Marlen Vélez Moreno y Otros.
Expediente 791/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Marlen Vélez Moreno y Otros.
Actuaciones
- Incidental
Agréguese en autos el oficio signado por la Directora del Hospital General de Zona número 4, en Celaya, Guanajuato, del Instituto del Seguro Social, mediante el cual rinde su informe previo, conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo; Dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia incidental. Por otro lado, se tienen como delegadas a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala.
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple de la demanda de amparo se da trámite al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 791/2023-I, promovido por ***********, en representación de su hijo de identidad reservada bajo las iniciales D.G.V., contra actos del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en León, Guanajuato y otras autoridades. Con apoyo en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas; apercíbaseles que, de no hacerlo así, se les podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción I, del citado ordenamiento legal. En términos del numeral 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con cinco minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace la precisión, que en caso del diferimiento de la audiencia en el presente incidente de suspensión, no se girará oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceros interesados, a fin de hacerles saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet http.//.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp. A efecto de proveer respecto de la suspensión provisional, es importante precisar que la parte quejosa le reclama a las responsables: La omisión o negativa a proporcionarle atención médica especializada y adecuada para su padecimiento de hipoacusia (aparentemente neurosensorial bilateral). En principio cabe mencionar que en el caso se reúnen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa (fracción I); que a la fecha de actuación, con su concesión no se advierte que se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (fracción II y artículo 129 de la Ley en cita); y además, de continuarse con la omisión del acto cuestionado, se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación (artículo 131). Por tanto, acorde a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, que impone la obligación de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, del peligro en la demora y de la no afectación al interés social, a efecto de pronunciarse sobre la suspensión de actos como el aquí reclamado, se procede a estudiar dichos extremos. Como se desprende de los requisitos exigidos por el artículo 138 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, existe un presupuesto que debe observar el juzgador para decidir respecto del otorgamiento de la medida suspensional, el cual consiste en la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en tener un conocimiento somero para llegar a una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho a cargo del quejoso. Así se debe atender al examen de la naturaleza de la violación alegada, considerando sus características y su trascendencia para determinar la aparente inconstitucionalidad del acto reclamado. El peligro en la demora no es otra cosa, sino el adoptar las medidas cautelares necesarias, a efecto de evitar que a los solicitantes del amparo les sean causados daños irremediables el bien jurídico que considera vulnerado. La correcta interpretación que debe darse al razonamiento señalado, consiste en que el juzgador debe analizar en su integridad el acto reclamado, así como todos los medios de convicción que hayan sido aportados por la parte quejosa, con objeto de determinar la aparente inconstitucionalidad del acto que se reclama y ponderar conjuntamente sobre ese tema, el peligro en la demora y la no afectación al interés social. Por tanto, son dos los extremos que hay que acreditar para obtener la medida cautelar: primero, la apariencia de un buen derecho y el peligro en la demora, así como el segundo, la no afectación al interés social. Se insiste, la apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión infundada, temeraria y cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto a la existencia del derecho discutido en el proceso; el peligro en la demora, conlleva adoptar las medidas necesarias a efecto de que no se causen daños irreparables en el bien jurídico que se considera vulnerado; mientras que, la no afectación al interés social consiste en el no agravio al beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia, trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Lo anterior, encuentra sustento en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que lleva consigo realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima el promovente le asiste, con la finalidad de mantener viva la materia del asunto y evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso, si con ello no se afecta al interés social y orden público, lo que puede establecerse, en la especie, con las tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, publicada en la página 473, Tomo XIII, Marzo de 1994 en el Semanario Judicial de la Federación y la Jurisprudencia P./J. 15/96, publicada en la página 16, Tomo III, Abril de 1996 del Semanario Judicial de la Federación cuyos rubros son: "SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS PROCEDE CONCEDERLA, SI EL JUZGADOR DE AMPARO SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, CONSIDERA QUE LOS ACTOS SON APARENTEMENTE INCONSTITUCIONALES" y "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO." Asimismo, el numeral 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, estatuye que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el órgano jurisdiccional ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En concordancia con lo anterior y conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito en el marco de su competencia está obligado a garantizar la protección de los derechos humanos, como lo es la salud, reconocido en el numeral 4º de la misma carta magna, y debe pugnar, en todo momento y aún de manera oficiosa para que el Estado respete ese derecho fundamental. El artículo 4 constitucional reconoce el derecho a la salud, que no es otra cosa que el disfrute de los servicios correspondientes, debiendo entenderse como tales el conjunto de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona, por medio de acciones que resulten idóneas para ese fin y que primordialmente se basan en la oportuna atención médica del individuo, lo que conlleva actividades preventivas, curativas y de rehabilitación. En el caso específico de actividades curativas, deben entenderse como aquéllas que tienen como finalidad el realizar un diagnóstico temprano y proporcionar el tratamiento oportuno. Ahora bien, del análisis preliminar del acto reclamado, atendiendo a la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, que consiste en anticipar la existencia de un derecho a favor de la parte quejosa que deba ser protegido y la puesta en peligro del bien jurídico tutelado en caso de no conceder la medida suspensional solicitada, permite concluir provisionalmente la afectación a una prerrogativa constitucional de la parte quejosa, a saber, el derecho a salud, reconocido por el artículo 4° constitucional. Es