Marisol Quintana Cuellar
Expediente 374/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 374/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marisol Quintana Cuellar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de uno de diciembre de dos mil veinte, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó el juicio de amparo promovido por --------, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales A.E.Q.C, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo séptimo, artículos 18, fracción I, inciso a), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO SÉPTIMO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: II. En los Juzgados de Distrito: b) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; En mérito de lo anteriormente expuesto, se estima que el expediente principal es susceptible de depuración; con excepción de la demanda, así como el auto relativo al otorgamiento de la suspensión de plano, de las cuales se ordena el desglose en su oportunidad, asimismo, se ordena se realice la copia digitalizada de las mismas; pues no obstante que se sobreseyó el juicio de amparo, fue concedida la suspensión de plano, de los actos reclamados. Finalmente, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a las partes por lista en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 374/2020-III, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por -------------, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales A.E.Q.C, personalidad que se le tuvo por reconocida en el presente asunto. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido en este Juzgado Federal el dieciséis de junio de dos mil veinte, ------------, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales A.E.Q.C. promovió juicio de amparo contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. AUTORIDADES CON EL CARÁCTER DE ORDENADORAS. 1. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 2. DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA Y UMF NO 76 XALOSTOC DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 3. DIRECTOR TÉCNICO EN LA UNIDAD DE TRABAJO DIGNO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. IV.- PRECISIÓN ACTOS RECLAMADOS: DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA Y UMF NO 76 XALOSTOC DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL a) PONER EN RIESGO LA SALUD Y LA VIDA DE LA MENOR ALONDRA ESTEFANÍA QUINTANA CUELLAR ANTE LA NEGATIVA DE OTORGAR A LA QUEJOSA MARISOL QUINTANA CUELLAR LICENCIA CON GOCE DE SUELDO PARA LABORAR EN CASA Y/O AUSENTARSE DE LABORES HASTA EL LEVANTAMIENTO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR SARS-coV2 DADO LA ALTA EXPOSICIÓN A DICHO PATÓGENO. Del DIRECTOR TÉCNICO EN LA UNIDAD DE TRABAJO DIGNO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. b) PONER EN RIESGO LA SALUD Y LA VIDA DE LA MENOR ALONDRA ESTEFANÍA QUINTANA CUELLAR POR EXPOSICIÓN AL SARS-coV2 ANTE LA OMISIÓN DE EMITIR MEDIDAS DE VIGILANCIA A EFECTO DE GARANTIZAR QUE EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA Y UMF NO. 76 XALOSTOC DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE APLIQUE EL ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA EL PERSONAL DEL IMSS A PARTIR DEL 23 DE MARZO PARA ENFRENTAR LA SITUACIÓN SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19." SEGUNDO. La parte quejosa señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 4, 14, 16 y 22, de la Constitución Federal. TERCERO. Por auto de dieciséis de junio de dos mil veinte, se concedió la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, y se le requirió para que ratificara su escrito inicial, por lo que una vez ratificada, mediante proveído de diecinueve de junio de la anualidad en curso, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda en comento, ordenándose la notificación a las autoridades responsables, se dio la intervención legal a la representante social de la adscripción, quien no formuló pedimento, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción V, 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1, fracción I, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, y el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, en relación con el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, que reforma el numeral segundo, fracción II número tres del citado Acuerdo General 3/2013; en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En primer término, es preciso establecer que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: Al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y Director del Hospital General de Zona y UMF No 76 Xalostoc del Instituto Mexicano Del Seguro Social. La orden verbal emitida el dieciséis de junio de dos mil veinte, que negó a la parte quejosa la licencia con goce de sueldo para laborar en casa y/o ausentarse de labores hasta el levantamiento de la contingencia sanitaria, donde adujo que como es médico internista y atiende a pacientes con neumonía tipo Covid-19, puede contagiar a su hija, la cual no puede quedarse bajo el cuidado de otra persona, por lo que se encuentra en el supuesto previsto en el artículo Octavo Transitorio del "Acuerdo para la Implementación de Medidas para el Personal del IMMS, a partir del 23 de marzo para enfrentar la situación sanitaria derivada del COVID-19". Del Director Técnico en la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. o La omisión de emitir medidas de vigilancia a efecto de garantizar que en el Hospital