Martha Chimal Cruz
Expediente 753/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martha Chimal Cruz
Actuaciones
- Principal
...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del trece al veinte de septiembre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Como resulta innecesario que obre dentro de los autos las copias certificadas relativas al juicio agrario 915/2015, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del trece al veinte de septiembre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Como resulta innecesario que obre dentro de los autos las copias certificadas relativas al juicio agrario 915/2015, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Por recibido el oficio número 6159, signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo administrativo 426/2018, que contiene inserta la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, a través de la cual ese Tribunal declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por MARTHA CHIMAL CRUZ, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad y otras autoridades; acúsese recibo de estilo. Por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, esta potestad federal se avoca a su estudio. Ahora bien, de la lectura de la demanda de garantías, promovida por MARTHA CHIMAL CRUZ, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad y otras autoridades, así como de las constancias que obran en autos del juicio agrario de origen, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del numeral 61, en relación con los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Cabe precisar que la parte quejosa, hace consistir los actos reclamados en: ".DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 36 DE MORELIA MICHOACÁN, RECLAMO EL CUMPLIMIENTO DE SUS DETERMINACIONES EN EL EXPEDIENTE 915/2015, DONDE ORDENO DICHO TRIBUNAL EN FECHA 3 TRES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 LA REGULARIZACION DE LOS ORGANOS DE REPRESENTACION Y VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE SAN FRANCISCO CURUNGUEO, MICHOACÁN, EN RAZÓN DE QUE PLACIDO CRUZ ALCANTAR, FRANCISCO LÓPEZ DE JESÚS Y ODORICO FUENTES BLANCAS CUMPLIERON CON SU REPRESENTACION EL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO 2014, SIN EMBARGO NO HAN DEJADO DICHO CARGO, REALIZANDO DOCUMENTACION HASTA EL DIA DE HOY, Y QUE EL DIA DOMINGO 1 DE ABRIL DEL AÑO 2018 NUEVAMENTE SE REELIGIÓ DE FORMA POR DEMÁS ILEGAL, LO QUE SE CONTRAPONE A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 14, 16, 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL EN NUESTRO PAÍS EN CORRELACIÓN CON LOS NUMERALES 39 Y 107 DE LA LEY AGRARIA. DE LA PROCURADURÍA AGRARIA DE MORELIA, CON DIRECCIÓN EN CALZADA VENTURA PUENTE 1100, COLONIA VENTURA PUENTE, 58020 DE MORELIA, MICHOACAN RECLAMO LA OMISION E INCUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 36 DE MORELIA, MICHOACAN DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 Y LA VIOLACION A LOS NUMERALES 39, 107, 150 DE LA LEY AGRARIA. ASI COMO EL NUMERAL 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. DE LA PROCURADURIA AGRARIA DE ZITACUARO, MICHOACAN, CON DIRECCION EN CUAUHTEMOC NUMERO 78, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 61500, DE ZITACUARO MICHOACAN. RECLAMO LA OMISION E INCUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 36 DE MORELIA MICHOACAN DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 Y LA VIOLACION A LOS NUMERALES 39, 107, 150 DE LA LEY AGRARIA. ASI COMO EL NUMERAL 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. RECLAMO LA NULIDAD DE LAS CONVOCATORIAS, NULIDAD DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 1 DE ABRIL DEL AÑO 2018 A FAVOR DE PLACIDO CRUZ ALCANTAR (PLACIDO CRUZ ALCANTARA), FRANCISCO LOPEZ DE JESUS Y ODORICO FUENTES BLANCAS DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DE MORELIA, MICHOACAN, CON DIRECCION EN PERIFÉRICO PASEO DE LA REPUBLICA 2060, COLONIA BOSQUE CAMELINAS, 58290 MORELIA MICHOACAN. DEMANDO LA CANCELACION Y NULIDAD DE CUALQUIER TRAMITE, CREDENCIAL O CREDENCIALES, SELLOS, POR EXPEDIR A FAVOR DE PLACIDO CRUZ ALCANTAR (PLACIDO CRUZ ALCANTARA), FRANCISCO LOPEZ DE JESUS Y ODORICO FUENTES BLANCAS MEDIANTE ORDEN JUDICIAL FEDERAL DE ESTE ALTO TRIBUNAL. DEL PROCURADOR AGRARIO CON DIRECCION EN AVENIDA DR. RIO DE LA LOZA 229, COLONIA DOCTORES, 06720, CIUDAD DE MEXICO. SE RECLAMA LA REGULARIZACION LEGAL DEL TRAMITE DE CAMBIO DE REPRESENTANTES DE BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE SAN FRANCISCO CURUNGUEO DEL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN, LA DESTITUCION EN SU CASO DE LOS RESPONSABLES DE LAS PROCURADURIAS QUE APROBARON LAS CONVOVATORIAS DE FORMA ILEGAL YA QUE DICHOS PERSONAJES LLEVAN EN EL CARGO 7 AÑOS TRES MESES Y CON ESTE TRAMITE ESTARIAN DIEZ AÑOS TRES MESES, SI CAMBIAN EL REGLAMENTO INTERNO SERIA DE FORMA INDEFINIDA, ORDENANDO A LAS PROCURADURIAS AGRARIAS CITADAS EN EL PRESENTE AMPARO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA LEY AGRARIA ESPECIFICAMENTE EN TERMINOS DE LOS NUMERALES 39, 107, 150 DE LA LEY AGRARIA, EL CAMBIO DE