Marta Alicia Rojas Echeverría
Expediente 1284/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1284/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marta Alicia Rojas Echeverría
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de enero de dos mil veintitrés. Acusa recibo. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través del cual acusa recibo del comunicado 1297/2023, derivado del auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, por medio del cual se le devolvieron los dos tomos de pruebas que se formaron en el presente expediente con las constancias que remitió como complemento a su informe justificado. Constancia que se ordena agregar a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 2.2. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa; por tanto, no le depara perjuicio alguno a ésta. Devolución de tomos de pruebas. Finalmente, en atención a que resulta innecesario conservar los tomos de pruebas que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, se ordena su devolución en cuatro cuadernos; sin que resulte necesario acusar de recibo, dado que el sello de recepción produce los mismos efectos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
VISTOS, para resolver el juicio de amparo indirecto 1284/2022, promovido por Marta Alicia Rojas Echevarría, albacea definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de Alfredo Gallegos Alfaro, por alegada violación de los artículos 1o, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: La sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada en los autos del toca de apelación I-1302/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa en contra de la audiencia de remate celebrada el treinta de agosto de dos mil veintidós, en los autos del juicio sumario civil 1559/20219, que sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió Servicio Jardinadas, Sociedad Anónima de Capital Variable -a través de sus apoderados-, frente a la sucesión quejosa. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución y fueron emitidos por autoridades residentes dentro de la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Verificación de certeza de los actos y/o omisiones reclamadas. La autoridad responsable Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; al rendir su informe justificado, expresamente señaló que es cierta la existencia de la resolución reclamada. Lo anterior se corrobora con las constancias que acompañó junto con su informe, consistentes en el toca original de apelación I-302/2022 y juicio sumario civil 1559/2019 que también en original remitió como complemento de su informe de ley, con las cuales se ordenó formar cuatro tomos de prueba, con valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número doscientos veintiséis, del rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Tal tópico constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia II.1o. J/5, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Las partes del presente juicio no hicieron valer causa de improcedencia alguna; sin embargo este órgano jurisdiccional de manera oficiosa advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El Amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior [.]" (El énfasis es propio) La segunda de las porciones normativas transcritas, establece las reglas de procedencia del juicio de amparo biinstancial contra actos después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia. La regla genérica indica que el juicio de amparo procede cuando los actos gozan de autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia, sin embargo, dicho dispositivo contiene dos reglas especiales que se resumen de la siguiente manera: a) Tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procede el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tópico que, de acuerdo con el propio numeral transcrito, debe ser entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. b) Cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento de remate, el juicio de amparo sólo puede promoverse contra la última resolución, la que conforme a lo establecido en el último párrafo, de la fracción IV, del invocado artículo 107 de la Ley de Amparo, es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Lo anterior, tiene como finalidad evitar el abuso del juicio constitucional e impedir que sea utilizado como un instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada; por tanto, en esos casos -ejecución de sentencia y remates- el legislador dispuso que el juicio de amparo en la vía indirecta sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Lo expuesto se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquéllos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías". En ese sentido, si la ratio legis de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados en la etapa de remate, cuando no se trate de la última resolución pronunciada en dicha etapa, como lo es aquélla que en forma definitiva ordena los dos siguientes actos: a) el otorgamiento de la escritura de adjudicación; y, b) la entrega de los bienes rematados. Al respecto, se considera, en principio, que los referidos actos efectivamente pueden constar en una misma resolución, o bien, en dos resoluciones distintas, porque jurídicamente, existe la posibilidad de que, en principio, únicamente se ordene el otorgamiento de la escritura respectiva y, posteriormente, la entrega de los bienes rematados, sobre todo porque este último acto es una consecuencia del primero. Luego, cuando la orden de entrega de los bienes rematados se dicta con posterioridad a la de escrituración, por ser una consecuencia necesaria de esta última, entonces, en los procedimientos de remate, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, en que los dos actos consten en resoluciones distintas, la última resolución en términos del último párrafo de la fracción IV, del ordinal 107, de la Ley de Amparo, será aquélla que ordena la desposesión del bien, es decir, la entrega de los bienes rematados. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J.57/2019 (10ª), que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." Explicado el anterior marco normativo y jurisprudencial, conviene destacar que de las constancias que la autoridad responsable remitió como complemento de su informe justificado se desprende que: Por auto de dos de septiembre de dos mil trece, se admitió a trámite la demanda que en la vía sumaria civil y en ejercicio de la acción personal de crédito, presentó Servicio Jardinadas, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de sus apoderados jurídicos, en contra de Alfredo Gallegos Alfaro, a quien le reclamaron el pago de la cantidad de $540,000.00 (quinientos cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) y otras prestaciones. Seguidas las etapas del procedimiento, el veintiocho de agosto de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó al demandado al cumplimiento de las prestaciones que le fueron reclamadas, ordenándose en su resolutivo cuarto hacer transe y remate del bien inmueble embargado para que con su producto se hiciera el pago a la parte actora. Iniciada la etapa de ejecución de sentencia, con fecha treinta de agosto de dos mil veintidós, se llevó a cabo la celebración de la audiencia de remate en su primera almoneda en la que la parte ejecutante se adjudicó en su favor el inmueble embargado, precisándose que una vez que se decretara firme esa actuación se procedería conforme a derecho para hacer efectivo el remate y adjudicación resueltos. En contra de dicha diligencia, la parte ejecutada -sucesión intestamentaria a bienes del demandado Alfredo Gallegos Alfredo-, promovió recurso de apelación, el cual fue admitido en ambos efectos, radicado en la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, donde se registró con el número de toca I-302/2022; y mediante sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, confirmó en sus términos la audiencia de remate apelada. Siendo esta la determinación reclamada en el presente juicio constitucional. Hasta aquí la narración de los antecedentes de donde deriva el acto reclamado De lo anterior, se desprende que el acto aquí reclamado no constituye la última resolución dictada para cumplir el procedimiento de remate en mención. Es así, puesto que, como ya se hizo notar, la resolución reclamada se originó en la etapa de remate dentro del juicio de origen con motivo del recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa en contra de la almoneda pública llevada a cabo el treinta de agosto de dos mil veintidós, y que versó en la confirmación de la aludida audiencia que fincó el bien inmueble materia del juicio en favor de la parte actora -aquí tercera interesada-; determinación que no puede ser considerada como la última resolución de dicho procedimiento, ya que en ella no se ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación ni la entrega del bien rematado, ya que lo único que en esa audiencia se realizó, fue la adjudicación del inmueble que aquí se defiende. En las relatadas condiciones, se concluye que el acto aquí reclamado no causa una afectación irreparable a la amparista, pues no se trata de la última dictada en el procedimiento de remate ya que la misma gira en torno al cumplimiento de lo sentenciado, lo que de modo alguno puede ser impugnable a través del juicio biinstancial de conformidad con el tercer párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, el que establece que en los procedimientos de remate, el amparo procederá en su caso contra la última resolución dictada en el mismo, entendiéndose aquella como la que, en su caso, ordene la entrega o escrituración de los bienes rematados; de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, se impone decretar el sobreseimiento en el juicio. Por último, no se soslaya que la Agente del Ministerio Público Federal formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por la sucesión intestamentaria a bienes de Alfredo Gallegos Alfaro, a través de la albacea definitiva Marta Alicia Rojas Echeverría, contra el acto que quedó precisado en el considerando primero y por las razones y fundamentos expuestos en el último considerativo de este fallo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. 1. Comparece tercero interesado. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Ernesto Contreras Correa, representante legal de la moral "Servicio Jardinadas, Sociedad Anónima de Capital Variable", carácter que acredita de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le tiene compareciendo a este juicio de amparo, así como realizando las manifestaciones a que alude, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. 2. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte tercera para oír notificaciones el que señala en su escrito de cuenta. 3. Autorizados para oír notificaciones. Se tiene como sus autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere. 4. Uso de medios electrónicos. Con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: a) solicitarlo por escrito o por comparecencia; y, b) señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos. En el entendido que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
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