Marlo Giovanni Roque Martínez
Expediente 1134/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1134/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marlo Giovanni Roque Martínez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por tanto, de conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma física y electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Carla Jaqueline Luna Rubio, apoderada jurídica de Mario Giovanni Roque Martínez -carácter que se le reconoce en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo, al tenor de la copia autorizada del acta relativa a la audiencia de conciliación levantada dentro del juicio laboral 528/2020 que anexa-, contra actos del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1134/2022. 1.1. Precisión de los actos reclamados. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que los actos reclamados se hacen consistir en: El acuerdo resolutorio de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, que declara que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán es incompetente para resolver el juicio laboral 528/2020. 1.2. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales, así como 1°, en relación con el 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Carla Jaqueline Luna Rubio, en cuanto apoderada jurídica de Mario Giovanni Roque Martínez, contra actos del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario hacer relación de los antecedentes del juicio de origen que, bajo protesta de decir verdad, formula la parte quejosa, de los que se desprende: Que ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, se tramita el juicio ordinario laboral 528/2020, promovido por el aquí quejoso frente a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario del Estado de Michoacán de Ocampo y otros. El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, en la que no se llegó a ningún arreglo conciliatorio y la autoridad competente ordenó se turnara el expediente a la sala correspondiente, quien señaló fecha para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, misma que no pudo llevarse a cabo, toda vez que la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario del Estado de Michoacán de Ocampo, promovió incidente de competencia. Al respecto, el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se emitió resolución en el que la responsable declaró carecer de competencia y ordenó enviar los autos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. Siendo este el acto aquí reclamado. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la materia, deberá examinarse el escrito de demanda en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano , lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se exponen. El artículo 113 de la citada Ley, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese tenor, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo es la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio ordinario laboral 528/2020, por el que la responsable se declara incompetente para resolver el juicio de origen. Lo que hace evidente que, conforme a los antecedentes que narra la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la autoridad a la que se declinó la competencia -Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán-, no ha hecho pronunciamiento sobre la aceptación de competencia respecto del juicio ordinario laboral 528/2020. Por tanto, se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. Lo anterior se considera así, en virtud que para que el acto reclamado produzca una afectación en la esfera jurídica del quejoso, resulta necesario que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepte. Ello implica que no basta la manifestación del Tribunal en el sentido de considerar que resulta incompetente, dado que para ello se requiere que la diversa autoridad a favor de la cual se declina la competencia coincida con el criterio y, por ende, se avoque al conocimiento del asunto, asumiendo la jurisdicción planteada, dado que en caso contrario y de no compartir el criterio, el asunto regresaría a la autoridad de origen y, por consecuencia, no existiría vulneración de los derechos de la parte quejosa. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P. /J. 17/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Del criterio invocado se advierte que la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo no debe ser interpretado de manera literal, sino que debe realizarse una interpretación sistemática en razón de las fases procesales que implica la declaración de incompetencia, y que en ese procedimiento se requiere, por un lado, la declinación de competencia y, por otro, que se asuma jurisdicción y avoque el conocimiento por parte de la autoridad a la cual se señala como competente. Es decir, es necesario que se complemente la fase procedimental para que el acto pudiera tener una afectación real y actual de la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que es dable concluir que el acto a reclamar en los casos de la fracción invocada es aquel mediante el cual la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta (competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento del asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), y no antes como sucede en la especie. De lo anterior, se concluye que, si bien, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo es la determinación por la que la responsable se declara incompetente para conocer del juicio laboral de origen y ordena enviar los autos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, lo cierto es que la procedencia del amparo está reservada a la determinación definitiva en la que la autoridad correspondiente acepte o rechace la competencia declinada. Luego, la determinación reclamable es la que en definitiva acepta la competencia declinada, porque es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada; por tanto, como se advierte de la demanda de amparo, el acto reclamado lo es la determinación por la que la responsable se declara incompetente para conocer del juicio laboral de origen, por lo que no nos encontramos ante un acto contra el que proceda el juicio de amparo indirecto. Tiene aplicación la tesis de rubro y texto siguientes: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto." Bajo ese panorama, de conformidad con los razonamientos antes vertidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde el inicio, del resultado de la demanda de amparo y, a su vez, evitar la práctica de un trámite innecesario. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en los restringidos términos a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. 3. Pruebas. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas. 4. Uso de medios electrónicos. Asimismo, como lo solicita la promovente, se autoriza la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada al secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos); asimismo, si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. De igual forma, dígase a la solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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