Marlene Rodíguez Jasso

Expediente 48/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
48/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
18/02/2021

Partes del expediente

  • Marlene Rodíguez Jasso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, por medio del cual el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, en representación del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, señala delegados, domicilio para oír y recibir notificaciones y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, acusa recibo del oficio por el que se le devolvió la copia certificada del procedimiento administrativo disciplinario SS/CHJ/PR/073/2018, que había enviado como complemento de su informe justificado. En atención a lo anterior, agréguese únicamente a los presentes autos el oficio de cuenta, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto; lo anterior, en virtud de que por auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el mismo y se acordó lo conducente. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de enero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, en representación del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, señala delegados, domicilio para oír y recibir notificaciones y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, acusa recibo del oficio por el que se le devolvió la copia certificada del procedimiento administrativo disciplinario SS/CHJ/PR/073/2018, que había enviado como complemento de su informe justificado. Atento a lo anterior, este juzgador toma conocimiento para los efectos legales conducentes y deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que se conminó a la oficiante Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en los numerales 9° y 26, fracción II, inciso a), del ordenamiento legal en cita, se tienen como delegados y domicilio de la autoridad oficiante, los que indica en su misiva que se provee. Notifíquese a las partes por lista electrónica, en los términos que al efecto establecen los artículo 2, fracción XII y 16, fracción II, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó el juicio de amparo promovido por -----------, por su propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido, toda vez que no existe diligencia que realizar. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, ordinal 21, inciso a), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo;." "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;." Por tanto, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo. Asimismo, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de referencia, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. En otro orden de ideas, toda vez que ya no es necesaria la retención de las constancias que remitió el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad y en representación del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, consistentes en copia certificada del procedimiento administrativo disciplinario SS/CHJ/PR/073/2018, devuélvanse a su lugar de origen y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la referida responsable para que en el plazo de tres días computados legalmente, acuse recibo de las constancias que se le devuelven. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,334.00 (cuatro mil trecientos treinta y cuatro pesos moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Finalmente, cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de diez de enero de dos mil veinte, cuyo monto vigente es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 211, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 48/2020-VII, promovido por -----------, por su propio derecho, contra actos de la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y otra autoridad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este Juzgado Federal, el mismo día, ------------, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, por la autoridad y actos que a continuación se precisan: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora: 1.- M. A. P. JUANA IVETH TOVAR MOLINA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. IV.- ACTOS RECLAMADOS: a) LA VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA, ANTES DE LA EMISIÓN DEL ACTO PRIVATIVO DE FALTA DE PAGO DE NOMINA A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 EN AGRAVIO DE LA SUSCRITA QUEJOSA; y b) De las Autoridades Responsables Ordenadoras se reclama "LA VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA, ANTES DE LA EMISIÓN DE CUALQUIER ACTO PRIVATIVO DE DERECHOS EN AGRAVIO DE LA SUSCRITA: Manifestando bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo NO SE ME HA NOTIFICACO DEL INICIO DE ALGUN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CARGO DE LA SUSCRITA. 2. Las consecuencias y efectos, que emergen de los Actos Reclamados Singularizados en los incisos a), y b) que antecede, que se atribuyen a las responsables ordenadoras; (.)" SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. La parte quejosa estimó que los actos reclamados son violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. En proveído de treinta y uno de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, quedando registrada con el número 48/2020-VII, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En ese orden, mediante proveído de tres de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la quejosa ampliando la demanda de amparo y señaló como nueva autoridad responsable Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad del Estado de México, a la que le reclamó la instauración del procedimiento