Marlly Yssel Pérez Matos
Expediente 1055/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Marlly Yssel Pérez Matos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese en autos el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey y este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; radicándolo bajo el número 46/2023, de su índice. De lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.SACG/Karla*
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese en autos el oficio y anexo, signado por la secretaria adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, a través del cual transcribe el proveído de nueve de los actuales, dictado en el juicio de amparo 1364/2023 de su índice, del que se desprende, que el titular del referido órgano, no aceptó la competencia declinada a su favor para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes, y remite los originales del citado expediente. Ahora, a fin de proveer lo conducente, procede indicar que en la demanda de amparo presentada por Francisco Abraham Gutiérrez López, en favor de Marlly Yssel Pérez Matos y en representación del menor de iniciales B.L.P. (quien refiere son nacionales de la República de Cuba), se señalaron como actos reclamados, los que en esencia consistieron en la detención de los citados quejosos y su alojamiento en una Estación Migratoria, ambos acontecidos en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, pues así fue señalado en la demanda de amparo, ya que el promovente de forma expresa asentó "El aquí promovente tuvo comunicación telefónica con los impetrantes de amparo, quienes le manifestaron que se encontraban en tránsito hacia o en territorio del Estado de Nuevo León, cuando fueron increpados por personal de las autoridades responsables.". Por su parte, el juez requerido en el referido auto de nueve de los actuales, sostuvo, esencialmente, que conforme a las reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo presentada por Francisco Abraham Gutiérrez López, en favor de Marlly Yssel Pérez Matos y en representación del menor de iniciales B.L.P. (quien refiere son nacionales de la República de Cuba), toda vez que, al consultar el expediente electrónico que se dejó a su disposición del presente asunto, advirtió que los directos quejosos no se encuentran en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, pues así lo manifestó la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, con sede en la ciudad de Guadalupe, al rendir su correspondiente informe de suspensión de plano solicitado por el que suscribe el diez de octubre pasado. De lo expuesto se advierte que básicamente la autoridad requerida sustentó su incompetencia para conocer del asunto, en el hecho de que, del informe de suspensión de plano que rindió la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, se obtenía que los quejosos no se encontraban en la estación migratoria de Guadalupe, Nuevo León, por lo que los actos reclamados no tenían ejecución en su jurisdicción. Y con base en ello, determinó que la competencia para conocer del asunto se surtía a favor del juez ante quien se presentó la demanda, atendiendo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el que suscribe respetuosamente diciente de las razones expuestas por el mencionado Juez Federal, e insiste en declinar la competencia legal al citado órgano jurisdiccional para que conozca del presente controvertido. Para justificarlo, procede indicar que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral citado se desprenden tres reglas de competencia en materia de amparo indirecto, las cuales son: a) Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo o requiera ejecución material, lo será el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado sea de tracto sucesivo y pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se aprecia, el precepto aludido, para determinar la competencia por territorio en materia de amparo, se ciñe a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado. Por lo cual, en principio, debe calificarse aquél a fin de establecer si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto que tenga efectos meramente declarativos; y en caso de que el acto reclamado conlleve una ejecución material, analizarse las características de ésta. Este análisis de la ejecución debe llevarse a cabo al vincular los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se encuentre en juego y considerar las consecuencias directas que produce. Por tanto, debe decirse que los actos reclamados en este expediente, tienen efectos positivos, los cuales, conforme a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad contenidas en la demanda de amparo, los quejosos fueron detenidos en territorio del Estado de Nuevo León, y señalaron como autoridad responsable a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en la ciudad de Guadalupe, por lo que resulta incuestionable que los actos reclamados en la demanda tuvieron ejecución material en aquél territorio, por lo que corresponde conocer de la demanda al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en esa circunscripción territorial, conforme con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito. Es así, pues conforme a lo narrado en la demanda de amparo, ni la detención ni el alojamiento se verifica dentro de la jurisdicción de este juzgado. Apoya a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, registro digital 189167, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como la diversa I.15o.A.41 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 2288, tomo XXXIII, marzo de 2011, registro digital 162635, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME." Sin