Martha Beatriz Anaya Bernal

Expediente 76/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
76/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Martha Beatriz Anaya Bernal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en términos del séptimo transitorio del mencionado Acuerdo, se determina que este expediente es susceptible de depuración en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto en el que la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la justicia federal. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta signado por el Magistrado Titular de la Segunda Ponencia de la Quinta Sala Regional Metropolitana, en suplencia por ausencia de la Presidenta de dicha Sala, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado por este juzgado el nueve de julio de dos mil veintiuno, hace del conocimiento de este Juzgado el contenido del proveído de seis de agosto del año en curso, dictado en los autos de juicio de nulidad 16527/17-17-05-2, en el cual se resolvió que la autoridad ahí demandada dio cumplimiento a la sentencia anulatoria de dos de febrero de dos mil dieciocho, en términos de la resolución de queja de doce de abril de dos mil diecinueve; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta, tomando conocimiento de su contenido. En consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en auto de nueve de julio de dos mil veintiuno; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Ahora bien, a efecto de proveer sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, conviene precisar que mediante auto de veinte de mayo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en la cual se resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: "(.) Lo que conlleva a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el ahora Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de diez días siguientes al en que se le notifique el acuerdo por el que cause ejecutoria la presente sentencia, cumpla totalmente con la sentencia de anulatoria de dos de febrero de dos mil dieciocho, en términos de la resolución de queja de doce de abril de dos mil diecinueve, y acuerdos de cuatro de febrero y veinticinco de septiembre de dos mil veinte, emitidos en el expediente 16527/17- 17-05-2, del índice de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cual deberá acreditar con constancias fehacientes ante la Sala referida y este Juzgado." En ese contexto, para dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable debía: 1.- Dar total cumplimiento a la sentencia anulatoria de dos de febrero de dos mil dieciocho, en términos de la resolución de queja de doce de abril de dos mil diecinueve, y acuerdos de cuatro de febrero y veinticinco de septiembre de dos mil veinte, emitidos en el expediente 16527/17-17-05-2, del índice de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora bien, en la sentencia de amparo dictada por este órgano jurisdiccional se precisó que, la Sala referida dictó sentencia en su expediente 16527/17-17-05-2, en los términos que a continuación se transcriben: ... En tal virtud, debe de considerarse que le asiste la razón al promovente por lo que resulta procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que de manera inmediata, una vez que el presente fallo se encuentre firme, en el plazo máximo de cuatro meses que establece el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, emita una resolución en la que ordene el incremento de pensión de la hoy actora efectuando el comparativo relativo entre los porcentajes de incremento a la plaza que tenía el enjuiciante (Enfermera Especialista A), otorgados al personal en activo que tiene ese puesto, previsto en la constancia de evolución salarial que obran en autos en el folio 64, en específico con los años 2013 a 2017, con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, para determinar cuál es el aplicable, de conformidad con lo establecido por el artículo 8° del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ... Posteriormente, por interlocutoria de doce de abril de dos mil diecinueve, se determinó lo siguiente: "En conclusión, se otorga a la autoridad demandada el plazo de VEINTE DÍAS, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de la presente sentencia interlocutoria de queja, para que dé cumplimiento debido al fallo en cita, y por tanto, emita una nueva resolución en la que incremente la pensión del actor efectuando el comparativo relativo entre los porcentajes de incremento a la plaza que tenía la enjuiciante como 'ENFERMERA ESPECIALISTA A', otorgados al personal en activo que tiene ese puesto, previstos en la Constancia de Evolución Salarial que obra en autos a folio 64, en específico con los años 2013 a 2017 con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, para determinar cuál es el aplicable, realizando el estudio comparativo correspondiente, de que en caso de que en el año de calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general a los tabuladores que contiene el sueldo básico de los trabajadores en activo para la plaza que desempeñó el actor durante el último año de servicio, la cuantía de la pensión se incremente en la misma proporción que estos últimos; considerando para ello el tope máximo de diez salarios determinando cuál le resulta más beneficioso al promovente para la actualización de su pensión y posteriormente continuar con la actualización correspondiente, señalando pormenorizadamente la forma y términos en que otorga la pensión al ahora demandante, explicando con todo detalle los incrementos que ha tenido el índice Nacional de Precios al Consumidor precisando el porcentaje en cada incremento y aplicando ese porcentaje al monto de pensión y, para el caso de que aumente la cuota pensionaria, también incremente la gratificación anual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo, según la cuota diaria de su pensión. Aunado a que deberá determinarse con todo detalle el monto de diferencias existentes a favor del actor considerando lo que se pagó y lo que debió pagar a efecto de que se le paguen esas diferencias al promovente, tomando en cuenta los porcentajes precisados en la Constancia de Evolución Salarial de la C.MARTHA BEATRIZ ANAYA BERNAL, que obra en autos a foja 64, señalando de forma detallada y pormenorizada todas y cada una de las operaciones aritméticas que llevó a cabo para efectuar los cálculos e incrementos a la pensión de la parte actora, absteniéndose de tomar en cuenta Constancias de Evolución Salarial que no corresponda a las de la parte actora. Por lo que, en el presente caso, se debe de realizar dicho ajuste desde el otorgamiento de la pensión, toda vez que la misma fue otorgada al hoy actor a partir del 01 de abril de 2012. En esa tesitura, la autoridad cubrirá las diferencias que resulten a partir del 18 de octubre de 2011 en adelante, debiendo acatar de forma estricta los lineamientos de la multicitada sentencia definitiva. Además, la enjuiciada deberá considerar que la resolución que emita en cumplimiento a la sentencia definitiva no puede perjudicar los derechos ya adquiridos y otorgados al actor, es decir, en la nueva resolución, la demandada no puede determinar incrementos menores a los ya pagados, pues de conformidad con el artículo 57, fracción I, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, '. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada.' En ese sentido, mediante oficio recibido en este juzgado el treinta de junio de dos mil veintiuno, registrado con número de correspondencia 9937, la delegada del Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitió copia certificada del diverso número SP/3268/2021, de nueve de junio de dos mil veintiuno, signado por el Subdirector de Pensiones adscrito a dicha Dirección Normativa, en el que se dejó sin efectos el diverso SP/017/2019, de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, y se determinó que una vez realizado el ajuste correspondiente a su pensión la cuota diaria resultó por la cantidad de $454.29 (cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 29/100 moneda nacional), misma que es inferior a la que actualmente percibe constante de $461.10 (cuatrocientos sesenta y un pesos 10/100 moneda nacional), la cual seguiría percibiendo, sin que existan diferencias a su favor. Documental con la cual, mediante auto de uno de julio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, lo cual desahogo mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el nueve de julio del mismo año, manifestando su inconformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable por los motivos que ahí expuso. No obstante lo anterior, toda vez que la litis en el presente juicio versó sobre el cumplimiento de la sentencia anulatoria de dos de febrero de dos mil dieciocho, en términos de la resolución de queja de doce de abril de dos mil diecinueve, y acuerdos de cuatro de febrero y veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dictados en los autos del juicio 16527/17-17-05-2, del índice de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional requirió a dicha Sala para que se pronunciara sobre el cumplimiento dado a tal determinación, lo cual realizó mediante el oficio que se provee, informando que dicha sentencia se encuentra totalmente cumplida, en virtud de que la autoridad demandada cumplió cabalmente con los efectos determinados en la sentencia dictada en el juicio de origen. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, toda vez que se cumplió con los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, pues la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de nulidad de dos de febrero de dos mil dieciocho, en términos de la resolución de queja de doce de abril de dos mil diecinueve, emitidas en el expediente 16527/17-17-05-2, del índice de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues emitió una nueva resolución, a saber la contenida en el oficio SP/3268/2021, de nueve de junio de dos mil veintiuno, en la que efectuó el comparativo entre los porcentajes de incremento correspondientes a la plaza que ocupaba la quejosa otorgados al personal en activo y el Índice Nacional de Precios al Consumidor, aplicando el que resultó más favorable, considerando el tope máximo de diez salarios mínimos para la actualización de su pensión, desde la fecha en que se le otorgó su concesión de pensión. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que, una vez realizados dichos cálculos, no hayan resultado diferencias a su favor, pues la autoridad aquí responsable, acató los efectos de la sentencia de nulidad dictada en el juicio de origen y no perjudicó los derechos ya adquiridos por la quejosa, pues aun y cuando una vez realizados los ajustes correspondientes resultó una cuota diaria de pensión inferior a la que actualmente recibe, se le indicó que seguiría percibiendo la misma cantidad. Cabe agregar que si la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinó en proveído de seis de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 16527/17- 17-05-2, de su índice, que se había cumplido la sentencia definitiva de dos de febrero de dos mil dieciocho, es evidente que este juzgado no puede dictar una determinación en sentido contrario, tomando en consideración que la encargada de vigilar que se cumplan sus sentencias es dicha Sala, y que ésta ya emitió su decisión en el sentido de que la autoridad dio cumplimiento, por lo que en todo caso, se dejan a salvo los derechos del promovente para que los haga valer por los medios legales que considere pertinentes, ante el tribunal de anulación que emitió la resolución que debía cumplir la responsable. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de notificar personalmente el presente proveído. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a nueve de julio de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por la delegada del Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, por medio de los cuales, la autoridad oficiante informa que mediante el diverso 600.602/SC/AMN/16345/2021, exhibió copia certificada del oficio SP/3268/2021, de nueve de junio de dos mil veintiuno, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo y la mencionada en segundo lugar, manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo dictada en autos, por lo que solicita no se tenga por cumplida la misma y se continúe requiriendo su total cumplimiento. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio y escrito de cuenta para que obren como corresponda, y en atención a las manifestaciones vertidas por la autoridad oficiante deberá estarse a lo acordado en proveído de uno de julio del año en curso, en el cual se tuvo por recibida la constancia que refiere y se proveyó lo conducente. Por otra parte, en atención a las manifestaciones vertidas por la autorizada de la parte quejosa y toda vez que la litis en el presente juicio, versa sobre el cumplimiento de la sentencia anulatoria de dos de febrero de dos mil dieciocho, en términos de la resolución de queja de doce de abril de dos mil diecinueve, y acuerdos de cuatro de febrero y veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dictados en los autos del juicio 16527/17-17-05-2, del índice de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; en consecuencia, remítasele copia certificada del oficio registrado con el número de correspondencia 9937 y anexo, a través del cual la autoridad aduce dar cumplimiento a la sentencia que nos ocupa, para que de conformidad con el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de que surta efectos la notificación de éste proveído, se pronuncie sobre el cumplimiento de tal determinación atendiendo a los documentos que se le remiten, y lo haga del conocimiento de este Juzgado. Para lo cual se le remiten los autos originales del juicio 16527/17-17-05-2, de su índice, que obran en un legajo por cuerda separada. Apercibida que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a uno de julio de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por la delegada del Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual, remite copia certificada de las constancias con las que aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega en autos el oficio de mérito y anexo para que obren como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexo, se da vista a la parte quejosa en el presente juicio, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, de rubro siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.) Notifíquese personalmente a la parte quejosa Martha Beatriz Anaya Bernal, en el domicilio ubicado en calle Francisco Fernández del Castillo, número dos mil ochocientos doce (2812), colonia Villa de Cortes, alcaldía Benito Juárez, código postal cero tres mil quinientos treinta (03530), en esta Ciudad. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

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