REPRESENTANTES DE BIENES COMUNALES". Es así, en razón a que de las constancias del juicio agrario 915/2015, del índice del Tribunal Agrario, que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado señalado en el inciso a), el veintiocho de abril de ese año, en el que el citado tribunal ordenó expedir a la aquí quejosa copia certificada del referido juicio, lo que se corrobora con las constancias del juicio aludido juicio, de donde emanan los actos reclamados, de lo que se evidencia que desde esa fecha tuvo conocimiento del referido acto reclamado, documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese tenor, de conformidad a lo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para la presentación de la demanda de amparo inició el tres de mayo y feneció el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, toda vez que de dicho plazo deben descontarse los días seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de mayo pasado, por ser inhábiles; luego, como la demanda de amparo de que se trata se presentó hasta el doce de abril de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable, según se deduce del sello del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, es innegable que la demanda se presentó fuera del término que para ese efecto establece la ley, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, debe estimarse consentido de manera tácita el acto reclamado, por no haberse presentado dentro del término legal que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo la correspondiente demanda de garantías, de ahí que como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la Materia. Apoya lo antes expuesto la jurisprudencia número XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados" Así como por identidad de razón la tesis visible en la página 92, Tomo II, Segunda Parte-1, de los meses de Julio a Diciembre de 1998, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es verdad que el artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de 15 días para interponer el juicio de garantías se computará a partir del día siguiente en que el quejoso tenga conocimiento, debe ser directo, exacto y completo, porque solamente así el afectado con el acto está en condiciones de promover el juicio constitucional, por lo que dicho término debe computarse a partir del día siguiente en que el quejoso manifestó que tuvo conocimiento cabal de los actos reclamados." Y la diversa tesis, visible en la página 92, Segunda Parte-1, correspondiente de Julio a Diciembre de 1988, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." De igual forma, resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo, respecto de los diversos actos reclamados, marcados con los incisos b), c), d) y e), antes mencionados, pues en el caso de se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.". En dicha causal de improcedencia se encuentran comprendidos los casos cuando se promueve el juicio constitucional contra actos que son consecuencia de otros que hayan sido consentidos por el promovente del amparo, siendo necesario que concurran los siguientes requisitos: a) Que entre los actos reclamados y los anteriores que se están consintiendo exista una relación de causa efecto; es decir, que sean una consecuencia legal, forzosa o directa de los primeros; y, b) Que los actos reclamados no se impugnen por vicios propios. Tiene aplicación al respecto la tesis II. 2º.C 43 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, página 839, Tomo X, Julio de 1999, Novena Época del Semanario judicial de la Federación, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". Así como la jurisprudencia número 17, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, del Tomo VI, Quinta Época, del Apéndice de 1917 a 1995 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Precisado lo anterior, ciertamente se actualiza la citada causal de improcedencia, pues como quedó establecido, dentro de ésta se encuentran los actos que son consecuencia de otros que hayan sido consentidos por la impetrante del amparo. Por tanto, los actos reclamados de que se trata, son derivados de otros consentidos en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo; es así, porque los citados actos reclamados, señalados en los incisos b), c), d) y e), son una consecuencia legal y directa del precisado en el inciso a). En ese contexto, si el acto reclamado marcado en el inciso a), no fue impugnado dentro del término que para ello establece la ley, los diversos fueron consentidos tácitamente, y por consecuencia, los actos que ahora se reclaman constituyen actos derivados de otros consentidos, máxime que éstos no se impugnan por vicios propios, sino como consecuencia de los primeros. Tiene aplicación la tesis VI 1º. 144 K, visible en la página 189, del Tomo XV-II, correspondiente al mes de febrero de 1995, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, es improcedente cuando no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto del que derivan". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Lago de Yuriria, número 110, colonia Ventura Puente, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Agustín Albarrán Ávila, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por ser la materia del presente asunto de naturaleza agraria y únicamente para recibirlas a Manuel Hueramo González. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Por recibido el oficio número 6159, signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo administrativo 426/2018, que contiene inserta la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, a través de la cual ese Tribunal declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por MARTHA CHIMAL CRUZ, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad y otras autoridades; acúsese recibo de estilo. Por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, esta potestad federal se avoca a su estudio. Ahora bien, de la lectura de la demanda de garantías, promovida por MARTHA CHIMAL CRUZ, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad y otras autoridades, así como de las constancias que obran en autos del juicio agrario de origen, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del numeral 61, en relación con los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Cabe precisar que la parte quejosa, hace consistir los actos reclamados en: ".DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 36 DE MORELIA MICHOACÁN, RECLAMO EL CUMPLIMIENTO DE SUS DETERMINACIONES EN EL EXPEDIENTE 915/2015, DONDE ORDENO DICHO TRIBUNAL EN FECHA 3 TRES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 LA REGULARIZACION DE LOS ORGANOS DE REPRESENTACION Y VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE SAN FRANCISCO CURUNGUEO, MICHOACÁN, EN RAZÓN DE QUE PLACIDO CRUZ ALCANTAR, FRANCISCO LÓPEZ DE JESÚS Y ODORICO FUENTES BLANCAS CUMPLIERON CON SU REPRESENTACION EL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO 2014, SIN EMBARGO NO HAN DEJADO DICHO CARGO, REALIZANDO DOCUMENTACION HASTA EL DIA DE HOY, Y QUE EL DIA DOMINGO 1 DE ABRIL DEL AÑO 2018 NUEVAMENTE SE REELIGIÓ DE FORMA POR DEMÁS ILEGAL, LO QUE SE CONTRAPONE A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 14, 16, 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL EN NUESTRO PAÍS EN CORRELACIÓN CON LOS NUMERALES 39 Y 107 DE LA LEY AGRARIA. DE LA PROCURADURÍA AGRARIA DE MORELIA, CON DIRECCIÓN EN CALZADA VENTURA PUENTE 1100, COLONIA VENTURA PUENTE, 58020 DE MORELIA, MICHOACAN RECLAMO LA OMISION E INCUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 36 DE MORELIA, MICHOACAN DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 Y LA VIOLACION A LOS NUMERALES 39, 107, 150 DE LA LEY AGRARIA. ASI COMO EL NUMERAL 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. DE LA PROCURADURIA AGRARIA DE ZITACUARO, MICHOACAN, CON DIRECCION EN CUAUHTEMOC NUMERO 78, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 61500, DE ZITACUARO MICHOACAN. RECLAMO LA OMISION E INCUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 36 DE MORELIA MICHOACAN DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 Y LA VIOLACION A LOS NUMERALES 39, 107, 150 DE LA LEY AGRARIA. ASI COMO EL NUMERAL 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. RECLAMO LA NULIDAD DE LAS CONVOCATORIAS, NULIDAD DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 1 DE ABRIL DEL AÑO 2018 A FAVOR DE PLACIDO CRUZ ALCANTAR (PLACIDO CRUZ ALCANTARA), FRANCISCO LOPEZ DE JESUS Y ODORICO FUENTES BLANCAS DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DE MORELIA, MICHOACAN, CON DIRECCION EN PERIFÉRICO PASEO DE LA REPUBLICA 2060, COLONIA BOSQUE CAMELINAS, 58290 MORELIA MICHOACAN. DEMANDO LA CANCELACION Y NULIDAD DE CUALQUIER TRAMITE, CREDENCIAL O CREDENCIALES, SELLOS, POR EXPEDIR A FAVOR DE PLACIDO CRUZ ALCANTAR (PLACIDO CRUZ ALCANTARA), FRANCISCO LOPEZ DE JESUS Y ODORICO FUENTES BLANCAS MEDIANTE ORDEN JUDICIAL FEDERAL DE ESTE ALTO TRIBUNAL. DEL PROCURADOR AGRARIO CON DIRECCION EN AVENIDA DR. RIO DE LA LOZA 229, COLONIA DOCTORES, 06720, CIUDAD DE MEXICO. SE RECLAMA LA REGULARIZACION LEGAL DEL TRAMITE DE CAMBIO DE REPRESENTANTES DE BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE SAN FRANCISCO CURUNGUEO DEL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN, LA DESTITUCION EN SU CASO DE LOS RESPONSABLES DE LAS PROCURADURIAS QUE APROBARON LAS CONVOVATORIAS DE FORMA ILEGAL YA QUE DICHOS PERSONAJES LLEVAN EN EL CARGO 7 AÑOS TRES MESES Y CON ESTE TRAMITE ESTARIAN DIEZ AÑOS TRES MESES, SI CAMBIAN EL REGLAMENTO INTERNO SERIA DE FORMA INDEFINIDA, ORDENANDO A LAS PROCURADURIAS AGRARIAS CITADAS EN EL PRESENTE AMPARO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA LEY AGRARIA ESPECIFICAMENTE EN TERMINOS DE LOS NUMERALES 39, 107, 150 DE LA LEY AGRARIA, EL CAMBIO DE REPRESENTANTES DE BIENES COMUNALES". Es así, en razón a que de las constancias del juicio agrario 915/2015, del índice del Tribunal Agrario, que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado señalado en el inciso a), el veintiocho de abril de ese año, en el que el citado tribunal ordenó expedir a la aquí quejosa copia certificada del referido juicio, lo que se corrobora