Martha Alvarez Rosas

Expediente 1044/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1044/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Martha Alvarez Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1044/2023, promovido por la apoderada jurídica de y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por conducto de su apoderada legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad, ambas con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo el expediente 1044/2023, y en proveído de once de agosto de dos mil veintitrés (fojas 11-14) se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En proveído de veinte de septiembre pasado, se determinó que le asistía el carácter de terceros interesados a y se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado a las autoridades responsables, consiste en: La resolución dictada el diez de julio de dos mil veintitrés, dentro del juicio oral laboral que sobre revisión de actos de ejecución promovió la aquí tercera interesada, en la que determinó dejar insubsistente el embargo trabado en diligencia de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, así como la cancelación del gravamen registrado con el número Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. La Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 24). Certeza que se corrobora con las copias certificadas que remitió del juicio ordinario laboral en un tomo, las que dado su carácter de documentales públicas tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, por lo que así deberán tenerse para todos los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 278, del Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Determinación de certeza que se impone hacer extensiva a los actos atribuidos al Director del Registro Público de la Propiedad, con sede en esta ciudad, quien pese a haber negado la existencia del acto reclamado, en su calidad de autoridad ejecutora en cualquier momento puede recibir la orden de cancelar el gravamen reclamado. Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la procedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación; ello, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Previo a analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, es necesario establecer que conforme al artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, procede suplirlos en su deficiencia, al tener el carácter de trabajadora en el juicio laboral del que deriva el acto reclamado. Es aplicable -en lo conducente- la jurisprudencia 2a./J. 39/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (al resolver la Contradicción de tesis 51/94. Entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito), visible a fojas 333 del tomo II, Septiembre de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Laboral, Novena Época, registro 200727, de rubro y texto: SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATANDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA", establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones". Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, ya que no existe disposición expresa en la ley reglamentaria del juicio de amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, de rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."****************************************Asimismo, es importante señalar que de las constancias remitidas por la Junta responsable -las cuales adquieren valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, se advierte lo siguiente:****************************************1.- En auto de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por radicada la demanda que en la vía ordinaria laboral promovieron los apoderados jurídicos de la aquí quejosa, frente a los aquí terceros interesados.****************************************2.- El veinte de septiembre de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.****************************************3.- El veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas.**************************************** 4.- Luego, el uno de junio de dos mil dieciocho, se dictó el laudo respectivo en el que se condenó a la demandada ******************** al pago de la cantidad de ciento tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos con sesenta y tres centavos.****************************************5.- Contra dicho laudo la parte demanda por conducto de su apoderado jurídico promovió juicio de amparo directo, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad, quien mediante ejecutoria de cuatro de abril de dos mil diecinueve concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable desahogara correctamente diversos medios de prueba.****************************************6.- Una vez hecho lo anterior, el doce de mayo de dos mil veintiuno, se dictó el laudo respectivo en el que se condenó a la demandada ******************** al pago de ciento tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos con sesenta y tres centavos, y se absolvió a los diversos demandados del pago de todas las prestaciones reclamadas.****************************************7.- Contra dicha determinación la parte demandada promovió juicio de amparo directo el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad, quien mediante ejecutoria de nueve de agosto de dos mil veintidós, negó el amparo y protección de la justicia federal. ******************** ********************8.- Posteriormente, en auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, la junta responsable despachó auto de ejecución de laudo y se requirió a la demandada el pago de la cantidad a la que fue condenada y en su caso embargo de bienes suficientes para cubrir el importe por el que se despacha ejecución.****************************************9.- En diligencia de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, practicada por el actuario adscrito a la junta responsable, se llevó a cabo el requerimiento de pago a la parte demandada y al no hacerlo embargó el ********************.****************************************10.- Contra dicha diligencia la parte demandada interpuso recurso de revisión contra actos del actuario, el cual fue admitido en auto de once de abril de dos mil veintitrés. ****************************************11.- Finalmente, en resolución de diez de julio de dos mil veintitrés la junta responsable resolvió dicho recurso, en el que modificó el auto recurrido y ordenó dejar insubsistente y sin efecto legal alguno el embargo trabado sobre el inmueble inscrito bajo el número ********************, del Libro de Propiedad del Distrito de Morelia, embargado en diligencia de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dejando a salvo el derecho de la parte actora para ejecutar el laudo dictado a su favor. ******************** ********************Tal determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional.****************************************Pues bien, a juicio de quien resuelve, es esencialmente fundado y suficiente para otorgar la protección solicitada por la quejosa, la parte de su concepto de violación, en el que indica que el actuar de la autoridad responsable infringe en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, ya que la determinación reclamada contraviene en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 945 y 951 de la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma del uno de mayo de dos mil diecinueve.