Martha Alicia Casas del Hoyo
Expediente 1139/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 30 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1139/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 04/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Martha Alicia Casas del Hoyo
- Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
En cuatro de abril de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con un oficio con registro 6566. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado 15349, por el que le fueron devueltos los autos del toca de apelación penal 148/2015 y el proceso penal 01/2015; lo anterior, para los efectos legales correspondiente. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
En veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, -------------C E R T I F I C O:---------------Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra del auto dictado por este Juzgado el veintinueve de febrero del año en curso, dentro del juicio de amparo 1139/2015, promovido por Martha Alicia Casas del Hoyo; transcurrió del ocho al veintiocho de marzo del año en curso, con exclusión de los días que fueron inhábiles. Doy fe. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintinueve de febrero del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvansele a la autoridad responsable las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado consistentes en el proceso penal 01/2015 y el toca de apelación penal 148/2015; que remitió en su momento como justificación de sus actos. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y TERCERO INTERESADO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
En veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito, con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el diecinueve de enero del año en curso, se hizo entrega al autorizado de la parte quejosa licenciado Leopoldo Enrique Santos Pérez, de los edictos por los que se ordenó el emplazamiento del tercero interesado José Martín Ruiz Castro, sin que hasta la fecha haya acreditado la publicación de los mismos; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de doce de enero del año en curso y se procede al análisis del presente juicio de garantías, conforme a las consideraciones que enseguida se expondrán. En efecto, del estado que guardan los presentes autos advierte que durante la tramitación del presente juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción II, inciso d), todos de la Ley de Amparo vigente, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, que permite sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgida con motivo de la Contradicción de Tesis número 26/2002, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.", por las razones que a continuación se exponen. De las actuaciones practicadas en el expediente en que se actúa, se destacan las siguientes: 1. En auto de ocho de julio de dos mil quince, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Moisés Pacheco Fernández, Gregorio Álvarez Pérez, Carlos Rescendez Argomaniz, Ezequiel Torres Bernal, Claro Pérez Escobedo, Noé Blanco Hernández, Luis Alberto Montes Rescendez, Pedro Álvarez Romero, Rosendo Fernández Blanco, Natalia Gómez Burciaga, José Martín Ruiz Castro, Antonio Ruiz García, Nieves Fernández Soto, Victorio Álvarez Pérez y Ramiro Fernández Blanco; y para tal efecto se giró despacho al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas (f. 19-20). 2. El diez de agosto de dos mil quince, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el oficio signado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas, mediante el cual devolvió parcialmente diligenciado el despacho 676/2015 y de origen 373/2015, toda vez que únicamente se logró practicar la diligencia de emplazamiento encomendada con los terceros interesados Moisés Pacheco Fernández, Gregorio Álvarez Pérez, Carlos Rescendez Argomaniz, Ezequiel Torres Bernal, Claro Pérez Escobedo, Noé Blanco Hernández, Luis Alberto Montes Rescendez, Pedro Álvarez Romero, Rosendo Fernández Blanco, Natalia Gómez Burciaga, José Martín Ruiz Castro, Antonio Ruiz García, Nieves Fernández Soto, Victorio Álvarez Pérez y Ramiro Fernández Blanco, por lo que en auto de ocho de ese mismo mes y año se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, proporcionara el domicilio actual y correcto de los diversos terceros interesados Luis Alberto Montes Rescendez, Ezequiel Torres Bernal y José Martín Ruiz Castro (f. 99). 3. Mediante diverso auto de diecisiete de agosto de dos mil quince, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Luis Alberto Montes Recéndez (por conducto de su hermano Leandro Montes Recéndez) y Ezequiel Torres Berlnal (a través de su esposa Natalia Campa Alvarez), en los domicilios que la quejoso proporciono en su escrito registrado con el folio 1602, para lo cual se giró Despacho al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas; y respecto de José Martín Ruiz Castro, se solicitó al Vocal del Instituto Nacional Electoral, Gerente Comercial de Teléfonos de México, Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, Director General de la Policía Ministerial del Estado, Administrador Local de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado; todos con sede en Tijuana Baja California, el domicilio que tuviera registrado en sus archivos o bases de datos dicha persona, a fin de estar en aptitud de ordenar su emplazamiento (f. 106-107). 4. Por auto de siete de septiembre de dos mil quince, se tuvo por recibido debidamente diligenciado el Despacho con número de orden 820/2015 y de origen 472/2015, por el que se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Ezequiel Torres Bernal (a través de su esposa Manuela Campa Álvarez) y Luis Alberto Recéndez (por conducto de su hermano Leandro Montes Recéndez) (f. 132). 