Martha Adele Duverger Santiago
Expediente 316/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Martha Adele Duverger Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de julio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, uno remitido electrónicamente y el segundo signado, ambos por los Actuarios Judiciales del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, a los que acompañan testimonio de la resolución dictada en la queja 134/2022 de su índice de la cual se advierte que el mencionado tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte promovente en contra del auto dictado por este juzgado el siete de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo intentada, quedando en su punto resolutivo: ".ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja promovido por MARTHA ADELE DUVERGER SANTIAGO, contra el acuerdo emitido por el Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, el siete de abril de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 316/2022." En tal razón, acúsese el recibo respectivo, realícense las anotaciones correspondientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, al no existir trámites pendientes por acordar dentro del cuadernillo en que se actúa, archívese como asunto concluido, y en cumplimiento al capítulo 21, inciso "d" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de derechos fundamentales, carece de relevancia documental, por lo que, se establece como fecha probable el quince de julio de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio signado por el actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil con sede en Xalapa, Veracruz, comunicando la admisión del recurso de queja interpuesto por la promovente Martha Adele Duverger Santiago, en contra del auto que desechó la demanda de amparo; lo que quedó radicado con el número 134/2022, de lo que el suscrito toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el escrito de cuenta signado por la quejosa Martha Adele Duverger Santiago, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de siete de abril del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de protección derechos fundamentales. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, remítase sin dilación alguna el ocurso de interposición de recurso y original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, en turno, así como copia certificada del juicio de amparo 316/2022, para los efectos legales a que haya lugar; y ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, ya que en el referido auto se tuvo por desechada la demanda de amparo por las razones ahí expuestas. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda signada por Martha Adele Duverger Santiago; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el libro de gobierno de este juzgado con el número de juicio de amparo indirecto 316/2022. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En ese sentido, en primer término cabe precisar que un motivo de la improcedencia es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, deriva del contenido de la demanda de amparo, lo cual se corrobora con las constancias del juicio de origen que obran en autos. Mientras que se dice que es indudable, ya que la determinación de improcedencia no podría ser desvirtuada con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Es de señalarse que la parte promovente reclama en su escrito de demanda: A) La resolución de catorce de marzo de dos mil veintidós, dentro de las actuaciones del toca número 461/2022, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en la cual se determinó desechar el recurso de queja hecho valer por la aquí promovente, por ser notoriamente improcedente para impugnar el auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno emitido en el juicio ordinario mercantil 1511/2019, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en el puerto de Veracruz; y, B) El auto dictado con fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de las actuaciones del juicio ordinario mercantil número 1511/2019, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, mediante el cual se dictó el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento. En ese orden de ideas, tocante al acto reclamado señalado en el inciso A), el suscrito estima que se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas [.]" De donde se advierte que, previamente a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Lo anterior, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. En ese contexto, de conformidad con los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, el recurso de reposición es procedente para impugnar los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables. El texto de tales preceptos es del tenor siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso". En ese orden, se insiste, dicho remedio procesal procede contra todos los autos y contra todos los decretos que se dictan por los tribunales en el trámite de la segunda instancia, sin importar si son dictados de forma unitaria o colegiada. Así se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 76/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1, página 918, registro 2004580 de rubro y texto siguiente: "REPOSICIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DE TRÁMITE DICTADAS EN SEGUNDA INSTANCIA EN JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA EN ESA VÍA HAYA SIDO EMITIDA DE MANERA UNITARIA O COLEGIADA (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO DE COMERCIO). De la interpretación gramatical de los artículos 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1,334 del Código de Comercio, se desprende que el recurso de reposición procede contra todos los autos y contra todos los decretos que se dictan por los tribunales en el trámite de la segunda instancia, sin importar si son dictados de forma unitaria o colegiada, pues limitar la procedencia del recurso de reposición sólo a las resoluciones que emita uno de los magistrados integrantes de la Sala, resulta contrario a la obligación derivada de los artículos 14 y 17 constitucionales pues, en ese supuesto, el juzgador estaría restringiendo, sin sustento legal alguno, una procedencia genérica establecida por el legislador. Sin que el numeral 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tenga el alcance de cambiar la naturaleza jurídica del citado recurso horizontal. Consecuentemente, si se promueve juicio constitucional contra resoluciones de trámite emitidas en la segunda instancia de un juicio ordinario mercantil, sin agotar de manera previa el recurso idóneo; es claro que el citado