Martha de la Salud Chávez Molina

Expediente 647/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
647/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • Martha de la Salud Chávez Molina

Actuaciones

  1. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de siete de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del doce al dieciocho de junio del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte promovente que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.Agréguese a los autos copia certificada del oficio STCCNO/410/2019, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, a través del cual hace saber que en sesión celebrada el tres de junio de dos mil diecinueve, con relación a la Cédula CAR 74/2019-II, presentada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del citado Consejo, determinó comunicar tanto a este órgano jurisdiccional, como al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, que inicia el auxilio a este Juzgado Noveno de Distrito en esta entidad federativa, a partir del mes de junio de dos mil diecinueve; asimismo, refiere que el apoyo que se otorga será motivo de revisión mensual por la aludida Comisión. Ahora, tomando en consideración que el presente juicio de amparo fue designado por el turno aleatorio para la remesa mensual de cincuenta y cinco juicios de amparo, se ordena enviar de inmediato el original del juicio en que se actúa, al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, pronuncie la resolución correspondiente. Asimismo, incorpórese el auto de envío, fórmese cuaderno de antecedentes (con copia certificada de las constancias necesarias) y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Finalmente, dígase a las partes que a fin de facilitar a los justiciables el seguimiento de la situación que guardan los expedientes remitidos al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, se podrán consultar en la página de internet de la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la dirección http://www.dgepj.cjf.gob.mx, un extracto de carácter informativo de la lista diaria de acuerdos tomados en los expedientes de los órganos jurisdiccionales auxiliados; lo anterior, para los efectos legales a que hubiere lugar. NOTIFIQUESE.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha siete de junio de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: MORELIA, MICHOACÁN, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demanda de amparo signada por MARTHA DE LA SALUD CHÁVEZ MOLINA, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." [.] Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, o medio de defensa, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En la especie la parte quejosa, reclama del Juez Segundo Menor Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, la orden de posesión de los bienes de su propiedad con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición, dirigida mediante exhorto al Juez competente en Morelia, en virtud del cambio de depositario judicial en el juicio de origen, bienes muebles que fueron embargados en la diligencia de emplazamiento, requerimiento de pago y embargo, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1112/2018 que promueve en su contra José Guillermo Torres Ramírez, a pesar de que ya obra el pago de las prestaciones reclamadas en el juicio de origen; es decir la inminente ejecución de la orden de cambio de depositario judicial con auxilio de la fuerza pública. Ahora bien, de los antecedentes narrados, bajo protesta de decir verdad, por la quejosa en la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados antes transcritos emanan del juicio ejecutivo mercantil número 1112/2018, seguido por José Guillermo Torres Loera frente a la aquí quejosa, en el que por sentencia definitiva de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, se condenó a la solicitante del amparo, entre otras cosas, el pago de la cantidad de $36,000.00 (treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal reclamada. Atento a ello, el juicio de garantías intentado resulta improcedente, porque contra el auto que ordena el cambio de depositario de los bienes embargados en el juicio de origen, a efecto de ponerlos a disposición del nuevo depositario señalado en dicho controvertido y su ejecución, es procedente el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, conforme al cual los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez o Tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio, pues al efecto el aludido numeral establece: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio". De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Lo anterior es así, de conformidad con el artículo 1339 del Código de Comercio, aplicable al momento de presentación del juicio de origen, que dispone: "Artículo 1339, son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 (Seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente.". Lo que establece como regla general, que sólo procede el recurso de apelación contra resoluciones que recaigan en negocios cuyo valor exceda de seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos con ochenta y ocho centavos, por concepto de suerte principal, sin tomar en consideración los intereses y demás accesorios reclamados; luego en términos del artículo 1341 del mismo ordenamiento legal, la procedencia de dicho recurso para la impugnación de los autos, se sujeta a la regla especial de que también sea apelable la sentencia definitiva, conforme al artículo 1339; y, para la impugnación de los autos que causen un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o que la ley expresamente lo disponga, el legislador también condicionó la procedencia del recurso de apelación a la regla general, esto es, procede el recurso de apelación en contra de interlocutorias o autos que causen un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, siempre y cuando el valor del negocio exceda de seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco peos 88/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin tomar en consideración los intereses y demás accesorios reclamados. Asimismo, la circunstancia de que no proceda el recurso de apelación contra del auto reclamado en esta instancia constitucional, no significa por sí que sea irrecurrible, pues tal situación no se deduce del artículo 1339 y por el contrario se corrobora en el sentido literal del diverso numeral 1334 del propio Código de Comercio, que estatuye que los autos que no fueren apelables serán revocados por el propio juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento. En efecto, sobre el particular conviene tener presente que con la expresión de recurso se alude, en términos generales, el acto procesal por medio del cual la parte de un proceso o juicio, que considera a una resolución perjudicial a sus intereses solicita un nuevo examen de los hechos o del derecho aplicable, para que sea modificada o sustituida por otra que le pueda favorecer. Luego, las normas de enunciado abierto, que permiten deducir por inferencia la hipótesis en que cobran aplicación - ".los autos que no son apelables pueden ser revocados por quien los dictó." - tienen por objeto llenar vacíos legales; en el caso concreto, además, cobra coherencia con el resto del ordenamiento y la naturaleza de la hipótesis que se norma, porque de ese modo un proveído puede ser valorado nuevamente por quien lo dictó, si el afectado demuestra su ilegalidad, y así no quedar inaudito. De lo que se sigue, que cuando el valor del negocio no exceda de la cantidad antes referida, es improcedente el recurso de apelación y por ello procedente el de revocación, atendiendo al sistema de impugnación contenido en el Código de Comercio y de manera específica en el artículo 1334 que dispone que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, y como el presente asunto se encuentra en la excepción de la regla general, puesto que como ya quedó asentado, la suerte principal reclamada dentro del juicio mercantil de origen es de treinta y seis mil pesos; por tanto, es procedente el recurso de revocación. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 1a/J.59/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 157, Tomo XXXII, correspondiente al mes de septiembre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". Lo que pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, atendiendo a que si en contra del auto reclamado emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil número 1112/2018, no procede el recurso de apelación, es correcto determinar que procede el diverso de revocación previsto por el artículo 1334 del Código de Comercio, pues no se trata de un auto contra el cual la ley expresamente prevea la irrecurribilidad; ya que es mediante ese medio de defensa ordinario que se pueden modificar o revocar y por ende, se debió agotar antes de acudir al juicio constitucional atento al principio de definitividad. Cobra aplicación a la anterior determinación la jurisprudencia número I.6º.C.J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902, Tomo XV, correspondiente al mes de Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo procedente es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle General Anaya, número 94 A, colonia Chapultepec Norte, en esta ciudad de Morelia, Michoacán, y autorizando para tal efecto a José Alberto Martínez Chávez, a quien se le tiene únicamente como autorizado para recibir notificaciones, no así con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, no se encontraron los datos inherentes a su cédula profesional, que lo acredite estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza mercantil. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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