General de Zona y UMF No. 76 Xalostoc del Instituto Mexicano del Seguro Social, se aplique el acuerdo para la implementación de medidas para el personal del IMSS a partir del 23 de marzo para enfrentar la situación sanitaria derivada del covid-19. TERCERO. El Director Técnico en la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, negó el acto a ella atribuido consistente en emitir medidas de vigilancia a efecto de garantizar que en el Hospital General de Zona y UMF No. 76, Xalostoc del Instituto Mexicano del Seguro Social, se implementen medidas para el personal del instituto para enfrentar la situación sanitaria derivada del covid-19. En efecto, señaló que no existió omisión de implementar las medidas de vigilancia pues envió el oficio 178/08-05/2020/00191, dirigido al Director del Hospital General de Zona, UMF No. 76, "Xalostoc" del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual lo requirió para que brindara a la quejosa Marisol Quintana Cuellar, el equipo médico apropiado, como lo es gorro quirúrgico desechable, mascarilla quirúrgica desechable, uniforme de trabajo, guantes de látex desechables, gafas de protección y dispositivos de protección respiratoria que cubran la cara. Lo anterior, para que pueda contagiarse del virus SARS-C0V2 (COVID-19), con el fin de salvaguardar la salud y vida de la quejosa y la de su menor hija. Medidas implementadas que demostró con copias certificadas de diversos oficios que tuvieron como finalidad garantizar que en el Hospital General de Zona y UMF No. 76 Xalostoc del Instituto Mexicano del Seguro Social, se aplique el Acuerdo para la implementación de medidas para el personal del Instituto citado, a partir del veintitrés de marzo para enfrentar la situación sanitaria derivada del covid-19 y brindar equipo médico a la quejosa. Por otra parte, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Titular de la División de Amparos Fiscales, negó el acto reclamado y manifestó, que en términos del artículo 2685 de la Ley del Seguro Social, así como 666 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del 5 "Artículo 266. La Comisión de Vigilancia tendrá las atribuciones siguientes: I. Vigilar que las inversiones se hagan de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; II. Practicar la auditoría de los balances contables y al informe financiero y actuarial a que se refiere el artículo 261 de esta Ley, así como comprobar los avalúos de los bienes materia de operaciones del Instituto; III. Sugerir a la Asamblea General, al Consejo Técnico, y a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en su caso, las medidas que juzgue convenientes para mejorar el funcionamiento de los seguros que ampara esta Ley; IV. Presentar ante la Asamblea General un dictamen sobre el informe de actividades y los estados financieros presentados por el Consejo Técnico, para cuyo efecto éstos le serán dados a conocer con la debida oportunidad; V. En casos graves y bajo su responsabilidad, citar a Asamblea General Extraordinaria, y VI. Las demás que señalen las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos." 6 "Artículo 66. El Director General tendrá además de las atribuciones que le confiere el artículo 268 de la Ley, las facultades siguientes: I. Representar legalmente al Instituto como persona moral con todas las facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio y las especiales que requieran cláusula especial conforme al Código Civil Federal incluyendo la facultad expresa para conciliar Seguro Social, no cuenta con facultades para otorgar licencias, sin que la parte quejosa haya formulado alegato alguno u ofrecido probanzas para restar fiabilidad a lo referido por la autoridad responsable. Por su parte, el Director del Hospital General de Zona No 76 "Xalostoc" del Instituto Mexicano del Seguro Social, de igual modo al rendir su informe justificado, negó haber emitido la orden verbal que le atribuye la aquí quejosa de negar la licencia médica. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; II. Otorgar, conforme a las disposiciones aplicables, los estímulos al personal por el desempeño y dedicación en su quehacer institucional; III. Representar al Instituto como organismo fiscal autónomo ante todas las autoridades, con la suma de facultades generales y especiales que establezca la Ley; IV. Proponer al Consejo Técnico las políticas estratégicas para la conducción del Instituto; V. Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo Técnico y, en su caso, informar de los resultados; VI. Delegar la representación, incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones jurídicas aplicables; VII. Vetar los acuerdos del Consejo Técnico cuando impliquen inobservancia a la Ley, a sus reglamentos o no se ajusten a las políticas institucionales; VIII. Resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos urgentes, a reserva de informar al Consejo Técnico sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos; IX. Presentar anualmente al Consejo Técnico el informe de actividades, así como el programa de labores; el presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período; el balance contable; el estado de ingresos y gastos, así como el informe financiero y actuarial y, en su caso, proponer a dicho Consejo la elaboración de estudios sobre la revisión de la fórmula para el cálculo de la prima del seguro de riesgos de trabajo, de conformidad con lo que establece el artículo 76 de la Ley; X. Presentar a la