Martha Alvarez Rosas

Expediente 696/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
696/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Martha Alvarez Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado, toda vez que no se ha recibido a la fecha escrito alguno; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, el cual no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Devuélvase a la autoridad responsable las documentales que allegó al presente asunto, mismas que obran en diez tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 696/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales aportadas por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el Juez de Distrito acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos el secretario hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la citada agente; asimismo, a las demás partes se les tiene por precluído el derecho para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez de Distrito para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación,********************, por conducto de su apoderada jurídica ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintiuno de junio del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a la autoridades responsables; posteriormente, mediante auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que la parte quejosa reclama una omisión y la demanda fue presentada en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, el acto reclamado consiste en: La omisión de dictar el acuerdo de admisión de pruebas y resolver la demanda de revisión de actos del actuario promovido por el apoderado de la demandada. Fijación realizada, una vez que han sido analizadas las constancias remitidas por la autoridad responsable, tomando en consideración el estado procesal que guarda el juicio de origen, toda vez, que si para establecer los efectos de la concesión del amparo, resulta necesario para el juzgador remitirse a estas, así también para la fijación del acto reclamado, ello acorde con lo establecido en el criterio 2a CV/2013 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Tercera. Existencia del acto reclamado. Del informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, señaló que no era cierto el acto reclamado. Lo anterior, toda vez que la parte quejosa, presentó su demanda de amparo el nueve de junio de dos mil veintitrés, fecha en la cual, la autoridad responsable no había dictado el acuerdo relativo a la admisión de pruebas, así como la resolución correspondiente a la revisión de actos del actuario promovido por la parte demandada. Sin embargo, el cinco de julio del año en curso, mediante la audiencia para el desahogo de la prueba pericial en construcción sobre valuación del inmueble embargado, el Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certificó que no quedaban pruebas pendientes pos desahogar dentro del incidente planteado. Posteriormente, el diez de julio de dos mil veintitrés, dictó la resolución interlocutoria relativa a la revisión de actos del actuario, en la cual dejó insubsistente y sin efecto legal alguno el embargo trabado sobre el inmueble inscrito bajo el número once , tomo cinco mil quinientos once, del libro de propiedad del Distrito de Morelia, embargado en la diligencia de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dejando a salvo el derecho de la parte actora (aquí quejosa) para ejecutar el laudo dictado a su favor. Situaciones que evidencian el estado procesal que guardaba el juicio de origen, y por ende la existencia del acto reclamado al momento de la presentación de la demanda. Lo que se robustece con las copias certificadas del juicio laboral que allegó la responsable al informe rendido, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Cuarta. Causas de improcedencia. Como en la especie las partes no hacen valer ninguna causa de improcedencia, este Juzgado de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, debe de oficio estudiar si alguna de ellas se actualiza en el presente asunto. Por tanto, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo -nueve de junio del año en curso-, existía el acto reclamado consistente en: La omisión de dictar el acuerdo de admisión de pruebas y resolver la demanda de revisión de actos del actuario promovido por el apoderado de la demandada. Posteriormente, de las documentales remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el cinco de julio del año en curso, mediante la audiencia para el desahogo de la prueba pericial en construcción sobre valuación del inmueble embargado, el Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certificó que no quedaban pruebas pendientes pos desahogar dentro del incidente planteado. Así en proveído de diez de julio del año en curso, dictó la resolución interlocutoria relativa a la revisión de actos del actuario, en la cual dejó insubsistente y sin efecto legal alguno el embargo trabado sobre el inmueble inscrito bajo el número once , tomo cinco mil quinientos once, del libro de propiedad del Distrito de Morelia, embargado en la diligencia de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dejando a salvo el derecho de la parte actora (aquí quejosa) para ejecutar el laudo dictado a su favor. Lo anterior, permite sostener que al momento de presentar la demanda de amparo tenía vida jurídica el acto reclamado; sin embargo, el mismo dejó de tenerla en el momento en que la autoridad responsable dictó la resolución interlocutoria del diez de julio del año en curso, por la que resolvió la revisión de actos del actuario, destruyendo en forma inmediata, total, incondicional y material sus efectos, restituyendo en el pleno goce de sus derechos al quejoso como si se le hubiera concedido la protección constitucional. Por tanto, de lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en la consideración cuarta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por********************, por conducto de su apoderada jurídica ********************, contra los actos reclamados a la autoridad responsable referida en el primer resultando. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridadrespectiva. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio y anexos de la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas de la totalidad del expediente 1896/2016, como complemento a su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales ofertadas por la autoridad responsable y con las mismas dése vista a las partes. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva y con dichas documentales se ordena formar diez tomos de prueba. Ahora bien, de las constancias que integran el expediente ordinario número 3A-1896/2016, se aprecia que Maricela ********************, son la parte demandada en el mismo; por lo que con apoyo en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se les reconoce el carácter de terceros interesados, quienes pueden ser emplazados en el domicilio ubicado en la calle ******************** Atento lo anterior, con apoyo en los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado para que realice lo siguiente: a) Con las formalidades que establece el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, efectúe el emplazamiento de los citados terceros interesados, o quien acredite ser el representante legal, y que al momento de la diligencia demuestre tener tal carácter y de ser posible recabe copia del documento; b) De no encontrar a la parte tercera interesada o a su representante, lleve a cabo el emplazamiento por citatorio de acuerdo con las formalidades que establece el referido precepto 27 del ordenamiento legal invocado; c) Les corra traslado con copia de la demanda de amparo, auto de admisión de demanda, así como del presente proveído, o en su caso, las adjunte al citatorio respectivo; d) Les haga saber que se fijaron las once horas con diez minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia constitucional; e) Les requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos el emplazamiento respectivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, señalen domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que mientras no señalen domicilio las notificaciones siguientes a su emplazamiento se le harán por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, sin previo acuerdo, de conformidad con los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo; f) Se autoriza a la persona encomendada para realizar la diligencia de emplazamiento, tomar las medidas respectivas para cumplir con la encomienda, ya que de no lograr la diligencia en los términos precisados, podrá llevarla a cabo de conformidad con los artículos 312 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, únicamente de actualizarse las hipótesis previstas en dichos preceptos, de lo que deberá asentar la razón correspondiente; g) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en el entendido de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar respectivo y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, por lo que en su caso, deberá indagar con los vecinos del lugar; y, h) Hágase saber a la parte tercera interesada que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica y emplaza a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 07 de agosto del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

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