Marisol Jaramillo Alvarado y Otros.
Expediente 926/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 926/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 19/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Marisol Jaramillo Alvarado y Otros.
- Marisol Jaramillo Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Único Civil de Partido, con sede en Cortázar, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del oficio 20778/2017 del índice de este Juzgado, por el que se le notificó el proveído de quince de enero pasado y se le envió un tomo de prueba que contenía copias certificadas del juicio especial civil C23/2017 de su estadística.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la providencia en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, así como el original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, serán susceptibles de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones II y III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio y se negó la suspensión provisional y definitiva respecto de todos los actos; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tienen aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención del tomo de pruebas consistentes en copias certificadas del juicio especial civil C23/2017 que como justificación a su informe anexó el Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, devuélvasele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Único Civil de Partido, con residencia en Cortázar, Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 615/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, que se le envió para emplazar a la tercera interesada **********. Dese de baja la comunicación oficial de referencia y háganse las anotaciones respectivas. Visto el estado de autos así como la certificación que antecede se advierte que feneció el término concedido a la tercera interesada **********, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en providencia de diecisiete de octubre pasado, y se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LOS TERCEROS INTERESADOS: Visto el estado de autos y las constancias que a su informe justificado adjuntó la autoridad responsable Juez Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, consistentes en copia certificada del juicio ordinario civil 23/2017 de su estadística, se advierte que: El licenciado A********** promovió juicio ordinario civil en contra de ********** y **********, de quienes reclamó la rescisión del contrato de comodato celebrado el veinticinco de noviembre de dos mil trece, respecto del inmueble ubicado en calle ********** número **********, interior **********, zona ********** de Cortazar, Guanajuato, entre otras prestaciones. Mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil diecisiete se radicó el juicio bajo el número C23/2017, y se ordenó el emplazamiento de las partes. Tramitado el juicio por sus etapas procesales, se dictó sentencia el dos de junio de dos mil diecisiete en la que se condenó a ********** y a ********** a la entrega del inmueble ubicado en calle ********** número **********, interior **********, de la zona ********** de Cortazar, Guanajuato, lo cual deberían hacer en un plazo de diez días naturales a partir de que dicha resolución causara ejecutoria. En contra de esa determinación la parte demandada interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado quien, el nueve de agosto del presente año decidió confirmar el fallo apelado. En proveído de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se ordenó requerir a la parte demandada la entrega al actor del inmueble de referencia, bajo apercibimiento que de no hacerlo se haría uso de la fuerza pública. Por otra parte de autos se advierte que: En auto de diecisiete de octubre pasado, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de quince días ampliara su demanda de amparo en contra del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que fue la autoridad que confirmó la sentencia de primer grado. Al no haber hecho manifestación alguna, el diecisiete de noviembre pasado se hizo efectivo el apercibimiento efectuado a la parte quejosa y como consecuencia, se ordenó continuar la secuela procesal teniendo como autoridades responsables únicamente a las que señaló en su escrito inicial de demanda. En ese sentido, el suscrito estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5º, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo que literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;." A manera de preámbulo, conviene señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia ley, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo enuncia los requisitos que debe contener todo escrito en el que se solicite el amparo y protección de la justicia federal, entre los que destacan, el de la fracción III, que se debe mencionar a la autoridad o autoridades responsables; asimismo, el diverso precepto 5º, fracción II, del mencionado ordenamiento legal dispone que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en la fracción III, del artículo 5º, que las autoridades responsables son parte en el juicio de amparo y, como tales, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, de modo que si no son llamadas no es jurídicamente posible que el juez de amparo se pronuncie al respecto; aserto que se corrobora con el contenido de la jurisprudencia VI. 2o.J/205 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página cuatrocientos sesenta y ocho, tomo II, octubre de mil novecientos noventa y cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Ahora bien, como quedó reseñado con antelación en auto de diecisiete de octubre pasado, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de quince días ampliara su demanda de amparo en contra del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que fue la autoridad que confirmó la sentencia condenatoria de primer grado, sin que lo haya hecho. Luego, como la sentencia de segunda instancia sustituyó a la apelada, entonces la ejecución y el procedimiento de remate del que deriva la orden para privar de la posesión a la parte quejosa, -lo que constituye el acto reclamado-, derivan de la sentencia de segunda instancia, motivo por el cual le resulta el carácter de autoridad responsable al Magistrado antes referido, sin que haya sido señalado con tal carácter. Bajo las anteriores consideraciones, se patentiza que en la especie no se encuentra integrada la relación jurídica-procesal respecto al acto que se tacha de inconstitucional; pues ante la omisión del quejoso en señalar como autoridad responsable al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, por ser quien emitió la resolución que confirmó la de primera instancia de donde deriva la orden de desocupación y entrega material del inmueble ubicado en calle ********** número **********, interior **********, zona ********** de Cortazar, Guanajuato, lo que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional; este juzgado no puede resolver sobre la constitucionalidad o no del mismo. Esto es, la omisión en que incurrió el solicitante del amparo genera, en su perjuicio, una deficiencia en la integración de la relación procesal de este juicio, porque este tribunal se encuentra impedido para estudiar el fondo del negocio, ya que para analizar la constitucionalidad del acto que se reclama, se insiste, era necesario que se hubiera llamado a juicio como autoridad responsable a aquélla quien lo ordenó, esto es, al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital. Por ello, ante esa omisión es indiscutible que jurídicamente no es posible resolver de fondo el presente sumario constitucional, pues, al hacerlo así, se violarían derechos tanto adjetivos como sustantivos en perjuicio de la referida autoridad, pues no obstante que se previno al quejoso para que la señalara como responsable, o sea, se le dio la oportunidad para ello, éste no cumplió con el requisito establecido en la fracción III, del artículo 108, de la Ley de Amparo. Consideración que cobra relevancia, porque de conformidad con la fracción II del artículo 5º de la ley de la materia, autoridad responsable es, con independencia de su naturaleza formal, "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)". Por tanto, es inconcuso que respecto del acto reclamado que se analiza se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, del diverso numeral 108, del propio ordenamiento legal, por lo que debe sobreseerse el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
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