Martha Alicia Vargas Osuna
Expediente 744/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Martha Alicia Vargas Osuna
Actuaciones
- Principal
Téngase recibido y únicamente agréguese a los autos para que obre como constancia, el oficio 10180/2023, deducido de la queja 199/2023, remitido vía interconexión y firmado electrónicamente por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Culiacán, a través del cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por ********************, contra el auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés.
- Principal
Téngase recibido el escrito firmado autógrafamente por Martha Alicia Vargas Osuna, por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó la demanda que dio origen a este asunto. En atención a lo antes expuesto y en términos de lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, fracción II, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo en el sentido de SER CIERTO que en auto de treinta de agosto del año en curso, este juzgado desechó de plano por considerarse improcedente la demanda de amparo promovida por Martha Alicia Vargas Osuna, consecuentemente, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, en Culiacán, el ocurso de queja del que se dio noticia de manera impresa y electrónicamente el sumario en que se actúa.
- Principal
énganse recibidos los escritos de demanda de amparo firmados autógrafamente por Martha Alicia Vargas Osuna, por su propio derecho. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquense con el número 744/2023 y su acumulado 745/2023. ACUMULACIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Ahora bien, en consideración a que los escritos constitucionales de cuenta fueron promovidos por la misma quejosa, a saber, Martha Alicia Vargas Osuna y los actos que reclama, a saber, la vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares, se emitieron en la audiencia inicial de veintiuno de julio del presente año, en los autos de la causa penal 250/2020. Por consiguiente, con fundamento en lo establecido en los preceptos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 66 de este último ordenamiento, de oficio se ordena resolver de plano la acumulación del sumario 745/2023, del índice de este juzgado al diverso 744/2023, en que se actúa, en aras de los principios de economía y celeridad procesal, así como de administración de justicia en forma pronta e incluso por seguridad jurídica, a fin de evitar el dictado resoluciones contradictorias. Surte puntual aplicación la jurisprudencia 24/2015, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 22, tomo I, septiembre de 2015, página 19. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de las demandas de amparo acumuladas, se colige que la quejosa señala como actos reclamados la vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares, emitidas en la audiencia inicial de veintiuno de julio del presente año, en los autos de la causa penal 250/2020. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 En tales condiciones, una vez examinados los actos concretos por lo que se dice afectada la parte quejosa y los antecedentes plasmados en el escrito de cuenta, es posible advertir en forma indudable y manifiesta, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo se presentó extemporáneamente. En efecto, los numerales en cita establecen que cualquier persona que resienta una lesión en sus derechos fundamentales por un acto de autoridad o particular con tal calidad, tiene acceso a la justicia a través de este mecanismo de regularidad constitucional, con el objeto de protegerlos. Sin embargo, la promoción de tal mecanismo tiene plazos determinados por la norma jurídica, los cuales son improrrogables y, por tanto, fatales para el quejoso, ya que cuando un gobernado sufre una afectación con un acto de autoridad o particular con tal carácter, y tiene la posibilidad legal de impugnarlo a través del juicio de amparo dentro del término que para ello prevé la ley de la materia, y no obstante ello no lo hace, esta conducta revela conformidad con el mismo. Ahora bien, el precitado numeral 17 de la Ley de Amparo vigente, contempla que existen tres momentos para iniciar el cómputo del término para la presentación de la demanda de garantías, a saber: Al día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Al día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. Al día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Cabe precisar que tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de relación alguno; por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la presentación del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, el motivo de improcedencia de que se trata está fundado en el principio de seguridad jurídica, para evitar que proceda el juicio de amparo después de que el quejoso, por propia voluntad, omitió promoverlo dentro del término que establece la ley para tal fin. Esto significa que una de las formas que contempla nuestra legislación y que denotan el consentimiento tácito del acto reclamado es la no promoción del juicio dentro del término establecido por la ley. Dicha circunstancia no sólo genera una conformidad presunta con el acto reclamado, sino también la pérdida de la acción de amparo por expiración del plazo dentro del cual debió ser intentado, es decir, la preclusión de la acción constitucional. En el caso, Martha Alicia Vargas Osuna precisó en sus ocursos bajo protesta de decir verdad, que los actos que reclama, a saber, la vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares, se emitieron en la audiencia inicial de veintiuno de julio del presente año, en los autos de la causa penal 250/2020, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Zona Sur del Estado, con sede en esta localidad. Por consiguiente, si la demanda de amparo que dio origen a este juicio, fue depositada en el Buzón Judicial la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, es claro entonces que lo hizo fuera del plazo legal que tenía para ello. Lo anterior, considerando que a partir de la audiencia inicial de veintiuno de julio del presente año, el plazo de quince días con que contaba la quejosa para presentar su demanda de amparo corrió del veinticuatro de los propios mes y año al once de los cursantes, sin contar los días inhábiles. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 2026 del tomo II, Procesal Constitucional 1, común tercera parte -Históricas Primera Sección - SCJN, Novena Época, con registro 1004380. DESECHAMIENTO. En esa tesitura, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, relacionado con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 del propio ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida ********************, en esta ciudad, asimismo, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones al licenciado ********************, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que su cédula profesional número ******************** se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como Juicio en Línea. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente.
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