****************************************Para realizar esa afirmación, por principio conviene traer a cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, que establece lo siguiente: ****************************************"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento."****************************************La garantía de legalidad consagrada en el precepto constitucional trascrito establece, como uno de los elementos esenciales, el que todo acto de autoridad se encuentre fundado y motivado.****************************************Esto es, toda autoridad está obligada, al emitir un acto de molestia, fundarlo en ley, es decir, tener como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirlo y que establezcan la hipótesis que genere su emisión.****************************************Así, se advierte que la garantía de legalidad que contempla este artículo se refiere a un principio general que tiene aplicación en materia civil, penal, administrativa y laboral, abarcando tanto a los actos administrativos como a los jurisdiccionales.****************************************En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse, con precisión, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate.****************************************De ese modo, el precepto en mención consagra lo que la doctrina jurídica ha denominado garantía de legalidad, el cual constituye un mandamiento supremo para que toda autoridad al emitir los actos que trasciendan a la esfera jurídica de los particulares, los funde y motive suficientemente.****************************************Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en forma reiterada que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que éste debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, es decir, que se cite la ley que prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad.****************************************En cambio, por motivación, debe entenderse en el sentido de exponer las razones de hecho que actualizan la hipótesis normativa; de tal suerte que la motivación implica que se citen las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente; por tanto, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el supuesto específico previsto en la norma, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado.****************************************En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos.****************************************Entonces, para que una autoridad cumpla con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la Carta Magna, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, precise los razonamientos jurídicos que la condujeron a la adecuación de los hechos sometidos en la específica hipótesis normativa de que se trate.****************************************En otras palabras, para que una autoridad pueda actuar, sin violar el artículo 16 constitucional, se requiere, entre otras condiciones, que obre no sólo de acuerdo con una ley (fundamentación de su procedimiento), sino que en el caso concreto hacia el cual va encaminada su actuación se encuentren los extremos previstos o contenidos en aquélla (motivación del procedimiento).****************************************De esta manera, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al gobernado cuando las autoridades no ciñen su conducta a alguna disposición legal, sea de la naturaleza y categoría que fuere, obligación que se constata como consecuencia directa y necesaria del principio de legalidad y que ha confirmado la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación en los términos siguientes: "Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; de ahí que la razón legal de dicho artículo no sólo es que los actos realizados por las autoridades contengan los preceptos legales en que se apoyen, sino que realmente exista motivo para emitirlos y exista un precepto de la ley que los funde.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia consultable en la página 52, número 73, del Tomo III, Parte SCJN, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes:****************************************"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas".****************************************Así, aduce el impetrante, en esencia, que la resolución reclamada carece de la debida motivación y fundamentación, ya que el embargo practicado lo fue para garantizar el crédito de la actora, sus intereses y gastos de ejecución. ********************Ahora bien, la autoridad responsable dejó sin efectos el embargo reclamado bajo el argumento de que el Ministro Ejecutor incurrió en exceso dado que llevó a cabo un embargo sobre un bien inmueble cuyo valor pericial excede en demasía del importe de la condena, de los intereses y de los gastos de ejecución, los cuales ascienden a la cantidad de ********************; y no obstante ello se trabó embargo sobre un inmueble que tiene un valor de ******************** esto es, un inmueble con más de un noventa y cinco por ciento de la condena, sus intereses y los posibles gastos de ejecución, lo que generó una violación al contenido del artículo 951, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, anterior a la reforma del uno de mayo de dos mil diecinueve. ********************Los artículos 945, 946, 950, 951, 952 y 954, de la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma del uno de mayo de dos mil diecinueve, disponen lo siguiente: ********************"Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación.********************Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento."********************"Artículo 946.- La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo."********************"Artículo 950.- Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." ********************"Artículo 951.- En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes: ********************I. Se practicará en el lugar donde se presta o prestaron los servicios, en el nuevo domicilio del deudor o en la habitación, oficina, establecimiento o lugar señalado por el actuario en el acta de notificación de conformidad con el artículo 740 de esta Ley; ********************II. Si no se encuentra el deudor, la diligencia se practicará con cualquier persona que esté presente; ********************III. El Actuario requerirá de pago a la persona con quien entienda la diligencia y si no se efectúa el mismo procederá al embargo;********************IV. El Actuario podrá, en caso necesario, sin autorización previa, solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper las cerraduras del local en que se deba practicar la diligencia; ********************V. Si ninguna persona está presente, el actuario practicará el embargo y fijará copia autorizada de la diligencia en la puerta de entrada del local en que se hubiere practicado; y******************** VI. El Actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución. ********************Artículo 952.- Quedan únicamente exceptuados de embargo:********************I. Los bienes que constituyen el patrimonio de familia; ********************II. Los que pertenezcan a la casa habitación, siempre que sean de uso indispensable; ********************III. La maquinaria, los instrumentos, útiles y animales de una empresa o establecimiento, en cuanto sean necesarios para el desarrollo de sus actividades. Podrá embargarse la empresa o establecimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 966 de esta Ley; ********************IV. Las mieses antes de ser cosechadas, pero no los derechos sobre las siembras; ********************V. Las armas y caballos de los militares en servicio activo, indispensables para éste, de conformidad con las leyes;********************VI. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste;******************** VII. Los derechos de uso y de habitación; y, ********************VIII. Las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo, a cuyo favor estén constituidas." ********************"Artículo 954.- El Actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto del embargo, prefiriendo los que sean de más fácil realización." ********************Atento lo anterior, analizada la diligencia de embargo practicada por el Actuario adscrito a la junta responsable el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se aprecia que dicha diligencia contrario a lo señalado por la responsable fue legal, ya que se llevó a cabo con los requisitos que establece el artículo 951, de la Ley de la materia al haberse verificado en el domicilio de la demandada, ubicado en la ********************de esta ciudad, y al no encontrarse a la demandada se atendió con ******************** quien dijo ser habitante del domicilio, y que sí sabía del asunto; persona a la que se le requirió el pago de lo laudado o en su caso señalara bienes para su embargo, y al no hacerlo se le dio el uso de la voz a la parte actora, quien en ese momento señaló para su embargo el lote número ********************el cual quedó formalmente embargado.********************No obstante lo anterior, la autoridad responsable al emitir su resolución el diez de julio de dos mil veintitrés, dejó sin efectos el embargo decretado por el actuario adscrito a dicha junta bajo el argumento de que el embargo era excesivo en atención al valor pericial del bien inmueble, lo que generó una violación al contenido del artículo 951, fracción VI, la cual como quedó precisado en párrafos precedentes establece que el actuario bajo su responsabilidad embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de los intereses y de los gastos de ejecución; sin embargo, dicho argumento carece de la debida fundamentación y motivación, pasando por alto que la persona con quien se entendió la diligencia se negó a señalar bienes para su embargo, razón por la cual al otorgarse el uso de la voz a la parte actora señaló el bien inmueble materia del presente juicio, como susceptible de embargo y el actuario así lo determinó.********************Ahora bien, el hecho de que el bien inmueble embargado supere el valor de la condena, sus intereses y gastos de ejecución, no torna ilegal su embargo, ni se encuentra como caso de excepción de los bienes inembargables previstos en el artículo 952 de la Ley Federal del Trabajo; ya que de considerar válido el argumento de la autoridad responsable aquellos laudos en los que se condena a la parte patronal jamás serían cumplidos bajo el argumento de que el bien que se embarga excede del valor del que fue condenada la parte demandada, con total perjuicio de la parte trabajadora, quien no vería satisfecho el cumplimiento del laudo por el solo hecho de que los bienes susceptibles de embargo superen en exceso el valor de la condena, aunado a lo anterior, la parte demanda se encuentra obligada a cumplir en su totalidad con el laudo respectivo, o en su caso, sustituir el bien embargado por uno de cuantía menor pero suficiente para cubrir el pago de lo condenado, sus intereses y accesorios; incongruente resulta también dejar a salvo los derechos de la parte trabajadora para ejecutar el laudo dictado a su favor, ya que de no contar la parte demandada con diversos bienes susceptibles de embargo dichos derechos serían ilusorios al no poder embargar el único bien con que cuenta la demandada corriendo el riesgo de que se defrauden los derechos del demandado en caso de que para evadir el cumplimiento del laudo, la aquí tercera interesada traslade la propiedad del bien embargado a un tercero. ******************** Consecuentemente, al haber quedado acreditado en autos la violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, invocados por la quejosa, se impone conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable, realice lo siguiente:********************a) Para el efecto que la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, dentro del juicio ordinario laboral ********************, promovido por ******************** frente a ********************, deje insubsistente la resolución de diez de julio de dos mil veintitrés, así como el oficio de cancelación de gravamen, registrado con el número 11, del tomo 5511, y, ********************b) Emita otra en la que declare vigente el embargo practicado el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, respecto del lote número ********************. ********************Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. ********************Por lo expuesto y fundado, se resuelve:********************Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto, autoridades y motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución.********************Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia.********************Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables.****************************************Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del treinta de octubre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1044/2023. Enseguida se da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, de que se encuentra debidamente integrado y de que guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta al Juez con las documentales exhibidas tanto por la quejosa como por la autoridad responsable. El Juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales en cita, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario certifica que únicamente presentó escrito de alegatos la agente del Ministerio Público adscrita. En relación con lo anterior el juez acuerda: De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la fiscal federal formulando sus alegatos y por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar sentencia.Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio suscrito por el actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el cuatro de octubre del año en curso declaró firme el auto en que se desechó el recurso de queja hecho valer contra la suspensión provisional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, pues éste se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado en cita, por lo que ahora ya se cuenta con los autos originales del presente asunto, de ahí que dicho cuaderno puede ser susceptible de destrucción, por lo que se ordena glosar al presente juicio únicamente las constancias originales que obren en dicho cuaderno para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase al actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, informando que en proveído de veintidós de septiembre del año en curso desechó por improcedente el recurso de queja hecho valer por el quejoso contra la suspensión definitiva emitida en el presente incidente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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