consideración de la Asamblea General, los documentos a que se refieren los artículos 261 de la Ley y 14, fracción I, de este Reglamento; XI. Someter a consideración del Consejo Técnico para su aprobación, el Manual de Organización del Instituto, de acuerdo con la organización aprobada por dicho órgano colegiado; XII. Ejercer las funciones en materia de presupuesto, conforme a lo dispuesto en la Ley; XIII. Delegar en el Secretario General, titulares de órganos Normativos y de Operación Administrativa Desconcentrada, la facultad de nombrar y remover a los trabajadores de confianza en el ámbito de su competencia. El acuerdo delegatorio se publicará en el Diario Oficial de la Federación; XIV. Designar al encargado del despacho de los órganos Normativos y de Operación Administrativa Desconcentrada en el caso de las vacantes de los titulares de los mismos; XV. Designar a los servidores públicos que deban representar al Instituto ante organismos internacionales, foros, eventos y reuniones nacionales e internacionales, en donde se discutan asuntos en materia de su competencia, y XVI. Las demás que le confieran la Ley, sus reglamentos y los acuerdos del Consejo Técnico. El Director General podrá delegar cualquiera de sus facultades en otros servidores públicos del Instituto, sin perjuicio de ejercerlas directamente, con excepción de aquellas que por disposición legal expresa o determinación de la Asamblea General le correspondan exclusivamente. Para tales efectos, el Director General podrá otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial, así como sustituirlos y revocarlos." IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. .". Del texto reproducido se infiere en principio que la negativa del acto reclamado genera como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de garantías, amén de que aún en la audiencia constitucional, el peticionario de garantías tiene la oportunidad de acreditar la existencia del acto reclamado, desvirtuar las aseveraciones efectuadas por las autoridades responsables y, en su caso, demostrar los asertos que haya vertido en sus conceptos de violación. De manera que la falta de comprobación de la existencia del acto reclamado motivará necesariamente el sobreseimiento. Conviene precisar que dentro de la clasificación de los actos reclamados en un juicio de amparo, por el tipo de conducta que despliega la autoridad, se encuentra la de actos positivos y actos negativos. Los primeros implican una conducta de hacer, mientras que los segundos constituyen una conducta cuya esencia se caracteriza por la omisión o abstención de la autoridad; de tal suerte que mientras los primeros representan un despliegue de actos que se materializan en el mundo fáctico, los segundos son precisamente la antítesis de los anteriores, la evidencia de la abstención de la autoridad. Sobre este punto es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS). Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado Porque el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una en hacer lo que la ley ordena por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso, El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo." También es importante mencionar que la precisión de la existencia de un acto positivo frente a la de un acto negativo adquiere matices propios en cada caso, pues mientras la existencia del primero debe demostrarla quien afirma que existe; en cambio, no se puede imponer la misma carga a quien alega la existencia de un acto negativo por omisión, pues no sería factible acreditar que la autoridad no ha hecho o se ha abstenido de hacer algo (acto negativo). Sobre esta base, debe decirse que la negativa de la existencia del acto reclamado negativo (por omisión), constituye solo una expresión sobre la existencia de aquel, pero la carga de acreditar este último presupuesto tiene 7 Consultable en la página 1755, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV. reglas especiales que atienden a la naturaleza del acto, es decir, si es negativo o positivo. Cuando el acto reclamado es de naturaleza positiva, implica que el quejoso afirma que la autoridad responsable desplegó una acción que se materializó en el mundo factico y jurídico, pero si la autoridad responsable niega esto último (haber realizado el acto que se le imputa), dicha expresión implica una negativa simple; y, en ese supuesto, el quejoso tendría la carga de acreditar su afirmación de que la autoridad desplego la acción. No sucede lo mismo cuando el quejoso señala como acto reclamado una conducta negativa (por omisión), pues en este supuesto si la autoridad responsable niega la existencia de esa omisión, dicha negativa no es simple porque lleva implícita la afirmación de que si desplegó una conducta y, por ende, no incurrió en la omisión o abstención que se le atribuye. Por ese motivo la doctrina y la jurisprudencia han coincidido en señalar que la negativa simple del acto reclamado libera a quien la fórmula del deber de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en la parte contraria, quien debe demostrar la conducta de hacer que atribuye a la autoridad, cuya existencia debe ser demostrada por quien la afirma. No ocurre así cuando la negativa del acto no es simple sino calificada, porque dicho supuesto importa una afirmación, entonces quien la produce si tiene la carga de justificarla. Las anteriores precisiones encuentran su origen en la regla que alberga el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establece