Martha Casilla Zepeda

Expediente 1003/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1003/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • Martha Casilla Zepeda

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a ocho de julio de dos mil veintidós. Por recibido el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica, en representación de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual, manifiesta la imposibilidad jurídica y material al cumplimiento de la sentencia de amparo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el oficio de mérito, tomando conocimiento de su contenido. En atención a lo manifestado por la autoridad oficiante, conviene precisar que mediante ejecutoria dictada en sesión celebrada el veinticuatro de marzo del año en curso, en el recurso de revisión número R.A. 89/2022, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, confirmó la sentencia dictada por este Juzgado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: "En consecuencia, al resultar inconstitucional el artículo 12, último párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la ley del indicado instituto, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal, a Francisca Ordoñez Díaz, en cuanto a su aplicación presente y futura. (.) Concesión que se hace extensiva respecto del oficio DRO/SP/DPSH/3028/21 de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, signado por el Jefe del Departamento de Pensiones de la Delegación Regional Zona Oriente en la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al haberse hecho depender su inconstitucionalidad de lo alegado por la quejosa en relación con el artículo 12, fracción II, inciso c), último párrafo del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los trabajadores sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que como ya quedó determinado, contraviene el derecho fundamental de seguridad social y el principio de la previsión social, contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), Constitucional. (.) En el entendido de que, dentro del término de diez días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, el Jefe del Departamento de Pensiones de la Delegación Regional Zona Oriente en la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberá realizar lo siguiente: a) Dejar de aplicar a la parte quejosa, en el caso concreto y en lo futuro, lo dispuesto en el artículo 12, fracción II, inciso c), último párrafo del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los trabajadores sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) Emitir un nuevo oficio en el que determine las cantidades a pagar por pensión por viudez, desde la fecha en que ésta la dejó de percibir, por aplicación de la norma declarada inconstitucional y hasta el momento en que deje de descontarse. c) En su caso, ordenar el pago total de las cantidades que correspondan a la hoy parte quejosa, por la pensión por viudez a que tiene derecho, no le han sido cubiertas desde que se generó el derecho o le fueron descontadas por concepto de incompatibilidad, así como los intereses que correspondan, los cuales deberán calcularse de acuerdo con lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente al año en que se va a efectuar el reintegro y, en caso de que dicha tasa sea superior al nueve por ciento anual, se aplicará este último porcentaje; en el entendido de que, dichas cantidades deberán ser calculadas conforme al salario mínimo general vigente, y no así, con la unidad de medida de actualización (UMA)," Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se advierte que, si bien se dejó de aplicar a la quejosa lo establecido en el artículo 12, fracción II, inciso c), último párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que se encuentra gozando de su pensión por viudez, desde el mes de enero del año en curso; lo cierto es que las autoridades responsables no han remitido constancia alguna que acredite que se haya emitido un nuevo oficio en el que se determinen las cantidades a pagar por pensión por viudez, desde la fecha en que ésta la dejó de percibir, por aplicación de la norma declarada inconstitucional y hasta el momento en que dejó de descontarse, ni que se ordene el pago total de las cantidades que le correspondan por la pensión por viudez a que tiene derecho, desde que se generó el derecho o le fueron descontadas por concepto de incompatibilidad, así como los intereses que correspondan. No obstante lo anterior, la oficiante argumenta estar imposibilitada a dar total cumplimiento al fallo aludido, en cuanto al pago de los intereses referidos por las razones que expone, alegando que la sentencia es ilegal le causa perjuicio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ante tales premisa, el suscrito estima que lo alegado por la oficiante es insuficiente para considerar que se encuentra imposibilitada a dar cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que lo ahí resuelto constituye cosa juzgada confirmada por un Tribunal revisor, por lo que no pueden variarse o excusarse sus efectos, ya que su cumplimiento es una cuestión de orden público, respecto del cual, las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107 Constitucional fracción XVI, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional. Por ende, si considera que tal determinación fue ilegal, por lo que se refiere al pago de intereses, estuvo en aptitud de hacer valer lo conducente a través del recurso de revisión previsto en la ley de la materia, sin que lo haya hecho, de ahí que ahora resulta improcedente su reclamo, pues consintió lo ahí resuelto. Consecuentemente, deberá estarse a lo acordado en auto de cuatro de los corrientes, en el que se requirió el cumplimiento del fallo protector en los términos señalados en párrafos que anteceden. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, quince de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han sido contumaces en acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo del presente juicio. Precisado lo anterior y toda vez que la sentencia de amparo de nueve de junio de dos mil veintiuno, dictada por ese Juzgado, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los efectos siguientes: En las anotadas condiciones, al advertirse una violación patente al dispositivo constitucional citado, y al ser fundados los argumentos de la parte quejosa, se debe conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para que la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad ejecutora de los lineamientos declarados inconstitucionales en esta sentencia, desvincule de la esfera jurídica del quejoso los lineamientos reclamados y, en consecuencia, realice el cálculo del aguinaldo que les corresponde para el ejercicio dos mil veinte, con base en el "salario tabular", considerado como la suma del "salario base" más las compensaciones que se paguen en forma ordinaria; y toda vez que se advierte que ya se efectuó el pago correspondiente, se paguen las diferencias que resulten entre lo que se pagó y lo que debió pagársele. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que, en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2º, REQUIÉRASE al Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, en su calidad de superior jerárquico de la Directora General de Recursos Humanos de la referida Fiscalía, la conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dieron la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo precisado en los incisos a), b) y c), señalados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Finalmente, se tiene por recibido el oficio signado por la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia de la Coordinadora General de Administración y dela Directora General Jurídica Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, causo estado el auto el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio; sin embargo, se reservó ordenar el archivo hasta en tanto se dictara la resolución el recurso de revisión interpuesto por el Secretario del Consejo de Salubridad General, en contra de la resolución interlocutoria dictada el veintidós de octubre de dos mil veintiuno; y toda vez que mediante proveído dictado en esta fecha, se tuvo por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que remite testimonio de la resolución dictada en el R.A. (I) 8/2022, y en el que resolvió lo siguiente. "ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión intentado en esta instancia." Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

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