Martha Azucena Falcón Saldívar

Expediente 973/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
973/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Martha Azucena Falcón Saldívar

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de veintiuno de septiembre del año en curso (fojas 22-24), mediante el cual se desechó la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado, para lo cual se examina en su integridad, esto es, desde el proemio hasta sus puntos petitorios, de lo que se advierte que la parte quejosa reclama: - La resolución dictada el quince de agosto de dos mil veintitrés, mediante el que se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de siete de julio del año en curso, dictado en el juicio sumario civil 161/2023-C, en el cual se le tuvo a la quejosa por desinteresada de la prueba pericial grafoscópica que previamente había sido admitida en autos. En el caso, a criterio de este órgano jurisdiccional, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b, Constitucional, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "...Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". De la transcripción anterior, se desprende que el amparo procede contra actos emitidos en juicio por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo cuya ejecución sea de imposible reparación, en donde se destaca que la ley de la materia es la encargada de definir este concepto a cabalidad, para de esa manera determinar la procedencia del juicio indirecto. En esa medida, de acuerdo al contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el legislador federal previó lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I.V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Énfasis añadido Así las cosas, del precepto transcrito puede colegirse que los actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, son aquellos que transgreden los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Entonces, con base en estas disposiciones se afirma que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos considerados como de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que, tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que estos actos, para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos puramente sustantivos. Es decir, plasmó que las consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el creador de la norma dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de -los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Estos razonamientos jurídicos se desprenden de la jurisprudencia 37/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 7, Tomo I, página 39, Décima Época, junio de dos mil catorce, número de registro 2006589, cuyo rubro dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Dentro del esquema general de derechos con rango fundamental, se encuentran el debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad; sin embargo, estos derechos de rango constitucional, sólo pueden ser examinados inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, cuando su violación es directa, y no por mera infracción a normas secundarias procesales, por lo que, cuando el legislador ocupa la categoría conceptual de derecho sustantivo, lo hace para diferenciarlo de las normas adjetivas o procesales, las cuales sin duda conforman esquemas jurídicos que hacen efectiva la tutela judicial efectiva, pero en un grado operativo casuístico, mientras que las normas sustantivas representan expresiones absolutas del derecho, que obligatoriamente debe cumplir el Estado, con independencia de la posición procesal de las partes y rigen su proceder en forma permanente, y por ello, su violación es ipso facto irreparable, procediendo el control constitucional ciudadano, a través del juicio de amparo." Sobre este tema, pueden consultarse los criterios del Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 189 y 175, localizables en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS."; y, "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." En conclusión, los actos de naturaleza procesal, por regla general, no son impugnables en amparo indirecto, porque no suponen una afectación cierta, directa e irreparable a los derechos sustantivos del gobernado, en la medida en que la violación de esos derechos adjetivos pueda ser subsanada si éste obtiene resolución favorable a sus intereses, y en caso contrario, tales irregularidades pueden combatirse por conducto del juicio de amparo directo que se interponga en contra de la resolución que ponga fin al juicio. Ante ese panorama normativo, es evidente que en el presente asunto no se actualizan los supuestos establecidos por la Suprema Corte, para considerar el acto aquí reclamado, como de imposible reparación; pues no afectan de manera directa, inmediata y actual alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; y menos aún, se afecta de manera material, a grado tal que impidan el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Es así, toda vez que en la especie el acto reclamado a la jueza de Partido Sexto Civil de esta ciudad, dentro del juicio sumario civil 161/2023-C promovido por Juan Antonio Saldivar Moreno, en contra de la aquí quejosa, consistente en la resolución dictada el quince de agosto de dos mil veintitrés, mediante el que se resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de siete de julio del año en curso, en el cual se le tuvo a la parte solicitante del amparo por desinteresada de la prueba pericial grafoscópica que previamente había sido admitida en autos, se considera que no es un acto de imposible reparación, en virtud de que no afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino en todo caso derechos adjetivos que pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene una sentencia favorable a sus intereses. Luego, es claro que la determinación combatida es de naturaleza meramente intraprocesal, circunstancia que de ningún modo produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos de la justiciable, pues no se le está impidiendo el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente. Esto es, independientemente de que la violación procesal pueda o no causar un perjuicio predominante o de grado superior o grave, la Ley de Amparo es clara al señalar que el amparo indirecto procederá únicamente cuando se reclamen actos cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por tales actos deberá entenderse, únicamente, "los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Lo expuesto encuentra sustento en la tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO". En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata.

  3. Principal

    Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I y III, en relación con el 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, por escrito y sin formular ni presentar una nueva demanda, se constriña a cumplir con lo siguiente: 1. Relate, bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado, para lo cual deberá realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos ocurridos con antelación al mismo y, que por su estrecha relación, resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que si bien es cierto que en su demanda de amparo realiza una narración de antecedentes del acto reclamado, los mismos resultan confusos e incompletos, ya que no precisa que fue lo que se determinó en cada una de las actuaciones que menciona; como lo es que no se indica en que versa las manifestaciones de Notario Público número ********************con ejercicio y residencia en esta ciudad, asimismo, también se soslaya en que consistió el requerimiento que aduce en el punto quinto de su escrito de demanda; ni tampoco se establece en qué consiste el escrito presentado por el perito ********************. 2. Se requiere a la parte quejosa para que en la medida de lo posible allegue copia del auto de siete de julio del año en curso y del acto reclamado, lo antepuesto para que este Tribunal cuente con mayores elementos para resolver. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento número I, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber al peticionario del amparo de los delitos en que incurren los quejosos cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento del promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos, para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Domicilio y autorizada. Se tiene como domicilio de la parte impetrante del amparo para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. IV. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. V. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General. VI. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I y III, en relación con el 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, por escrito y sin formular ni presentar una nueva demanda, se constriña a cumplir con lo siguiente: 1. Relate, bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado, para lo cual deberá realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos ocurridos con antelación al mismo y, que por su estrecha relación, resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que si bien es cierto que en su demanda de amparo realiza una narración de antecedentes del acto reclamado, los mismos resultan confusos e incompletos, ya que no precisa que fue lo que se determinó en cada una de las actuaciones que menciona; como lo es que no se indica en que versa las manifestaciones de Notario Público número ********************con ejercicio y residencia en esta ciudad, asimismo, también se soslaya en que consistió el requerimiento que aduce en el punto quinto de su escrito de demanda; ni tampoco se establece en qué consiste el escrito presentado por el perito ********************. 2. Se requiere a la parte quejosa para que en la medida de lo posible allegue copia del auto de siete de julio del año en curso y del acto reclamado, lo antepuesto para que este Tribunal cuente con mayores elementos para resolver. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento número I, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber al peticionario del amparo de los delitos en que incurren los quejosos cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento del promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos, para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Domicilio y autorizada. Se tiene como domicilio de la parte impetrante del amparo para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. IV. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. V. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General. VI. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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