Marlon Barrios Mendez
Expediente 956/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 956/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Marlon Barrios Mendez
- MARLON BARRIOS MENDEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
El dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que No existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del diecinueve de agosto al uno de septiembre, ambos de dos mil veintidós; sin que hubiera interpuesto recurso de revisión contra la resolución de sobreseimiento fuera de audiencia, emitida dentro del juicio de derechos en que se actúa. No se tramitó incidente de suspensión, toda vez que se concedió de plano. No existen tomos de pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la resolución de once de agosto de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el presente asunto fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, de conformidad con lo previsto en el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte, que establece el tratamiento para los expedientes con suspensión de plano; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia pero se concedió la suspensión de plano. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; dentro de los noventa días siguientes, llévese a cabo su depuración e inclúyase el presente asunto en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
El cinco de septiembre de dos mil veintidós, se da cuenta con el estado de autos conste. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que el once de agosto de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto; sin embargo al momento de ingresar dicho acuerdo al Sistema de Integración de Expedientes (SISE); lo fue un acuerdo de fecha veintiuno de junio y relativo al diverso juicio 630/2022. Por tanto, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de Amparo, se regulariza el procedimiento, para para el efecto de hacer constar lo anterior en el citado Sistema y en su caso con esta fecha se autorice el acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós correspondiente al presente juicio de amparo y que quedó en el referido Sistema de Integración de Expedientes (SISE), sin autorizar. Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del seis de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
El veintiuno de junio de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción con folio 12423. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; con fundamento en el artículo 119, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas como pruebas de su parte las documentales que adjunta a su comunicado; mismas que dada su propia y especial naturaleza se admiten y desahogan; sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente al momento de la audiencia constitucional. Dado el volumen de las referidas constancias, fórmese un tomo de pruebas por separado debidamente identificado. Ahora bien, una vez impuesto este juzgador de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El precepto antes transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En efecto, de las constancias que obran en autos, se colige que han cesado los efectos de los actos reclamados. Es así, pues de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos Lester Díaz Rodríguez, Addiel Díaz López y Yosmani Herrera Rivero, reclamaron (i) su detención en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, sin haber llevado a cabo el procedimiento correspondiente; y, (ii) su retención en dichas oficinas migratorias. Sin que sea inadvertido que los quejosos también reclamaron su "inminente" traslado o deportación; sin embargo, no ha lugar a tenerlos como actos reclamados, en atención a que atendiendo a la causa de pedir, se obtiene que dichos actos fueron señalados por los quejosos como una posible consecuencia de su alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas; por lo que no ha lugar a tenerlos como actos reclamados dentro del presente juicio de derechos fundamentales. Lo anterior encuentra apoyo en los criterios siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Ahora bien, con relación a los actos ya precisados, se advierte que el veinticinco de abril del año en curso, la autoridad responsable permitió el egreso de los quejosos Lester Díaz Rodríguez, Addiel Díaz López y Yosmani Herrera Rivero, con la única condición de acudir a firma los días y horas ahí precisados, a las instalaciones de la Delegación en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, con el fin de continuar con su procedimiento administrativo. Asimismo se les hizo del conocimiento que de incumplir con las condiciones fijadas para autorizar su egreso, se emitiría la alerta migratoria correspondiente, tal como lo dispone el artículo 216 del Reglamento de la Ley de Migración. La documental anterior cuenta con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al ser un documento público suscrito por un funcionario público en ejercicio de sus facultades. Con las constancias anteriores, se advierte que el Delegado en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, destruyó totalmente las afectaciones aducidas por los quejosos, en razón a que el veinticinco de abril de dos mil veintidós, ordenó el egreso de los quejosos de referencia, a fin de que continuaran con el procedimiento administrativo que se les sigue, en libertad. Asimismo, el veinticinco de mayo de este año, el jefe de departamento de control migratorio del Instituto Nacional de Migración, delegación Estatal Zacatecas, puso fin a los procedimientos migratorios instaurados en contra de Lester Díaz Rodríguez, Addiel Díaz López y Yosmani Herrera Rivero, por los motivos ahí expresados. En consecuencia, se tiene que los actos reclamados en este juicio, cesaron en la producción de sus efectos jurídicos, precisamente porque fueron egresados de las instalaciones de dicha delegación estatal; lo cual permite concluir que se han destruido en forma total las afectaciones que se podrían generar a los amparistas, de ahí que se afirme que han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso que nos ocupa la tesis aislada V.5o.1 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto consignan lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." De lo anterior se sigue que si la autoridad responsable, el veinticinco de abril de dos mil veintidós, fecha posterior a la promoción del presente juicio que fue el dieciocho de abril del año en curso, inhabilitó los efectos de los actos reclamados; debe considerarse que han sido destruidos los efectos de los actos tildados de inconstitucionales en forma absoluta, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, pues a nada práctico conduciría el análisis de los actos consistentes en la detención en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, sin haber llevado a cabo el procedimiento correspondiente; y, su retención en dichas oficinas migratorias, si éstos ya fueron puestos en libertad y, posteriormente, se dieron por concluidos los procedimientos administrativos correspondientes. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo anterior, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA con relación a los actos reclamados por los quejosos Lester Díaz Rodríguez, Addiel Díaz López y Yosmani Herrera Rivero, precisados en esta determinación. Consecuentemente, se deja sin efecto legal la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con cinco minutos del siete de julio de dos mil veintidós; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintidós de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
En ocho de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción con folio 14958. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por los quejosos Daniel Omar Hernández Álvarez, Marlon Barrios Méndez y Carlos Andrés Ávila Martínez, por el que manifiestan que se desisten de la demanda que motivó el presente juicio de amparo; al respecto, requiéraseles para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este auto, comparezcan ante este Juzgado de Distrito con documento idóneo que permita su identificación, a fin de que ratifiquen el contenido y firma de su libelo, o bien, en el acto de la presente diligencia; en el entendido de que de no comparecer, se tendrá por no presentada su promoción, continuándose con el trámite legal de este expediente. Es aplicable al respecto la Jurisprudencia número 2a./J. 119/2006, Novena Época, Materia Común, tomo XXIV, Agosto de 2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio.". Asimismo, toda vez que es un hecho notorio la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus COVID-19; infórmeseles que podrán generar su cita conforme a las reglas previstas en capítulo II del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, para presentarse físicamente en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del nueve de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
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