administrativo disciplinario seguido en su contra, su trámite y resolución. Previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional, conforme al acta que antecede, y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 fracción XII, Constitucionales; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, el cual se reformó mediante el Acuerdo General 53/2018 del propio Pleno, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada. Ello tomando en consideración que el acto reclamado tiene ejecución material dentro del ámbito territorial en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la Litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el acto reclamado es: ? La emisión del acuerdo de inicio de procedimiento de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en el expediente administrativo disciplinario número SS/CHJ/PR/073/2018 y sus consecuencias legales. ? El trámite del expediente disciplinario antes indicado, mismo que concluyó con la resolución de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, en la que se determinó la remoción definitiva del cargo, empleo o comisión que desempeñaba la aquí quejosa. TERCERO. Existencia de los actos. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables: 1. Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México; y, 2. Comisión de Honor y Justicia, todos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Negaron la existencia de los actos que se les atribuye; sin embargo, realizaron diversas manifestaciones por las cuales a su consideración los actos reclamados son legales, de ahí que, se desvirtúa su negativa y se tienen por ciertos los actos para efectos del amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 91-96 Tercera Parte, página 7, que dispone lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Certeza que además se corrobora con las copias certificadas del procedimiento administrativo disciplinario SS/CHJ/PR/073/2018, que remitieron como complemento de su informe justificado, las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°. CUARTO. Causales de improcedencia La procedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de analizarse las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido y a fin de mejor proveer sobre el asunto, este juzgado analizara primeramente el acto consistente en la emisión del acuerdo de inicio de procedimiento de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en el expediente administrativo disciplinario número SS/CHJ/PR/073/2018, al que aduce no se le otorgó garantía de audiencia. Ahora, este juzgador advierte de oficio que, en relación a ese acto, se actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 203/2017, abordó distintos temas, entre ellos, el relacionado con la causal de improcedencia destacada. En ese sentido, precisó que el Máximo Tribunal -en distintos precedentes- ha establecido que se actualiza cuando en el juicio de amparo se reclama un acto de autoridad de naturaleza procesal, emitido dentro de un procedimiento judicial o uno administrativo seguido en forma de juicio, respecto del cual no es posible decidir sobre su constitucionalidad sin afectar el estado de cosas provocado por un acto nuevo y posterior, también procesal, que sustituye como rector de la situación jurídica de la parte quejosa, al inicialmente reclamado. Así, estableció que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un administrativo seguido en forma de juicio; b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c. No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d. Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, destaca la Primera Sala, revela que no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente el derivado de los diferentes estadios en los que se divide el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; es decir, esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez, goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de amparo pudiera ser ilegal, por lo que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. En ese tenor, se explica en la citada contradicción de tesis, para que se actualice la referida causal de improcedencia, se requiere indefectiblemente que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa al momento de promover el juicio de amparo y que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado que definía su situación jurídica, sin afectar la situación jurídica que al momento de resolverse en definitiva en el juicio de amparo define su estatus jurídico, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, al actualizarse una irreparabilidad jurídica. Así, un elemento medular para tener por actualizada a la referida improcedencia, es que las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo hayan quedado consumadas irreparablemente, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. La consumación irreparable de las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, concluye la Primera Sala, se presenta cuando el acto reclamado se ejecuta en su totalidad, sin que sea posible volver las cosas a su estado original, en virtud de que no subsiste ningún efecto jurídico. Por tanto, el cambio de situación jurídica requiere de la plena extinción de las consecuencias del acto reclamado. En el caso concreto se reúnen los requisitos para la actualización de la causa de improcedencia de mérito. En efecto, en el presente juicio de amparo, Marlene Rodríguez Jasso, por su propio derecho, reclamó el inicio de procedimiento de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, refiriendo que no fue notificada de éste, por lo que refiere