así porque, los elementos de convicción obrantes en este sumario, específicamente lo manifestado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad y las documentales que allegó con su escrito de demanda, hacen concluir que, debido al padecimiento que se le detectó al menor quejoso desde su nacimiento "hipoacusia neurosensorial bilateral", ha acudió a la Unidad Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad, a solicitar el servicio de salud donde fue atendido y canalizado al Hospital de Especialidades de León, Guanajuato, sin que le resolvieran su problema de salud; padecimiento respecto del cuál las responsables se han negado a proporcionarle la atención y tratamientos médicos especializados que requiere, porque según el reglamento de prestaciones médicas no ampara ese tipo de padecimientos. Lo que pone de manifiesto la posible existencia, en un alto grado de probabilidad, de una transgresión a su prerrogativa reconocida por el artículo 4° constitucional, en tanto que cuenta con un padecimiento que está afectando su salud y se le está negando la atención médica especializada y el tratamiento conducente. Con lo que pueden generarse daños irreversibles a su salud física. Por tanto, y en virtud de que se consideran satisfechos los requisitos previstos por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 127, 128 y 147 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y que de negarse dicha medida se causaría al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, se concede la suspensión al infante de identidad reservada bajo las iniciales D.G.V., para el efecto de que en la medida en que lo permitan los recursos humanos y materiales de las autoridades responsables: Se le otorgue la atención médica inmediata y tratamiento conducente para su padecimiento de hipoacusia (aparentemente neurosensorial bilateral); Sea examinado de manera integral por personal médico capacitado para su valoración; y, Se le realicen los estudios y análisis pertinentes para su padecimiento, además se le suministren los medicamentos que necesite. Ello ante el riesgo que corre su integridad física debido al padecimiento que lo aqueja, lo que podría generar daños permanentes en la salud y por ello, de imposible reparación. Lo anterior, hasta en tanto las responsables reciban notificación de la suspensión definitiva que se dicte en este cuadernillo. Esta medida cautelar debe ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262 de la Ley de Amparo. La presente medida surtirá sus efectos desde luego sin que resulte procedente fijar garantía, en razón de que de la demanda de amparo no se aprecian derechos de terceros que puedan ser defraudados, de conformidad con el último párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, que conforme a lo establecido en el numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que descarguen del expediente electrónico se considerarán como copia certificada cuando incluyan la evidencia criptográfica.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinte de septiembre del año en curso, en el que el Titular de ese órgano jurisdiccional declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo promovida por promovida por ********************, en representación de su hijo de identidad reservada bajo las iniciales ******************** contra actos del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en León, Guanajuato y otras autoridades; remite el juicio de amparo ********************de su estadística, se acuerda: a) Con apoyo en el artículo 45 y 46 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el suscrito acepta la competencia planteada y como consecuencia se avoca al conocimiento del juicio de amparo ******************** b) Comuníquese lo anterior al Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. c) Con fundamento en los artículos 107, fracción VII constitucional, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción IV, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ********************, en representación de su hijo de identidad reservada bajo las iniciales ******************** contra actos del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en León, Guanajuato y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 791/2023-I. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se les solicita, rindan su informe justificado en relación al acto precisado en el párrafo que antecede, al que deberán adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basaron para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifiesten el impedimento que tuvieren, apercibiéndoles que de no hacerlo así, se les podrá imponer una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, prevista en el artículo 258 de la ley reglamentaria en cita, en relación con el diverso 238 de la misma ley, conforme Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. con apoyo en el numeral 117, cuarto párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se les atribuye. requiérase a la parte quejosa y a las autoridades responsables para que, de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se le podrá imponer una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, prevista en el artículo 258 de la ley reglamentaria en cita, en relación con el diverso 238 de la misma ley, conforme Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se señalan las diez horas del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. que en caso del diferimiento de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no se girará oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceros interesados, a fin de hacerles saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet http.//.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp. Por separado tramítese el incidente de suspensión por haberse solicitado, sin que resulte necesaria la formación del duplicado físico del mismo, en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Ahora bien, tomando en consideración que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitó la autorización del acceso a los expedientes electrónicos en materia de amparo que se llevan en este Juzgado, como se advierte en el cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; de conformidad con los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario **************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su naturaleza las documentales que adjunta, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Por otra parte, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. A fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado el acuse de recibo. Con fundamento en los artículos 35, 36, 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ***********, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, y a efecto de no duplicar notificaciones y privilegiar el uso de los medios electrónicos, se le tiene proporcionando usuario para que las notificaciones que a su parte corresponde se le practiquen por esa vía, no así el domicilio que señala. Asimismo, se le tiene autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a********************, toda vez que no obra su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así también, téngasele proponiendo el correo electrónico y número telefónico que refiere, para los efectos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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