Martha Cecilia Pérez Buenrostro

Expediente 1113/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1113/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
28/09/2018

Partes del expediente

  • Martha Cecilia Pérez Buenrostro

Actuaciones

  1. Principal

    Ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito que signa el apoderado del quejoso; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, 202, 203 de la Ley de Amparo, téngase al ocursante interponiendo el recurso de inconformidad en contra de la resolución que declaró cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo. Con el mencionado escrito, mediante oficio que derive del presente proveído, remítanse los autos del juicio en que se actúa para la substanciación del mencionado recurso, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que corresponda, en términos de los que establece el Acuerdo General 5/2013 modificado el nueve de septiembre del mismo mes y año, mediante el cual se delegó competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito, para conocer de los recursos de inconformidad interpuestos en términos de lo dispuesto en las fracciones I y III del artículo 201 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la entrega recepción de los autos al Tribunal de Alzada, podrá realizarse incluso en horas inhábiles, dado de que sólo se trata de una cuestión administrativa con el objeto de observar la oportunidad en la remisión del recurso que nos ocupa. Asimismo, distribúyanse entre las demás partes copia del ocurso de expresión de agravios, debiendo recabarse la constancia de notificación respectiva, en la inteligencia que la copia relativa a los terceros interesados queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Finalmente, con este acuerdo, el libelo de cuenta y constancias que se estimen necesarias, por separado fórmese cuaderno de antecedentes, para lo cual se autoriza desglosar el que se integró con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, previa certificación de desglose que se deje en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    La constancia actuarial de cuenta, en la cual el actuario de la adscripción hizo constar que una vez constituida en las instalaciones que ocupa el Centro de Reinserción Social de San José el Alto, en esta ciudad, localizó a los agraviados *****, en cuyo favor se promovió el presente juicio, quien expresamente manifestó que sí ratifica la demanda de amparo presentada por *****. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad siguiente:  Director y Presidente del Comité Técnico del Centro Penitenciario CP1 Varonil de Querétaro. Mediante el cual rinde, su informe en relación a la suspensión de plano decretada respecto de los actos reclamados por ******; en tal virtud, téngase a la citada autoridad responsable rindiendo el informe de que se trata. Ahora, se advierte que en el presente juicio de amparo los quejosos reclaman la incomunicación en el Centro de Reinserción Social Varonil de San José el Alto, Querétaro. Del precepto en comento, la improcedencia del juicio deviene cuando se colman los siguientes supuestos: a) Qué el acto reclamado se trate de una resolución proveniente de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que suspenda los efectos del acto reclamado, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Que por virtud de ese medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. De ahí, que previo acudir al juicio de amparo, el quejoso debió agotar todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendente a revocar o modificar el acto reclamado ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda el caso. Ahora, de lo anterior se advierte que el justiciable estuvo en aptitud de interponer el recurso de revisión en contra de dicha determinación a fin de que el Juez de Ejecución correspondiente analizara su legalidad, sin que al efecto lo hubiera realizado, pues de autos no se desprende dato alguno que demuestre que ello aconteció. Por lo tanto, al surtirse en relación al acto en estudio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por *******, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a los quejosos en el lugar de su reclsuión

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de septiembre de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Martha Cecilia Pérez Buenrostro, en favor de Héctor Curiel Pérez, Raúl Covarrubias Torres y Alfredo Flores Martínez, contra actos del Titular del Centro Penitenciario CP1 Varonil de la Dirección de Seguridad y Vigilancia de San José El Alto, Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1113/2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integral de la demanda de cuenta, se advierte que reclama la incomunicación en el Centro de Reinserción Social Varonil de San José el Alto, Querétaro; los quejosos Héctor Curiel Pérez, Raúl Covarrubias Torres y Alfredo Flores Martínez. SUSPENSIÓN DE PLANO. En esa medida, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 15 de la Ley de Amparo, atendiendo a que se reclama la incomunicación que son sujetos los internos precisados, los cuales constituyen actos prohibidos por los numerales citados con antelación; con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión, para el efecto que de inmediato cesen tales actos, esto es, actos de incomunicación, o cualquier otro de los previstos en el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades carcelarias señaladas como responsables, con independencia de que el agraviado ratifique el contenido de la demanda promovida en su favor. INFORME SOBRE SUSPENSIÓN DECRETADA. Con fundamento en los artículos 125, 127, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, pídanse los informes correspondientes a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir de inmediato, incluso antes de las veinticuatro horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo, en el que expresarán si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y proporcionar la información que tengan a su alcance relativa a los actos reclamados. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 259 y 237 fracción I, de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe solicitado, se harán acreedoras a una multa equivalente a doscientos días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México; dada la trascendencia del informe que se les requiere y la obligación de este juzgado de verificar el cumplimiento a la suspensión de plano. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorios Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Ahora bien, como de la demanda de cuenta se advierte que la parte promovente refiere que los directos quejosos está siendo incomunicado en las instalaciones que ocupa el Centro de Reinserción Social Varonil de San José El Alto, Querétaro, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado Federal, para que se constituya en dichas instalaciones y realice lo siguiente: 1. Verifique que en el caso de que se aplique o continúe aplicándose en perjuicio de los agraviados Héctor Curiel Pérez, Raúl Covarrubias Torres y Alfredo Flores Martínez, cualquiera de los actos señalados por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión concedida en este proveído y cesen de inmediato tales actos; asimismo, asiente las condiciones físicas en que se encuentra el quejoso, y las del lugar en que se encuentre recluido. 2. Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiera a los quejosos para que en ese acto, o bien, dentro del término de tres días, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor; en la inteligencia que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada y se dejarán sin efecto todas las providencias dictadas en este expediente principal, así como todo requerimiento relativo formulado a las autoridades señaladas como responsables. 3. Asimismo, para que el momento de la notificación del presente auto, les requiera para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones; así como para autorizar a diversa persona e indique el nombre de las personas que a ese efecto señale. Asimismo, se faculta al Actuario Judicial, a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta vinculada al cumplimiento de la medida cautelar, pues de conformidad con el artículo 1° Constitucional, segundo párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, las normas relativas a los derechos humanos se deberán interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; de modo que, las autoridades no designadas quedan obligadas a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. Prevéngase a las autoridades que tengan a su disposición a Héctor Curiel Pérez, Raúl Covarrubias Torres y Alfredo Flores Martínez, para que otorguen las facilidades necesarias al actuario de este Juzgado de Distrito para el efecto de que pueda dar cabal y debido cumplimiento a lo ordenado en este auto, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior se dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir. Por otra parte, en términos del artículo 28 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, tomando en consideración que la parte quejosa se encuentra recluido, con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro de Reinserción Social Varonil de San José El Alto, Querétaro, lugar donde se encuentra interno los aquí quejosos. Asimismo, tengase como autorizado en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a la persona que refiere, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite para ejercer la profesión de derecho Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

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