no se le otorgó garantía de audiencia, emitido en el expediente SS/CHJ/PR/073/2018, dictado por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Cabe precisar que dicho procedimiento administrativo se sigue en forma de juicio, de conformidad con el artículo 1663 de la Ley de Seguridad del Estado de México-requisito previsto en el inciso a-. Ello, con motivo del incumplimiento a la obligación que se le atribuye a la quejosa -----------, previsto en el artículo 100, Apartado "B", fracción IV, inciso m), de la Ley de Seguridad del Estado de México. De igual forma se reúne el segundo requisito de la causa de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica - inciso b-, dado que la demanda de amparo se presentó el diecisiete de enero de dos mil veinte, en la que se reclama el inicio de procedimiento dictado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, al que refiere la quejosa no se le otorgó garantía de audiencia; sin embargo, el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, se dictó la resolución definitiva con la que culminó dicho procedimiento, donde se impuso como sanción la destitución del puesto, cargo o comisión que ocupaba la quejosa en la corporación policía municipal a la que se encontraba adscrita. Eso significa que con la resolución con la que concluyó el procedimiento administrativo de separación, cambió la situación jurídica en que se encontraba la justiciable. Lo anterior se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistente en copia certificada del expediente del procedimiento administrativo SS/CHJ/PR/073/2018, cuyo valor probatorio se precisó en el considerando tercero. También se cumplen las condiciones tercera y cuarta de la causa de improcedencia en estudio -incisos c y d-, consistente en que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. De lo contrario, se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. Se afirma lo anterior, dado que no podrían analizarse las violaciones cometidas en el acuerdo de inicio de procedimiento impugnado, puesto que éstas ya se consumaron de modo irreparable, con motivo del dictado de la resolución definitiva con la que concluyó dicho procedimiento, donde se impuso como sanción la destitución de la quejosa en el cargo que ocupaba como Policía adscrita al Agrupamiento Tránsito Ecatepec, dependiente de la Coordinación Valle de México, de la Dirección de Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO" determinó que el juicio de amparo procede contra el acuerdo de inicio de procedimiento de separación de servidores públicos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y pericial. Esto, pues según el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional, está prohibido reinstalar a los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento administrativo de separación del cargo y, en consecuencia, de la resolución con la que culmine. 3 "Artículo 166.- De ser procedente, la Comisión de Honor y Justicia, iniciará procedimiento administrativo al elemento policial, asignándole al expediente correspondiente un número progresivo e incluirá el año que se inicia. El número se anotará en todas las promociones y actuaciones que se produzcan con el mismo." Por ello, el Máximo Tribunal del país concluyó que una violación cometida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Pues bien, con base en dicho criterio, aun cuando en el presente asunto se demostrara que durante el acuerdo de inicio del procedimiento reclamado se cometieron violaciones, éstas han quedado consumadas de modo irreparable con motivo de la resolución puso fin a ese procedimiento, donde se determinó la destitución del cargo, al existir una imposibilidad jurídica para reinstalar a la quejosa -inciso c-. Aunado a lo anterior, existe una irreparabilidad jurídica para examinar las violaciones alegadas respecto al acto reclamado, por virtud del dictado de un acto posterior, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido -inciso d-. Es así, pues el procedimiento administrativo disciplinario seguido en contra de la quejosa se divide en diversas etapas. La primera es justamente el acuerdo de inicio de ese procedimiento impugnado en el presente juicio; mientras que la última es la resolución con la que concluye, en este caso, donde se impuso como sanción la destitución del cargo. Entonces, no puede analizarse el acuerdo de inicio del procedimiento sin afectar la situación jurídica creada con motivo de la resolución definitiva. Resulta aplicable a lo anterior , la tesis III.5o.A.27 A, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, que dice: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, HONOR Y JUSTICIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO, SI PREVIO A ÉSTE EL QUEJOSO FUE SEPARADO DE SU ENCARGO [EXCEPCIÓN A LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 49/2016 (10a.) Y 2a./J. 72/2013 (10a.)]