5. Mediante oficio registrado con el folio 18960, el Administrador Local de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Tijuana, Baja California, informó que en la base de datos informáticos de la oficina a su cargo se encontró que el domicilio del tercero interesado José Martin Ruiz Castro, se ubica en calle Primavera número doscientos uno (201), Colonia la Esperanza, de Fresnillo, Zacatecas; por lo que el giró despacho al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, para que llevara a cabo la citada diligencia (f. 143-144). 6. Mediante auto de doce de enero del dos mil diecisiete, se recibió sin diligenciar el Despacho con número de orden 1276/2015 y de origen 754/2015, por el cual se encomendó el emplazamiento del multicitado tercero interesado José Martín Ruiz Castro, en razón de que la Secretaria Auxiliar Tercera del Juzgado Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, no pudo llevar a cabo la diligencia encomendada en el domicilio proporcionado, ya que en ese lugar no conocían a dicha persona; por lo que al haberse agotado el procedimiento de investigación a que se refiere el último párrafo del inciso b), de la fracción II, del artículo 27, de la Ley de Amparo, se ordenó el emplazamiento del aludido tercero interesado por medio de edictos y se le apercibió que en caso de no acreditar la publicación de los mismos dentro del término de veinte días posteriores a su entrega, se decretaría el sobreseimiento del presente juicio de garantías. (f. 252-253). 7. Posteriormente, el diecinueve de enero de la presente anualidad, compareció ante el personal de este Juzgado el autorizado de la parte quejosa licenciado Leopoldo Enrique Santos Pérez, y se le hizo entrega de los edictos derivados del juicio de amparo en que se actúa (f. 267). Conforme a los antecedentes narrados en párrafos que anteceden, el suscrito resolutor considera que en la especie cobra vigencia la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción II, inciso b) y 5°, fracción II, inciso d), todos de la Ley de Amparo vigente, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República; habida cuenta este Tribunal Federal agotó la investigación conducente a obtener el domicilio del tercero interesado José Martín Ruiz Castro, a fin de emplazarlo al presente juicio de garantías, sin que se lograra por los motivos precisados en parágrafos que anteceden; aunado a la circunstancia de que el diecinueve de enero de la presente anualidad, compareció ante el personal de este Juzgado el compareció ante el personal de este Juzgado el autorizado de la parte quejosa licenciado Leopoldo Enrique Santos Pérez, a fin de recoger los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento del referido tercero interesado, sin que haya acreditado la publicación de los mismos; lo que genera la paralización del juicio de garantías en que se actúa al arbitrio del propio impetrante, con lo que se contraviene lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que establece: "Artículo 17 [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Asimismo, el precepto 14 de la Constitución General de la República, en su párrafo segundo, dispone: "ARTICULO 14.-. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Por su parte, el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: " XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". En tanto que el ordinal 27, fracción III, inciso b) de la citada Ley Reglamentaria, consigna: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.". El artículo 5°, fracción III, inciso d) del propio ordenamiento legal en consulta, señala: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; ...". Finalmente, el diverso numeral 63, del cuerpo de leyes invocado, en su fracción V, señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Pues bien, en el presente juicio de garantías se tuvo como tercero interesado a José Martín Ruiz Castro y no obstante que se requirió a la peticionaria de garantías a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto del antes nombrado, no se logró su emplazamiento, a pesar de que este Tribunal Federal gestionó ante distintas dependencias su localización, sin obtener resultados positivos, con lo que se cumplió con el procedimiento señalado en la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo vigente, concretamente el relativo a la investigación de su paradero, siendo por ello que en auto de veintiocho de septiembre de dos mil quince, se ordenó emplazarlo por medio de edictos a costa del quejoso; habiendo comparecido ante el personal de este Juzgado el autorizado de la parte quejosa licenciado Leopoldo Enrique Santos Pérez, a fin de recoger los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento del referido tercero interesado, sin que haya acreditado la publicación de los mismos, lo que pone de relieve que ha incumplido con un presupuesto procesal que se rige como la formalidad esencial del procedimiento prevista por el artículo 14 de la Ley Suprema de la Nación; situación que ubica al suscrito resolutor en la imposibilidad de pronunciarse sobre el fondo de la litis constitucional planteada en el presente juicio de garantías. En tales condiciones, debe concluirse que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia materia de análisis, dado que la apuntada omisión de la promovente del amparo genera la paralización del juicio de garantías en que se actúa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que se obstaculiza la administración de justicia, en la medida en que se retarda de manera injustificada la substanciación y conclusión de este juicio, sin que ello sea atribuible a este órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por el precepto constitucional en cita, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que señale la ley, sin que pueda quedar su resolución al arbitrio de una de las partes, como en el caso lo es los propios impetrantes. En este orden de consideraciones, toda vez que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción II, inciso d), todos de la Ley de Amparo vigente, en concordancia con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la propia Ley Reglamentaria en consulta, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 64/2002, resultado de la Contradicción de tesis 16/2000-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 211, tomo XVI, Julio de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". NOTIFIQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis. En la misma fecha se giraron los oficios 9402 y 9403.