que se óbice a lo anterior, el hecho de que el juez requerido hubiera sustentado su legal incompetencia en cuestiones relacionadas con la existencia de los actos reclamados, al invocar la negativa de actos vertida en informes en materia de suspensión de plano, pues este juzgador respetuosamente considera que el pronunciamiento aludido no se ajusta a las normas que rigen el procedimiento del juicio de amparo, en tanto que cuestiones sobre la existencia de los actos son materia de la sentencia que en su caso se dicte. En tales condiciones, al estimarse que los actos reclamados reclamados tuvieron ejecución material en el Estado de Nuevo León, y que las cuestiones relacionadas con la existencia de los actos reclamados, son aspectos que únicamente pueden ser analizados al dictarse la sentencia respectiva, este juzgador insiste en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo presentada por Francisco Abraham Gutiérrez López, en favor de Marlly Yssel Pérez Matos y en representación del menor de iniciales B.L.P. (quien refiere son nacionales de la República de Cuba), al Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey. Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y quinto, fracción II, del acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, deberá remitirse este expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para que tenga a bien resolver el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey; previo cuaderno de antecedentes que se forme. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese en autos el escrito signado electrónicamente por Alberto García Castellanos, autorizado de la quejosa Laura Pérez Cruz, en términos amplios del artículos 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, en atención a la vista otorgada en auto de diecisiete de los actuales, formula manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la autoridad responsable Jefa de Recursos Humanos del Hospital General de Tarimoya, a la sentencia amparadora dictada en este juicio; las cuales se tienen por formuladas en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. No se soslaya que en el proemio y al calce del citado escritos, se encuentra plasmado el nombre de la directa quejosa, y que al calce obra también una rúbrica sobre su nombre; empero, al haberse presentado electrónicamente, haberse plasmado la firma del autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien ya tiene reconocido ese carácter desde el auto admisorio del presente juicio, y al corresponder el desahogo de la citada vista, parte de las facultades con que cuenta el aludido autorizado, con apoyo en los numerales 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la promoción aludida se tiene por presentada por parte del referido autorizado. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que por auto de diecisiete de octubre del año en curso, se dio vista por tres días a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable con el fin de acreditar el cumplimiento a la sentencia amparadora; que dicho auto se notificó el dieciocho de los cursantes, pero surtió sus efectos hasta el treinta de los actuales, pues con motivo del paro nacional de labores efectuado por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, fueron declarados inhábiles los días del dieciséis al veintinueve de octubre de esta anualidad, de conformidad con las circulares 28/2023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y con el aviso de veinticinco de octubre de este año, signado por el Coordinador de Magistradas y Magistrados del Séptimo Circuito, y el Coordinador Suplente de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, todos con sede en Boca del Río; por lo que a la fecha no ha fenecido la vista de tres días. No obstante, tomando en consideración que en este proveído se tiene por recibido el escrito mediante el cual la parte quejosa desahogó la vista otorgada en el citado acuerdo de diecisiete de los cursantes, con apoyo en el aludido numeral 196 de la ley de la materia, se estima innecesario esperar a que fenezcan los tres días de la vista otorgada en el mencionado proveído, al haberse satisfecho la finalidad de la misma, consistente en que la parte quejosa se imponga de su contenido y esté en condiciones de manifestar lo que a su derecho convenga. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a determinar lo conducente en cuanto al cumplimiento a la citada ejecutoria de amparo, con base en las constancias que la Jefa de Recursos Humanos del Hospital General de Tarimoya (foja 282 a 283), con residencia en Veracruz, Veracruz, remitieron con el fin de acreditar el acatamiento a dicho fallo. En la aludida ejecutoria (fojas 230 a 242), se concedió la protección federal a Laura Pérez Cruz, por propio derecho, contra la omisión de dar respuesta al escrito de uno de septiembre de dos mil veintidós dirigido al Jefe del Departamento de Recursos Humanos Hospital General Tarimoya, recibido el dos siguiente en dicho departamento, mediante el cual solicitó el reconocimiento de su antigüedad desde la fecha de ingresó a laborar para la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz (SERVER) y/o Servicios de Salud de Veracruz y contra el oficio HGT/ADM/REC/152/2023 de veintiuno de febrero del año en curso, suscrito por el Director del Hospital General de Tarimoya Veracruz. Y los efectos de dicho fallo amparador, fueron los siguientes: "Séptimo. (Efectos). En esas condiciones, para restituir a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, como lo dispone el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, una vez que dichas autoridades sean notificadas de que el presente fallo amparador