los domicilios señalados a fin de emplazar a juicio a la parte demandada, y en virtud de no haber logrado el emplazamiento respectivo, mediante proveído de once de julio de dos mil veintidós, requirió a la parte aquí quejosa para que dentro del término de tres días, proporcionara datos o elementos en los cuales señale la ubicación exacta del domicilio de la demandada, o bien, para que proporcionara diverso domicilio en donde pudiera ser emplazada; lo que evidencia que ya no existe la dilación procesal de ejecutar el emplazamiento ordenado en el auto inicial de origen. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se advierte que la paralización procesal de la que se duele la parte quejosa, ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró que la diligenciaría se constituyó en los domicilios señalados para tal efecto, y ante la imposibilidad de llevar los emplazamientos respectivos, requirió a la parte aquí quejosa para que aportara mayores elementos o proporcionara diverso domicilio para el mismo fin (emplazar a la parte demandada); por tanto, es inconcuso que tal circunstancia constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, es decir, el expediente 195/2022, del índice de la autoridad responsable, ya no está paralizado puesto que ahora el impulso procesal recae en la parte quejosa, al estar en ella la facultad y obligación de proporcionar lo que la autoridad responsable solicita para que se efectúen los emplazamientos respectivos. Por lo que se concluye que la paralización del procedimiento reclamada ya fue subsanada por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficios a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de julio de dos mil veintidós. Se forma cuaderno de antecedentes. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 947/2021-VI, promovido por Grupo Saval, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal ***, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil, de esta ciudad, y otras autoridades, se forma el presente cuaderno con motivo del recurso de revisión que interpone la tercera interesada en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo del cual deriva este expedientillo y agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.

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