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito, con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el diecinueve de enero del año en curso, se hizo entrega al autorizado de la parte quejosa licenciado Leopoldo Enrique Santos Pérez, de los edictos por los que se ordenó el emplazamiento del tercero interesado José Martín Ruiz Castro, sin que hasta la fecha haya acreditado la publicación de los mismos; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de doce de enero del año en curso y se procede al análisis del presente juicio de garantías, conforme a las consideraciones que enseguida se expondrán. En efecto, del estado que guardan los presentes autos advierte que durante la tramitación del presente juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción II, inciso d), todos de la Ley de Amparo vigente, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, que permite sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgida con motivo de la Contradicción de Tesis número 26/2002, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.", por las razones que a continuación se exponen. De las actuaciones practicadas en el expediente en que se actúa, se destacan las siguientes: 1. En auto de ocho de julio de dos mil quince, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Moisés Pacheco Fernández, Gregorio Álvarez Pérez, Carlos Rescendez Argomaniz, Ezequiel Torres Bernal, Claro Pérez Escobedo, Noé Blanco Hernández, Luis Alberto Montes Rescendez, Pedro Álvarez Romero, Rosendo Fernández Blanco, Natalia Gómez Burciaga, José Martín Ruiz Castro, Antonio Ruiz García, Nieves Fernández Soto, Victorio Álvarez Pérez y Ramiro Fernández Blanco; y para tal efecto se giró despacho al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas (f. 19-20). 2. El diez de agosto de dos mil quince, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el oficio signado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas, mediante el cual devolvió parcialmente diligenciado el despacho 676/2015 y de origen 373/2015, toda vez que únicamente se logró practicar la diligencia de emplazamiento encomendada con los terceros interesados Moisés Pacheco Fernández, Gregorio Álvarez Pérez, Carlos Rescendez Argomaniz, Ezequiel Torres Bernal, Claro Pérez Escobedo, Noé Blanco Hernández, Luis Alberto Montes Rescendez, Pedro Álvarez Romero, Rosendo Fernández Blanco, Natalia Gómez Burciaga, José Martín Ruiz Castro, Antonio Ruiz García, Nieves Fernández Soto, Victorio Álvarez Pérez y Ramiro Fernández Blanco, por lo que en auto de ocho de ese mismo mes y año se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, proporcionara el domicilio actual y correcto de los diversos terceros interesados Luis Alberto Montes Rescendez, Ezequiel Torres Bernal y José Martín Ruiz Castro (f. 99). 3. Mediante diverso auto de diecisiete de agosto de dos mil quince, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Luis Alberto Montes Recéndez (por conducto de su hermano Leandro Montes Recéndez) y Ezequiel Torres Berlnal (a través de su esposa Natalia Campa Alvarez), en los domicilios que la quejoso proporciono en su escrito registrado con el folio 1602, para lo cual se giró Despacho al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas; y respecto de José Martín Ruiz Castro, se solicitó al Vocal del Instituto Nacional Electoral, Gerente Comercial de Teléfonos de México, Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, Director General de la Policía Ministerial del Estado, Administrador Local de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado; todos con sede en Tijuana Baja California, el domicilio que tuviera registrado en sus archivos o bases de datos dicha persona, a fin de estar en aptitud de ordenar su emplazamiento (f. 106-107). 4. Por auto de siete de septiembre de dos mil quince, se tuvo por recibido debidamente diligenciado el Despacho con número de orden 820/2015 y de origen 472/2015, por el que se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Ezequiel Torres Bernal (a través de su esposa Manuela Campa Álvarez) y Luis Alberto Recéndez (por conducto de su hermano Leandro Montes Recéndez) (f. 132). 5. Mediante oficio registrado con el folio 18960, el Administrador Local de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Tijuana, Baja California, informó que en la base de datos informáticos de la oficina a su cargo se encontró que el domicilio del tercero interesado José Martin Ruiz Castro, se ubica en calle Primavera número doscientos uno (201), Colonia la Esperanza, de Fresnillo, Zacatecas; por lo que el giró despacho al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, para que llevara a cabo la citada diligencia (f. 143-144). 