. Las jurisprudencias citadas, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de títulos y subtítulos: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO." y "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", parten de la base de que, por regla general, el solo inicio del procedimiento administrativo de separación seguido contra algún servidor público sujeto al sistema de carrera ministerial, policial y pericial, es insuficiente para acudir al juicio de amparo indirecto a controvertir esa determinación, pues es necesario que dicha impugnación se sustente en alguna violación a las reglas del procedimiento determinadas en la legislación aplicable a cada caso en concreto y que, por tanto, de no subsanarse, pudiera causar la irreparabilidad de la violación de los derechos sustantivo al trabajo y a no ser separado injustificadamente de él. En ese sentido, el Alto Tribunal definió que si el interesado promueve juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del procedimiento de separación, debe admitirse la demanda, por tratarse de un acto que puede tener una ejecución de imposible reparación, ya que, de emitirse la resolución final aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la prohibición constitucional de reinstalarlo. No obstante, si previo al acuerdo de inicio el quejoso fue separado del cargo por cualquier causa, desaparece la condición de procedencia del amparo, pues el supuesto a que aluden las jurisprudencias mencionadas parte de que se promueva antes de que el servidor sea destituido, ya que de otra manera no podría ser reinstalado, al existir la proscripción constitucional aludida. En consecuencia, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra el auto de inicio del procedimiento administrativo de separación de los servidores públicos sujetos al Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, si previamente el quejoso fue separado de su cargo. Lo anterior, en la inteligencia de que éste tiene el derecho de impugnar la determinación final del procedimiento administrativo, de resultarle adversa, para efectos del pago de la indemnización." En mérito de lo expuesto, es que se actualiza la causal de improcedencia que se anunció. La anterior determinación no implica desatender lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en materia de administración de justicia, pues la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, ya que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a analizar previamente los supuestos de procedencia previstos tanto en la Constitución Federal como en la propia Ley de Amparo. Así, al quedar evidenciada la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento. Ahora, respecto del diverso acto reclamado consistente en la resolución definitiva emitida en el expediente administrativo disciplinario SS/CHJ/PR/073/2018, del índice de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en la que se decretó la separación del cargo definitivo de la quejosa Marlene Rodríguez Jasso, como Policía adscrita al Agrupamiento Tránsito Ecatepec, dependiente de la Coordinación Valle de México, de la Dirección de Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y sus consecuencias jurídicas, este juzgador advierte que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo; pues, procede el juicio de nulidad antes de acudir al juicio de amparo. Para justificar lo anterior, es preciso tener en consideración el contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos humanos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los diversos medios de defensa; principios que están previstos en el artículo 107, de la propia Constitución, entre los cuales se contempla el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Ciertamente, el principio de definitividad obliga a la quejosa a agotar, previamente a la interposición del juicio de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio constitucional se concibió como un medio extraordinario de impugnación, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Lo anterior, siempre que conforme a la ley que regula el acto reclamado se suspendan los efectos de los mismos, ya sea de oficio o a petición de parte, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que en ésta se consignan, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Asimismo, no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando: a) El acto reclamado carece de fundamentación; b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, c) Cuando el recurso o medio de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Es importante destacar que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevé como medios ordinarios de defensa contra los actos y resoluciones de las autoridades locales o municipales administrativas y fiscales de dicha entidad federativa, el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad, o el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. En primer lugar, se abordará el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo, contra actos que se rijan por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, debe agotarse el recurso administrativo de inconformidad previsto en su artículo 186, que señala: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables". Del dispositivo legal reproducido se desprende que contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales del Estado de México, que causen afectación a los particulares, procede optativamente el recurso administrativo de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo. Es decir, los particulares afectados por los actos de autoridad de la administración pública del Estado de México, pueden proceder en cualquiera de las siguientes formas: 1) Acudir, en primer lugar, al recurso administrativo de inconformidad y, contra la resolución que en éste se pronuncie, promover juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, cuya sentencia podrá, en su caso, reclamarse en amparo. 