Martha Beatriz Torres Mancilla
Expediente 80/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/03/2017
Partes del expediente
- Martha Beatriz Torres Mancilla
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de nueve de marzo de dos mil diecisiete, emitida en los autos del Conflicto Competencial 3/2017. Acúsese recibo. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y estese a lo resuelto por el Superior al tenor de los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Se declaran legalmente competentes para conocer del asunto a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, de acuerdo con el turno que les corresponda. SEGUNDO. Remítanse los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México." Finalmente, tomando en consideración que no existe trámite pendiente alguno por desahogar en el presente cuaderno, se ordena el archivo del mismo, como asunto concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en el entendido de que el mismo es susceptible de destrucción, en términos del punto Vigésimo fracción I, en relación con el segundo fracción XVI, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, circunstancia que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de seis meses a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo del diverso por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo del que deriva el cuaderno en que se actúa, e informa que se admitió a trámite el conflicto competencial planteado y se registró bajo el consecutivo que refiere en la misiva de cuenta. Por otra parte, visto el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete dictado en el cuaderno de varios administrativo, relativo al oficio SEADS/059/2017 signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, del que se advierte que en sesión ordinaria del Pleno de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, se adscribió a este órgano jurisdiccional de manera interina, al Juez Javier Loyola Zosa, con efecto a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Por consiguiente, se ordena hacer del conocimiento de las partes dicha circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, del cual se desprende que dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia que planteada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por Martha Beatriz Torres Mancilla, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por las razones que se exponen en el proveído trascrito de la comunicación de cuenta. Acúsese recibo al Homólogo Federal. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, dispone: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. (.)" Así las cosas, de autos se advierte que este juzgado federal, mediante determinación de veintitrés de enero del año en curso, declaró carecer de competencia legal para resolver el juicio de amparo promovido por Martha Beatriz Torres Mancilla, contra actos de la Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, y determinó que la competencia se surte en favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en turno, al estimar que los actos reclamados se encuentran vinculados con el acuerdo emitido por la Comisión Reguladora de Energía, que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolina y diésel previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, publicado el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, estos es, deriva de una disposición emitida por un órgano encargado de regular la materia energética en el país. Por su parte, el Homólogo Federal no aceptó la competencia declinada en su favor, ya que al efecto argumentó en esencia que la naturaleza del acto reclamado se circunscribe a la materia administrativa genérica, y no al ámbito de ese juzgado especializado, pues no se está en presencia de aquellos casos en que se deba dirimir una controversia en la que esté involucrado el proceso de competencia y libre concurrencia, entendida como la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender bienes o servicios y el libre acceso de consumidores y productos en un mercado, y por ello corresponde conocer a este Juzgado de Distrito. Criterio que no comparte este Juzgado de Distrito; de ahí que, se insiste en declinar competencia en favor del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, para conocer y resolver la demanda de amparo promovido por Martha Beatriz Torres Mancilla. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítanse los autos del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, residente en esta ciudad, para que tenga a bien resolver lo conducente, respecto del conflicto competencial que se plantea. Obténgase copia certificada del oficio de cuenta a efecto de integrar el cuaderno de antecedentes respectivo, y comuníquese la presente determinación al Homólogo Federal para los efectos legales procedentes. Notifíquese; y personalmente
- Principal
DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA. Vista la demanda de cuenta, con apoyo en el numeral 48, de la Ley de Amparo, quien esto resuelve determina que este juzgado federal carece de legal competencia para conocer del presente asunto por cuestión de MATERIA, en razón a que el acto reclamado versa sobre cuestiones de competencia económica, siendo así que el conocimiento del juicio de amparo promovido en su contra, compete a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, y no así a un Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, acorde a las consideraciones que se exponen a continuación. En efecto, la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de derechos fundamentales y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el numeral 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por ello, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, del Acuerdo 22/2013, así como del artículo 6 apartado b) de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de que se reúnan o no los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley en cita, este juzgado DECLARA carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y la DECLINA a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, a quien estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, por lo que ordena enviarle los autos, solicitándole que en su oportunidad se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, así como informar la decisión que asuma en cuanto a la competencia que se declina. Ahora bien, conforme al contenido del artículo 48 de la ley de la materia, en razón de la notoria incompetencia decretada con antelación, y al no reclamarse actos del artículo 15 de la ley de la materia, no es el caso ordenar la apertura del cuaderno incidental, por tanto, remítase de plano la demanda y copias de la misma, al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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