6. Mediante auto de doce de enero del dos mil diecisiete, se recibió sin diligenciar el Despacho con número de orden 1276/2015 y de origen 754/2015, por el cual se encomendó el emplazamiento del multicitado tercero interesado José Martín Ruiz Castro, en razón de que la Secretaria Auxiliar Tercera del Juzgado Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, no pudo llevar a cabo la diligencia encomendada en el domicilio proporcionado, ya que en ese lugar no conocían a dicha persona; por lo que al haberse agotado el procedimiento de investigación a que se refiere el último párrafo del inciso b), de la fracción II, del artículo 27, de la Ley de Amparo, se ordenó el emplazamiento del aludido tercero interesado por medio de edictos y se le apercibió que en caso de no acreditar la publicación de los mismos dentro del término de veinte días posteriores a su entrega, se decretaría el sobreseimiento del presente juicio de garantías. (f. 252-253). 7. Posteriormente, el diecinueve de enero de la presente anualidad, compareció ante el personal de este Juzgado el autorizado de la parte quejosa licenciado Leopoldo Enrique Santos Pérez, y se le hizo entrega de los edictos derivados del juicio de amparo en que se actúa (f. 267). Conforme a los antecedentes narrados en párrafos que anteceden, el suscrito resolutor considera que en la especie cobra vigencia la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción II, inciso b) y 5°, fracción II, inciso d), todos de la Ley de Amparo vigente, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República; habida cuenta este Tribunal Federal agotó la investigación conducente a obtener el domicilio del tercero interesado José Martín Ruiz Castro, a fin de emplazarlo al presente juicio de garantías, sin que se lograra por los motivos precisados en parágrafos que anteceden; aunado a la circunstancia de que el diecinueve de enero de la presente anualidad, compareció ante el personal de este Juzgado el compareció ante el personal de este Juzgado el autorizado de la parte quejosa licenciado Leopoldo Enrique Santos Pérez, a fin de recoger los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento del referido tercero interesado, sin que haya acreditado la publicación de los mismos; lo que genera la paralización del juicio de garantías en que se actúa al arbitrio del propio impetrante, con lo que se contraviene lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que establece: "Artículo 17 [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Asimismo, el precepto 14 de la Constitución General de la República, en su párrafo segundo, dispone: "ARTICULO 14.-. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Por su parte, el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: " XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". En tanto que el ordinal 27, fracción III, inciso b) de la citada Ley Reglamentaria, consigna: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.". El artículo 5°, fracción III, inciso d) del propio ordenamiento legal en consulta, señala: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; ...". Finalmente, el diverso numeral 63, del cuerpo de leyes invocado, en su fracción V, señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Pues bien, en el presente juicio de garantías se tuvo como tercero interesado a José Martín Ruiz Castro y no obstante que se requirió a la peticionaria de garantías a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto del antes nombrado, no se logró su emplazamiento, a pesar de que este Tribunal Federal gestionó ante distintas dependencias su localización, sin obtener resultados positivos, con lo que se cumplió con el procedimiento señalado en la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo vigente, concretamente el relativo a la investigación de su paradero, siendo por ello que en auto de veintiocho de septiembre de dos mil quince, se ordenó emplazarlo por medio de edictos a costa del quejoso; habiendo comparecido ante el personal de este Juzgado el autorizado de la parte quejosa licenciado Leopoldo Enrique Santos Pérez, a fin de recoger los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento del referido tercero interesado, sin que haya acreditado la publicación de los mismos, lo que pone de relieve que ha incumplido con un presupuesto procesal que se rige como la formalidad esencial del procedimiento prevista por el artículo 14 de la Ley Suprema de la Nación; situación que ubica al suscrito resolutor en la imposibilidad de pronunciarse sobre el fondo de la litis constitucional planteada en el presente juicio de garantías. En tales condiciones, debe concluirse que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia materia de análisis, dado que la apuntada omisión de la promovente del amparo genera la paralización del juicio de garantías en que se actúa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que se obstaculiza la administración de justicia, en la medida en que se retarda de manera injustificada la substanciación y conclusión de este juicio, sin que ello sea atribuible a este órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por el precepto constitucional en cita, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que señale la ley, sin que pueda quedar su resolución al arbitrio de una de las partes, como en el caso lo es los propios impetrantes. En este orden de consideraciones, toda vez que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción II, inciso d), todos de la Ley de Amparo vigente, en concordancia con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la propia Ley Reglamentaria en consulta, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 64/2002, resultado de la Contradicción de tesis 16/2000-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 211, tomo XVI, Julio de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". NOTIFIQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis. En la misma fecha se giraron los oficios 9402 y 9403."
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