Martha Chávez Martínez

Expediente 229/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
229/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
05/04/2019

Partes del expediente

  • Martha Chávez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. con fundamento en el artículo 98 de la ley de amparo en relación con el 356, fracción ii, código federal procedimientos civiles. se determina destruir la pieza de actuaciones. no obran documentos originales. archívese y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Parte quejosa. Martha Chávez Martínez. Autoridades responsables. Magistrado propietario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, y otra autoridad. Registro en libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 229/2019-IV, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Fijación de la litis. De la lectura de la demanda de amparo se desprende que en esencia la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución del toca 97/2019, de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, dictada por la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, en la que se determina la reposición del procedimiento del juicio ordinario civil seguido ante el Juzgado Primero de Partido Civil de esta ciudad, bajo el expediente C439/2013, para el efecto de que la Juez de primera instancia oiga al litisconsorte que no fue llamado a juicio, a saber, Marina Pérez Castro, también conocida como Marina Pérez de Ortega, en su carácter de vendedora dentro de la escritura pública 25,017; así como para que prevenga a Francisco Ortega González y a Ana Paulina Ortega Pérez, a fin de que amplíen la demanda de nulidad en contra de Marina Pérez Castro, también conocida como Marina Pérez de Ortega. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se observa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Del transcrito precepto 107, se desprende que el legislador es preciso en cuanto a la connotación que merece la expresión relativa a los actos de imposible reparación, estableciendo como tales, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas procesales; situación que no acontece con la sentencia emitida en apelación que repone el procedimiento de origen porque se actualizó el litisconsorcio pasivo necesario. Por tanto, si para la fecha en que el quejoso promovió su demanda de amparo (diecinueve de marzo de dos mil diecinueve), ya se encontraba en vigor la nueva Ley de Amparo (a partir del tres de abril de dos mil trece), es claro que, acorde a lo explicado, la resolución impugnada en el amparo, no puede considerarse un acto de imposible reparación, puesto que no afecta materialmente derechos sustantivos, como serían la orden de intercepción de correspondencia, el embargo, imposición de multa, disposiciones sobre alimentos, el arresto, el arraigo, etcétera; ya que la única consecuencia es que se reponga el procedimiento para integrar a Marina Pérez Castro, también conocida como Marina Pérez de Ortega, en su carácter de vendedora dentro de la escritura pública 25,017, así como para que se prevenga a la parte actora a fin de que amplíen la demanda de nulidad que respecto de dicha escritura promovieron; juicio que continuará en su tramitación hasta el dictado de la sentencia que dirima la controversia. Cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la carta magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que estos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva". De igual manera apoya lo expuesto, por identidad de razón, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En dicho criterio, se estableció que la jurisprudencia 4/2001 que anteriormente sostuvo el propio Pleno con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", y en la que determinó que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, procedía el juicio de amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior, ya no es aplicable en la actualidad a partir de la publicación de la Ley de Amparo de tres de abril de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, ofrece la precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por ellos se entienden "los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Ahora, nuestro Máximo Tribunal considera que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra los actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En la jurisprudencia en mención se considera, que tal interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso, para la promoción del juicio de amparo indirecto contra los actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente -concluyó nuestro máximo tribunal del país-, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo, debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento. Toda vez que en aquella jurisprudencia 4/2001, expresamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa o inmediata a un derecho sustantivo"; concepción que resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste, reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables, es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica, es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva, con la que el Tribunal en Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Hasta aquí se hace referencia a los argumentos expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.). Luego, el acto reclamado en el presente asunto, lo constituye la resolución del toca 97/2019, de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, dictada por la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, en la que se determina la reposición del procedimiento del juicio ordinario civil seguido ante el Juzgado Primero de Partido Civil de esta ciudad, bajo el expediente C439/2013, para el efecto de que la Juez de primera instancia oiga al litisconsorte que no fue llamado a juicio, a saber Marina Pérez Castro, también conocida como Marina Pérez de Ortega, en su carácter de vendedora dentro de la escritura pública 25,017; así como para que prevenga a Francisco Ortega González y a Ana Paulina Ortega Pérez, a fin de que amplíen la demanda de nulidad en contra de Marina Pérez Castro, también conocida como Marina Pérez de Ortega. De ello deriva que los efectos de tal acto reclamado, no son de los que conlleven una ejecución de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que por sí mismo no vulnera, en agravio del impetrante del amparo, de manera directa e inmediata, alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que sus efectos son meramente procesales. Así, queda de manifiesto que dicho acto reclamado no tiene sobre la parte solicitante de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial. Ya que con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó. Así, la sentencia que dicta el tribunal de alzada, que ordena reponer el procedimiento, al determinar la actualización de la figura de litisconsorcio pasivo necesario, para llamar a juicio a Marina Pérez Castro, también conocida como Marina Pérez de Ortega, en su calidad de vendedora dentro de la escritura 25,017, cuya nulidad constituye una de las acciones ejercitadas, no ocasiona a la parte quejosa un perjuicio de imposible reparación, puesto que la sentencia que nuevamente llegue a dictar el juez natural puede ser favorable a sus intereses, pero de no ser así, se estará en aptitud de reclamarla como violación procesal al promover amparo directo, previo el agotamiento del recurso de apelación, alegando tales irregularidades cometidas durante el procedimiento para obtener su reparación. Por tanto, esa resolución no es reclamable en el juicio de garantías bi-instancial. Así, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses legales de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del juicio de origen por sus etapas. Sin que la circunstancia de que se pretenda evitar el desarrollo ocioso de un contradictorio haga procedente el juicio bi-instancial, pues el tiempo y las molestias que la tramitación de un juicio natural ocasionan, se trata de cuestiones propias e inherentes del procedimiento, los que no constituyen elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, de conformidad con la jurisprudencia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a esta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con este se les ocasione". Sin que en el caso se inobserve la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", pues ese criterio se sustentaba en la hipótesis de considerarla una violación procesal en grado predominante o superior, lo cual, con motivo de la promulgación de la nueva Ley de Amparo dejó de ser un criterio de procedencia para el medio de control constitucional, ya que, como se dijo, ahora se requiere la afectación material a un derecho sustantivo de la parte quejosa; sin que la impetrante manifieste, y tampoco este juzgado advierta, que con la reposición del procedimiento se nulifique el desahogo de alguna prueba que sea imposible de repetir, o bien, alguna actuación relacionada con un derecho sustantivo. Consecuentemente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, en razón de que los efectos que genera el acto reclamado no son de imposible reparación, por no afectarse materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, sino que sus consecuencias son meramente procesales; lo anterior con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. VI. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, ********************, ********************y ********************, en virtud de que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como autorizados en términos restringidos del mismo numeral y el correlativo 24, ambos de la ley en cita, a las demás personas que menciona en su ocurso, toda vez que no cuentan con dicho registro y por así haberlo solicitado expresamente. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Acuerdos generales. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).

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