con las constancias del juicio aludido juicio, de donde emanan los actos reclamados, de lo que se evidencia que desde esa fecha tuvo conocimiento del referido acto reclamado, documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese tenor, de conformidad a lo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para la presentación de la demanda de amparo inició el tres de mayo y feneció el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, toda vez que de dicho plazo deben descontarse los días seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de mayo pasado, por ser inhábiles; luego, como la demanda de amparo de que se trata se presentó hasta el doce de abril de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable, según se deduce del sello del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, es innegable que la demanda se presentó fuera del término que para ese efecto establece la ley, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, debe estimarse consentido de manera tácita el acto reclamado, por no haberse presentado dentro del término legal que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo la correspondiente demanda de garantías, de ahí que como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la Materia. Apoya lo antes expuesto la jurisprudencia número XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados" Así como por identidad de razón la tesis visible en la página 92, Tomo II, Segunda Parte-1, de los meses de Julio a Diciembre de 1998, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es verdad que el artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de 15 días para interponer el juicio de garantías se computará a partir del día siguiente en que el quejoso tenga conocimiento, debe ser directo, exacto y completo, porque solamente así el afectado con el acto está en condiciones de promover el juicio constitucional, por lo que dicho término debe computarse a partir del día siguiente en que el quejoso manifestó que tuvo conocimiento cabal de los actos reclamados." Y la diversa tesis, visible en la página 92, Segunda Parte-1, correspondiente de Julio a Diciembre de 1988, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." De igual forma, resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo, respecto de los diversos actos reclamados, marcados con los incisos b), c), d) y e), antes mencionados, pues en el caso de se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.". En dicha causal de improcedencia se encuentran comprendidos los casos cuando se promueve el juicio constitucional contra actos que son consecuencia de otros que hayan sido consentidos por el promovente del amparo, siendo necesario que concurran los siguientes requisitos: a) Que entre los actos reclamados y los anteriores que se están consintiendo exista una relación de causa efecto; es decir, que sean una consecuencia legal, forzosa o directa de los primeros; y, b) Que los actos reclamados no se impugnen por vicios propios. Tiene aplicación al respecto la tesis II. 2º.C 43 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, página 839, Tomo X, Julio de 1999, Novena Época del Semanario judicial de la Federación, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". Así como la jurisprudencia número 17, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, del Tomo VI, Quinta Época, del Apéndice de 1917 a 1995 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Precisado lo anterior, ciertamente se actualiza la citada causal de improcedencia, pues como quedó establecido, dentro de ésta se encuentran los actos que son consecuencia de otros que hayan sido consentidos por la impetrante del amparo. Por tanto, los actos reclamados de que se trata, son derivados de otros consentidos en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo; es así, porque los citados actos reclamados, señalados en los incisos b), c), d) y e), son una consecuencia legal y directa del precisado en el inciso a). En ese contexto, si el acto reclamado marcado en el inciso a), no fue impugnado dentro del término que para ello establece la ley, los diversos fueron consentidos tácitamente, y por consecuencia, los actos que ahora se reclaman constituyen actos derivados de otros consentidos, máxime que éstos no se impugnan por vicios propios, sino como consecuencia de los primeros. Tiene aplicación la tesis VI 1º. 144 K, visible en la página 189, del Tomo XV-II, correspondiente al mes de febrero de 1995, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, es improcedente cuando no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto del que derivan". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Lago de Yuriria, número 110, colonia Ventura Puente, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Agustín Albarrán Ávila, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por ser la materia del presente asunto de naturaleza agraria y únicamente para recibirlas a Manuel Hueramo González. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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