causó ejecutoria, dentro del plazo de tres días y dentro del ámbito de sus atribuciones, deberán: a) Emitir respuesta, en forma congruente con la petición formulada por la parte quejosa el uno de septiembre de dos mil veintidós. b) Notificar la respuesta a la parte quejosa en el domicilio que señaló para tal efecto. Lo anterior, sin que ello implique que las autoridades deban pronunciarse favorablemente a los intereses de la solicitante." Luego, por auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, se declaró que dicha sentencia había causado ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Recursos Humanos Hospital General Tarimoya, su cabal cumplimiento (foja 275 y 276). En atención a ello, mediante oficio SESVER/HGT/DIR/JUR/403/2013, la Jefa de Recursos Humanos del Hospital General de Tarimoya, informó que, en acatamiento al fallo amparador, emitió el oficio SESVER/HGT/DIR/JUR/397/2023 y que fue notificado a la quejosa Laura Pérez Cruz; asimismo, adjuntó copia del citado oficio, del que se advierte que fue plasmado el nombre de la citada quejosa y una rúbrica similar a la de la demanda de amparo (fojas 281 al 283). Ahora, del examen de la documental en cita, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tiene valor probatorio, se advierte que la Jefa de Recursos Humanos del Hospital General de Tarimoya, realizó lo siguiente: Emitió el oficio SESVER/HGT/DIR/JUR/397/2023 de nueve de octubre de dos mil veintitrés, dirigido a la parte quejosa, así como a los domicilios ubicados en Santos Pérez Abascal 1211, despacho 4, entre Jiménez y Guadalupe Victoria, colonia Ortiz Rubio, Veracruz, Veracruz, y Calle Laguna el Espinal 118, Unidad Habitacional el Coyol, código postal 91780, Veracruz, Veracruz. En atención al oficio HGT/ADM/REC/152/2023 de veintiuno de febrero del año en curso, y al escrito fechado el dos de septiembre de dos mil veintidós, respecto a la solicitud de la quejosa sobre "reconocer su antigüedad desde la fecha que manifiesta ingresó a laborar a la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz y/o Servicios de Salud de Veracruz" informó a la quejosa que se encuentra impedido para realizar la corrección de su antigüedad y/o años de servicio antes Servicios de Salud de Veracruz, porque no cuenta con las atribuciones legales que lo faculten, y que deberá dirigir su solicitud ante las instancias correspondientes. Por tanto, de lo descrito en líneas que anteceden se advierte que la Jefa de Recursos Humanos del Hospital General de Tarimoya, atendió los aspectos que se precisaron en la sentencia amparadora, pues dio respuesta al escrito de la quejosa, en relación con la petición que elevó, pero determinó carecer de competencia para pronunciarse sobre lo pedido. En consecuencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar cumplida la sentencia de amparo. Sin que sea óbice que en el escrito de cuenta se planté que no existe congruencia entre lo solicitado por la quejosa y lo respondido por la autoridad por el hecho de que no se resolvió sobre la pretensión de la quejosa en relación con su antigüedad laboral; pues el cumplimiento al derecho de petición no implica que las autoridades estén obligadas a pronunciarse en determinados sentido, y ante ello, en caso de que consideren ser legalmente incompetentes para atender la petición, deberán informarlo en ese sentido en la respuesta que otorguen. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 183/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada como tesis 96, visible en la página 980, tomo I, materia constitucional-administrativa, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2011, de título y texto siguientes: "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido." (Lo resaltado es añadido) Finalmente, infórmese a las partes que una vez fenecido el plazo de quince días previsto en el arábigo 201, fracción I, de la citada ley de la materia, se proveerá lo conducente. Notifíquese; personalmente a la quejosa; por oficio a las autoridades responsables; y por correo electrónico al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio, recibido vía telegrama, de la autoridad responsable Fiscal Segunda Especializada en las Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVIII Distrito Judicial en Cosamaloapan, Veracruz, el cual si bien se menciona que se remite en cumplimiento al oficio 9797-6, relativo a los autos incidentales de este juicio de amparo, lo cierto es que dicho oficio fue emitido en este expediente principal para notificar a dicha autoridad el requerimiento que le fue formulado mediante proveído de veintisiete de septiembre del presente año. Ahora bien del contenido del telegrama recibido se advierte que la mencionada Fiscal informa que sí se realizaron las valoraciones psicológicas de los menores quejosos de iniciales I.U.H.F. y M.A.H.F., e informa que cuenta con el dictamen psicológico número 3477/2023, en el que se valoró a la niña con la clave numérica 618202, en el cual se concluyó que no presenta daño psicológico, no presenta efecto atemorizante, no se encuentra afectada por los hechos denunciados; y, para el caso del niño con la clave numérica 60/2022, que se realizó el dictamen 347/2023, en el que la perito concluyó que sí presenta alteración psicológica, sí presenta efecto atemorizante, sí se encuentra afectado por los hechos, y señala que anexó (remitió) las copias correspondientes de los dictámenes médicos y que reiteró la solicitud de valoración, psicológica; por tanto estese a la espera de dicha documentación para acordar lo que conforme a derecho corresponda respecto de los dictámenes mencionados. Notifíquese...
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