Martha Alicia Ramírez Sánchez

Expediente 234/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
234/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Martha Alicia Ramírez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto de sobreseimiento de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos, de informe con justificación rendido por el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Mazatlán, con residencia en esta ciudad, y anexos que acompañó al mismo, de los que puede obtenerse que se actualiza el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que cesaron los efectos de la omisión atribuida a la responsable. Lo anterior, considerando que, la quejosa Martha Alicia Ramírez Sánchez, reclamó del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que es la omisión de llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, en el expediente TMCA: 115-A/2020 y consecuentemente, la inactividad, retraso o dilación en la tramitación del citado juicio laboral, toda vez que no se cumplen o respetan los plazos y términos fijados en la Ley Federal del Trabajo, cuando que el Tribunal de origen tiene la obligación de resolver el asunto en un tiempo razonable." En ese contexto, de las constancias certificadas allegadas por la responsable conjuntamente con su informe justificado, se obtiene que en la fecha en que se presentó el libelo constitucional, esto es, el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, la última actuación registrada en los autos del juicio laboral TMCA 115-A/2020, data del cuatro de agosto de dos mil veinte, cuando se admitió a trámite la demanda formulada por la parte actora y se ordenó el emplazamiento del demandado. No obstante, en diligencia de siete de mayo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el emplazamiento del demandado Ayuntamiento Municipal de Mazatlán, Sinaloa. Precisado lo anterior, es de precisarse que los artículos 70 a 73 de la Ley de Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, regulan el procedimiento arbitral burocrático municipal ante los Tribunales Municipales de Conciliación y Arbitraje, y establecen lo siguiente: El procedimiento no requiere solemnidad o forma especial alguna y se iniciará con la presentación de la demanda ante el tribunal. El Tribunal dictará el auto de radicación dentro de setenta y dos horas, en el que ordenará emplazar a la parte demandada para que dentro del término de diez días dé contestación a la demanda, con el apercibimiento que de no contestarla dentro de dicho término, se tendrá por contestada en sentido afirmativo. El tribunal inmediatamente después de que reciba la contestación de demanda, calificará las pruebas, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias para su recepción, y citará a las partes a una audiencia de conciliación, arbitraje, recepción de pruebas, alegatos y resolución. En ese sentido, si el emplazamiento de la enjuiciada tuvo verificativo el siete de mayo del presente año, aun cuando exista una evidente dilación entre la fecha en que se admitió la demanda y se llevó a cabo la diligencia señalada en orden inicial, ello ya no puede ser objeto de análisis constitucional en razón de dicha dilación ya no surte sus efectos y será a partir de esta última actuación que comenzarán a transcurrir los nuevos plazos procesales. Acude en apoyo de la anterior consideración, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número CL/1997, visible en el Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Página 71, Noviembre de 1997, por identidad de razón, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del rubro y tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO EN QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de que la fracción XVI del artículo 73, de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Así también, tiene aplicación en la especie, por los propios motivos, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Además, la celebración de la audiencia a que hace alusión la quejosa, está supeditada a la realización de diversos actos procesales, que pueden configurarse o no, como es la circunstancia de que el demandado dé contestación a la demanda dentro del plazo que le fue otorgado. Es por ello que, se insiste, el análisis constitucional de las dilaciones dentro del proceso solo pueden ser examinadas dentro de la etapa en que este se encuentra al momento de presentar la demanda de amparo, lo que en la especie implicaba la materialización del emplazamiento de la demandada, lo cual ya ocurrió. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a.CV/2013 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de dos mil trece, Tomo I, Materia Común, Décima Época, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." En razón de lo expuesto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama, y dejar sin efectos las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Téngase recibido el pedimento número 205/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, a través del cual formula manifestaciones a título de alegatos en torno a la constitucionalidad y legalidad del acto reclamado, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio sin número signado por la Presidenta del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Mazatlán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, ténganse recibidas las documentales que exhibe la autoridad de mérito, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo.Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

Quedan 1 actuación en este expediente

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