juicio de derechos humanos resultará improcedente, por haberse inobservado el principio de definitividad. En el caso, la parte quejosa combate el auto de catorce de marzo del año dos mil veintidós, dictado en el toca número 461/2022, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Veracruz con sede en Xalapa, en el cual dicha Sala desechó el recurso de queja hecho valer por la aquí promovente, al considerar ser notoriamente improcedente para impugnar el auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ordinario mercantil 1511/2019 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en el puerto de Veracruz. No obstante, la parte quejosa omitió agotar el medio de impugnación ordinario establecido en el Código de Comercio, que procedía contra el descrito acto reclamado, esto es, el recurso de reposición previsto en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio; por tanto, es evidente que previamente a promover el juicio constitucional la parte quejosa omitió observar el principio de definitividad, configurándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto de dicho acto. Por tanto, lo que procede es desechar la demanda en relación con dicho acto, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia. Por otra parte, respecto al diverso acto precisado en el inciso b) consistente en el auto de dieciséis de noviembre del año dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario mercantil 1511/2019 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en el puerto de Veracruz; se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, párrafo primero, de la ley invocada, pues la parte quejosa consintió tácitamente ese acto reclamado, al presentar la demanda de amparo de manera extemporánea. En efecto, la disposición legal que contiene la causa de improcedencia citada dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." A su vez, los artículos 17, párrafo primero, y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del término de quince días, contados éstos a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame o tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, por lo que el cómputo de dicho término depende, básicamente, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado y de su naturaleza; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido la quejosa conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedora. Estas tres hipótesis, a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama y, con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos y, por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación, sino más bien una serie de datos que se obtengan, ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Las anteriores reglas operan siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: Se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda será de treinta días; Se controvierta la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años; Los actos tengan o puedan privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el cual el plazo será de siete años; o, Cuando el acto implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda se podrá presentar en cualquier tiempo. Ahora, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero 2011, Tomo XXXIII, página 5, con número de registro 163172, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional considera, en primer lugar, que por las características del caso no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en el numeral 17, que permitiera a la parte promovente presentar su acción constitucional fuera del plazo de quince días hábiles. Pues en la especie se actualiza la tercera de las hipótesis descrita en párrafos que anteceden, toda vez que la quejosa se ostentó sabedora del acto que reclama, pues tuvo conocimiento de que no se dio curso a su incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento resuelto el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, tan es así, que interpuso recurso de queja, el cual fue admitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, el uno de diciembre de dos mil veintiuno y se ordenó dar vista a la parte contraria, asimismo la citada autoridad rindió su informe y no obstante que no se desahogó la vista dicho recurso fue remitido al Tribunal Superior de Justicia del Estado, información que fue vertida por la impetrante de amparo bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda en el capítulo correspondiente a los antecedentes de los actos reclamados, específicamente en el arábigo 8. En las relatadas condiciones, a partir de esta última fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, la promovente tuvo la posibilidad legal de impugnar el acto que reclama, dentro del plazo perentorio señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin embargo, la demanda de amparo la presentó hasta el cinco de abril de dos mil veintidós, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, por lo que, se colige que existió consentimiento de su parte en lo que hace al acto reclamado en este apartado, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del plazo de quince días que dispone el aludido precepto legal; en tal razón, lo expuesto conlleva a establecer la imposibilidad de encuadrar su inconformidad en este medio, si previamente lo consistió tácitamente. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 14, publicada en la página once, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Así como la jurisprudencia número 4, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ocho, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO.- El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Razonar en términos contrarios a los aquí expuestos, implicaría supeditar la oportunidad en la presentación de la demanda al momento en que los justiciables pretendieran hacerlo; a pesar de que existen plazos específicos para ejercer la acción constitucional. En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracciones XVIII y XIV, y 113, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la demanda de amparo promovida Martha Adele Duverger Santiago. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que índica en su ocurso, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Victorino Huerta Espinoza, ya que acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciados en Derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y solo para oír y recibir notificaciones a las restantes personas por no acreditar lo anterior. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese personalmente.
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