que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; por tanto, si es el caso de que en un juicio de amparo se reclame un acto que por su naturaleza es negativo, y a quien se le atribuye lo niega; entonces, no corresponde al quejoso demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria. Sirve de apoyo la jurisprudencia I 3º A J/21, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquel sino que propiamente constituye solo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce si se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega solo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por esta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de este, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actor, esa consideración no les imprime a estos el carácter de negativos."8 Con base en los argumentos expuestos, es dable colegir que tratándose del caso a estudio, cuando la parte quejosa demuestra haber formulado ante la responsable una solicitud de licencia, le corresponde a la autoridad responsable demostrar el hecho positivo consistente en que dio trámite a la misma y que ello se hizo del conocimiento de la peticionaria. Esto último, bajo la anotación de que no existirá esa hipótesis en los casos en que a la autoridad no se le hubiese hecho llegar -por escrito, de forma verbal, por incompetencia o alguna otra razón- el acto que se reclama, toda vez que al no haberse probado que se le hizo llegar a ésta, no puede estimarse existente la orden que se reclama. En efecto, si la quejosa no comprobó haber realizado una solicitud a la autoridad, no generó un derecho para que este juzgado lo pueda proteger, pues implicaría tener por demostrado un hecho que no existe. Sin que de la negativa de la responsable, se advierta que la realiza de forma falaz, amén de que ante tal postura correspondía a la quejosa desvirtuar esas manifestaciones con prueba idónea en contrario y demostrar su existencia, a pesar de que contó con la oportunidad legal de hacerlo dentro de los plazos que la ley le otorga con esa finalidad, al dársele vista con los referidos informes oportunamente; asimismo porque de la revisión del juicio de amparo indirecto tampoco se advierte dicha existencia; circunstancia que torna improcedente la vía constitucional intentada. Por tanto, es claro que en el caso concreto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer en el presente juicio. Es aplicable la tesis de jurisprudencia visible en la página doscientas treinta y seis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, 8 Consultable en la página 670 sesenta, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-2, Tomo V, enero a junio 1990, Octava Época. procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En mérito de lo expuesto, fundado y motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 119, 124 y 217 de la Ley de Amparo se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ---------------, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales A.E.Q.C., en contra de los actos precisados en el considerando segundo y las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese a las partes por lista en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante proveído de veintidós de octubre del año en curso, se otorgó el término de ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el fin de que las partes se impongan del contenido del oficio mediante el cual el Director del Hospital General de Zona Número 76 "Xalostoc" del Instituto Mexicano del Seguro Social, complementó su informe justificado. En atención a lo anterior, para dar oportunidad a que transcurra la temporalidad detallada, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del uno de diciembre de dos mil veinte, para su verificativo, hora y día disponibles en la agenda que al efecto se lleva en este Juzgado. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, para el efecto de que las partes estimen conveniente estar presente en la audiencia constitucional de manera virtual, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que manifiesten tal situación, y en caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará acabo, sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de la audiencia constitucional en forma virtual, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese a las partes en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por Director del Hospital General de Zona Número 76 "Xalostoc" del Instituto Mexicano del Seguro Social; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en el proveído de siete de octubre de dos mil veinte, complementa su informe justificado. Con fundamento en el artículo 117, de la ley de la materia, se tiene por rendido y aclarado su informe, y se da vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, así como con la documental que anexa al referido oficio, sin perjuicio de dar cuenta con los mismos en la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que acompaña a su oficio de cuenta, así como la presuncional legal y humana que refiere, mismas que se tomaran en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional; no así la instrumental de actuaciones, la cual, no es necesario que la ofrezca en virtud de que este Juzgado Federal, está obligado a tomarla en consideración al momento de resolver en definitiva. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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