2) Acudir directamente al juicio de nulidad y, en su caso, promover el juicio de amparo contra la sentencia que pronuncie el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Lo anterior, pone de manifiesto la naturaleza opcional del recurso administrativo de inconformidad, el cual puede agotarse o no antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el entendido de que este último será procedente, ya sea en forma directa o con posterioridad a la resolución del recurso administrativo de inconformidad. En ese sentido, el recurso administrativo de inconformidad y el juicio contencioso administrativo forman parte de un mismo sistema de impugnación en la vía ordinaria, conforme al cual, los actos de autoridad regidos por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México pueden impugnarse en el citado recurso a elección del interesado, y contra la resolución que se dicte procede el juicio de nulidad, el que también puede promoverse directamente si se decide no agotar el recurso de inconformidad. Por tanto, si el interesado elige el mencionado recurso en la vía ordinaria, necesariamente tendrá que agotar también el juicio de nulidad previamente al juicio de amparo, o sólo el segundo si prescinde del primero, pero en modo alguno podría promover desde luego el amparo indirecto (contra actos de las autoridades administrativas o resoluciones de origen), si decide no agotar el mencionado recurso, dada la procedencia del juicio contencioso administrativo, excepto los casos en que este último no deba agotarse por tratarse de una excepción al principio de definitividad. Consecuentemente, debe concluirse que resulta innecesario el análisis de los requisitos que consagra la ley que rige el recurso de inconformidad para la procedencia de la suspensión del acto recurrido pues, independientemente de lo que arroje tal análisis, lo cierto es que no es obligatorio para los particulares agotar ese recurso antes de acudir al juicio de nulidad. Por lo que hace al juicio de nulidad para otorgar la suspensión del acto administrativo los requisitos establecidos no son mayores a los señalados en la Ley de Amparo, de acuerdo a los preceptos 254 a 260, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto en el juicio contencioso, y los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo, que regulan la suspensión en el juicio constitucional. En esa tesitura, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados en el juicio de nulidad, que los que establece la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado, no dispone requisitos adicionales y los alcances que otorga a dicha medida cautelar son similares a los que prevé la norma federal. Además, cabe precisar que en las legislaciones aludidas existen ciertas diferencias, que atienden a las características propias de cada sistema, como son los requisitos para que surta efectos la suspensión o que en la Ley de Amparo se prevé la existencia de un informe previo y derecho a ofrecer pruebas Sin embargo, esas cuestiones no corresponden a requisitos para la concesión de la suspensión del acto reclamado, sino en todo caso de eficacia de dicha medida, aspecto que los artículos 107, fracción IV, Constitucional y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, no incluyen para el estudio de la causal de improcedencia de que se trata; ya que ésta no exige que las leyes que establezcan el recurso, juicio o medio de defensa de carácter ordinario susceptible de modificar el acto, deban contener esquemas suspensionales semejantes a la Ley de Amparo en cuanto a los requisitos tanto de procedencia como de efectividad; sino sólo que las leyes ordinarias permitan conceder la suspensión con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, así como que aquéllas no establezcan más requisitos ni plazo mayor para tal efecto. En efecto, dicho tópico fue resuelto en la contradicción de tesis 2/2015, que el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito que resolvió -por mayoría de votos- en sesión pública el uno de septiembre de dos mil quince, básicamente en el sentido de que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no establece mayores requisitos que los de la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado y tiene los mismos alcances; resolución de la cual derivó la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo III, página 2936, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional." Por tanto, previamente a la sustanciación del juicio de amparo, debe agotarse dicho juicio ante aquel Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, y su falta de promoción deriva en la improcedencia del juicio de control constitucional, al actualizarse la causal prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Se reitera, que si el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, dispone los mismos alcances al conceder la suspensión del acto impugnado, sin establecer mayores requisitos que los de la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado, ni excede del plazo que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por otro lado, no se trata solamente de violaciones directas a la Constitución ni tampoco de un acto carente de fundamentación. Por tanto, es evidente que en el caso no se actualiza un supuesto de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo y, por ende, previo a la promoción de este juicio constitucional, la quejosa debió agotar el juicio de nulidad en contra de la resolución que ordena la separación definitiva de su cargo. Por tanto, al quedar evidenciada la actualización de las causas de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVII y XX, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ---------, por su propio derecho, contra los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta determinación. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 214 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · 7,552 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano